Libertad de expresión, espacio público y el ejercicio periodístico

Poder Político y Protesta Social: La Libertad de Expresión Como «Significante Vacío»

Political Power and Social Protest: Freedom of Expression as an «Empty Significant»

Revista Enfoques

de la Comunicación No. 9 Junio 2023, p149-p174. p-ISSN: 2661–6939 e-ISSN: 2806-5646 Recibido: 07-mar-2023 Aceptado: 21-abr-2023

Wilson Benavides 1

Investigador independiente wilsonr.benavides@gmail.com Quito, Ecuador

Resumen

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Poder político, protesta social y libertad de expresión, integran -juntos- un paraguas conceptual para entender las diferentes aristas desde donde se puede mirar la democracia. Más aún cuando -en la opinión pública- se asume per-sé que el poder político es monopolio de los partidos y sus diferentes espacios de representación institucional; la protesta, es capital de los movimientos sociales como una de sus formas de acción colectiva en las calles; mientras que la libertad de expresión, constituye un valor consustancial de periodistas, medios de comunicación y redes sociales.

Este ensayo busca describir y analizar cómo estos actores (poder político, movimientos sociales, medios y redes) construyen contenidos diametralmente distintos sobre la “libertad de expresión” que -en coyunturas de

1 Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Magister en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Fue becario de Unión Latina de UNESCO, así como de Flacso-Ecuador. Ha sido periodista político y de investigación en los principales diarios del país; asesor parlamentario en la Asamblea Nacional y analista político y editor de contenidos

en varias instituciones del Estado. Su línea de investigación se basa en temas de populismo y cultura política, medios de comunicación y organizaciones partidistas.

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protesta como el estallido social de octubre de 2019 y el paro nacional de junio de 2022 en Ecuador- se convierte -siguiendo, en su orden, a Ernesto Laclau (2005) y a Hanna Arandt (2018)- en un «significante vacío» o en una «verdad factual» sobre la que la democracia articula sus discursos y sus prácticas.

Palabras clave: poder político, protesta social, libertad de expresión, discurso, democracia

Abstract

Political power, social protest and freedom of expression, integrate -together- a conceptual umbrella to understand the different edges from which democracy can be viewed. Even more so when -in public opinion- it is assumed per- se that political power is a monopoly of the parties and their different spaces of institutional representation; protest is the capital of social movements as one of its forms of collective action in the streets; while freedom of expression constitutes an inherent value of journalists, mass media and social networks.

This article seeks to describe and analyze how these actors (political power, social movements, media, and networks) construct diametrically different content on “freedom of expression” that -at times of protest such as the social outbreak of October 2019 and the national strike of June 2022 in Ecuador- becomes -following, in their order, Ernesto Laclau (2005) and Hanna Arandt (2018)- an “empty signifier” or a “factual truth” on which democracy articulates its discourses and its practices.

Keywords: political power, social protest, freedom of expression, speech, democracy

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Introducción

Poner en diálogo al poder político, a la protesta social y a la libertad de expresión desde la perspectiva sociológica es quizá uno de los desafíos más importantes de nuestra época para entender los sinuosos senderos por los que actualmente atraviesa la democracia en América Latina y en el Ecuador. Cada vez son más voces las que cuestionan -desde sus discursos y sus prácticas- los cortocircuitos

de este régimen político de derechos y libertades que, a la luz de sus resultados prácticos, estaría entrando a una

fase de agotamiento estructural, de la que es muy difícil recuperarse.

La democracia está sitiada por una serie de nuevos actores, demandas y amenazas que ya no logran ser procesadas por la mediación de los partidos políticos, el papel de las organizaciones de la sociedad civil, la construcción de una esfera pública plural desde los medios de comunicación, o la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales, cada cierto tiempo.

