Libertad de expresión, espacio público y el ejercicio periodístico

Hitos Históricos, Normativa y Jurisprudencia sobre la Definición «Trabajadores de la Comunicación en Ecuador»

Historical Milestones, Regulations and Jurisprudence on the Definition «Communication Workers» in Ecuador

Revista Enfoques

de la Comunicación No. 9 Junio 2023, p23-p50. p-ISSN: 2661–6939 e-ISSN: 2806-5646 Recibido: 17-abr-2023 Aceptado: 24-abr-2023

Ricardo Fabián Pascumal Luna 1

Docente investigador Universidad Técnica Particular de Loja

rfpascumal@utpl.edu.ec Quito, Ecuador

Resumen

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El presente trabajo tiene como objetivo comprender el significado y alcance de la terminología «trabajadores de la comunicación», adoptada por el Art. 42.1 de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador [LOC] (2022 (2013)). Como

se indicará, muchos son sus calificativos, pero siempre su definición girará en torno a los tres verbos rectores de la información (buscar, recibir y difundir), la terminología que los define ha dependido de los acontecimientos históricos y políticos. El periodismo en un inicio fue comprendido como adjetivo de periodistas y hoy en día es un sinónimo de trabajadores de la comunicación, esto comprende no solo a quienes actúan de forma directa, sino a todos aquellos que garantizan la dimensión social de este derecho a través de un medio de comunicación social o digital.

1 Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador; Magister en Derecho Constitucional; Master de Derechos Humanos y Políticas Públicas; Especialista en Derecho Administrativo; Egresado del Master de Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia de Italia. Actualmente se desempeña como Director de Asesoría Jurídica del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Es docente universitario de pregrado y posgrado en la Universidad Técnica Particular de Loja y forma parte del grupo internacional de trabajo en derechos humanos “Iniciativa Americana por la Justicia”.

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En lo que respecta a la metodología, utilizaremos un enfoque cualitativo en donde analizaremos las principales definiciones que han recibido los periodistas. Este trabajo dará como resultado la definición de trabajadores de la comunicación y su categorización.

Palabras clave: periodismo, periodista, trabajadores de la comunicación, seguridad, Ecuador.

Abstract

The objective of this paper is to understand the meaning and scope of the term “communication workers”, adopted by Art. 42.1 of the Organic Law of Communication of Ecuador (2022 (2013)). As will be indicated, there are many qualifiers, but their definition will always revolve around the three guiding verbs of information (search, receive and disseminate), the terminology that defines them has depended on historical and political events. Journalism was initially understood as an adjective for journalists and today is a synonym for communication workers, this includes not only those who act directly, but also all those who guarantee the social dimension of this right through a social or digital communication media. Regarding the methodology, we will use a qualitative approach where we will analyze the main definitions that journalists have received. This work will result in the definition of communication workers and their categorization.

Keywords: journalism, journalist, communication workers, security, Ecuador.

Introducción

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador (2022 (2013)), establece como sujetos de protección a los “trabajadores de la

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comunicación“, sin embargo, no los define ni caracteriza, es por ello que existe una gran anomia jurídica en su enunciación. Se ha logrado identificar por lo menos dos caracterizaciones diferentes, para algunos, solo debe proteger a los periodistas profesionales, para otros, a todos los ciudadanos sin importar su formación académica que difundan de manera directa o indirecta una información por un medio de comunicación tradicional o digital. En la búsqueda de una definición no se han encontrado

fuentes directas que los puedan precisar, motivo por el cual se recurre al método histórico para recabar algunas definiciones que relacionen la libertad de expresión con el ejercicio periodístico y las personas que lo ejercen, ello para responder a la pregunta ¿Quiénes son los «trabajadores

de la comunicación»? en el ámbito del derecho público, constitucional y comunicacional, por lo que el uso del término «trabajador» debe entenderse dentro del ejercicio periodístico y no dentro del derecho laboral.

