Libertad de expresión, espacio público y el ejercicio periodístico

Protesta social y libertad de expresión. El ejercicio periodístico en la encrucijada

Social protest and freedom of expression. Journalistic practice at the crossroads

Revista Enfoques

de la Comunicación No. 9 Junio 2023, p123-p146. p-ISSN: 2661–6939 e-ISSN: 2806-5646 Recibido: 10-abr-2023 Aceptado: 21-abr-2023

Pablo Romero Guayasamín 1

Docente promerog@ups.edu.ec

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Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito Quito, Ecuador

Resumen

El movimiento indígena ecuatoriano evidenció en sus últimas movilizaciones -octubre 2019 y junio 2022- una confrontación con los medios de comunicación y/o trabajadores de la prensa. Esta situación pudo haberse leído como resultado de dos factores vinculados entre sí: por un lado, la tirante relación y deslegitimación que durante diez años el gobierno de Rafael Correa estableció contra la prensa ecuatoriana; y por otro, el nuevo horizonte de lucha que el movimiento indígena -y en particular la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE]- implementó al pasar de una perspectiva de lucha identitaria a una

de lucha de clases. La cual consideraba a los medios de

1 Magíster en Comunicación Estratégica, sede La Paz; Especialista Superior en Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito; cuenta con el Diploma Superior en Juventud y Sociedad en América Latina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador. Es docente de grado y posgrado de la Carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito; forma parte del Grupo de Investigación en Comunicación GIC1. Coeditor en la ciudad de Quito de la Revista Utopía. Consultor en temas de comunicación, género, masculinidades, derechos humanos y políticas públicas. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3438-3452

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comunicación como instrumentos de los sectores burgueses para construir ideología dominante, por lo que la prensa y sus trabajadores se convertían en el objeto a combatir. Esto ponía en riesgo no solo el libre ejercicio periodístico, sino también una de las bases fundamentales de la institucionalidad democrática como es la libertad de expresión.

Palabras claves: libertad de expresión, protesta social, periodismo, ideología, hegemonía

Abstract

The Ecuadorian indigenous movement evidenced in its last mobilizations (October 2019 and June 2022) a confrontation with the media and press workers. This situation could have been read as a result of two interrelated factors: on the

one hand, the tense relationship and delegitimization that for ten years the government of Rafael Correa established against the Ecuadorian press; and on the other hand, the new horizon of struggle that the indigenous movement, and in particular Confederación de Nacionalidades Indígenas

del Ecuador [CONAIE], implemented by moving from a perspective of identity struggle to one of class struggle. This perspective considered media as instruments of the bourgeois sectors to build dominant ideology so that the press and its workers became the object to be fought against.

This endangered not only the free exercise of journalism, but also one of the fundamental bases of democratic institutions such as freedom of expression. Keywords: freedom of expression, social protest, journalism, ideology, hegemony

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Introducción

La libertad de expresión es reconocida como un derecho humano fundamental e inalienable, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 19, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) en su artículo 13 y de acuerdo a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2000), elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de sus principios establece que el derecho

a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o de cualquier otra índole, que pueden ser expresadas de forma individual y/o colectiva.

Una forma de expresión colectiva son las movilizaciones y protestas sociales. Sin embargo, se empieza a configurar una paradoja con las movilizaciones del movimiento indígena ecuatoriano en los últimos años -octubre de 2019 y junio de 2022-, pues se ha evidenciado una suerte de confrontación entre los actores movilizados y los medios de comunicación y/o los trabajadores de la prensa. Informes de organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios (2019), dan cuenta que, en las jornadas de protesta de octubre de 2019, en 12 días que duró la movilización, se registraron 116 agresiones contra medios y periodistas, con un saldo total de 138 periodistas agredidos de forma física o verbal, así como impedimento de cobertura o detenciones.