Ante esta incapacidad del sistema institucional de dar respuestas, las calles y las redes sociales se han convertido en el escenario de contienda política, donde la libertad de expresión se vuelve el principal objeto de disputa de los actores involucrados que persiguen una misma causa y defienden una misma consigna: Defender la democracia es defender la libertad de expresión o viceversa. Esto más aún cuando -en la opinión pública local-

se inscribe una creencia a través de la que se considera que el poder político es monopolio de los partidos y sus diferentes espacios de representación en el Ejecutivo, Legislativo y en los gobiernos locales; la protesta es capital

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de los movimientos sociales como una de sus formas de acción colectiva en las calles; mientras que a la libertad de expresión, se la asume como un valor consustancial de los periodistas, los medios de comunicación y -desde hace algunos años- también de las redes sociales. Metodológicamente, este ensayo constituye un estudio de caso de carácter cualitativo que busca comparar el contenido que el poder político, los medios de comunicación y las redes sociales dieron a la libertad de expresión durante el estallido social de octubre de 2019 y el paro nacional de 2022. A manera de hipótesis, este documento sostiene que en las dos coyunturas, la libertad de expresión se constituyó -siguiendo a Laclau (2005)- en un “significante vacío” y en una “verdad factual” (Arendt, 2018), sobre la que la democracia articuló sus discursos y sus prácticas.

Paralelamente, para contextualizar esta problemática, se revisó el Informe 2019 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos [RELE-CIDH] (2020), así como las mediciones que sobre este tema realizó la Corporación Latinobarómetro (2021), de cuyos contenidos se elaboró una tabla comparativa que da cuenta de la percepción que los ciudadanos de la región tienen sobre este derecho.

La decisión de comparar las dos protestas más fuertes de los dos últimos años es arbitraria, pero se sustenta en al menos dos consideraciones de carácter empírico: 1) Fueron protagonizadas por el mismo actor social: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE]. 2) Pese a la intensidad y violencia de las manifestaciones, en ambos casos, los gobiernos de Lenin Moreno {2017-2021} y Guillermo Lasso {2021-actualidad} se mantuvieron en el

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poder, a diferencia de lo sucedido con las manifestaciones que culminaron en los derrocamientos de Abdalá Bucaram -1997-, Jamil Mahuad -2000- y Lucio Gutiérrez -2005- (Andrade, 2009). Debate Conceptual

Los conceptos de poder, protesta y libertad de expresión, pueden desarrollarse al menos desde dos aristas. Si se los mira desde alguno de los enfoques clásicos de la comunicación2 se corre el riesgo de diluir el debate en esta arena, centrándolo únicamente en la libertad de expresión, pero omitiendo -de una

u otra forma- su interrelación con el poder y la protesta social. Por otro lado, si se lo analiza solo desde la perspectiva de la ciencia política, se relegará automáticamente a la libertad de expresión como una suerte de «espejo» del poder y la protesta. Para superar esta dicotomía, tomo los aportes de la sociología política desarrollada tanto por Ernesto Laclau (2005) como por Hanna Arendt (2018). Sus reflexiones sobre distintos fenómenos políticos que han marcado la historia de Occidente como el populismo y el totalitarismo, en su orden, siguen vigentes pese al paso de los años y a las nuevas realidades, que van configurando la actual sociedad contemporánea.

Este ensayo busca poner en diálogo la mirada de Laclau (2005) sobre el populismo como discurso con la de Arendt (2018) y sus reflexiones sobre la implicación en la política de la «verdad factual». Esto con el objetivo de obtener un paraguas conceptual sólido distinto al de los enfoques teóricos clásicos de la comunicación para problematizar los contenidos que tanto el poder político como los actores sociales otorgan a la libertad de expresión en contextos de protesta social.

2 El Funcionalismo concibe a la comunicación como la transmisión de mensajes; el estructuralismo como un sistema de significación; y la teoría crítica como una interacción social.