Sin perjuicio de aquello, iniciaremos sosteniendo que son escasas las definiciones de «trabajadores de la comunicación», pero a partir de los hechos relatados en las aproximaciones históricas comprenderemos que los comunicadores fueron variando su denominación hasta que hoy en día se los asimila con las definiciones de «periodistas» como personas que forman parte del área de comunicación, capaces de ejercer el periodismo dentro de los Estados. Precisando que el derecho internacional público establece los criterios de protección que vale reconocer como derechos humanos alegables en las circunstancias de desempeño profesional y de alto riesgo.

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De tal manera, la expresión «trabajadores de la comunicación» conlleva un problema jurídico de conceptualización, que, en primer lugar, se resuelve recorriendo algunos hitos históricos donde se encuentra el fundamento de la libertad de expresión, así como los mecanismos de su ejercicio. El contexto histórico nos enseña que la búsqueda del alcance de su definición muchas veces fue calificada como peligroso para los gobernantes,

ya que su rol en la sociedad fue relevante para las guerras mundiales y estabilidad política de los Estados, por lo que siempre se estuvo a la expectativa de la censura de su contenido o la sanción al autor del mismo. Para encontrar la definición se ha considerado la doble dimensión de la libertad de expresión, desarrollada por los principales estándares interamericanos de derechos humanos, pues en el ejercicio de su actividad periodística no solo podría estar en riesgo sus derechos, sino de quienes reciben la información.

Así, acudiendo a la interpretación gramatical, se plantea el acercamiento a la definición de los alcances que la doctrina y la jurisprudencia ha dado al término «periodista», en un segundo momento vamos a realizar una correlación de «periodista» con «trabajadores de la comunicación», para concluir con la identificación de a quienes alude son este tipo de trabajadores.

Metodología

La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo ya que se refiere a la comprensión e interpretación terminológica, así como a los principales antecedentes que han desarrollado su estatus de protección. Este enfoque nos permitirá orientar la concepción de los sujetos de protección

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en ejercicio de su libertad de expresión. En lo que respecta al nivel de investigación, se propone sea explicativo debido a que se buscan respuestas al problema jurídico ¿Quiénes son los «trabajadores de la comunicación»?

Además, se desarrolla una interpretación histórica y gramatical, necesarias para llegar a definir el ámbito de

protección de quienes el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha denominado «trabajadores de la comunicación» (Ley Orgánica de Comunicación [LOC], 2022, art. 42.1). En este

orden de ideas, el tipo de investigación documental será de gran utilidad, partiendo de los textos bíblicos, hasta las más actuales sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], que servirán para mostrar como la evolución terminológica ha sido visible a favor de los periodistas.

Asimismo, la técnica que se propende utilizar son las fichas documentales y fichas técnicas de análisis de caso, las cuales permitirán citar los principales estándares de identificación de los sujetos protegidos en el ejercicio bidimensional de la libertad de expresión.

Presentación y Discusión de Resultados

Aproximaciones Históricas

Las denominaciones de quienes ejercen la comunicación e información han tenido una importante evolución, desde «escribano» hasta llegar a lo que conocemos como «periodista», que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial adquirieron la denominación de «corresponsales de guerra» (Rodríguez, 2016, pp. 7-11). Ahora en el Ecuador, se toma un nuevo criterio diferente y se los denomina «trabajadores de la comunicación» (LOC, 2022, art. 42.1), esta denominación resulta ser amplia y

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capaz de generar un alejamiento sistemático de quienes han sido definidos como sujetos de protección especial. Por lo que es preciso recorrer los hitos filosóficos, teológicos

y modernos de lo que implica el desempeño del sujeto comunicador.

