Campoverde-Loján, G. N. y Alvarado-Ochoa, N. N.

Periodismo de Investigación:

¿Es Inminente la Judicialización de la Libertad de Ética, Judicialización y

Expresión, Como Única Respuesta a la Hegemonía

Libertad de Expresión

del Estado?

pp. 231-255

Recibido: 26-mar-2024

Aceptado: 30-abr-2024

Publicado: 15-jun-2024

¿Es Inminente la Judicialización de la Libertad de Expresión, Como Única Respuesta a la Hegemonía del Estado?

Is The Freedom of ExpressionŚ Judicialization Imminent, as The Only Response to The Hegemony of The State?

Gabriela Nathaly Campoverde Loján1

231

Investigadora independiente

grabys_25@hotmail.com

Loja, Ecuador

Nelson Neptali Alvarado Ochoa2

Investigador independiente

fenixsamael@hotmail.com

Ambato, Ecuador

Resumen

El desarrollo del trabajo que se expone a continuación, supuso la recolección de algunos de los principales problemas y reflexiones jurídicas, que, en torno al derecho a la libertad de expresión, se han ido perfeccionando en la jurisprudencia constitucional 1 Egresada de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, abogada, magister en Derecho Constitucional, con 15 años de experiencia profesional; ha desarrollado labores de consultoría en asociaciones mineras, Dirección Distrital 2

de Educación Hispana-Loja, el GAD de Chaguarpamba, docencia en la Universidad Técnica Particular de Loja, y actualmente, se encuentra en el libre ejercicio de la

práctica profesional. ORCID: https://orcid.org/0009-0000-3536-7417

2 Egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, abogado, licenciado en Jurisprudencia, con 15 años de experiencia profesional; ha desarrollado además labores de docencia en el Instituto Superior Tecnológico de Transporte, capacitación en derechos de alimentos dentro de la Policía Nacional del Ecuador, consultoría en la Oficina Jurídica Armijos y Asociados, y, actualmente, ejerce su práctica profesional de manera particular. ORCID: https://orcid.

org/0009-0009-6890-6179

Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

p-ISSN: 2661–6939 / e-ISSN: 2806-5646

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con el transcurso de los años. Se han recogido de igual manera, varios criterios y estándares criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], así como algunas disposiciones legales contenidas en la normatividad internacional.

Bajo la perspectiva de tales criterios, se analizaron aspectos relativos a tres resoluciones que - con motivo de regular la libertad de expresión - se establecieron en Ecuador, la posibilidad de que éste pueda ser considerado como titular del derecho al honor, la protección de la libertad de expresión ante un contexto electoral, de las notas periodísticas o de información, y aún el derecho de opinión como una extensión de dicho derecho.

Finalmente, también se realizaron algunas puntualizaciones en torno a la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores; todo con base principalmente en desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH].

Palabras clave: libertad de expresión, derecho al honor, responsabilidad ulterior, el estado

232

Abstract

The development of the work presented below involved the collection of some of the main legal problems and reflections, which, around the right to freedom of expression, have been perfected in the constitutional jurisprudence over the years.

Likewise, several criteria and standards developed by the InterAmerican Court of Human Rights have been collected, as well as some legal provisions contained in international regulations.

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From the perspective of such criteria, aspects related to three resolutions that were established in Ecuador to regulate freedom of expression were analyzed, the possibility that it can be considered as a holder of the right to honor, the protection of freedom of expression in an electoral context, journalistic or information reports, and even the right of opinion as an extension of the right. Finally, some points were also made regarding the 233

possibility of establishing subsequent responsibilities; all based mainly on the jurisprudential development of the Constitutional Court and the Inter-American Court of Human Rights itself.

Keywords: freedom of expression, right to honor, subsequent responsibility, the state

Introducción

El desarrollo de los derechos, desde siempre ha estado ligado a la lucha social y aún judicial, como su única manera de hacer efectivas todas aquellas garantías establecidas previamente en nuestra Constitución (2008). De esta forma, aunque muchos de estos derechos esperan adormilados su perfeccionamiento, ya sea de la mano de los asambleístas a través del impulso de un proyecto de ley, muchos de estos alcanzan su perfección a través del ejercicio de interpretación constitucional que realiza la Corte Constitucional.

Sin embargo, este ejercicio de interpretación no se activa de manera involuntaria, sino que es el resultado de los conflictos sociales que son elevados al ámbito jurídico, producto de la falta de desarrollo legal de estas «clausulas dormidas». La judicialización entonces de este tipo de derechos, parece ser inminente, más aún cuando una de las partes en pugna, involucra Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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a representantes del Estado, que mantienen un cierto grado de influencia producto de los altos cargos que ocupan.