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Laclau (2005) es uno de los teóricos contemporáneos más importantes para entender el fenómeno del populismo, que sigue inspirando los más apasionados debates tanto dentro como fuera de la academia. Este autor explica que el populismo divide a la sociedad en dos campos antagónicos, donde “el régimen, la oligarquía, etc. se oponen o son los enemigos del pueblo, de la nación, de las mayorías silenciosas, que representan a los oprimidos” (2005, p. 114).

Estos conceptos, en sí mismos, no tienen -dice Laclau- inscritos su significado particular ya que “todo depende del sistema de articulaciones diferenciales y equivalenciales en el cual están situados”. Por ello, un significante -concepto- como “trabajadores”, señala, “puede en ciertas configuraciones discursivas agotarse en un significado particularista o sectorial, mientras que, en otras, puede convertirse en la denominación de (todo) el pueblo” (p.114), siempre y cuando se convierta en hegemónico” (p. 95). Y es este desafío de convertirse en hegemónicas lo que hace que unas demandas busquen hacerse universales incluyendo a otras a través de una lógica de equivalencia entre todas.

Desde una mirada posmarxista, Laclau (2005), explica que actualmente en las sociedades contemporáneas

[…] no solo existe una yuxtaposición de “etnias” culturales separadas (o de clases sociales antagónicas), sino también múltiples “yoes” que constituyen sus identidades sobre una pluralidad de posiciones de sujeto”. [Esto provoca, dice, que] “demandas de diferentes grados de universalidad pueden entrar en la misma cadena equivalencial y pueda surgir algún tipo de universalidad hegemónica, compuesta tanto por reclamos sustantivos como de procedimiento” (p. 247).

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Así, explica, la articulación equivalencial de diferentes demandas se concreta a través de un «significante vacío», definido por él como una «superficie de inscripción popular» que puede ser “cualquier institución, nivel social o ideología” (p. 157). Aclara, sin embargo, que generalmente estas equivalencias se concretan con mayor facilidad en

lo que denomina “luchas limitadas”, donde el enemigo es fácilmente identificable y, por tanto, la frontera antagónica está perfectamente delimitada. A diferencia de estas luchas,

dice Laclau, la “lucha popular” implica “la equivalencia entre todas esas luchas parciales, ya que el enemigo es menos evidente, haciendo que la frontera política interna sea menos determinada […]” (p. 114).

En el caso de una demanda específica formulada dentro de un contexto localizado, determinar quién es el adversario es algo relativamente fácil; en cambio, cuando existe una equivalencia entre una multiplicidad de demandas heterogéneas, determinar cuál es el objetivo y contra quién se lucha se vuelve mucho más difícil (2005, p. 287)

Pero las demandas democráticas de la lucha popular, anota Laclau (2005), reciben la presión estructural de proyectos hegemónicos rivales, provocando que se produzca una “autonomía de los significantes, en la que el contenido de cada demanda ya no se vuelve autosuficiente e independiente de cualquier articulación equivalencial, sino que permanece indeciso entre fronteras equivalenciales alternativas. A estos significantes, cuyo sentido está “suspendido” de este modo, los denomina significantes flotantes que surgen cuando “la frontera dicotómica sin desaparecer, se desdibuja como resultado

de que el régimen opresivo se vuelve hegemónico e intenta

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interrumpir la cadena equivalencial del campo popular mediante una cadena equivalencial alternativa, en la cual algunas de las demandas populares son articuladas con eslabones totalmente diferentes” (pp. 165 y 288).

Por su parte, Hanna Arendt (2018) ha problematizado desde el punto de vista de la filosofía política la relación entre las opiniones y la “verdad”. En varias de sus obras, desarrolla esta temática siguiendo la matriz del pensamiento filosófico occidental -Sócrates, Platón y Aristóteles- hasta llegar a reflexiones de largo aliento, que tienen que ver con la tendencia, cada vez más evidente, de que la verdad depende de las opiniones.

