Flores-Ramírez, D. J. l Desafíos y Resistencia: la Periodismo de Investigación:

Realidad de Mujeres Periodistas y Defensoras de

Ética, Judicialización y

Derechos Humanos en México

Libertad de Expresión

pp. 288-311

Recibido: 09-mar-2024

Aceptado: 26-abr-2024

Publicado: 15-jun-2024

Desafíos y Resistencia: la Realidad de Mujeres Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en México

Challenges and Resistance: The Reality of Women Journalists and

Human Rights Defenders in Mexico

Dayri Jaruny Flores Ramírez1

Investigadora independiente

djfloresr001@profesor.uaemex.mx

Ciudad de México, México

Resumen

Este ensayo abordó la grave problemática de violencia que enfrentaron las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México durante el periodo comprendido entre 2020

y 2023. El argumento central sostuvo que la alta incidencia de 288

agresiones, tentativas de homicidio y feminicidios está relacionado con la impunidad y la falta de protección por las autoridades, lo 1 Estudiante del Doctorado de Ciencia Política del Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE]; Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO-Sede México], Diplomada en Políticas Públicas y Presupuestos Públicos con perspectiva de género por la Universidad Iberoamericana y Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]. Ha sido profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México [UAEM] en el Centro Universitario Valle de México y realizó una estancia de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Es integrante de Latin American Interdisciplinary Gender Network [LAIGN]; forma parte de la Red de Politólogas #NoSinMujeres y de la Red Feminista de las Ciencias Sociales. También es parte del Programa interdisciplinario en estudios migratorios del Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE-MIG]. Sus temas principales de investigación son género, migración, violencia feminicida y políticas públicas.

Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

p-ISSN: 2661–6939 / e-ISSN: 2806-5646

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que pone en riesgo su derecho a ejercer la libertad de expresión.

Se derivaron tres premisas: la imperante necesidad de visibilizar la impunidad generalizada que atenta hacia un de los principios básicos de la democracia; el incremento progresivo en la

vulnerabilidad a sufrir agresiones y ataques violentos debido a la falta de protección efectiva por parte de las autoridades y; por último, la vulneración de la libertad de expresión de estas 289

mujeres, la cual no sólo menoscabó su capacidad para contribuir al debate público, sino que también puso en riesgo su propia vida.

El aporte de este trabajo radicó en analizar la intersección entre la violencia de género y la libertad de expresión, vulnerando uno de los principios básicos de la democracia. Un aporte crucial para abordar la violencia contra las mujeres y avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas.

Palabras clave: violencia de género, libertad de expresión, impunidad, seguridad, democracia

Abstract

This essay considered the serious problem of violence faced by women journalists and human rights defenders in Mexico during the period between 2020 and 2023. The central argument maintained that the high incidence of assaults, attempted homicides and femicides is related to impunity and the lack of protection by the authorities, which puts their right to exercise freedom of expression at risk. Three premises were derived: the prevailing need to make visible the widespread impunity that threatens one of the basic principles of democracy; the progressive increase in vulnerability to suffer aggressions and violent attacks due to the lack of effective protection of the Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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authorities and; finally, the violation of these women’s freedom of expression, which not only undermined their ability to contribute to public debate, but also put their own lives in risk.

The contribution of this work was to analyze the

intersection between gender violence and freedom of expression, violating one of the basic principles of democracy. A crucial contribution to address violence against women and moving towards more fair and inclusive societies.

Keywords: gender violence, freedom of expression, impunity, security, democracy

Introducción

La violencia dirigida hacia mujeres periodistas y defensoras de DDHH en México ha sido una preocupación apremiante en

las últimas décadas. Este ensayo se centra en el período entre 2020 y 2023, un lapso marcado por un aumento notable en la incidencia de actos violentos dirigidos hacia este grupo particular de mujeres. Durante estos años, se han evidenciado agresiones, 290

amenazas y demás formas de violencia que han afectado su

seguridad y su libertad de expresión de manera significativa.

Es en este contexto que se hace necesario profundizar

en el análisis de esta problemática para comprender de manera más precisa los múltiples desafíos que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Por lo tanto, el argumento central que guía el presente trabajo es que la alta incidencia de agresiones, tentativas de homicidio y feminicidios está intrínsecamente ligada a la impunidad y la falta de protección proporcionada por las autoridades, lo que amenaza Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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directamente su derecho fundamental a ejercer la libertad de expresión.