Esto lo podemos ver ya manifestado, cuando en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, la Corte Constitucional ha debido fungir como un tipo de árbitro imparcial, entre aquellas disposiciones legales propuestas por el Estado y aquellas manifestaciones que, en el ejercicio de esta, podemos encontrar día a día en algunos de los principales medios de comunicación que se transmiten en todo el país. Tal situación nos obliga a cuestionarnos entonces, ¿Es inminente la judicialización de la libertad de expresión, como única respuesta a la hegemonía del Estado?

Interrogante que nos obliga a direccionar la mirada, hacia aquellos conflictos legales en los cuales la Corte Constitucional, terminó por establecer algunas de las directrices que nos permiten conocer hasta donde se extiende la protección de la libertad de expresión, y que otros aspectos deben incluirse con motivo de esta.

234

Desarrollo

Como ya se había señalado en líneas anteriores, el desarrollo de algunos aspectos relacionados con la libertad de expresión, han debido ser implementados paulatinamente por la vía judicial, a través del planteamiento de problemas jurídicos que han sido resueltos por la Corte Constitucional y nos permiten dar cuenta, de la necesaria judicialización de la libertad de expresión, como uno de los principales aspectos que han contribuido par el entendimiento de este derecho.

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Sin embargo, se debe señalar, que este no ha sido un caso aislado de nuestro sistema latinoamericano, sino que, en el caso del continente europeo, dicha judicialización de la libertad de expresión, también ha sido necesaria conforme algunas de las resoluciones que, como referencia nos hemos permitido recoger.

De esta forma a continuación, también se presentan algunos de estos antecedentes como un elemento comparativo, 235

así algunos de los principales problemas jurídicos resueltos por la Corte Constitucional de nuestro país con injerencia incluso de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], de modo a fin de comprender de manera más comprensible los alcances del derecho a la libertad de expresión.

Antecedentes Judiciales en Continente Europeo

Cuando consideramos los antecedentes históricos

de muchas de las figuras normativas presentes en nuestro ordenamiento jurídico, es común voltear la mirada hacia el continente europeo; en donde, dada su mayor experiencia jurisprudencial desarrollada a lo largo de los años, podemos encontrar varios aportes que nos permiten realizar una pequeña comparación del cómo se ha ido integrando el derecho a la libertad de expresión en dicho continente, así como aquellos aspectos coincidentes en relación al ámbito latinoamericano.

Así entonces, en cuanto a la protección de la libertad de expresión cuando esta presenta un interés general, podemos encontrar que, dentro de la Sentencia 9515/82, Caso Lingens vs. Austria, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1986), donde tras la condena de un ciudadano por realizar dos artículos Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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supuestamente difamatorios contra un candidato político, el Tribunal al analizar su caso destaca la importancia que, “en su jurisprudencia”… “desempeña la libertad de expresión en la sociedad democrática, en especial en el terreno de la prensa” (p.

4, párr. 9), por lo que podemos observar que – desde hace años atrás – ya se ha venido judicializando este tipo de derechos, lo cual incluye sus limitaciones tal y como lo señala el Tribunal al establecer que:

la reciente jurisprudencia -sentencias de 19 de enero de 1982 y 25 de febrero de 1985, citadas por el Profesor Rodríguez Ramos- establece que la libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución, está limitada por los restantes derechos fundamentales, incluido el honor. (Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, 1986, p. 5).

Tal desarrollo de protección de este derecho, lo

podemos ver así mismo dentro de la Sentencia 26958/95 - Caso Jerusalén contra Austria -, expedida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2001), donde además se llegan a 236

considerar las circunstancias en las cuales se realizan cierto tipo de declaraciones, considerando no solo quien las emite, sino la persona o personas contra quien se lo hace, a fin de verificar si ostentan algún tipo de dignidad política que revista la discusión del tema de un alto grado de interés general, con lo cual además, la parte ofendida debería incluso haber mostrado una mayor tolerancia hacia las críticas, más aún cuando se trataba de un debate político.

De tales antecedentes, lo que se pretende resaltar de estas sentencias, es que, desde ya hace muchos años atrás, el Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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debate relacionado a las regulaciones del derecho a la libertad de expresión, ha debido ser asumido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual se hace visible una necesaria judicialización de este derecho. Es por este antecedente que, con base en la problemática resuelta por la Corte Constitucional de nuestro país, nos permitiremos revisar si dicha judicialización ha resultado igualmente necesaria en nuestro país.

237

Las Resoluciones No. 5377-CONARTEL-08, 5467-CONARTEL-08

Y 5512-CONARTEL-09, ¿Vulneran el Derecho a la Libertad de

Expresión e Información?