En un ambicioso ensayo sobre el manejo informativo del gobierno estadounidense respecto de una de las ofensivas de su ejército durante la guerra de Vietnam, Arendt (2018) explica este tema, poniendo en duda la versión oficial que -en la práctica- se alejó totalmente de lo que sucedió en la realidad. La autora explica que existen diferentes tipos de “verdades” como la verdad científica, la racional, la verdad filosófica y la verdad «factual», que está relacionada con…

(…) acontecimientos y circunstancias en las que muchas personas están implicadas (…)”. Se establece al ser

presenciada, depende de los testimonios, es política y existe solo si se habla de ella (…) Los hechos, asegura, “precisan de un testimonio y de testigos fiables que los confirmen”, por lo que hay una “tendencia a transformarlos en opiniones, desdibujando la frontera entre ambos. (Arendt, 2018: 33-35, en Benavides, 2020) 3

3 Para el caso ecuatoriano, Benavides (2020) recoge estas reflexiones para explicar el uso político que el poder le da a la “verdad factual” para construir un relato acorde a sus intereses en coyunturas de protesta social.

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Análisis de Casos

Tanto el sistema universal como el sistema interamericano de los derechos humanos consagran a la protesta social y a la libertad de expresión como derechos consustanciales de toda democracia, tanto en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [DADDH] (1948) como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). De acuerdo con el Informe de la Relatoría Especial

para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [RELE-CIDH] (2019)

[…] la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, el derecho a manifestarse está protegido por el derecho a la libertad de expresión. (párr. 11)

La CIDH ha reconocido también la “[…] relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, (porque) estos derechos en conjunto, hacen posible el juego democrático” (párr. 11). Desde esta perspectiva, los derechos a la libertad

de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas -individuales y colectivas- de expresar públicamente opiniones, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. -Por esta razón- la protesta juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos (párr. 1)

La protesta tiene como una de sus funciones canalizar y amplificar las demandas, aspiraciones y

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reclamos de grupos de la población (…) El derecho a la protesta (…) se encuentra fuertemente asociado a las actividades de defensa de los derechos humanos, incluyendo demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de un derecho (…) Se recurre a las protestas para reaccionar ante hechos de violencia, cuestiones laborales u otros eventos que hayan afectado derechos (…) La protesta también está estrechamente vinculada a la promoción y defensa de la democracia (…) La Corte Interamericana ha reconocido que

en situaciones de ruptura del orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino en el cumplimiento del deber de defender la democracia. (RELE-CIDH, 2020, pp. 1 y 5)

Como se observa, el marco jurídico regional garantiza plenamente el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión, como pilares de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, su ejercicio, en la práctica, está restringido como lo advierte el Latinobarómetro 2021, al señalar que

[…] existe mucha información y discusión sobre los medios de comunicación y el ejercicio de la libertad de expresión a través de ellos [Pero] […] hay muy poca o nada de información sobre la disposición de los ciudadanos de expresarse libremente sobre los asuntos del país y los temas públicos en su vida diaria. (p. 97)

Y es esta asimetría, justamente, la que hace que -de acuerdo con ese estudio- “las sociedades latinoamericanas prefieran el anonimato de la protesta social que el enfrentar

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represalias por difundir sus opiniones (individualmente)” (párr. 98), como lo evidencia la siguiente tabla:

Tabla 1

Garantías civiles y políticas. Libertad de expresión

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Nota: Aquí los países andinos más Venezuela y México. Elaboración propia basada en la información del Informe publicado por la Corporación Latinobarómetro (2021): https://media.elmostrador.cl/2021/10/Latinobarometro_

Informe_2021.pdf

Según estos datos, Ecuador es el segundo país de la región donde sus ciudadanos tienen mayor temor de opinar públicamente sobre los problemas nacionales alcanzando un 62% y ubicándose en segundo lugar, apenas detrás

de la dictadura nicaragüense y muy por encima de países atravesados por la crisis y la violencia como Venezuela -puesto 10- y México -puesto 15-.

