Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación ACOSO CIBERNÉTICO: PERSPECTIVAS POST COVID-19

DESDE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

CYBERBULLYING: POST COVID-19 PERSPECTIVES FROM

THE RIGHT TO PROTECTION OF PERSONAL DATA AND

FREEDOM OF EXPRESSION

Efrén Guerrero Salgado1

Docente

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

eeguerrero@puce.edu.ec

Recibido: 18 de agosto de 2020 / Aceptado: 02 de octubre de 2020

Resumen

La humanidad se encuentra en una crisis inusitada: la extensión, virulencia y afectaciones provocadas por el Covid-19, han generado restricciones mundiales sin precedentes en la movilidad, mediante amplias cuarentenas o medidas de restricciones de movilidad. Esto ha hecho que se trasladen 42

la gran mayoría de interacciones humanas a la experiencia en línea. Esta inédita medida ha repercutido en un aumento de situaciones de acoso cibernético. Esta situación pone en perspectiva una relación entre varios bienes jurídicos en el caso ecuatoriano, con una arista que se encuentra poco desarrollada: la protección de datos personales en una situación de acoso, ya que la data es la herramienta del acosador. Este artículo busca analizar 1 Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), máster en Protección de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá y máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Instituto Ortega y Gasset. Ex Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. Sus líneas principales de investigación son la calidad de la democracia, la conflictividad social y las interacciones entra la política pública y los derechos humanos

Revista Enfoques de la Comunicación Nº 4 / Noviembre 2020

Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación brevemente el fenómeno del ciberacoso que utiliza nuevas tecnologías de la información y la comunicación, principalmente Internet y teléfonos móviles, con su relación entre libertad de expresión y protección de la data personal.

Busca demostrar que, dada la carencia de una ley clara de protección de datos personales, es imprescindible construirla a la par de una política pública capaz de proteger derechos, asegurar la libertad de expresión y proteger la intimidad de los usuarios de las redes. El texto trata de realizar una revisión general, que sirva para proponer un debate de más amplio sobre este tema, que será de capital importancia presente y futura.

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Palabras clave: Acoso, Internet, Derechos Humanos, Ecuador, Intimidad.

Abstract

Humanity is in the middle of an unusual crisis: the extension, virulence and effects caused by Covid-19, have generated unprecedented global restrictions on mobility, through extensive quarantines or mobility restriction measures. This has moved most human interactions into the online experience. This unprecedented measure has led to an increase in cyberbullying situations. This whole situation puts into perspective a relationship between various legal assets in the Ecuadorian case, with an edge that is underdeve-loped: the protection of personal data in a situation of harassment, since data is the harasser’s tool. This article seeks to briefly analyze the phenomenon of cyberbullying that uses new information and communication technologies, mainly the Internet and mobile phones, with its relationship between free-dom of expression and protection of personal data. It seeks to demonstrate that, given the lack of a clear personal data protection law, it is essential to build it alongside a public policy capable of protecting rights, ensuring free-dom of expression and protecting the privacy of network users. The text tries to carry out a general review, which serves to propose a broader debate on this topic, which will be of capital present and future importance.

Keywords: Harassment, Internet, Human Rights, Ecuador, Privacy.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación 1. Introducción

Este texto se escribe “desde la marcha”. El planeta entero se encuentra en una crisis inusitada: la extensión, virulencia y afectaciones provocadas por el Covid-19, han generado restricciones mundiales sin precedentes en la movilidad humana (Parmet & Sinha, 2020). En la práctica de salud pública, “cuarentena” se refiere a la separación de personas (o comunidades) que han estado expuestas a una enfermedad infecciosa. El “aislamiento”, por el contrario, se aplica a la separación de personas que se sabe que están infectadas. Sin embargo, en la legislación estadounidense, “cuarentena” a menudo se refiere a ambos tipos de intervenciones, así como a los límites de viaje. El aislamiento y la cuarentena pueden ser voluntarios o impues-tos por ley. En el caso ecuatoriano, se ha dispuesto mantener una regla de aislamiento social, mediante la imposición de un estado de excepción a nivel nacional, considerando que Ecuador es uno de los países con más altas tasas de mortalidad por esta enfermedad en Latinoamérica (Torres & Sacoto, 2020).

Esto ha generado una situación inédita a niveles de comunicación social: la inmensa mayoría de las interacciones sociales se han transforma-do, usando exclusivamente canales de Internet para su consecución. En ausencia de una vacuna contra COVID-19, los gobiernos incluyendo al 44

ecuatoriano se encuentran con presiones económicas y sociales para abrir sociedades de manera gradual y segura, sin evidencia científica sobre cómo hacerlo (Block & Hoffman, 2020). Paradójicamente, se les pide a las personas ajustar y controlar estratégicamente sus propias interacciones sin que se les solicite que se aíslen por completo. La decisión racional de los individuos, tratando de maximizar beneficios y reducir costos, ha llevado a los jóvenes alrededor del mundo a usar el Internet como medio de mantener a flote sus estudios, actividades sociales y otros espacios de relación social (Sandars, y otros, 2020).