Hito Filosófico y Teológico. El periodismo tiene una multiplicidad de definiciones, entre ellas, me parece oportuno resaltar la de Buitrón y Astudillo (2005), cuando mencionan que el periodismo es un estilo de vida, una manera de existir (p.13). Esta definición me trae a la mente el Ensayo sobre la libertad del gran filósofo británico

John Stuart Mill (1859), quién sostuvo que la libertad de expresarse es uno de los derechos con los que el ser humano nace. El filósofo menciona que, en la época bíblica ser escribano era uno de los artes más selectos e importantes, empezando por su notable trabajo en la redacción de leyes, acuerdos comerciales e impuestos, seguido por sus pensamientos y por la redacción de las epístolas bíblicas (pp.28-64).

Al remontarnos a esta época, es imperioso recordar que la libertad de expresión fue uno de los actos más peligrosos, es así que Romanos 14.52, se ha convertido en el versículo más llamativo para hablar de este tema “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente”. Para Mill, el personaje más sobresaliente que promulgó

la libertad de pensamiento fue Jesucristo, que valga la oportunidad sus profecías cumplían la doble dimensión de

2 Reina-Valera. (1960). Romanos. Capítulo 14. Sociedades Bíblicas en América Latina. Sociedades Bíblicas Unidas.

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este derecho3. Por un lado, emitía su mensaje de las buenas nuevas del evangelio y, por otro lado, sus discípulos y en especial el pueblo lo querían escuchar. Pero, también es cierto que producto de su libertad de expresión y religión fue perseguido, ultrajado, sentenciado y ejecutado en la cruz del calvario (pp. 15-27).

En la Biblia podemos leer grandes escritores, entre ellos, nos quedaremos con el apóstol Marcos, un hombre con gran estilo y claridad narrativa, por un momento

imaginémonos algunos titulares informativos: «Jesús sana a un leproso», «Jesús sana a un paralitico», «Judas ofrece entregar a Jesús», «Pedro niega a Jesús». En efecto el periodismo narrativo fue un don de expresión para muchos y otros un placer para deleitarse de los mejores escritos de narrativa de quién se lo considera como el primer periodista narrativo (Herrscher, 2009, pp. 63-69).

Es natural que en el Estado Oriental la libertad de expresión se funde en la divinidad como fuente de materialización de la costumbre (Jellinek, 1911, p. 388), así como considerar que la religión se constituyó en la principal fuente de amenaza a la libertad de expresión. Bajo este criterio, la historia no se quedaría ahí, si bien existió

la promulgación del evangelio por Jesucristo, siglos más tarde esta se vería cuestionada por la interpretación que le dio la Iglesia Católica, es así que Lutero difundió en 1518

3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], en todos sus fallos sobre libertad de pensamiento y expresión, que van desde el caso "La Última Tentación

de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile (2001), hasta el caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica, ha sostenido que: la libertad de pensamiento y expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, de las cuales ha desprendido una serie de derechos que se encuentran protegidos en dicho artículo. Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad

de pensamiento y expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención.

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el escrito «Tratado sobre las indulgencias y la gracia», con el cual se da inicio a la separación de la doctrina católica y origen de las religiones protestantes (Sánchez, 2016, pp. 35-36), a causa de esto el papa León X tomó la decisión de excomulgar a Lutero mediante la bula Decet Romanum Pontificem, además de quemar públicamente sus escritos en el Campo dei Fiori de Roma, y censurar cualquier prédica pública del evangelio o ideas de Lutero quien es considerado como el precursor de las modernas teorías de la comunicación (Colle, 2003, p. 39).

La historia sobre la religión es basta y sin duda un punto lleno de discusión y dispersiones argumentativas, que en este trabajo académico no se pretende abordarlas en su totalidad, pero sí aquellas que marcaron un precedente histórico en las agresiones sobre libertad de expresión. De igual manera, en estás ápocas de conflicto teleológico, no nace aún el nombre de «periodistas», pero a quienes realizaban las actividades inherentes a la libertad de expresión se las nominó: predicadores, apóstoles, narradores, escribanos, protestantes, entre los principales. El siguiente acontecimiento que marcó un antes y después del ejercicio periodístico fue la Revolución Francesa de 1789, previo a este acontecimiento, la imprenta tomó gran relevancia en la humanidad, a la fecha era el medio de comunicación más importante de información a través del diario, que si bien es cierto solo era accesible para el reinado, el clero y la nobleza; los campesinos no tenían derecho a escribir y mucho menos acceder a este medio, sino era por contrabando y un alto costo, lo que ocasionó que muchos se organizaran y emitieran panfletos anónimos que comenzaron a caldear los ánimos de los campesinos