Lo más significativo de estos datos, es que 53 de estas agresiones fueron realizadas directamente por los manifestantes, 18 agresiones por desconocidos -no se pudo identificar su procedencia-, cinco por ciudadanos y 36 agresiones cuyos responsables fueron la fuerza pública y el

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Estado; así como un constante discurso estigmatizante o de hostigamiento hacia la prensa por parte de los manifestantes. Sobre esta misma protesta, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (2021) en su Informe sobre Agresiones a Periodistas: Protesta Social, Contexto de Pandemia y Proceso Electoral, registran 183 agresiones entre el 2 y el 17 de octubre de 2019, de las cuales 120 agresiones fueron realizadas por los manifestantes frente a 45 realizadas por la fuerza pública y el Estado. Independientemente de que lo disímil de los datos que presentan Fundamedios y el Consejo de Comunicación, es evidente que en ambos casos la mayor cantidad de agresiones registradas provienen directamente de los manifestantes

en el marco de las protestas. En este mismo sentido, las movilizaciones de junio de 2022 también estuvieron marcadas por esta tensión entre prensa y manifestantes, pues de acuerdo con datos registrados por la Fundación Periodistas sin Cadenas (2022) se reportaron 227 agresiones en el mes de junio y 210 en el marco del paro nacional, de las cuales 162 fueron responsabilidad de los manifestantes, frente a 23 realizadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nuevamente llama la atención el significativo número

de agresiones realizadas por los manifestantes hacia la prensa y sus trabajadores, como lo señala la Fundación Periodistas sin Cadenas (2022): “De acuerdo a nuestra estadística, los manifestantes fueron los principales agresores, con 162 casos relacionados sobre todo a ataques físicos —patadas, golpes, puñetes, palazos, latigazos, empujones— a camarógrafos, reporteros, asistentes y trabajadores de la prensa en general”. Esta situación de agresión a periodistas, como se

puede evidenciar de acuerdo con los datos presentados,

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refleja de alguna manera una tendencia en mirar a la prensa por parte de los manifestantes, ya no como un aliado que permitía amplificar la demanda social, sino como un «enemigo» a quien se lo empieza a confrontar o deslegitimar.

A modo de hipótesis y examinando la narrativa desde el ámbito del relato, como un primer nivel del análisis del discurso (Rodrigo, 1999), uno de los factores que han abonado en esta dirección se puede identificar en la relación

Gobierno versus Prensa, que estableció el presidente Rafael Correa durante sus diez años de mandato, que de acuerdo al Informe 2017 de Agresiones a la Libertad de Expresión de Fundamedios (2018) entre los años 2007 y 2017 se registraron 2.348 agresiones, de los cuales más del 60% provenían del Estado; de acuerdo con el Informe 2017 de Reporteros sin Fronteras (2018), el Ecuador ocupó en 2016 el lugar 109 -de 180 países- en la clasificación mundial

de la libertad de prensa, y que solo en tres años de que entrara en vigor la Ley Orgánica de Comunicación, se habían emprendido 554 procesos contra medios de comunicación, de los cuales 398 concluyeron con sanciones (Reporteros sin Fronteras, 2017).

Mientras que otro factor puede ser el nuevo horizonte de lucha que está implementando en los últimos años el movimiento indígena, de manera particular la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE], ya no desde demandas étnicas, sino desde el espectro de la lucha de clases.

Si bien, la llamada rebelión de octubre de 2019 aparece como respuesta a la serie de medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenin Moreno, de manera

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particular el decreto 883 (2019) que elimina los subsidios a los combustibles, la interpretación y contextualización que dan al hecho desde el movimiento indígena es lo que determina dicho carácter. Según Iza, Tapia y Madrid (2021), “octubre esclarece las tendencias específicas de la lucha de clases, el enfrentamiento al poder -realmente- existente en el Ecuador, y permite identificar los aciertos y dificultades del campo popular” (p. 263).

Estos aspectos, interpretados desde una perspectiva liberal que reconoce que vivimos en un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (Constitución de la República del Ecuador, 2008), de alguna manera pueden explicar este nuevo escenario al que se enfrenta la prensa en sus procesos de cobertura de la protesta social y que pone en riesgo no solo los principios del derecho a la libertad de expresión reconocido en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, sino sobre todo la vida e integridad de los trabajadores de la prensa.

Tal como señala Delgadillo y Arellano (2020), el periodismo “es una disciplina científica o campo del conocimiento cuyo método sucesivo realiza una interpretación de la realidad social” (pp. 52 y 53) por lo tanto, dicha interpretación puede ser parcializada e invisibilizar o tergiversar la lucha social o, inclusive, carecer de credibilidad. Sin embargo, en un régimen democrático, esto no es motivo para impedir o amenazar el trabajo de los periodistas.