Adicionalmente, el Latinobarómetro (2021) ubica al Ecuador como el segundo de la región -detrás de Bolivia-

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donde el 69% de sus ciudadanos, consideran que expresar públicamente sus opiniones puede acarrear consecuencias negativas para su persona. El 48% de los latinoamericanos no suelen opinar sobre los problemas de sus respectivos países y quienes opinan, lo hacen mayoritariamente en el núcleo familiar -21%-, entre amigos -18%-, en redes sociales -9%-, y en manifestaciones o protestas -3%-.

Tanto en el estallido social y levantamiento popular de octubre de 2019 como en el paro nacional de junio de 2022, que se analizan a continuación, se produjo una suerte de disputa de sentidos en torno a la libertad de expresión desde tres actores: el gobierno, los medios de comunicación, y las redes sociales. En 2019, desde estas últimas se denunció la represión gubernamental, y en 2022 la ineptitud en el manejo de la crisis4 .

La Doble Vía del Estallido Social de 2019

El estallido social y levantamiento popular de octubre de 2019, durante el gobierno de Lenin Moreno, es quizá uno de los casos más emblemáticos donde el derecho a la libertad de expresión como protesta social entró en tensión con el poder político.

El Decreto 883 (2019) eliminó los subsidios a los combustibles activando una protesta nacional que inició con un paro del transporte público que fue desactivado pero luego fue reemplazado por un levantamiento popular liderado por la CONAIE. La respuesta oficial, se caracterizó por la suscripción de un estado de excepción (Decreto 884, 2019) que duró varios días legitimando la represión que -de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo de la época

4 Yépez, A. [@Andrea Yépez Ponce]. (20 de junio de 2022). Paro Nacional: peleándose el premio a la estrategia más pendeja del año. #paro #leonidasiza #lasso [Vídeo]. TikTok. https://vm.tiktok.com/ZMYv1cN7D/

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(2019)- dejó un saldo de 11 personas fallecidas, así como más de 1000 heridas y detenidas5 .

Los medios de comunicación convirtieron a la protesta en vandalismo, ocultando, minimizando o justificando la represión gubernamental. Esto provocó una indignación ciudadana que se expresó a través de varias plataformas digitales como grupos de Whatsapp, Facebook y Twitter, acusadas por el gobierno de Moreno, de difundir fake news” (Benavides, 2020, p. 12).

En este contexto, la libertad de expresión se configuró como un elemento de disputa central entre el gobierno y la CONAIE, en la medida en que -siguiendo a Laclau (2005)- se volvió un «significante vacío» que fue llenado de distintos significados tanto por el régimen

y los medios privados de comunicación como por los manifestantes. Mientras que desde el poder se enfatizó en que las manifestaciones organizadas y promovidas por un sector político de oposición buscaban «tumbar» al gobierno, los medios privados de comunicación estructuraron un encuadre donde esa protesta social se convirtió en vandalismo y violencia, y los manifestantes no eran personas descontentas con el Decreto 883 (2019), sino prácticamente guerrillas urbanas6 .

La libertad de expresión se convirtió así en el eje articulador de demandas de diferentes sectores

-transportistas, indígenas, estudiantes, sindicatos- dando

5 Tanto la Defensoría del Pueblo como la Comisión Multipartidista para investigar el Paro Nacional creada en la Asamblea han ratificado este dato, que, sin embargo, no coincide con el proporcionado por otras instituciones oficiales. El Ministerio de Gobierno reconoce 9 fallecidos (solo 3 por muerte violenta); la Fiscalía General 8 y el Ministerio de Salud, 7.