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y burgueses. En ésta época aún no se conocía el nombre de «periodista», se los denominaba: diaristas, noticiosos, semanaristas, escritor público correista que hacía alusión al escritor de mensaje e intercambio vía correos, y corresponsal (Rodríguez, 2016, pp. 7-11). Sin embargo, el Gobierno Real de Francia -bajo el mandato de Luis XVI- emitió la primera norma jurídica que da origen a la censura previa, el Decreto del 5 de julio de 1788, que pasó a la historia como aquella norma que obligaba a los franceses a

solicitar autorización previa para emitir alguna publicación de carácter público que tenga que ver con el gobierno (Gil, 2012, párr. 5).

La situación de Francia no era la mejor, se aproximaba una revolución y los grandes líderes napoleónicos no se podían quedar limitados por estas restricciones, es así que el diarista Mirabeu, fue censurado -talvez el primero en la historia- por difundir sin autorización el diario «Patriote Francais», sus contenidos eran satíricos y mencionaban algunos acuerdos y conflictos políticos. Esta negación no se quedaría ahí, el diarista comenzó a difundir los panfletos llamados «Cartas

a los Comitentes», muchos llegaron a los diputados quienes fueron obligados a emitir sus pronunciamientos a los lectores y otros llegaron a renunciar a sus cargos (Kropotkin, 2018, p. 373).

Esta parte de la historia nos relata como los panfletos se volvieron incontrolables, ya no solo por Mirabeu, sino por otros ciudadanos desconocidos. Es así que se decide dar paso al primer registro de medios de prensa, con la condición de que sus publicaciones deban ser revisadas y aprobadas por un Comité designado por

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el gobierno, lo que evidentemente conllevó a que no se publicarán muchas de estas cartas y se restrinja aún más la libertad de expresión, con una censura previa (Godechot, 1964, p.1).

Hito Contemporáneo. Posteriormente, en 1789, se da la Revolución Francesa, con el emblema de la lucha por garantizar las libertades. Así, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano [DDHC], entre los cuales se encontraban diputados que conocían las imposiciones sobre la censura previa (Godechot, 1964, p.7). Con ello, a la fecha todo era revolución, propendían a una vida nueva sin límites, es por ello que entre sus normas consta que por primera ocasión regula su protección, así: La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley. (DDHC, 1789, art.11)

De esta manera no solo nace la libertad de expresión sino la responsabilidad de responder por los malos usos, abusos y extralimitaciones que ocurrieren en nombre

de la libertad de expresión. Posteriormente, la primera Constitución en normar la libertad de expresión sin censura previa y el establecimiento de la responsabilidad ulterior fue la Constitución de Cádiz [CC] (1812), donde además a quienes se dedican a esta actividad ya no se los llama «diaristas», sino «articulistas», bajo el concepto de que los artículos de prensa son de libre acceso para todos los ciudadanos, con lo que se rompe el tabú de que solo los

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articulistas podían publicar y que además era un derecho selecto para las clases de la élite española, establecido por ley, esta norma dispuso que: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes” (CC, art. 371). Es decir, para ejercer este derecho bastaba con ser español y asumir la responsabilidad de las consecuencias

ocasionadas por los pensamientos escritos y publicados. Dos años después, en 1814 el diario español «El Mercurio» publicó un artículo sobre las actividades que realizan los publicistas o diaristas, su importancia y acceso a los hechos principales que debe conocer la ciudadanía. En este artículo se mencionó por primera ocasión el término periodista, como aquella persona que publica periódicamente sus artículos en el diario. De estas circunstancias, en 1817 la Real Academia Española hace una corrección y los denomina como «redactores», pero -años más tarde- en 1844,