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La Construcción del Enemigo

Uno de estos factores señalados puede tener su origen en la década comprendida entre 2007 y 2017, en el marco de la campaña de desprestigio hacia la prensa y periodistas por parte del presidente Rafael Correa. Durante su gobierno, de forma sistemática, organizada y permanente, abonó a deslegitimar el ejercicio periodístico e instalar en el imaginario social los calificativos de prensa corrupta, sicarios de tinta, mentirosos, limitados, centrales

de campaña con antenas, etc. y presentar a la prensa como su principal antagonista. Según Echeverría (2012):

[…] la estrategia de construir un discurso político basado en antagonismos y polarizaciones, así como la aplicación del modelo de concentración y centralización del poder diseñado en Montecristi se profundizará ahora con aquellos sectores que han sido definidos como enemigos del régimen: los movimientos sociales (maestros, pueblos indígenas, sindicatos, ecologistas), la prensa no gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil. (p. 417) Como se puede evidenciar, entonces, esta postura

frente a los medios de comunicación que no aparecen como aliados al gobierno no es casual. Responde a lo que Carlos De la Torre (2012) señala con respecto a Rafael Correa y su visión política de encarnar la lucha del bien contra el mal, y en este escenario pensarse como un prócer que está impulsando un proceso de transformación estructural, lo que implica derrotar al neoliberalismo, la partidocracia y los medios de comunicación que han convertido la información en mercancía (p. 7).

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Parte de esta confrontación implicó construir argumentos que le permitieran legitimar su accionar contra la prensa: estos argumentos giraron en torno a lo que Correa llamaba “la dictadura de los medios de comunicación” (Barrera, 2019). Él consideraba que el poder de estos era ilimitado y sobre todo reflejaba los intereses de los propietarios de los grandes medios.

Esto se demostraba a través de la construcción de la llamada agenda setting, es decir, la potencialidad de los medios de comunicación de masas de dirigir la atención de la opinión pública hacia ciertos temas particulares, que estos presentan como los más sobresalientes en cada momento y que, a través de esta tematización, influyen no solo en la opinión pública, sino también en la propia agenda política (D´Adamo, García y Freidenberg, 2007).

Desde esta argumentación, Correa ubicó a los medios de comunicación como actores políticos al identificarlos como defensores y detractores del statu quo y voceros de los grupos de poder, cuya función sería defender los intereses privados por sobre los intereses colectivos. Esta construcción de la prensa como el enemigo marcará durante todo su mandato la relación con el periodismo, cuya representación más visible fueron los denominados enlaces ciudadanos que se transmitían en cadena nacional por parte de los medios públicos. En estos “el poder se materializaba en el verbo del presidente que insultaba y cuestionaba la mediocridad de sus rivales” (De la Torre, 2012, p. 159). De manera particular, los enlaces ciudadanos contaban con una sección llamada “la libertad de expresión ya es de todos”. En esta sección cuestiona la veracidad de los medios que según él son instrumentos de sus dueños para

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hacer negocios y pasa segmentos de la canción de Piero que dice “todos los días y todos los días los diarios publicaban porquerías” y un fragmento de la canción de Jorge Heredia que dice, “mienten, mienten, que forma de mentir”. Así transforma la política en una disputa sobre la credibilidad de su persona frente a la falta de credibilidad de los medios. (pp. 161-162)

Esta necesaria construcción del otro como enemigo puede ser leída como parte de la estrategia que permite

la cohesión interna del grupo, en palabras del correísmo, de quienes están del «lado correcto» de la historia, pues cumple con reducir los conflictos internos, pero sobre todo le otorga un horizonte de acción a quien se debe confrontar y ubica a sus seguidores en esa dirección.