6 Noboa, A. (17 de octubre de 2019) ¿Guerrillas urbanas? La teoría surge tras las manifestaciones violentas en el país. Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/ politica/guerrillas-urbanas-teoria-manifestaciones-ecuador/

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origen a una «cadena equivalencial» derivada de una “lucha limitada” (Laclau, 2005), donde la represión del gobierno, era claramente el enemigo común a todos estos sectores. En la coyuntura de 2019, los manifestantes implementaron una suerte de esta estrategia de doble vía, sosteniendo paralelamente acciones en las calles y en las redes sociales, lo que complicó la respuesta gubernamental que optó, en cambio, por la construcción de una “verdad factual” (Arendt, 2018) que se expresó, por ejemplo, cuando se convocó a un «cacerolazo» en contra del gobierno, el régimen señaló que esa manifestación era en «defensa de la democracia».

Algo parecido sucedió cuando el entonces ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín, desmintió durante una entrevista en la televisión pública que varias tanquetas militares estaban ingresando a la Plaza de la Independencia en el centro histórico de Quito, donde se localiza el palacio de gobierno, como se observaba en vivo y en directo en las imágenes (Mǎdīng, 2019).

Durante toda esta crisis política -que se resolvió con la mediación de la ONU- los voceros del gobierno intentaron posicionar dos ideas: Primera, que las protestas contra Lenin Moreno no representaban el malestar ciudadano, sino que eran actos de vandalismo orquestados por la oposición para derrocar al gobierno. Y el ejemplo emblemático de esto fue la toma y posterior incendio provocado del edificio de la Contraloría (Vaca-Santacruz, 2019), así como los ataques contra la estación televisiva Teleamazonas y diario El Comercio (Redacción Primicias, 2019). Según la versión oficial, estas acciones fueron lideradas por un sector político de oposición.

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La segunda idea que se posicionó para deslegitimar la protesta social y convertirla en vandalismo, fue que estos hechos afectaron al común de los ciudadanos como, por ejemplo, a propietarios de pequeños negocios que fueron saqueados o destruidos por acción de los manifestantes. Varios fueron los reportajes que en este sentido presentaron los distintos medios de comunicación siguiendo este encuadre (El Comercio, 2020).

Con estos hechos, la “verdad factual” (Arendt, 2018) tomó forma en el mundo de la realidad concreta sobre la

que se legitimaría la opinión del statu quo que el estallido social y levantamiento popular de 2019 se trató de un acto de violencia sistemática que debía ser neutralizado con la represión gubernamental y rechazado por la ciudadanía. Paro Nacional 2022: La Libertad de Expresión en Riesgo El 18 de junio de 2022 se publicó el Decreto

Ejecutivo No. 455 (2022) con el que el gobierno de Guillermo Lasso activó el estado de excepción para las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi debido a las “paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazan al correcto funcionamiento de los sectores estratégicos”. El mencionado documento incluyó una serie de restricciones a los derechos y -en una primera versión- incluso pretendió restringir “el derecho a la libertad de información en los espacios geográficos y limitaciones temporales” con respecto a “la calidad de servicios de telecomunicaciones fija, móvil y de internet”, representando con esto, un claro atentado al ejercicio de este derecho (Decreto No. 455, 2022)

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Esta intención fue objeto de críticas de prácticamente todos los actores involucrados en la protesta, así como

de diferentes sectores de la opinión pública, quienes sin embargo actuaron de manera similar al 2019, anteponiendo conceptos abstractos como la «defensa de la democracia»

y la «estabilidad política» por sobre los contenidos de la protesta liderada nuevamente por la CONAIE pero en

coalición con otras importantes organizaciones indígenas, campesinas y montubias como la FENOCÍN y la Federación de Indígenas Evangélicos [FEINE].

A diferencia de 2019, la «libertad de expresión» en 2022 ya no fue un «significante vacío», sino que se convirtió en un “significante flotante” (Laclau, 2005) embanderado por momentos por el gobierno nacional, pero también por los manifestantes.

La libertad de expresión en el paro de 2022 se vio amenazada directamente tanto en el fondo -con la primera versión del Decreto 455 (2022)- como en la forma con

la detención extrajudicial del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza Salazar, que terminó por encender la mecha para una paralización nacional que duró más de 15 días consecutivos, donde se registraron ingentes pérdidas económicas y también actos de violencia y vandalismo como lo sucedido contra un convoy militar en la parroquia de

San Antonio de Pichincha (El Telégrafo, 2022), que dejó un uniformado asesinado.