la misma organización, los definió como «periodistas» acogiendo el adjetivo de «periódico» (López, 1995, p. 46). La transición del modelo de Estado Medieval a Estado Moderno implicó que el contenido de los derechos se amplíe y limite el poder del Estado en la vida de los ciudadanos (Jellinek, 2019, pp. 311-318). Es así que, posterior a este hecho histórico resultaron muchas revueltas y revoluciones con motivos de la independencia de los Estados. Sin embargo, las guerras mundiales también marcaron un antes y un después en la protección de la libertad de expresión a favor de los periodistas. Es así que la Primera Guerra Mundial de 1914, denotó una gran intromisión en la

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libertad de expresión. Los medios de comunicación a través de panfletos, carteles, caricaturas, fotografías y películas fueron el arma más importante en la guerra, ya que sus propagandas promovían, por un lado, el valor y patriotismo y, por otro, la venganza y el destierro, al ser tan antagónicos desencadenaron odios y venganzas que llegaron hasta la histeria de los países en conflicto (Schulze, 2013, p. 18). Lo cierto es que, durante este periodo de guerra adquieren la denominación de «corresponsales de guerra», para Devés y Sánchez (2021), este nombre se les da por cuanto eran enviados especiales al campo de batalla con el objetivo de obtener fuentes de información directa y en muchos casos privilegiada. Es así que, muchos fueron considerados como espías y conspiradores, siendo torturados por la información que obtenían del otro bando (p.35).

La historia reconoce múltiples hechos históricos en este período, pero a objeto de evidenciar el peligro de los periodistas y darle un enfoque diferenciado de género, nos quedaremos con la historia de Dorothy Lawrence, aquella mujer periodista que fue discriminada en razón de su sexo y tuvo que disfrazarse como soldado del ejército británico para acceder a información de primera línea y luego de ser descubierta fue sometida a un Consejo de Guerra considerándola una espía. Lo curioso es que, «periodistas» o «corresponsales de guerra» solo eran hombres, por

ello, la sanción que recibió Lawrence fue ir a un convento religioso. Estos hechos constituyeron un mensaje directo contra las mujeres de la época, ya que luego de esta noticia nadie quiso contratarlas como «corresponsales de guerra» (Gonzales y Gonzales, 2014, pp. 134-137).

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El estallido de la Primera Guerra Mundial traería como consecuencia la unión de algunos Estados, que posteriormente formarían la Liga de las Naciones, como la primera organización mundial para la paz y la seguridad internacional (Sánchez, 2021, p.635). Paralelamente, el Tratado de Versalles dio por terminada la Primera Guerra Mundial y garantizó la protección de los prisioneros

de guerra, entre los cuales se encontraban periodistas

que fueron acusados y torturados como espías. Para el historiador Pena de Oliveira (2009) en esta época se vivió

un ataque y asecho entre los propios corresponsales y otros que lograron afianzarse en la política como fue el periodista Georges Clemenceau4 (p. 128).

La situación que vivieron muchos prisioneros de guerra y las publicaciones posteriores que circularon sobre sus vivencias, entre otros incumplimientos de los acuerdos por parte de Alemania, conllevó a que se genere una segunda guerra mundial (Schulze, 2013, pp. 18-20). Preciso advertir que, para esta época ya se encontraban vigentes los Convenios de Ginebra [CG]5 – de 1929-, relativo al derecho a la guerra y protección a prisioneros de guerra. En estos convenios se consideró otorgarles a los periodistas un estatuto de protección especial; por un lado, como persona civil y, por el otro, como sujeto de protección especial

por su delicada labor. A partir de este acontecimiento, el derecho internacional humanitario se preocupó del estatus de los periodistas más cuando no existía una norma internacional que los pueda proteger, es así que por primera ocasión en el derecho internacional público el I Protocolo

4 Periodista y líder de la izquierda parlamentaria de Francia, fue uno de los hombres más influyentes de la política francesa de fines del siglo XIX.