Esta estrategia fue confirmada a Boris Muñoz (2012) en una entrevista realizada a Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación del Gobierno de Correa, para la revista Gatopardo. En esta, Alvarado señala que, hasta la llegada de la «Revolución Ciudadana», Ecuador estaba controlado por los medios, la partidocracia y los banqueros, y por lo tanto, había que polarizar la relación medios-gobierno desde los siguientes argumentos:

¿Cómo politizábamos al ciudadano común, haciéndolo participar en un cambio revolucionario en paz? ¿Cómo cambiabas tú esto, si no identificabas

a un grupo como los interesados en mantener un statu quo de beneficios y privilegios que caracterizan su forma de vida versus los cambios profundos que teníamos que hacer y que sabíamos que los iba a afectar? Había que polarizar. Después, me diría que

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la política es un ring en el que hay que vencer, al contrario. Tienes que derrotarlo en sus aspiraciones, intereses y privilegios. Tienes que ubicar al contrario en la otra esquina. Allí está la polarización. (2012) Este escenario dará como resultado una serie

de tensiones, persecuciones judiciales, demandas, estigmatizaciones y la aprobación y puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (2013) como un mecanismo de institucionalizar el enfrentamiento del gobierno hacia los medios de comunicación y los/las periodistas.

(U)n enemigo abstracto (…) produce una reacción más intensa, aunque la personalización del enemigo sea un elemento importante para la manipulación en un mundo dominado por las imágenes. Precisamente, de lo que se tratará será de hacer ver, con imágenes dramáticas y expresivas, que las personas concretas forman parte de una trama mucho más general y abstracta (…) Lo que normalmente, e ilegítimamente, se llama “victimismo nacionalista”, encaja en estas proposiciones: los líderes preocupados por la “construcción nacional”

(es decir, la cohesión de un grupo en términos de sus pretendidas características culturales o sus pretendidos destinos políticos) encuentran rentable la búsqueda del enemigo exterior (los que nos agreden, los que nos dificultan la dicha “construcción”, los que nos oprimen, reprimen o explotan) y del enemigo interior (quinta columna, auto-odio, traidores, librepensadores). (Tortosa, 2003, p. 184)

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El resultado a mediano plazo de este proceso vivido durante diez años, acompañado de la escasa pluralidad de fuentes a las que acuden los medios tradicionales, junto a la creciente presencia de redes sociales que ha desplazado a la prensa en su rol informativo, así como la presencia de bots y noticias falsas en el escenario mediático, ha generado esta permanente actitud de sospecha por parte de los actores sociales movilizados hacia la prensa y el ejercicio periodístico. Expresiones como “prensa corrupta”, “sicarios

de tinta”, “gorditas horrorosas”, “prensa mentirosa” o publicaciones en redes sociales con frases como “lo que no verás en los grandes medios”, serán parte de los discursos sociales al referirse a la prensa y, sobre todo, implicarán una actitud de rechazo hacia el trabajo de la prensa en el marco de las protestas sociales.

Prensa y Lucha de Clases

El segundo factor planteado como hipótesis, es la actual concepción que tiene el movimiento indígena -y de manera particular la CONAIE- a raíz de la presencia de Leonidas Iza como uno de sus dirigentes, cuyo horizonte político se enmarca en la visión marxista de lucha de clases, expresada en el libro: Estallido. La rebelión de octubre

en Ecuador, donde junto a Andrés Tapia y Andrés Madrid (2021), señalan que:

La crisis no será superada mediante los alfileres de la izquierda institucional, que pinchan al capitalismo neoliberal mientras acarician al estatista. Más allá de sus matices, el modo de producción y la civilización burguesa engendran muerte, al igual que su hijo pródigo el Estado nación, indistintamente de si es dirigido o desregulado, monetarista o bienestarista,

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fascista o multicultural, liberal o republicano, representativo o participativo, mononacional o plurinacional, demócrata o policiaco. Cualquiera de sus modalidades son llagas […] La luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable: Comunismo indoamericano o barbarie. (p. 316)

Desde esta perspectiva, la denominada «Rebelión de Octubre» se convirtió en una insurrección política que impugnó el carácter de la dominación en el Ecuador, permitiendo comprender las tendencias de la transformación social en el país, en donde los medios de comunicación constituyen parte de grandes corporaciones que construyen un cerco mediático que favorece a las oligarquías.