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación Con el Internet como único mecanismo de columna vertebral de comunicaciones, logística y relaciones, se hace más visible un viejo fenómeno: el abuso de nuevas tecnologías, en el sentido de un aumento de conductas violatorias de derechos en el entorno digital (Ortega, y otros, 2010), y que el consumo cultural de contenidos digitales y la natural interacción con otras personas lleve a fenómenos perniciosos (Henderson, 2011).

Este artículo busca analizar brevemente el fenómeno del ciberacoso (Garaigordobil, 2011), que utiliza nuevas tecnologías de la información y 45

la comunicación, principalmente Internet y teléfonos móviles, para acosar a terceros. Se pretende analizar la situación a la luz de los derechos de la comunicación, especialmente con los datos personales, revisar los principales problemas planteados por la regulación general de la materia y a efectuar diversas propuestas de política pública.

Este tema es de vital importancia, por cuanto, el Internet es un hecho que no puede ser obviado en la construcción personal y vital de una persona. La Red “puede ser un lugar oscuro y peligroso o una herramienta bri-llante y educativa para niños y adolescentes” (Prieto, 2013), en ese orden de cosas, necesitamos -como operadores de política pública, educadores y padres- Debemos mejorar nuestro conocimiento sobre Internet, y entender que su arquitectura libre (Pievatolo, 2011), nos obliga a entender la red y sobre todo regular de forma libre su uso, para equilibrar el acceso tecnológico con las necesidades prácticas de la población.

En ese orden de cosas, el documento se dividirá en dos partes principales: analizar la situación del acoso cibernético en nuestra legislación, para después compararla con el Estado del Arte de la protección de los datos personales. La tercera sección demostrará, con los antecedentes de los dos acápites abajo detallados, que la inexistencia de una norma clara de protección de los datos personales es una necesidad vital en todo el sistema comunicacional, análogo o digital, y es imprescindible la construcción de este estándar que refleje tanto las necesidades nacionales (Bygrave, 2010) Revista Enfoques de la Comunicación Nº 4 / Noviembre 2020

Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación como su protección internacional en el marco del bloque de constitucionalidad (Ávila, 2016).

2. Acoso Cibernético en la legislación ecuatoriana: estado de situación a. Definiciones Generales

El acoso a través de Internet se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) desde 2014. Es parte de los delitos informáticos que se san-cionan. En mi opinión, es una conducta compleja que puede recaer en los siguientes tipos penales:

Art. 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Art. 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, co-46

municaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley.

Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando vo-luntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad Revista Enfoques de la Comunicación Nº 4 / Noviembre 2020

Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que rea-licen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Art. 472.- Información de circulación restringida. - No podrá circular libremente la siguiente información:

2. La información acerca de datos de carácter personal y la que provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada expresamente por su titular, por la ley o por la o el juzgador.

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Esto puede entenderse a la luz de nuestro bloque de constitucionalidad y normas extra nacionales, ya que un juez al analizar cualquier caso en don-de se analicen derechos constitucionales, de forma que se cumpla la obligación directa constante en el art. 424, segundo inciso de la Constitución, que consiente en a) obligarse con la comunidad internacional, sujetándose a las normas estipuladas en un instrumento internacional, y b) debe mantener compatibilidad con los preceptos constitucionales:

Tabla 1

Definiciones en el Derecho Internacional Público de las Conductas de Acoso y Relacionadas

Conducta

Definición

La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado Acoso Sexual

del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación2.

2 Art. 166 Código Integral Penal (Suplemento del. Registro Oficial 180, de 10 de febrero de 2014).

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación Conducta

Definición

Es (1) un comportamiento agresivo o daño intencional,

(2) que puede ser llevado a cabo en varias ocasiones y

con el tiempo; y (3) en una relación interpersonal carac-Acoso

terizada por un desequilibrio de poder. Estas acciones negativas pueden ser llevadas a cabo por contacto físico, por medio de palabras, o de otras maneras, como hacer gestos o expresiones de cualquier tipo, o la exclusión deliberada de un grupo (Smith, Cowie, Olafsson, & al., 2020).

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra Discriminación3

índole, el origen nacional o social, la propiedad, el naci-miento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de

todas las personas.

Toda distinción, exclusión a restricción basada en el

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o

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Violencia basada

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, en género

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera4.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, Párrafo 253

4 Art. 1 de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación Conducta

Definición

Violencia sexual

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, (ONU Mujeres

los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o Ecuador; Min. de

las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro Justicia, DDHH

modo la sexualidad de una persona mediante coacción por y Cultos; Min.

otra persona, independientemente de la relación de ésta del Interior, Min.