A partir de ello, se derivan tres premisas fundamentales: la primera radica en la necesidad de visibilizar la impunidad generalizada ya que la falta de rendición de cuentas permite que los perpetradores de violencia contra mujeres periodistas y defensoras de DDHH continúen sin consecuencias legales, lo que 291

socava la confianza en las instituciones democráticas y perpetúa un clima de temor e inseguridad para quienes ejercen estas profesiones. La segunda sostiene que el incremento progresivo en la vulnerabilidad a sufrir agresiones y ataques violentos se debe a la falta de protección efectiva por parte de las autoridades.

Esta situación provoca un ambiente propicio para que los

perpetradores de violencia se sientan impunes y continúen con sus acciones sin temor a enfrentar consecuencias legales. La ausencia de medidas preventivas y de seguridad por parte de las autoridades contribuye directamente al aumento de la exposición de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos a situaciones de riesgo y violencia.

Y, finalmente, la tercera argumenta que la vulneración de la libertad de expresión de estas mujeres ha generado una situación en la que no sólo se ve menoscabada su capacidad para contribuir al debate público, sino que también ha puesto en riesgo su propia vida. Esta restricción impuesta a su libertad de expresión ha creado un entorno en el que las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos enfrentan represalias y amenazas por

expresar sus opiniones y divulgar información, lo que incrementa su vulnerabilidad ante actos de violencia y represión.

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Por lo tanto, este ensayo aspira a arrojar luz sobre esta problemática urgente, además de abonar al debate sobre violencia de género, libertad de expresión y democracia, con el propósito de catalizar acciones significativas hacia la protección de estas mujeres que luchan constantemente por la justicia y los derechos humanos en México.

Impunidad Generalizada: Una Amenaza a los Principios

Fundamentales de la Democracia

Es crucial destacar que no existe un sólo tipo de impunidad sino más bien diversas expresiones de ella, esto permite recoger una amplia gama de prácticas relacionadas a este concepto lo que complejiza su definición y, en ocasiones, hasta dificulta su identificación. Ya que “es tan amplia la variedad de formas que adopta que ni siquiera existe garantía de su adecuada identificación una vez localizada” (Alonso y Garcimartín, 2011, p.

45).

La impunidad es un fenómeno estructural que afecta de

manera indirecta a cada ciudadano, toda vez que la base

292

de la paz y de la democracia es la justicia. La impunidad impide que las reglas del juego político y económico

se apliquen con igualdad, garantizando que ciertos

“intocables” no enfrenten las consecuencias de sus actos

ilícitos y se beneficien de lo obtenido de ellos. De la misma forma, impide que los delitos reciban su sanción e implica que puedan seguir siendo cometidos al mantener en

libertad a sus autores. Ello, claramente, es un valladar para el pleno ejercicio de los derechos humanos en su expresión más general. (Bullock, 2019)

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La impunidad debilita la democracia al erosionar el Estado de Derecho y socavar la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia. “Además, está estrechamente relacionada con la corrupción al permitir que los responsables de actos ilícitos no rindan cuentas por sus acciones, atentando contra las reglas del juego democrático” (Rabotnikof, 2003, p. 51). Esto también alimenta la desconfianza en el sistema y menoscaba los derechos 293

humanos al dejar impunes las violaciones a múltiples derechos.

Aunado a ello, es importante señalar que las formas de impunidad no se manifiestan de la misma manera en todo el mundo, lo que conlleva a resultados diferentes. Por lo tanto, su impacto no puede ser completamente concluyente, aunque exista un conceso sobre lo que conceptualmente se entiende por impunidad. Según el Índice Global de Impunidad de 2022, México es uno de los países con los niveles más altos de impunidad en todo el mundo. “En promedio, el 91% de los delitos cometidos en México quedan impunes” (Making Space for Peace [MSP], s. f.). “Cerca del 90

% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16 % de las investigaciones se “resuelven” (Hassan, 2023, párr. 7).

Algunos de los problemas más serios que afectan a

México – desapariciones, feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos

humanos y periodistas – son agravados por el contexto de

impunidad que les caracteriza. (Making Space for Peace

[MSP], s. f.)