Para identificar con mayor claridad el papel de los medios de comunicación en el marco de la lucha de clases, es necesario abordar, por un lado, la categoría ideología y, por otro, la categoría hegemonía. Uno de los autores clave para este abordaje es Althusser (2005), quien en su texto “Ideología y aparatos ideológicos de Estado” señala que el sistema capitalista, para su supervivencia, no solo requiere la reproducción de los medios de producción, sino también de las fuerzas productivas, las cuales se reproducen por fuera de la producción, es decir, a través de instancias e instituciones a las que denomina aparatos ideológicos. Stuart Hall (2010) en un análisis que realiza al texto mencionado, señala que la importancia de dicho ensayo radica en el concepto de reproducción, pues… Althusser argumenta que el capitalismo, como sistema productivo, reproduce las condiciones de

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producción “a escala ampliada” y que ésta debe incluir la reproducción social: la reproducción de la fuerza de trabajo y de las relaciones de producción. Estas incluyen los salarios, sin los cuales la fuerza de trabajo no puede reproducirse; las habilidades, sin las cuales la fuerza de trabajo no puede reproducirse como “fuerza productora” en desarrollo; y las

“ideas apropiadas” […]. Pero esta noción ampliada

de “reproducción social” requiere precisamente la actuación de todos los aparatos que aparentemente

no tienen vinculación directa con la producción como tal. La reproducción de la fuerza de trabajo por medio del salario necesita de la familia; la reproducción de las habilidades y técnicas avanzadas necesita del sistema educativo; la “reproducción de la sumisión a la ideología dominante” requiere las instituciones culturales, la iglesia, los medios de comunicación de masas, los aparatos políticos y la dirección global del estado. (Hall, 2010, p. 40) Desde este escenario entonces, para Althusser (2005), la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. No obstante, en ella no está representado el sistema

de relaciones reales que gobierna la existencia de los individuos. No hay que olvidar, sin embargo, que las ideas de su creencia son materiales y están insertas en prácticas materiales reguladas por rituales definidos y el aparato ideológico material del que proceden las ideas del sujeto concreto.

En la misma línea del marxismo, Gramsci se aleja del determinismo económico marxista y propone el concepto

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de hegemonía (Albarez, 2016) para analizar y orientar la acción política. Así, rescata la subjetividad -dejada de lado por el marxismo ortodoxo- y le otorga un lugar importante a la ideología y a la dirección política cultural en lo que denomina bloque histórico.

Este último hace referencia a la relación entre estructura y superestructura en una formación económico- social, en la que a ciertas condiciones materiales

de existencia le corresponden determinadas formas organizativas e ideológicas. De esta manera, se expresa la hegemonía de la clase dominante a nivel estructural al conjunto de la sociedad. En la superestructura, por otra parte, se manifiesta la coerción y el consenso de dicha clase. Cuando una clase dominante (o más bien una alianza de fracciones de clase, “un bloque histórico”) no

sólo es capaz de obligar a una clase subordinada a conformarse a sus intereses, sino que ejerce una “autoridad social total” sobre esas clases y la formación social en su totalidad. Hay hegemonía cuando las fracciones de clase dominante no solo dominan, sino que dirigen: cuando no solo poseen el poder coercitivo, sino que se organizan activamente para conducir y obtener el consentimiento de las clases subordinadas. (Hall, 2010, p. 238)

Se entiende entonces a la hegemonía como una imposición de tipo cultural, donde las clases dominantes imponen su idea de sociedad, su visión de mundo a las clases oprimidas. El poder no solo se ejerce por la coacción, sino porque logra imponer su visión de mundo a través

de consensos, pues incorpora algunos intereses de los grupos dominados. De esta manera, la hegemonía se

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instrumentaliza a través de la educación, la religión y los medios de comunicación, entre otros (Albarez, 2016). Por lo tanto, la hegemonía opera a nivel cultural,

que, al decir de Gramsci, es la organización, la disciplina del yo interior, el apoderamiento de la personalidad propia, que implica la conquista de una superior consciencia, por el cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes (2016).