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y de Educación,

el lugar de trabajo.

MIES, Consejo

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Nacional de la

Niñez y Adoles-

cencia, 2007)

Realizado por: El autor

Otros delitos conexos al acoso, en el plano informático son la revelación ilegal de base de datos, la interceptación ilegal de datos, la transferencia electrónica de dinero obtenido de forma ilegal, el ataque a la integridad de sistemas informáticos y los accesos no consentidos a un sistema telemático o de telecomunicaciones y la pornografía infantil.

Desgraciadamente, esta situación es común y estructural en el caso ecuatoriano. La Sentencia del Caso Guzmán Albarracín y Otros vs. La República del Ecuador, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido claramente la naturaleza estructural del tema en nuestro país: a. Es históricamente conocida la problemática: “en 2001, se muestra que el abuso y el acoso sexuales eran “problemas conocidos en el ámbito edu-cativo que no [habían] sido abordados en forma sistemática, ni se [había]

emprendido acciones sostenidas para su prevención, denuncia y sanción”.

En esa oportunidad, el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) con-cluyó que el “acoso y el abuso sexual son una realidad en el espacio educa-tivo” y sostuvo que los profesores son “agresores típicos (par. 46).

b. El acoso debe ser analizado no sólo como una discriminación por razones de género, sino como una situación de discriminación interseccional: Revista Enfoques de la Comunicación Nº 4 / Noviembre 2020

Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación el acoso sexual no siempre es identificado por las mujeres víctimas como tal cuando no hay un acto explícito de violencia, lo que se debe a “patrones culturales y sociales aceptados, los cuales admiten como ‘normales’ ciertas relaciones e interacciones entre mujeres y hombres que en realidad son un abuso perverso de poder[, y de asumir a las mujeres y a las niñas como objetos sexuales explotables (par. 131, notal infra).

En este sentido, y por desgracia, el acoso (no solo sexual, sino laboral) y otras conductas relacionadas, ha aumentado de forma alarmante durante el confinamiento y el estado de alejamiento social: en encuestas, la mitad de los empleados japoneses han tenido algún episodio que ellos califican de

“acoso” en su espacio laboral durante la pandemia (Sasaki, 2020). Por otro lado, el consumo de pornografía se ha visto incrementado en algunos terri-torios. Los autores indican que factores como la disponibilidad de tiempo, e interacción obligada con los medios virtuales se ven como elemento pro-picio para este incremento de los usuarios de material pornográfico (Subía Arellano, Muñoz, & Navarrete, 2020). Estos hechos, unidos a una medida inédita de restricción de movimiento, refuerzan los estigmas sociales nega-tivos. Posteriormente, los prejuicios pueden presentar desafíos adicionales a medida que las naciones lidian con restricciones en el movimiento de las personas y pasan a una interacción social más normal (Roberto & Johnson, 2020). Cuando se inició el aislamiento de casos o contactos y se impuso el encierro como medida de control, algunas personas no solo notaron el 50

cansancio y la soledad, sino que han actuado de formas especialmente vi-rulentas en términos cibernéticos (Patel & Kute, 2020).

En el caso ecuatoriano, la situación no ha sido ajena (Zúñiga, 2020): Durante este tiempo de cuarentena y aislamiento social por la pandemia del COVID-19 han tenido dos casos de mayor connotación en Guayaquil y que estaban relacionados con la trata de personas. El primero fue en marzo pasa-do, en días en que ya corría la emergencia sanitaria. Ahí recibieron una denuncia de que una menor de edad estaba entre un grupo de jóvenes de diferentes nacionalidades que estaban siendo explotadas sexualmente y amenazadas para que continúen con esta actividad. En este caso hubo un detenido.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación En el segundo caso de explotación sexual hubo cuatro detenidos. Ocurrió hace doce días y la víctima también era una mujer, a quien primero le ofrecieron $200. Luego la grabaron y la intimidaban con hacer públicos esos videos, para que ella siguiera en “ese círculo de violencia”, agrega Racines. Aquí se allana-ron tres sitios: un hotel en el sur de Guayaquil, una peluquería en el norte, en la Alborada, y la casa del principal acusado, también en el sur de la urbe.

En ese orden de cosas, ¿cómo se enmarca esta temática en nuestro uso de TICS? En Ecuador, la gestión de lo público ha tenido un interesante proceso de traspaso del espacio de debate del entorno 1.0, al 2.0. A partir del año 2007, uno de los intereses más básicos del régimen fue la profusión 51

de la tecnología como un mecanismo de desarrollo y de reforzamiento de un cambio masivo de la estructura económica: se propuso el uso de los bienes “comunes” (Correa, 2013), como el conocimiento, tratándolo como un bien de expansión de capital, capaz de generar aumentos exponencia-les de ingresos al país (Secretaria Ncional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES , 2013).