5 Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 27 de julio de 1929 (Ginebra).

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Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra [ICG] (1973) reguló las medidas de protección a periodistas, consistiendo las siguientes:

Medidas de protección de periodistas:

1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del artículo 50.

2. Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a

su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4, A.4) del III Convenio (ICG, 1977, art. 79).

Con lo que esta norma cambia el estatus de «corresponsal de guerra» a «ciudadano civil», gozando de los derechos común a los ciudadanos, y cuidando de no perderlos por acciones de riesgo. Mientras que, a partir de la segunda guerra mundial, se instaura las Naciones Unidas como una organización que - a través de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 - pondría fin a la segunda guerra mundial (Olloqui, 1995, pp. 610-620). Esta organización fue la base principal para la creación de los sistemas regionales de protección y además a partir de 1993 cuenta con un mandato especial sobre libertad de expresión (Organización de Naciones Unidas [ONU], 2008).

Para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas [CDHONU] (2012), el interés en la protección a los periodistas nace a partir

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de la primera y segunda guerra mundial, pero también afirma que, a la falta de estos conflictos, los periodistas se enfrentan a una serie de atentados que en su mayoría son provenientes de agentes estatales, grupos de delincuencia organizada, grupos terroristas y fuerzas de seguridad. También resalta su preocupación sobre las mujeres periodistas que por situación de género se han convertido en un blanco de estigmas culturales (p.10).

Ahora bien, sobre estos acontecimientos mundiales el Derecho Internacional Humanitario ha tomado su

responsabilidad y ha considerado a los periodistas como sujetos especiales de protección durante los conflictos armados internacionales (Peter, 1982, p. 5). También se debe reconocer la importancia de los “Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información” propuestos por la organización civil y aprobados por el señor Abid Hussain, Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, en sus informes a las sesiones de 1996, 1998, 1999 y 2001 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas [CDHONU] (1996). Este documento consta de veintiún principios sobre la protección a periodistas, se resaltan las experiencias vividas en las

dos guerras mundiales, y especialmente la protección a las fuentes de divulgación de información secreta, acceso a áreas restringidas y censura previa (art. 23).

Es importante ahora aterrizar en el Sistema Regional Americano, la Carta de la Organización de Estados Americanos [OEA] (1948), que contempla obligaciones

de los Estados en garantizar la libertad a todos los seres humanos, así como garantizar el desarrollo libre y de

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sus actividades laborales (art. 1). Al respecto, conviene decir que la Carta propone la integración de los Estados a través de la Convención Americana de Derechos Humanos [CADH] (1969), donde resaltan sus dos principales órganos jurisdiccionales, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. Sin aras de adentrarnos al fondo de su funcionamiento, es importante resaltar que el artículo 13 de la Convención, garantiza el derecho de los ciudadanos a gozar de la libertad de pensamiento y expresión.

En el año 2022, la CIDH (2022) resolvió 335 casos6, de los cuales en 57 ocasiones se ha referido a la libertad de pensamiento y de expresión, añadiendo que la Opinión Consultiva 05/85 da el inicio a la discusión sobre los límites y comprensión del «periodista», así como elementos constitutivos de este derecho frente a otros interdependientes como la honra y dignidad.

En lo que respecta al Ecuador, la Constitución de la República [CRE] (2008) reconoce la libertad de expresión como un derecho inherente a todos los ciudadanos con un enfoque diferenciado en el ámbito intercultural, de diversidad y participación (art. 16.1). También resalta que los trabajadores de la comunicación no deben ser censurados previamente por la información que busquen, reciban, intercambien, produzcan y difundan, sin embargo, resalta la existencia de responsabilidad ulterior sobre aquella información (art. 18.1). Asimismo, prevé que dentro de los grupos de atención prioritaria constan aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo, que

6 En la página oficial de la Corte IDH https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.

cfm, constan 481 casos, de los cuales 335 son sobre sentencias de fondo, los demás responden a sentencias de interpretación y otros sobre excepciones y reparaciones que al inicio de su gestión lo hacían de forma separada.