La hegemonía constituye, por lo tanto, un bloque histórico, es decir, una unidad de fuerzas sociales y

políticas diferentes que se mantienen unidas a través de una concepción del mundo que ella ha trazado y difundido. Cuando esta concepción entra en crisis, entra en crisis

la hegemonía; es decir, se mantiene el dominio, pero disminuye la capacidad, pues la clase social que detenta el poder político no sabe ya cómo dirigir, resolver los problemas de la colectividad y la concepción del mundo que sustenta es rechazada (2016).

Siguiendo la interpretación de Iza, Tapia y Madrid (2021), la hegemonía ha sido factible en el Ecuador en momentos específicos, de manera particular en el último boom petrolero del año 2007, pero que tuvo su piedra de toque a partir de 2014 con el declive de la bonanza económica y la estabilidad política. Por lo tanto, en octubre del 2019 el “deterioro de la hegemonía produjo que los dispositivos de coacción y de administración de la violencia se fortalecieran y compactasen, actuando sobre aquello en lo que la hegemonía perdió control” (p.165).

La hegemonía por lo tanto se logra a través de elementos coercitivos e ideológicos, por lo que, por un lado, es vehiculada mediante las instituciones que conforman la

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superestructura social o mediante los aparatos ideológicos, de manera particular los medios de comunicación. Por lo tanto, parte de la lucha de clases significa confrontar a estos, desenmascararlos como voceros de la burguesía y restarles la legitimidad social que tienen.

En el libro “Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador”, Iza, Tapia y Madrid (2021), al analizar el papel de los medios en la movilización de octubre, hablan de que existió un sesgo en la difusión informativa. Señalan, asimismo, que las imágenes que transmitían los medios de comunicación hegemónicos respondían al modelo de comunicación de guerra, por lo que se difundía un discurso de violencia contra los manifestantes, mientras se censuraba a los medios de comunicación que transmitían el punto de vista de los manifestantes y no se brindaban las suficientes garantías para los medios de comunicación comunitaria. Por último, señalan que, a pesar del cerco mediático

del bloque de poder al que fueron sometidos, consiguieron varias victorias en la batalla por las ideas, pues, mientras por un lado el gobierno no logró posicionar su imagen, por otro lado, la movilización social logró afectar el hábitat de las ideas de la clase dominante y los emporios de comunicación fueron profundamente cuestionados. Nos encontramos entonces en un escenario

en donde la protesta social es un espacio político y comunicacional de disputa de sentidos, de cuestionamiento a la hegemonía dominante y construcción de una contrahegemonía por parte de los sectores populares, donde se identifica claramente el rol que juegan los medios de comunicación y, en ese sentido, desde los actores

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movilizados se busca «desenmascarar» a la prensa como aliada de los intereses de la burguesía. Esto es plenamente aceptado en el marco de un régimen democrático, siempre que no se utilicen acciones violentas o de intimidación. Una Peligrosa Coincidencia

Por último, y aunque no tiene una relación directa con los factores mencionados previamente, se trata de un contexto de derechización mundial que busca deslegitimar a las empresas periodísticas tradicionales. Esta situación

ha influido en la percepción que tiene la sociedad sobre los medios de comunicación; además, en los últimos años, con la presencia de estos temas en las redes sociales, ha generado una influencia en la opinión pública.

Según Pablo Stefanoni (2021), “las nuevas derechas buscan terciar en esa batalla y organizar el sentido común en torno a su visión del mundo” (p.37). Se refiere entonces a un nuevo actor social que ha puesto a la prensa como su enemigo. Esta denominada nueva derecha mundial (en todas sus variedades: nueva extrema derecha, extrema derecha 2.0, posfacismo, derecha alternativa, populismo de derecha, derecha libertaria, etc.) tiene como representantes a figuras como Bolsonaro, Milei, Abascal, Orbán o Meloni, quienes desacreditan el ejercicio periodístico al difundir narrativas falsas bajo el concepto con hechos alternativos (BBC News Mundo, 2017).

[L]a audacia de la extrema derecha se sustenta, sobre todo, en su demagogia, en su irresponsabilidad, en que puede decir “cualquier cosa”, sin necesidad de sostener sus propuestas en datos ciertos, y en su falta de pruritos morales para mentir sin escrúpulos. En que puede echarle la culpa a los migrantes o

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inventarse teorías de la conspiración absurdas. (Stefanoni, 2021, p.18)

Para sostener dichas narrativas es necesario socavar la credibilidad de los medios, sembrar dudas de la veracidad de los hechos y viralizar fake news a través de redes sociales, que apelan a la emocionalidad e irracionalidad de quienes las consumen.