Los razonamientos emitidos por la Corte Constitucional con motivo de este problema jurídico, los podemos encontrar dentro de la Sentencia Constitucional Nro. 002-16-SIA-CC (2016), de fecha 6 de abril de 2016, donde se analizó en primer lugar, si dichos actos administrativos podían ser sujetos de control de constitucionalidad; los cuales, al haberse cumplido ya el tiempo determinado para poder ejercer dicho control, quedaron exentas del mismo. Sin embargo, en virtud de la potestad del control material que posee la Corte, que no es otra cosa que “[…]

el análisis de la concordancia en cuanto al fondo de los actos administrativos con efectos generales impugnados, en relación con los mandatos y preceptos previstos en la Constitución de la República” (p. 21); tales resoluciones pudieron ser analizadas en torno a una posible afectación de los derechos de libertad de expresión e información.

Así entonces se empieza por realizar un análisis de las dimensiones constitucional y convencional de lo que presuponen estos derechos, señalando que el Art. 66 numeral 6 de la Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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Constitución (2008), concibe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión desde su acepción más extensa, …

[…] y es lo que se ha denominado como libertad de expresión en estricto sentido; es decir, la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, información, manifestaciones por cualquier medio de expresión, así como el derecho a no ser molestado por ellas. (Corte Constitucional, 2016, p. 29)

No obstante, de lo señalado; y - dado que ningún derecho es absoluto - la Corte así mismo señala que este derecho encuentra sus límites en los derechos de los demás, motivo por el cual se ha previsto la responsabilidad ulterior por opinión, recogida dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos (1969), de la cual Ecuador es parte. Dicha restricción, sin embargo, a fin de no ser utilizada como un mecanismo que permita excluir de la discusión a un determinado sector social, solo procede cuando sea necesario asegurar: “a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas 238

[…]” (art. 13, núm. 2).

Partiendo entonces de que esta afirmación, se analiza la constitucionalidad de las Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión [CONARTEL].

No. 5377-CONARTEL-08 (2008), 5467-CONARTEL-08 (2008) y 5512-CONARTEL-09 (2009), las cuales fueron sometidas al test de proporcionalidad considerando tanto los fines que desean cumplir, como las normas establecidas con relación a dichos fines. Así pues, con base en la aplicación de este test, se llegó a la conclusión de que:

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[…] la prohibición de transmisión de programación que contenga escenas de violencia y crueldad expresa, que induzcan a errores médicos y el requerimiento de eliminación de apreciaciones contra la honra y buen nombre de las personas en sondeos de opinión pública es un límite razonable a la libertad de expresión que no es un derecho absoluto y que puede estar sujeto a regulaciones 239

legítimas y proporcionales. (Corte Constitucional del Ecuador, 2016, p. 50)

Es decir, no por el hecho de regular un derecho, conforme las limitaciones que, en él, ejercen a su vez otro tipo de derechos, se puede considerar una restricción a éste; sino que debe ser analizado precisamente sobre la base de estas limitaciones y los efectos que en uno y otro derecho generan.

De esta forma entonces, se puede señalar además que:

“el derecho al honor y buen nombre constituye un limitante a la libertad de expresión en cualquiera de sus formas, ya que este último no puede ser ejercido de tal manera que afecte negativamente otros derechos constitucionales” (CC, 2015, p. 16).

¿ Es el Estado Titular del Derecho al Honor?

Para despejar esta duda, se hace necesario referirnos a lo establecido dentro de la Sentencia Nro. 282-13-JP/19 (2019), de fecha 04 de septiembre de 2019, en la cual se instauran algunos criterios de carácter vinculante relacionados con la presente incógnita; partiendo del razonamiento básico: “[…]que los derechos nacieron para proteger a los individuos de los excesos del poder público, que ocupa una posición de poder en sus relaciones con los particulares” (párr. 29); motivo por el cual, si Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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bien, algunos de estos derechos pueden ser atribuibles al Estado, no todos ellos son compatibles con las características que definen a éste.

Así lo reconoce la Corte Constitucional del Ecuador, donde – al analizar una acción extraordinaria de protección donde equivocadamente se reconoció al Estado un daño grave a su honor –, se llega a establecer que el mismo o cualquier extensión de éste, “[…] a través de sus distintos órganos, no puede ejercer una garantía jurisdiccional como la acción de protección con el propósito de que se declare la vulneración de derechos de los cuales carece de titularidad por ser derechos inherentes a la dignidad” (párr. 44).

Tal situación, además, en el caso analizado supuso una clara vulneración al derecho a la libertad de expresión, toda vez que injustificadamente se ordenó al accionante, realizar disculpas públicas en favor del Estado, por un derecho del cual carece de titularidad. No se consideró entonces que, “[…] los derechos y sus garantías están concebidos como límites al poder, por lo que activar una garantía jurisdiccional en contra de un particular 240

con el objeto de proteger los intereses del Estado resulta una desnaturalización de la acción de protección” (párr. 51).