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En este sentido, es esencial resaltar la relación entre la impunidad y la violencia. En algunos casos, la impunidad se convierte en un medio para mantener posiciones privilegiadas o como una alternativa a la violencia directa. Este fenómeno perpetúa la impunidad y también alimenta un ciclo de violencia que socava los cimientos de la sociedad y debilita la democracia.

Sus efectos corrosivos se manifiestan principalmente a través de deficiencias en la aplicación de los marcos normativos en todos los niveles del sistema legal y judicial. La falta de rendición de cuentas y la ausencia de consecuencias para aquellos que transgreden la ley minan la confianza en las instituciones democráticas.

“Convirtiéndose en amenazas al desarrollo democrático y

económico, así como para la seguridad y calidad de vida de millones de personas” (Johnston, 2006, p. 29).

Además, la falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y expedita agrava aún más la situación. Cuando los ciudadanos no pueden acceder a una justicia imparcial y oportuna, se sienten desprotegidos y alienados del sistema legal. Esto no sólo perpetúa la impunidad, sino que también perpetúa la desigualdad y la 294

injusticia en la sociedad. “Existe un patrón de impunidad sistémica en las actuaciones y procesamiento judicial, así como un frecuente maltrato y discriminación en contra de las víctimas” (Andión, 2012, p. 279), como ocurre en el caso de la violencia contra las mujeres donde además de revictimizar a las víctimas, se presentan una serie de inoperancias que obstaculizan su acceso a la justicia.

“Lo que permite que estos crímenes no sólo se cometan sino que aumenten, porque no existe una aplicación real de la justicia a sus perpetradores” (Flores, 2015, pp. 6-7).

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Desde que el presidente Felipe Calderón declaró su

supuesta “guerra contra la delincuencia” en diciembre del 2006, el discurso dominante sobre la violencia en México

ha fomentado la idea de una batalla contra o disputas entre grupos de crimen organizado, y ha posicionado a las víctimas de asesinatos y desapariciones como criminales. Estudios

recientes subrayan el papel que juegan los periodistas y

295

los medios de comunicación en reforzar esta narrativa; sin embargo, el trabajo de campo etnográfico con periodistas

mexicanos complica la noción de que ellos y otros reafirman de manera acrítica o irreflexiva las interpretaciones dominantes sobre la violencia. (Donnelly, 2023, p. 77)

La persistente tendencia de criminalizar a las víctimas ha representado un desafío considerable para afrontar la violencia de manera efectiva y comprender sus fundamentos subyacentes.

Además, la criminalización de las víctimas perpetúa una cultura de impunidad y desalienta los esfuerzos para abordar las causas de la violencia.

La impunidad derivada de la inacción del Estado constituye violencia institucional producto de omisión, negligencia o complicidad de las autoridades con los agresores. También existe la impunidad que se debe a la permanencia de

estructuras estatales que perpetúan la desigualdad entre los géneros y no reconocen ni garantizan los derechos de las

mujeres. (Cámara de Diputados, 2006, p. 48)

Por lo tanto, la relación entre la impunidad y el aumento de la violencia hacia este sector de mujeres es innegable y profundamente preocupante. Como ya se ha mencionado, la

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impunidad actúa como un escudo para los perpetradores de actos violentos, permitiéndoles eludir las consecuencias legales de sus acciones. Esto crea un ambiente peligroso en el que los agresores se sienten libres de cometer nuevos delitos contra defensoras de DDHH y periodistas.

“[R]educe la confianza pública en la justicia y debilita la capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico.” (García-Sayán, s. f., párr. 3). Cuando los perpetradores de violencia no son llevados ante la justicia, se debilita la autoridad del Estado y se envía un mensaje desalentador a la sociedad en general, así como a las víctimas y a quienes defienden los derechos humanos. En este sentido, para las mujeres activistas de derechos humanos, la impunidad representa una amenaza directa a su seguridad y bienestar. El hecho de que los agresores pueden actuar sin consecuencias aumenta el riesgo de ser blanco de ataques violentos y reprime la libertad de expresión, uno de los derechos básicos democráticos. Por todo lo anterior, es fundamental abordar 296

la impunidad de manera integral para proteger la seguridad y la libertad de periodistas y defensoras de derechos humanos, así como para fortalecer el estado de derecho y promover la justicia en la sociedad.