Aunque el contenido que los medios le dieron a la libertad de expresión fue bastante similar a la de 2019, minimizando la protesta y convirtiéndola en vandalismo, los efectos políticos de la paralización de junio de 2022 fueron diametralmente opuestos, en la medida en que

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incluso en la Asamblea Nacional se activó el artículo 130 de la Constitución, que establece que el presidente de

la República puede ser destituido de su cargo por “grave conmoción interna”, lo que finalmente no sucedió debido a la falta de 12 votos para completar las 92 voluntades necesarias (La Hora, 2022).

La libertad de expresión, en este caso, se convirtió en un «significante flotante» ubicado en la frontera entre el discurso oficial de “defensa de la democracia ante el

ataque de las bandas narcodelictivas” y el relato de la protesta que -en un primer momento- buscó únicamente reivindicaciones sectoriales derivadas de las demandas insatisfechas del levantamiento de 2019 (Ministerio de Defensa Nacional, 2022).

En esta coyuntura, la «cadena equivalencial» que hubiese permitido unificar todas las demandas sectoriales en torno a un «significante vacío» -como la libertad de expresión- no se articuló en función de este concepto sino que fue disuelta en una «cadena equivalencial alternativa», en la que el conflicto político -a diferencia de 2019- se procesó institucionalmente en la Asamblea Nacional, pasando de la defensa de este derecho al impulso de la destitución del primer mandatario mediante el artículo 130 de la Constitución (España, 2022).

En el paro nacional de 2022, la disputa por el contenido y el sentido de los acontecimientos giró en torno al mismo libreto de 2019 pero, esta vez, la desestabilización a la democracia ya no venía de una tendencia política en particular, sino de un «enemigo» mucho más etéreo y poco identificable como el narcotráfico, que según la versión oficial tenía un correlato en lo que el presidente Lasso

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denominó como “triunviro” de la conspiración integrado además de Iza por Rafael Correa y Jaime Nebot.

Según este relato, que en los términos de Arendt (2018) también correspondería a una verdad construida más por las opiniones que por los hechos, las manifestaciones del sector indígena fueron financiadas y auspiciadas por las organizaciones narcodelictivas y el crimen organizado.

La solución de esta crisis se concretó gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que instaló -en calidad de veedora- varias mesas de diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno, cuyos resultados concretos siguen todavía pendientes en la práctica según la versión del indigenado, mientras que, de acuerdo con el gobierno, se han venido cumpliendo según lo planificado (Teresa Menéndez, 2022).

En este sentido, es claro que este encuadre discursivo buscó invisibilizar las verdaderas demandas del sector indígena que venían desde el 2019. Este relato de que toda oposición al gobierno era auspiciada por el narcotráfico y de que todos quienes no están de acuerdo con el régimen son narcotraficantes o cómplices de aquéllos, no tiene asidero en la realidad, a tal punto que en el reciente referéndum y consulta popular convocado por el Ejecutivo de manera paralela con las Elecciones Seccionales del pasado 5 de febrero, el gobierno perdió rotundamente en todas las preguntas (Noboa, 2023).

Sin embargo, a la luz de la realidad, ha sido el propio presidente Lasso quien desde el inicio ha cuestionado a los medios y a los periodistas que han publicado temas de investigación relacionados con su gobierno. Inicialmente lo hizo contra el diario El Universo

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por su publicación sobre los paraísos fiscales, donde el primer mandatario -según esos contenidos de prensa- tendría participación directa (El Universo, 2021). En la actualidad, ocurre un hecho similar luego de la investigación del portal digital La Posta, sobre el denominado caso “Gran Padrino”, que involucra directamente a uno de sus familiares cercanos (La Posta, 2023).