Conclusiones

Los factores mencionados reflejan el complicado contexto al que se enfrenta la prensa y sus trabajadores. Esto se debe a la crisis económica a la que están expuestas, en gran medida por la presencia de la digitalización y las redes sociales, así como la pérdida de credibilidad de la labor periodística como una tarea para mostrar la verdad de los acontecimientos y el papel que desempeña la prensa como garante de la libertad de expresión en democracias liberales.

En el caso de Ecuador, la permanente descalificación que el presidente Rafael Correa {2007-2017} ejerció hacia la prensa y algunos de sus trabajadores, generó una actitud de sospecha y rechazo hacia los medios de comunicación. Esto, en algunos casos, se expresó con amenazas e intimidación hacia ciertos periodistas, legitimando así la confrontación entre la ciudadanía y los medios de comunicación, bajo el supuesto de que era una forma de descubrir la prensa «mentirosa» y los intereses que representaba.

Esto tuvo como consecuencia inmediata la deslegitimación de las investigaciones periodísticas que comenzaban a vincularlo con casos de corrupción. Esta idea de «prensa corrupta» se volvió común y fue pronunciada con frecuencia por los manifestantes durante las movilizaciones

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de octubre de 2019 y junio de 2022, cuando identificaban a algún periodista o trabajador de la prensa. Esta actitud, que al principio era simbólica, puede tomar otra dimensión si los ánimos de los manifestantes están exaltados, y dependiendo de la dirección que reciban para permitir o no el trabajo periodístico.

Esto crea una situación propicia para que los manifestantes sientan que pueden expresar su repulsa hacia la prensa de forma violenta. Además, al considerar

a la prensa como vocera de los grupos de poder y aliada de la burguesía, parte de la lucha revolucionaria implica acabar con estas voces, ya sea restringiendo o impidiendo el trabajo periodístico o directamente con acciones de hostigamiento o violencia.

En este contexto, los medios de comunicación comunitarios y las redes sociales vinculadas a los actores movilizados, aún con una limitada presencia, se proyectan como actores mediáticos que se convierten en la voz de dichos sectores y se oponen a la «prensa corporativa», deslegitimando su ejercicio periodístico.

No obstante, al calor de las movilizaciones, el hecho de ser parte de un medio comunitario tampoco garantiza

la seguridad de la labor periodística, ya que la prensa -en general- también ha sido víctima de la violencia de los manifestantes.

Esta mezcla de factores, junto con la construcción de narrativas falsas, la infoxicación y las noticias falsas con el objetivo de crear lo que la agnotología llama ignorancia social para generar confusión y engaño, lleva a una ciudadanía desinformada, manipulable o lo que Han (2014) llama el enjambre digital.

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De esta manera, se vuelve necesario defender el ejercicio periodístico como una forma de garantizar el derecho a la libertad de expresión, entendido en todas sus formas y manifestaciones, pero sobre todo para que las personas puedan ejercer su derecho a buscar, recibir y difundir libremente información y opiniones.

La defensa de la prensa en general y del ejercicio periodístico en particular como un componente de la libertad de expresión es parte de la defensa de una sociedad democrática, que siempre será mejor que modelos autoritarios y unívocos. No obstante, esta defensa no solo depende de la ciudadanía, sino también del Estado y de la institucionalidad necesaria para garantizar la seguridad y el ejercicio pleno de la labor periodística, así como la presencia de todas las voces que conforman este diverso país. Referencias

Albarez, N. (2016). El concepto de Hegemonía en Gramsci: Una propuesta para el análisis y la acción política. Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, (15). 150-160. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9093/08- albarez-esc15-2017.pdf

Althusser, L. (2005). La filosofía como arma de la revolución. Incluye los aparatos ideológicos del Estado. Siglo XXI Editores.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. https://www. ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_ Translations/spn.pdf

Constitución de la República del Ecuador de 2008. Tercer Suplemento del Registro Oficial 377, 25 de enero de 2021 (Ecuador).

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