La Ineficacia de la Protección Gubernamental

La protección gubernamental es un tema de gran

importancia en cualquier sociedad democrática. Esta conlleva una serie de medidas destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar de toda la sociedad.

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Finally, public policies should be implemented aimed at

providing protection, counseling, and psychological support against digital violence. Until now, human rights defenders have been offering such services, which should have been

the responsibility of the government in the first place. At the same time, there is also a need to create mechanisms that can effectuate women’s rights to freedom of expression,

297

protests, and information on internet with long‐term public policies. [Finalmente, se deben implementar políticas

públicas dirigidas a brindar protección, asesoramiento y

apoyo psicológico contra la violencia digital. Hasta ahora, los defensores de derechos humanos han estado ofreciendo

estos servicios los cuales deberían ser responsabilidad del gobierno en primer lugar. Al mismo tiempo, es necesario

crear mecanismos que garanticen los derechos de las

mujeres a la libertad de expresión, protesta e información en internet a través de políticas públicas a largo plazo].

(Suárez, 2021, p. 420)

De tal manera que, es fundamental considerar la

implementación de leyes y políticas que salvaguarden la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos humanos. Así como cualquier otra media que sea necesaria para velar por la seguridad de las mujeres que denuncien riesgo de sufrir algún acto violento que ponga en peligro sus vidas.

La base fundamental del Estado moderno es la seguridad.

Sobre esta base, se construye toda una estructura

institucional que debería garantizar entre otros, los

principios de igualdad, no discriminación y respeto por

la dignidad y la libertad de las personas, así como están Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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marcados en Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia en relación con las mujeres, porque estos cuatro principios sólo son posibles si todas las

personas cuentan con la seguridad de vivir con tranquilidad y sin violencia, en su diversidad. (Pérez, 2021 p. 336)

Sin embargo, la eficacia de estas medidas puede variar

según el contexto político, social y legal de cada país. En muchos casos, la falta de voluntad política, la corrupción o la complicidad de las autoridades dificultan la implementación efectiva de medidas de protección. Lo que deja a periodistas y defensoras de derechos humanos vulnerables a represalias y ataques, socavando su libertad de expresión y el estado de derecho en general.

Efectivamente, la ineficiencia del aparato del Estado para imponer las sanciones previstas en su normatividad por

las instituciones de justicia desde la policía investigadora hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),

opera como una educación en sentido inverso que puede

ser definida como la socialización de la impunidad […] El proceso de esta socialización funciona, en el macrocosmos 298

social, exactamente igual como funciona en el microcosmos familiar. En este sen tido, lo público y lo privado se dan la mano y se asemejan porque, cuando una regla se incumple

sistemáticamente y la sanción prevista por la auto ridad no llega (autoridad, llámese: papá, mamá, sacerdote, rabino, policía o juez), los valores se trastocan y se fortalece la cultura del “al fin y al cabo, aquí no pasa nada”; se socializa, como señalé hace un momento, la impu nidad; se fortalece

una cultura en la que las normas no son importantes y

priva la ley del más fuerte; ahí en donde, la sistemática Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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inoperatividad de la justicia impide también la reparación del daño y, algo más grave, la construcción y consolidación de la ciudadanía. (Pérez, 2021, p. 340)

La falta de eficacia en la protección gubernamental,

combinada con la impunidad, conduce a la normalización de los actos violentos dirigidos hacia este sector. Esto se traduce en una situación donde la violencia contra estas mujeres se percibe 299

como algo común o aceptable, lo que perpetúa un ciclo peligroso de agresiones y falta de rendición de cuentas. Ya que, cuando el Estado no actúa para perseguir tales delitos, permitiendo que la impunidad se vuelva una norma social, no sólo se convierte en cómplice de estos actos, sino que también contribuye a la normalización de la violencia y el aumento sistemático de la inseguridad. Por tal motivo, “[c]orresponde al Estado tener políticas públicas que aseguren sistemas de procuración y administración de justicia eficientes de tal suerte que las normas cumplan con su función de control y garanticen eso que anda mos buscando: la multicitada seguridad” (Pérez, 2021, p. 341).