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desde mi punto de vista alcanza a los periodistas por el contexto en el que desarrollan sus actividades (art. 35). Del mismo modo, es importante resaltar que la Constitución propone la creación del Sistema de Comunicación Social que tiene como fin principal la formulación de políticas públicas para garantizar los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 384).

No obstante, esta última preposición nos lleva a determinar que la Convención Americana de Derechos

Humanos (1969) es el único instrumento multilateral de carácter coercitivo sobre la libertad de expresión. Pero en efecto, muchos podrán coincidir que existen organizaciones internacionales que generan acuerdos o informes y muchos de ellos son de gran trascendencia, pero en la práctica de nuestro sistema jurídico solo contribuyen a la interpretación del derecho, por el principio pacta sunt servanda (Convención de Viena, 1980, art. 26).

Al respecto conviene decir que la Ley Orgánica de Comunicación [LOC] (2022 (2013)) determina que los «trabajadores de la comunicación», por sus actividades profesionales, son sujetos de protección siempre y cuando sus vidas se encuentren en riesgo, líneas más abajo detalla cuales son las actividades que deben considerarse en riesgo (art. 42.1). Pero dejando de lado la obligación protectora del Estado, en la legislación nacional e internacional no se define quienes entran en el grupo de trabajadores de la comunicación.

El Término «Periodista»: Hitos Normativos y Jurisprudenciales El primer momento en el que se inicia la discusión

sobre el alcance de la definición de «periodistas» es la

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Opinión Consultiva [OC] 05/85 (1985), propuesta por el Estado de Costa Rica ante la Corte IDH. Al respecto, la discusión central giró en torno a la interpretación del artículo 13 de la Convención, sobre la colegiación obligatoria de los periodistas y la Corte IDH, definió al periodismo como:

[…] la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. (OC, 1985, párr. 71) 72. […] el artículo 13 expresamente protege la libertad de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole... ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa...” La profesión de periodista -lo que hacen los periodistas- implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención. (OC, 1985, párr. 72)

Estos extractos nos dejan al menos dos concepciones: la primera, la libertad de expresión no depende de un estatus académico o social de carácter previo, tampoco puede concebirse como un servicio, ya que es diferente a un derecho que lo pueden ejercer todos los

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seres humanos. La segunda -y más importante para este estudio- es conocer que la libertad de expresión se basa en tres verbos rectores -buscar, recibir y difundir- necesarios para definir si una persona está en ejercicio de su libertad de expresión, inmiscuyendo claro está, a los periodistas quienes no necesariamente están obligados a contar con un título o acreditación académica o social. En definitiva, todos podemos ejercer la libertad de expresión bajo la concepción de «periodistas», en el ámbito de la voluntad, conciencia y

responsabilidad que ello involucra.

Sin duda este concepto queda muy amplio y nos deja la idea de que todos podemos ser «periodistas». Al respecto, es importante mencionar que la misma Opinión Consultiva 05/85 (1985), así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] y especialmente en el primer caso que abordó la doble dimensión de la libertad de expresión, “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile (2001), se sostuvo que las dimensiones individual y social deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Por esta razón, la dimensión individual garantiza la libertad

de pensamiento y expresión, mientras que la dimensión social es la base fundamental para considerar el alcance del «periodismo» ya que su fin es llegar a otros grupos de personas (párr. 64).

Pero aún queda una amplitud, sobre el «llegar a otros grupos de personas», al respecto la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ivcher Bronstein Vs. Perú (2001), ha identificado que “[…] los medios de comunicación son verdaderos instrumentos de

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la libertad de expresión, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones” (párr. 149). Asimismo, ha considerado que los periodistas que laboren en medios de comunicación gocen de protección especial, ya que son quienes informan a la sociedad.