3. El comportamiento de los seres humanos en Internet como un escenario de derechos

Para esto, la estructura de comunicación se construye a través de la Red 2.0: la construcción de significados colectivos implica que el Estado sea capaz de construir un aparato equivalente al reto que se le pide, obviamen-te basado en tres condiciones legales (Ventura Robles, 2012): 1. El Derecho de libertad del Estado es un derecho limitado, inclusive para el Estado.

2. Los actores públicos tienen la responsabilidad de tener un mayor escrutinio público respecto a sus acciones, por lo que es imprescindible transparencia y control en sus acciones.

3. Las acciones del sistema comunicacional deben construirse en torno al principio de proporcionalidad y no afectar los derechos de los ciudadanos contar con una libre expresión.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación En el caso de las herramientas de redes sociales, el caso ecuatoriano ha construido una serie de paradojas en el análisis legal. En este aspecto, se ve claramente la diferencia entre democracia formal y democracia material que plantea la teoría jurídica y política. En términos de estricta legalidad, Ecuador es firmante de los principales tratados de Derechos Humanos, y el contenido del derecho a la libertad de expresión está contenido, gracias al art. 424 de la Constitución, unido al corpus iure del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, confiere a este derecho del contenido ampliado que le da la jurisprudencia interna y externa (Ávila, 2016).

En el caso de las redes sociales e Internet en general, la duda surge por cuál es el alcance de este derecho. Según la Ley Orgánica de Comunica-ción5, estableció que el Internet es un espacio libre de control directo a contenidos:

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través de internet.

Por otro lado, no se puede negar la evidencia que el Derecho a la Liber-tar de Expresión está contenido en el paradigma constitucional ecuatoriano.

Al respecto, esto es lo que plantea el Tribunal Constitucional ecuatoriano: 52

Por lo tanto, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de opinión tiene que necesariamente desarrollarse en respeto y salvaguarda de los demás derechos constitucionales; precisamente ahí radica la importancia del reconocimiento establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación, en el sentido de que las personas serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley, sin que aquello establezca, per se, alguna sanción, como equivocada-mente lo asumen los accionantes6.

5 Registro Oficial No. 22, Tercer Suplemento, de 25 de junio de 2013.

6 Sentencia: N° 003-14-SIN-CC, del 17 de septiembre de 2014, MP: DR. Principales MCMS María del Carmen Maldonado Sánchez, Registro Oficial N° 346 Suplemento, 2 de octubre de 2014.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación Por otro lado, se establece un límite de acción al derecho basado precisamente en su capacidad de proteger los derechos de terceros: El derecho a la libertad de expresión encuentra su límite en la responsabilidad ulterior por vertir declaraciones o expresiones que afecten negativamente la reputación o la honra de un individuo. No obstante, aquellas circunstancias limitadoras al ejercicio del derecho a la libertad de expresión deben constar en un cuerpo normativo de forma clara y concisa, a efectos de establecer un límite que permita la correlación entre este y el derecho a la honra.

La jurisprudencia ecuatoriana no hace ningún alcance en su jurispru-53

dencia a elementos relativos a la ciberseguridad y a los límites de acción dentro de las redes sociales; pero al respecto, es conveniente tener en cuenta que el parámetro de acción de los derechos debe extenderse al Internet, como consecuencia del desarrollo progresivo de derechos. En ese sentido, la Corte Constitucional ha establecido una prueba de aplicación7: a. Los derechos no se agotan en lo que establece su tenor literal en el texto constitucional.

b. Los derechos están sujetos a un desarrollo progresivo a través de normas, jurisprudencia y políticas públicas.

c. Las normas actuales y futuras estas no pueden restringir los alcances ni los contenidos de los derechos.

d. No existe ninguna limitación alguna a nivel constitucional que impida que, mediante una norma, un derecho pueda expandirse en cuanto a su alcance y contenido.

e. Al contrario, una norma será inconstitucional únicamente cuando contra-venga lo dispuesto en la Constitución o cuando mediante esta se restringa o disminuya el contenido de los derechos constitucionales.

En tal razón, hay tres conclusiones iniciales: el derecho a la libertad de expresión es parte de la columna vertebral del sistema democrático y todos los actores sociales pueden usarlo, sea dentro o fuera de la Internet.

7 Sentencia: N° 017-15-SIN-CC, del 27 de mayo de 2015, MP: DR. Principales FMJV Fabián Marcelo Jaramillo Villa, Registro Oficial N° 542 Suplemento, 13 de Julio de 2015.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación En segundo lugar, los derechos no se suspenden ni cambian su aplicación por encontrarse acciones dentro del espacio virtual; y, en tercer lugar, los derechos de las personas en el espacio de internet no afectan el espacio de seguridad con el que deben contar los ciudadanos frente a terceros. Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana afirma que la “[…] afectación de los derechos fundamentales en redes sociales como el Facebook puede generarse en el momento en el cual el usuario se registra en la red escogida, durante su participación en la plataforma, e incluso en el momento en que decide dejar de utilizar el servicio”8.