[…] para garantizar el derecho a defender y la libertad de expresión, nuestro país tiene suficientes herramientas,

instrumentos y leyes, y el reto es lograr que se apliquen y que sean más efectivos. La existencia de tales

ordenamientos contrasta con el aumento de riesgos para

el ejercicio de estos derechos. Existe un incremento en

el número de agresiones, frente a la falta de resultados

efectivos por parte de las autoridades investigadoras

y procuradoras de justicia, lo que, a su vez, incide en

autocensura, desplazamiento y exilio forzado, espacios de silencio en el país, y persistencia de la vulneración de los Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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principios fundamentales de una sociedad abierta, plural

y democrática. Una mención especial exige las agresiones

en contra de las mujeres periodistas y defensoras de

derechos humanos, quienes continúan enfrentando riesgos

relacionados con su género, incluidas la violencia sexual y las amenazas en redes sociales o las campañas de

difamación basadas en estereotipos de género. (Comisión

Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2022, párr. 5)

Por lo tanto, para atender esta problemática que va en

aumento es necesario adoptar medidas holísticas y abordar las múltiples dimensiones de la violencia hacia estas mujeres. Las acciones transversales e intersectoriales deben tener en cuenta tanto los aspectos legales y de seguridad como los sociales, económicos y culturales que contribuyen a la perpetuación de la violencia de género. “Por lo tanto es importante continuar ejerciendo presión a las autoridades para que aseguren,

trasladando del discurso a la práctica, el acceso de las mujeres a una vida libre de todos los tipos de violencia […]” (Flores, 2015, p.

98). Además, es fundamental que estas medidas sean coordinadas 300

y ejecutadas de manera conjunta por diferentes instituciones y organismos gubernamentales, así como por la sociedad civil, para lograr un enfoque integral y efectivo en la erradicación de la violencia de género en todas sus formas.

La discrepancia entre la inoperancia gubernamental de jure y de facto es evidente en México al igual que en muchos otros países del mundo. En el caso mexicano, a pesar de contar con marcos legales y estructuras administrativas diseñadas para abordar diversas problemáticas, la realidad muestra una falta de eficacia en la implementación y aplicación de estas medidas.

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El marco legal para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es débil. La Ley Nacional

para Proteger a las Personas Defensoras de Derechos

Humanos y Periodistas no es efectiva. Una de las razones

principales, es el hecho de que el gobierno sea uno de los principales agresores, y también por la impunidad que

impera en el país. (Vega, 2020, p. 64)

301

Por todo lo anterior, es crucial que los gobiernos asuman la responsabilidad de proteger a quienes trabajan para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en la sociedad. Esto no sólo es esencial para la seguridad y el bienestar de las personas involucradas, sino también para el mantenimiento de una democracia sólida y justa.

Vulnerables y Silenciadas: la Libertad de Expresión de las Mujeres Periodistas y Defensoras de DDHH

La libertad de expresión de las mujeres periodistas y

defensoras de DDHH es un tema crucial en el contexto actual.

Estas mujeres enfrentan desafíos únicos y a menudo peligrosos al ejercer su derecho fundamental a informar, cuestionar el poder establecido y abogar por los derechos humanos. Su labor implica exponerse a riesgos de agresiones, intimidación, amenazas y violencia tanto en línea como fuera de línea. Además, enfrentan obstáculos adicionales debido a estereotipos de género, los cuales pueden socavar su credibilidad y la legitimidad de su trabajo.

Reconociendo que cada vez son más las mujeres

periodistas y defensoras de los derechos humanos

abocadas al ejercicio, la promoción y la protección

de los derechos humanos y del derecho a la libertad

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de expresión, la CIDH observa que uno de los desafíos

pendientes en los Estados es el abordaje del impacto que

tienen los estereotipos de género discriminatorios en su

labor, así como en la protección de sus derechos. Al desafiar estereotipos machistas que reprueban su participación en

la vida pública, son víctimas de violencia y discriminación basadas en su género y de formas diferenciadas de violencia, a la vez que enfrentan desprotección y obstáculos en el

acceso a la justicia de forma diferenciada de sus colegas hombres. (Comunicación e Información de la mujer [CIMAC], 2022, p. 29)

La violencia contra periodistas en México ha generado una preocupación constante. Esta situación, ha suscitado alarma tanto a nivel nacional como internacional debido al alto nivel de riesgo al que se enfrentan los profesionales de los medios de comunicación al realizar su labor informativa en el país. La persistencia de esta problemática resalta la urgencia de abordar las causas subyacentes y de tomar medidas efectivas para proteger a quienes desempeñan un papel fundamental en la divulgación de información y la defensa 302

de los derechos humanos en el país.