Para simplificar, podríamos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], cierra la concepción que dejó en la Opinión Consultiva 05/85 (1985), de que todo ciudadano en el ejercicio de su libertad de expresión puede ser «periodista» y restringe este concepto al cumplimiento de las dos dimensiones y lo más importante que se reproduzca a través de un medio de comunicación social.

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] ha determinado a los periodistas, «personal técnico asociado, empleados, directivos y accionistas» como personas que entran en el grupo protegido de «periodistas», así lo sostuvo:

Los hechos presentados por la Comisión se refieren a una serie de actos y omisiones, ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 2005, consistentes en declaraciones de funcionarios públicos y actos de hostigamiento y agresiones físicas y verbales, así como obstaculizaciones a las labores periodísticas, cometidos por agentes estatales y particulares,

en perjuicio de 44 personas vinculadas al canal de televisión Globovisión, entre periodistas,

personal técnico asociado, empleados, directivos y accionistas, así como a algunas investigaciones y procedimientos penales abiertos o realizados a nivel

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interno en relación con esos hechos. (Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, 2009, párr.2).

También en el caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia (2012), se amplió el estándar a favor de los camarógrafos, en este sentido:

142. En cuanto a lo sucedido en el presente caso, la Corte estima necesario recordar que el señor

Vélez Restrepo fue agredido mientras se encontraba

cumpliendo labores periodísticas como camarógrafo de un noticiero nacional y que la agresión por

parte de militares tenía el propósito de coartar su derecho a la libertad de pensamiento y de

expresión para impedir que continuara grabando los acontecimientos que allí se presentaban (supra párr. 78 a 81) y que difundiera las imágenes que ya había grabado. (párr. 142)

De la misma manera la Observación general N.º 34 del Comité de Derechos Humanos (2011) se refirió a la

preocupación sobre el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas y personas que trabajan en su colaboración, e indicó:

44. En la función periodística participan una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios, y establecer regímenes estatales generales para restringir el registro de periodistas o la concesión de licencias es incompatible con el párrafo 3.

Los sistemas de acreditación limitada solo serán permisibles cuando sean necesarios para dar a los

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periodistas acceso privilegiado a ciertos lugares o acontecimientos. Esos sistemas deben aplicarse de manera no discriminatoria y compatible con el artículo 19 y otras disposiciones del Pacto, sobre la base de criterios objetivos y teniendo en cuenta lo dicho antes, que en la función periodística participan una amplia variedad de personas. (párr. 44)

Ahora bien, el Consejo de Derechos Humanos aterriza una definición más próxima a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sosteniendo que: 4. En este contexto y por su función y el servicio que prestan, los periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los «periodistas ciudadanos» cuando desempeñan por un tiempo esa función. (CDHONU, 2012, p.3)

Conclusiones

1. El legislador ecuatoriano - al introducir la denominación de «trabajadores de la comunicación» - refiere gramaticalmente al término «periodistas» y por ende un adjetivo del periodismo.

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2. Los «trabajadores de la comunicación» son personas que cumplen de forma directa o indirecta la doble dimensión de la libertad de expresión, a través de los medios de comunicación tradicionales o de internet, de forma autónoma -por cuenta propia- o dependiente -medio de comunicación-.

3. Los «trabajadores de la comunicación» en situaciones de riego forman parte de los grupos de atención prioritaria establecidos por la Constitución (2008),

por ende, merecen una protección especial, aún más cuando son mujeres o pertenecen a un grupo o colectivo intercultural.

4. En la categoría de trabajadores de la comunicación se inmiscuyen:

a. El personal técnico asociado -camarógrafos, analistas y reporteros-

b. Empleados -siempre y cuando garanticen la dimensión social, por ejemplo, el conductor que dirige el vehículo hacia el lugar de la noticia-

c. Directivos y Accionistas -dependiendo la constitución legal y su funcionamiento administrativo de los medios de comunicación social-.

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