4. Protección de Datos Personales en la Legislación ecuatoriana y com-parada

a) Metodología

Lo que se hará en el presente texto, será un análisis inicial, y conceptual.

Debe tenerse en cuenta que los conceptos son “bloques de pensamiento”

(Sartori, 1988), por lo que los alcances de estos deben sostenerse en algún tipo de autoridad probada (Anduiza, Crespo, & Méndez, 2009). Al momento, no existe una política pública completa y coherente qué medir, ni una línea jurisprudencial qué analizar, por lo que se deberá analizar los alcances de los mecanismos existentes, mediante un ejercicio analógi-co, autorizado desde la Constitución (art. 427) , y las lógicas clásicas de 54

interpretación jurídica, que incluyen actualmente a todas las normas en el sistema internacional (Neuman, 2004). Se hará una exploración de los conceptos principales existentes respecto a la materia en el paradigma qué derecho nacional y del bloque, para mostrar el alcance actual del corpus iuris respecto al asunto, para después explicar el alcance de las iniciativas existentes.

8 Corte Constitucional, Sentencia T-260/12. Referencia: expediente T-3.273.762. Acción de tutela instaurada por AA, en representación de su menor hija XX contra BB.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación b. Elementos generales

El derecho a la protección de datos personales se encuentra reconocido en el artículo 66 numeral 19 de la Constitución de la República. En este sentido, el texto constitucional prescribe que el Estado reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 55

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley9.

Ahora bien, es necesario precisar que, actualmente, no existe una ley específica que regule la protección de datos personales10. No obstante, nuestra legislación recoge ciertas disposiciones sobre este derecho constitucional, mismas que se encuentran dispersas en todo el ordenamiento jurídico.

Respecto a los mecanismos para hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales, el artículo 92 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, regulan la garantía constitucional jurisdiccional de habeas data, cuyo ámbito de aplicación radica precisamente en la protección de este derecho.

En lo referente a este aspecto, la Corte Constitucional ha señalado que

“el derecho a la protección de datos personales tiene un contenido com-plejo y comporta diversas dimensiones relacionadas con la información personal” y en aquel sentido, sostuvo que “el derecho a la protección de datos” –y específicamente, su elemento denominado “autodeterminación 9 Constitución de la República del Ecuador (2008). Artículo 66 numeral 19.

10 En el año 2019, el Presidente de la República envío a la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales”, mismo que se encuentra en trámite dentro del órgano legislativo.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación informativa-” tiene como finalidad proteger otros derechos constitucionales que podrían verse afectados cuando se utilizan datos personales, tales como la intimidad, la honra, la integridad psicológica, entre otros11.

Por ende, se concluye que la acción de habeas data es la garantía constitucional que le permite a la persona natural o jurídica, acceder a la información que sobre sí misma reposa en un registro o banco de datos de carácter público o privado a fin de conocer el contenido de la misma y de ser el caso, exigir su actualización, rectificación, eliminación o anulación cuando aquella información le causa algún tipo de perjuicio a efectos de salvaguardar su derecho a la intimidad personal y familiar12.

El artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina cuales son los tres escenarios frente a los cuales cabe interponer la garantía de habeas data. Estos son:

1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas.

2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos.

3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o 56

juez competente.

Con base en el artículo referido, se evidencia que el elemento consti-tutivo para la vulneración del derecho de acceso y el derecho de decisión de los datos personales, se produce cuando la persona natural o jurídica, pública o privada niega la solicitud que el titular de la información efectúa en ejercicio de su derecho constitucional, lo cual permite al afectado incoar la acción constitucional.

11 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 182-15-SEP-CC, caso No. 1493-10-EP.

12 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 182-15-SEP-CC, caso No. 1493-10-EP.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación 5. La libertad de expresión en Internet

La libertad de expresión y pensamiento es un derecho fundamental que poseen todos los seres humanos y que, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el siguiente contenido de derecho:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

57

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el alcance de la titularidad de este derecho, en el sentido de que “toda persona”

es una expresión que “no puede restringirse a determinada profesión o grupo de personas, ni al ámbito de la libertad de prensa”13.

La Corte ha señalado también, que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social14, de tal manera que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; y por otro lado también implica un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno15. Estas dos dimensiones deben garantizarse en forma simultánea.16

13 CIDH. Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la Libertad de Expresión (2009). Párr. 12.

14 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero del 2001 (Reparación y Costas). Párrafo 146.

Así también en La colegiación obligatoria de periodistas (arts.13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30; y Caso “La Última Tentación de Cristo”

(Olmedo Bustos y otros), supra nota 6, párr. 64

15 Ibíd.

16 Ibíd

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación Ahora bien, la doctrina del Sistema Interamericano plantea que la libertad de expresión puede ser limitada, puesto que no es un derecho absoluto.