Los actos de violencia contra periodistas constituyen la

forma de ataque más grave contra la libertad de expresión, a nivel individual y social, por cuanto estos ataques vulneran el acceso de la sociedad a la información. Ningún crimen

contra periodistas es casual ni sucede por generación

espontánea, ni por ven ganza personal. Se trata de delitos dirigidos a silenciar voces y evitar la publi cación de

investigaciones que develan la corrupción. (Lanza, 2017,

como se citó en Vega, 2020, p. 60)

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Flores-Ramírez, D. J. l Desafíos y Resistencia: la Periodismo de Investigación:

Realidad de Mujeres Periodistas y Defensoras de

Ética, Judicialización y

Derechos Humanos en México

Libertad de Expresión

pp. 288-311

Recibido: 09-mar-2024

Aceptado: 26-abr-2024

Publicado: 15-jun-2024

El análisis del incremento de la violencia contra las mujeres que se desempeñan en este sector se ve enriquecido al considerar el carácter estructural de la violencia de género. Esta perspectiva nos permite comprender mejor las raíces profundas de este fenómeno y su relación con las dinámicas arraigadas de desigualdad entre mujeres y hombres. Además, “[…] pese a su gravedad, la violencia contra mujeres periodistas no es visible dado el incremento de los asesinatos y actos de violencia contra hombres perio distas” (Vega, 303

2020, p. 61), lo que desvía la atención de ellas. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México [RNDDHM] señala que desde 2020 a 2023, de acuerdo al Registro Nacional de la Red de México: “1547 mujeres periodistas y defensoras de DDHH del país han sufrido hasta 6870 agresiones diversas. En este tiempo 33 defensoras fueron víctimas de feminicidio y se cometieron 23

tentativas de asesinato” (Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México [RNDDHM], 2024)

Datos de la RNDDHM reportan “1701 agresiones contra

392 mujeres periodistas y defensoras en el 2020, 1574 agresiones contra 373 mujeres en el 2021, y 1318 agresiones contra 296

mujeres periodistas y defensoras para el primer semestre del 2022”

(Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México

[RNDDHM], s. f., p. 2). Al momento de la agresión, la mayoría de ellas investigaban actos de corrup ción y vínculos entre los gobiernos federal y locales con grupos criminales. “Ello explica que sea el Estado el principal perpetrador de actos de violencia contra mujeres periodistas: de acuerdo con CIMAC, 60% de los agresores son funcionarios del Estado” (Vega, 2020, p. 62). En este contexto, la violencia de género se convierte en el mecanismo empleado por el Estado mexicano para impedir que las periodistas accedan a la libertad de expresión.

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[…] el discurso misógino, sexista y homofóbico de los

líderes políticos en los últimos años ha normalizado la

violencia contra las mujeres defensoras de los derechos

humanos. En algunos casos, quienes actúan en nombre de

los Estados han participado en ataques directos contra las defensoras y sus familias. (Organización de las Naciones

Unidas [ONU], 2019, párr. 3)

Además, como ya se mencionó en apartados anteriores,

el Estado recurre a la revictimización para minimizar esta problemática, al acusar a las periodistas de tener algún tipo de relación con los criminales. Para Vega (2020), se ha llegado a relacionar los ataques en su contra con conflictos de pareja, así como también se ha negado que su profesión y su agenda informativa sean la causa de la violencia; e incluso se ha señalado que la atención a estos casos corresponde a gobiernos locales y no al federal. “Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México, y el Estado de México son las entidades que registraron los índices más elevados de agresiones cometidas en el marco de manifestaciones, defensa del territorio, exigencia de verdad, justicia y reparación”

304

(RNDDHM, 2024).