1. Conclusiones

Tanto el gobierno de Lenin Moreno como el de Guillermo Lasso se han caracterizado por un discurso de

promoción y defensa de la libertad de expresión que se ha traducido en el impulso de reformas legales a la Ley Orgánica de Comunicación [LOC] ((2022 (2013)) que -sin embargo- se contradice con la realidad en momentos de protesta social como en el estallido y levantamiento popular de octubre de 2019 y en el paro nacional de junio de 2022. La respuesta gubernamental se caracterizó por la represión estatal. En 2019 fue un agente externo al sistema político como la delegación de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] en Ecuador la que medió para solucionar el conflicto. En 2022, en cambio, fue una fórmula mixta, primero en la arena institucional de la Asamblea Nacional y posteriormente con la intervención de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

La contradicción entre los discursos del poder político y los hechos concretos en torno a la libertad de expresión en coyunturas de protesta social como las analizadas, hace que este concepto se vaya posicionando como una bandera que puede ser usada de manera instrumental tanto por el régimen, como por los medios y por los manifestantes convirtiéndose así en un “significante

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vacío o flotante” (Laclau, 2005) pero sin despegarse de ser en sí misma una “verdad factual” (Arendt, 2018); es decir, un concepto cuyo contenido depende de la interpretación de los actores en determinadas coyunturas.

Del análisis de estos dos casos -2019 y 2022- , se puede colegir que la libertad de expresión ya no es

monopolio exclusivo de los medios y los periodistas como se intenta posicionar en ciertos discursos gremiales o incluso académicos, sino que se constituye -siguiendo la bibliografía desarrollada- en una concepto polisémico cuyo contenido depende de las opiniones de los actores, pero también en una significación universal (Laclau, 2005) que cohesione un sinnúmero de demandas multisectoriales de diferentes actores del campo popular. En contextos de protesta, generalmente la sociedad se polariza en dos campos; por un lado, el que se identifica con el discurso oficial y sus portavoces mediáticos y promueve valores abstractos como la «defensa de la democracia» y la «estabilidad política»; y por otro, el que promueve una suerte de libertad de expresión más «sustantiva», que tiene que ver con los derechos que la ciudadanía percibe que

no están garantizados por los gobiernos de turno, como el derecho a la seguridad ciudadana y a un empleo digno, entre otros.

Los datos del Latinobarómetro 2021 son reveladores en la medida en que muestran cómo pese a que existe todo un paraguas jurídico-institucional regional y nacional que promueve, garantiza y defiende la libertad de expresión

y el derecho a la protesta por igual, la gente prefiere no opinar públicamente sobre los problemas del país por miedo a represalias. Esto se convierte así en una de las

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condiciones clave para entender que es en la protesta social y el anonimato que muchas veces le caracteriza el único espacio donde la gente se siente libre de poder expresar sus opiniones.

En el plano político, se observa también que tanto el levantamiento popular de 2019 como el paro nacional de 2022, le han representado importantes réditos electorales al movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAIE. En las Elecciones Generales de 2021, esa organización alcanzó

27 escaños en la Asamblea Nacional, un número inédito en su historia desde su fundación en 1997 (Primicias, 2021). Lo mismo sucedió en los últimos comicios seccionales de 2023, posteriores al paro nacional de junio del año pasado, donde Pachakutik obtuvo 6 de las 23 prefecturas y casi

30 alcaldías a escala local, números que la ubican como la segunda fuerza política a nivel territorial (Primicias, 2023). Esto reflejaría que la participación activa de la CONAIE en las protestas analizadas, tiene el respaldo popular de los ecuatorianos en las urnas, lo que debilita claramente el discurso oficial que ha intentado encapsularlas como si se tratara únicamente de actos de violencia y/o vandalismo y no de reivindicaciones populares auténticas. Al parecer, la fórmula protesta social previa

más participación electoral posterior a la misma, podría consolidarse como una estrategia del movimiento indígena para continuar captando el poder político formal. Referencias

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