La Convención Americana en su artículo 13.2 establece condiciones en las que se prescribe. Sobre las condiciones descritas, la Corte ha desarrollado el estándar de la prueba tripartita, desarrollado anteriormente. En el caso del acoso, el juzgador deberá hacer un análisis amplio de los elementos del caso, entendiendo que todo derecho es interdependiente pero efectiva-mente haciendo una distinción clara de la relación entre la situación y los bienes jurídicos afectados. Esto se hace para que la libertad se los entienda como a) un derecho no absoluto; y b) que puede ser objeto de restricciones que la misma Convención debe prever, y estas restricciones se las estable-cerá a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Ninguna restricción del juez no debe de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.17 Eso puede afectar una serie de bienes jurídicos, que son desarrollados en la siguiente sección.

6. Protección de la Honra, Reputación e Intimidad

Una situación como el acoso cibernético, que implica una violación de derechos interseccional, debe basarse en a) teniendo en cuenta el contenido 58

de los derechos involucrados; b) cumpliendo los principios de bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad; c) manteniendo la inter-dependencia de derechos; y d) basados en el debido proceso de forma integral. En esta sección se explicará el contenido de los derechos afectados en relación a los datos personales: honra, reputación e intimidad.

17 Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de Agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas).

Párr. 95.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación En nuestra actual Constitución, el derecho a la intimidad se encuentra enmarcado dentro de los derechos de libertad, y se hace énfasis a que este derecho es reconocido por el Estado tanto en un ámbito personal, como en uno familiar. Este reconocimiento y protección se complementa con las normas de nivel jerárquico inferior a la Constitución, dentro del ordenamiento jurídico interno del país.

Precisamente, el derecho a la intimidad se encuentra vinculado con el derecho a la protección de datos personales, por cuanto, conforme quedó 59

acotado en líneas anteriores, el derecho a la protección de datos personales tiene un carácter instrumental18. Es decir, que el mismo se encuentra su-peditado a la protección de otros derechos constitucionales que se pueden verse afectados cuando se utilizan datos personales, como puede ser la intimidad, la honra, la integridad psicológica, etc.

A su vez, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que la honra (que se encuentra afectada en un caso de acoso) debe estar garanti-zada respecto de toda injerencia y ataque, que provengan de las autoridades estatales o de personas físicas o jurídicas. Las obligaciones impuestas por este derecho exigen que el Estado adopte medidas legislativas para hacer efectiva la prohibición de injerencias y ataques y la protección del derecho19. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado por su obligación convencional de garantía de este derecho, misma que se mantiene “cual-quiera sea el agente al cual pueda, eventualmente, atribuirse la violación, aún los particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían en cierto modo, auxiliados o tolerados20 por el poder público”21.

18 Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen No. 13-18-TI/19, Caso No. 13-18-TI.

19 Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 16, Artículo 17 - Derecho a la intimidad, 32º período de sesiones (1988), párr.1.

20 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2008 Serie C No. 175 2007.

21 Corte IDH, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 188.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación La CADH contempla el derecho a la protección de la honra y dignidad contenida en su artículo 11, y que incluye el que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Las decisiones que terceros toman sobre la vida de las personas, sin respetar sus convicciones, en la jurisprudencia de la Corte IDH, significa una injerencia arbitraria y abusiva en su vida privada.22 Este derecho, según la Corte IDH, va más allá del derecho a la privacidad23, y abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales24; en sí la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás25, como parte del derecho a la propia imagen en cuyo ejercicio toda persona está facultada para decidir de manera autónoma su presentación ante los demás26.

7. Políticas de uso de datos personales

En el Ecuador, se ha implementado una política (al menos inicial) de tratamiento de datos personales que se aplica a todos los datos personales que se recolecte, almacene, maneje y use en el acceso a los portales y sistemas web que tiene habilitado el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL. El ministerio utiliza la informa-60

ción de los ciudadanos en los portales web con la finalidad de mejorar el contenido, usabilidad y experiencia de los ciudadanos en los mencionados portales web y además lo que buscan es recibir una retroalimentación del ciudadano sobre la información que se publica. Una de las medidas que 22 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012.

Serie C No. 239. Párrafo 161.

23 Ibídem. Párrafo 135.

24 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Párrafo 143.

25 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, Párrafo 119. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. Párrafo 162.

26 Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-356/13.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación utiliza el MINTEL para precautelar la seguridad de datos personales es el uso de un protocolo HTTPS que brinda seguridad en el uso del portal electrónico y además realiza un manejo de los riesgos, en concordancia con lo establecido en el “Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información”. Estos protocolos deben garantizar que los usuarios con acceso a datos personales no puedan divulgar esa información. Esta política también prevé que el MINTEL, es responsable únicamente del tratamiento y uso de los datos personales que recabe en forma directa a través de los portales y sistemas web.