El acoso y la violencia que enfrentan las periodistas, tanto en el ámbito físico como digital, reflejan y perpetúan la cultura machista arraigada en nuestra sociedad, con repercusiones significativas que pueden llevar a la autocensura como una forma de protección ante el abuso en línea. “Such digital violence has the objective of silencing women and disqualifying them from participating in the political realm” [Esta violencia digital tiene como objetivo silenciar a las mujeres y descalificarlas para participar en el ámbito político] (Suárez, 2021, p. 418).

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La falta de acción para abordar y condenar estas

amenazas en las plataformas digitales puede tener consecuencias devastadoras, como lo demuestran trágicamente los casos de agresiones y asesinatos de mujeres periodistas que fueron precedidos por campañas de acoso en línea. El Informe Palabras Impunes: Estigmatización y Violencia contra las Mujeres

Periodistas en México 2019-2022, “muestra que las cifras de 305

agresiones en contra de mujeres periodistas, durante los primeros tres años y medio de gobierno de AMLO aumentaron 209.27%, en comparación a los primeros cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto” (Rojas, 2022, párr.1).

La vulnerabilidad y el silenciamiento de la libertad de

expresión de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos son realidades preocupantes que merecen un análisis mucho más robusto. Estas mujeres, desempeñan roles cruciales en la sociedad al informar y defender los derechos fundamentales, se encuentran expuestas a diversos riesgos que van desde la violencia física y verbal hasta la censura y el acoso en línea. Su libertad para expresarse se ve constantemente amenazada

por actitudes discriminatorias, normas culturales patriarcales y estructuras de poder arraigadas. Por lo que es fundamental comprender y abordar estas dinámicas, para proteger los derechos humanos y promover una sociedad más justa e inclusiva.

Conclusión

En resumen, la violencia contra mujeres periodistas

y defensoras de DDHH en México refleja una preocupación

creciente, si bien se puntualizó en el incremento registrado entre 2020 y 2023, es necesario comprender que no es exclusivo

de este periodo y, lamentablemente, continúa en aumento. El Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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argumento central de este ensayo fue que el incremento de esta violencia está intrínsecamente ligado a la impunidad y la falta de protección proporcionada por las autoridades, lo que amenaza directamente su derecho fundamental a ejercer la libertad de expresión. Y, las tres premisas fundamentales que derivaron de este argumento fueron: que la impunidad generalizada socava los principios democráticos, el crecimiento constante de la vulnerabilidad se debe a la ineficacia de la protección gubernamental, y la vulneración de la libertad de expresión limita su capacidad para contribuir al debate público y pone en peligro sus vidas.

Retomando lo anterior, es posible concluir que la impunidad generalizada en México socava los principios fundamentales de la democracia y debilita el Estado de Derecho al permitir que los responsables de actos ilícitos no rindan cuentas por sus acciones, como lo es perpetrar actos violentos a defensoras de DDHH y mujeres periodistas. La ineficacia de la protección gubernamental, debido a la falta de voluntad política, a la misma impunidad y hasta a la corrupción, deja a estas mujeres vulnerables a represalias y ataques, perpetuando un ciclo de violencia al no existir rendición de 306

cuentas. Puesto que, si bien México cuenta con marcos normativos adecuados para proceder en pro de la justicia, la realidad revela una discrepancia significativa entre la normativa escrita y su aplicación práctica. Esta brecha genera un preocupante contexto de impunidad que deja a las mujeres dedicadas a la promoción de los derechos humanos desprotegidas por el Estado. Esta falta de protección efectiva mina la calidad democrática del país, socavando la confianza en las instituciones y poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de quienes luchan por los derechos fundamentales.

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En consecuencia, la vulneración de la libertad de expresión no sólo limita su capacidad para contribuir al debate público, sino que también pone en peligro su propio derecho a vivir una vida libre de violencia. Estas mujeres trabajan en condiciones inseguras enfrentándose a múltiples desafíos como las amenazas, la estigmatización, la censura y la autocensura que, ante la amenaza de violencia evitan ciertos temas o historias por miedo 307

a represalias y demás actos violentos que, a su vez, se enmarcan en un continuum de violencia de género por el simple hecho de ser mujeres. Lo que representan una seria amenaza para la democracia y los derechos humanos en el país, por lo que es crucial demandar medidas integrales y coordinadas para abordar esta problemática, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo y del activismo por parte de las mujeres que luchan por la justicia y los derechos humanos en México.

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