61

8. Necesidad: la construcción de una legislación y política nacional de datos personales

El acoso cibernético tiene una característica importante: el uso de datos personales, como herramienta de afectación a los intereses más amplios de una persona: su intimidad, honra y reputación. Al respecto, la resolución No. 035-NG-DINARDAP-2016 indica que un dato personal:

Art. 6.- Datos o información de carácter personal. - Es toda información no pública correspondiente a la persona, por medio de la cual se la pueda identificar, contactar o localizar, entre otras, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, los estados de salud físicos o mentales, preferencias sexuales, la fotografía salvo en aquellos casos en los que se detecten circunstancias particulares que ameriten un tratamiento singu-lar del caso en cuestión, como lo es título, cédula y otras análogas que afecten su intimidad.

Para efectos de la presente norma, existen documentos normativos que proponen definiciones paralelas:

a. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (2016), art. 141.- Utilización Datos Personales o no Personales en contenidos protegidos o no por Propiedad Intelectual.

b. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004), establece en su art. 6, Información Confidencial.

c. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (2002), indica en su art. 9 Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o Revista Enfoques de la Comunicación Nº 4 / Noviembre 2020

Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.

Entonces, dada la amplitud normativa, es necesario pensar cómo debe englobarse la variable del acoso en una Ley de Datos Personales, aún inexistente, y en la política pública que la sostiene. Las políticas públicas son las acciones o soluciones específicas que toman los gobernantes, con la influencia de varios actores, para mejorar ciertos problemas colectivos (Subirats, Knoepfel, Larrue, y Varone, 2012:39). En ese sentido, deberá tener en cuenta los elementos que conformarían una política pública y el ciclo que debería seguir. En el caso que nos ocupa, la formación de una política pública inevitablemente estará condicionada e influenciada a las normas que se encuentren vigentes, así como también a los mandatos que se impongan a la administración pública en los diferentes niveles norma-tivos27 de manera que, no se puede hablar de un ciclo de políticas públicas sin un alto componente de Derecho que regula y obliga a la administración.

Para garantizar derechos la herramienta idónea de la administración pública son las políticas públicas porque propician cambios en la sociedad con objetivos en la agenda gubernamental sin requerir de los demás poderes del Estado (Subirats, 2012: 35). En nuestra CRE se establece que 62

“el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución” (CRE, art. 275). Es decir, el gobierno, encabezado por el Presidente de la República, debe diseñar lineamientos y proponer objetivos de acción en el Plan Nacional de Desarrollo (SENPLADES, 2009: 10); de obligatorio cumplimiento para el sector público e indicativo para los demás sectores (CRE, art. 280). Para prevenir el caso, se podría proponer una serie de reglas básicas: 27 El art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) establece el orden jerárquico de las normas.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación a. La información, en forma de política de privacidad, debería estar disponible tanto en los contenidos como en la responsabilidad ulterior de quien los produce. El responsable del tratamiento tiene que identificarse claramente en la política de privacidad.

b. Las políticas de privacidad deben ser concretas y específicas sobre el tratamiento de datos personales que se lleva a cabo, y tener mecanismos de romperlas en el caso de que una persona se encuentre amenazada.

c. Debe proporcionarse al usuario toda la información sobre el tratamiento de los datos personales que pretende realizar, información precisa sobre qué datos y tratamientos son necesarios para el funcionamiento básico de la aplicación, cuáles son opcionales, y toda la información adicional relevan-te del tratamiento que se va a realizar con los datos.

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d. Proporcionar a los usuarios información sobre sus derechos en materia de protección de datos y proporcionar mecanismos y procedimientos para ejercerlos de forma efectiva.

Dado que se establece la regla de apertura de que las materias rela-tivas a redes sociales se tratan desde el sector privado, hay una serie de consecuencias jurídicas de importancia. La primera es que, dado que se aumenta el catálogo de libertades disponibles para los ciudadanos, en especial al escrutinio de los temas de interés público y aquellos que son parte de esa situación28. El segundo, es una interpretación a nivel de garantía: los esfuerzos gubernamentales deben encaminarse al mejor ejercicio de las libertades individuales29, por lo que cualquier restricción -sin importar su fuente (legal, judicial, administrativa o tecnológica)- es contraria a los propios objetivos estatales y es contraria a la técnica jurídica30. Dado que las libertades a acceder a datos, utilizar medios tecnológicos, y se exprese libremente han sido aceptadas y ratificadas por el Estado ecuatoriano, no se pueden alegar situaciones de derecho interno para limitarlas.

28 Corte Constitucional, Sentencia: 028-12-SIN-CC, Fecha: 17 de julio del 2012, Voto salvado, MP: Dr. MSc.Alfonso Luz Yunes, Suplemento Registro Oficial (3): Año IV-Quito, miércoles 17 de octubre del 2012-- Nº 811, pp. 107-108.

29 El “fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del individuo. El hombre americano no concibe vivir sin justicia. Tampoco concibe vivir sin libertad”

(“Declaración de México” del 6 de marzo de 1945, inciso 12. Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento, 1945-1954. Washington, D.C.: Unión Panamericana, Departamento Jurídico, 1956, pág. 25).

30 Sentencia: 043-10-SEP-CC, 23 de septiembre de 2010, MP: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, Suplemento del Registro oficial: Año III - Nº 661 Quito, miércoles 14 de marzo del 2012, p. 38.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación Como consecuencia de estos elementos de la actividad jurídica, se su-pondría que la actividad de las mujeres y otros grupos subalternos deberían estar protegidos en términos del derecho internacional respecto a su privacidad y su libertad de emitir mensajes, evitándose así cualquier injerencia o ataque que pueda afectar la honra de las personas31, y que cualquier injerencia a la actividad comunicativa a una persona, a nivel privado, o de índole privado con fines de distribución pública, debe hacerse en causas muy limitadas y de acuerdo al test de proporcionalidad32, por lo que “la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción”33.

9. Conclusiones

Al momento, el país no cuenta con un sistema estable de protección de datos personales, considerando que desde 2016 el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, se encuentra en el trámite común de la Asamblea Nacional. En este contexto, es responsabilidad del Estado, hacer un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de bienes jurídicos importantes. La protección de datos, que es la herramienta más importante para evitar el acoso cibernético, debe ser implementado en la ley (Öman, 2004), y en las políticas públicas. La protección de esta sección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes adolece de las carencias principales que tiene el diseño institucional del sistema de protección de 64

derechos:

31 “El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos, al señalar que éste va más allá del derecho a la privacidad. La protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales.

El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior”

Corte I.D.H. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 noviembre de 2012, párr. 143.

32 CIDH. Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la Libertad de Expresión (Washington: CIDH, 2009): 67.

33 Esta prueba se basa en tres elementos:

a. La limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material, b. La limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y c. La limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr Corte I.D.H. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 51 al 54.

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Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación a. El CONA está inmerso en un alógica de diseño constitucional y legal general que aumentó las competencias presidenciales y la intervención del Ejecutivo en la vida nacional (Sánchez Parga, 2009). Como resultado de este cambio, debería hacerse que esta lógica centralizadora, se adapte de forma eficiente en cuanto a las lógicas modernas de la administración.

b. No existen mecanismos de control en el sistema: debería verse en el diseño institucional y en el comportamiento de los actores condiciones mínimas del juego democrático, como la argumentación libre, el compromiso y la contención de la conflictividad en los asuntos públicos (Held, 1997). Eso debe tenerse en cuenta tanto en los mecanismos administrativos y judiciales, que no se encuentra hasta el momento No se incluyen a los organismos del sistema judicial ni a los actores de los demás Ministerios del Ejecutivo 65

como actores del sistema. Al momento, hay ambigüedad o carencia de la definición de instancias de coordinación Nacional de Protección de Derechos y de los sistemas especializados. El sistema existente en el art. 142

(Niveles de Gobierno) se ve superada por niveles transversales de atención (Consejos Nacionales), y locales (Gads). Eso, en mediano plazo se mani-fiesta en debilidad institucional la inclusión de necesarias políticas para la seguridad informática y de datos, y una baja prioridad en acciones de inclusión social y protección de derechos.

c. En suma, esta carencia de una visión de intervención social multisdispli-naria, lleva a un sistema centrado en productos ( outputs) de una acción de política pública en vez de hacer mecanismos de revisión y control del resultado positivo de cambio en la sociedad beneficiaria de la política ( outcome). Al momento, el sistema de protección incapaz de medir el outcome, considerando las dificultades que conlleva su evaluación: la falta de datos disponibles y las fuentes escasas de información.

Para poder mejorar la situación, es imprescindible amarrar las mecá-nicas de derechos de los niños y niñas frente al acoso a una inversión del Estado en proteger la información ciudadana y que se ajuste de forma estratégica a proteger a los más vulnerables de acciones dolosas de terceros (Sunstein & Holmes, 2011). En ese orden de cosas, se debe evitar un riesgo que tiene toda política social: una burocratización y un mayor perfil fragmentado caracterizado por la ruptura de las acciones, la falta de competencia y la distribución desigual de los recursos (Satriano, 2011).

Cualquier avance en derechos, especialmente en un área tan crítica, deberá ser un resultado de la acción colectiva (Vahos & Gilberto, 2012), que debe Revista Enfoques de la Comunicación Nº 4 / Noviembre 2020

Investigaciones sobre la violencia y discriminación en los medios de comunicación servir como mecanismo de legitimidad social, y de control de una excesiva regulación de la libertad de expresión.

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