El presente caso así, supone un claro ejemplo de

que, en algunas ocasiones, la judicialización de los derechos como la libertad de expresión, se vuelve un mecanismo recurrente de defensa, en contra de la hegemonía del Estado, y de la interpretación de la ley que, en su favor, consciente o inconscientemente, se realiza por ciertas personas que están llamadas a impartir justicia.

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La Libertad de Expresión y su Protección en Contextos Electorales

En torno a lo relacionado con este punto en especial, lo podemos encontrar dentro de la Sentencia Nro. 1651-12-EP/20 (2020) de fecha 2 de septiembre de 2020, donde entre otras cosas, se puede resaltar la vinculación existente entre el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos políticos, los cuales se encuentran encaminados a fortalecer los 241

procesos democráticos; bajo esta perspectiva, “[v]ale recordar que los Estados no solo deben garantizar la libertad de expresar ideas u opiniones, sino que esa protección implica el deber de no restringir la difusión de dichas ideas u opiniones al mayor número de destinatarios” (Corte Constitucional del Ecuador, 2020, párr.

153).

Así entonces, cuando se analiza una sanción por realizar campaña electoral fuera de los términos previstos en la ley, impuesta por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral; lo que debió considerarse previo a tal sanción, era si dicho artículo suponía un apartado de opinión o información, considerando que una y otra generan efectos distintos.

En efecto, toda vez que no puede concluirse la certeza o falsedad de una opinión, en tanto que es una manifestación del pensamiento individual de cada persona y por tanto un juicio subjetivo, su nivel de escrutinio será mínimo y excepcional; mientras que en el caso de la información, cuyo fin es la descripción objetiva de hechos, si bien su nivel de escrutinio es excepcional será un tanto más estricto, a fin de precautelar que la ciudadanía pueda formarse una concepción lo mayor apegada a la realidad de los hechos y sujetos que afectan su entorno.

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Esto quiere decir entonces, que mientras un comunicado informativo puede estar sujeto a un juicio de falsedad o no; ello no aplica en los casos de opinión; los cuales responden a los criterios subjetivos de quienes los emiten. De esta forma, al no haberse realizado esta distinción dentro del caso que se analiza, encontramos que se ha producido una interferencia injustificada y arbitraria al derecho a la libertad de expresión, a la vez que dicha sanción, genera un efecto inhibitorio y represivo en otros medios de comunicación a la hora de disentir y confrontar ideas, propuestas y opiniones.

Esto considerando además que:

Las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público gozan de mayor protección puesto que en toda democracia, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso por parte de la sociedad en su conjunto, incluida la sociedad civil organizada, la prensa y la opinión pública. (2019, párr. 65)

242

Así entonces, al realizarse una sanción electoral presumiblemente “[…] con el objetivo de alinear editorialmente un medio de comunicación con el gobierno” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2015, párr. 197), denota claramente que las actuaciones arbitrarias o deviaciones del poder, de ciertas instituciones ligadas al Estado, son elementos comunes durante los procesos electorales, en los cuales este último, pretende con frecuencia realizar algún tipo de injerencia en el contenido difundido por los medios de comunicación.

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La Protección Especial de las Notas Periodísticas o de Información,

Cuando Forman Parte del Debate Público

Dentro de la Sentencia por el Caso Palacio Urrutia y otros vs Ecuador, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2021), se puede resaltar entre algunos otros criterios, el hecho de la protección especial de las notas periodísticas o de información, cuando estas forman parte del debate público. De ahí 243

que además se hace necesario, recopilar estos criterios emitidos por la Corte IDH, que dotan de interés público a un determinado hecho.

Así pues, tenemos que se necesitan de al menos tres elementos para que una determinada nota o información haga parte del debate público:

[…] a) el elemento subjetivo, es decir, que la persona sea funcionaria pública en la época relacionada con la denuncia realizada por medios públicos; b) el elemento funcional, es decir, que la persona haya ejercido como funcionario en los hechos relacionados, y c) el elemento material, es decir, que el tema tratado sea de relevancia pública. (párr. 113) La concurrencia de tales elementos entonces, sumada a que se trate de un artículo de opinión, a pesar que las expresiones vertidas en el choquen, irriten o inquieten a un determinado funcionario público o a un sector de la población, se encuentran protegidas por el derecho de libertad de expresión. A pesar de lo expuesto, no se debe olvidar sin embargo que, paralelamente al derecho a la libertad de expresión, se encuentra así mismo reconocida la responsabilidad ulterior por las versiones emitidas en este tipo de notas, dado que no se trata de un derecho Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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absoluto y que puede ser sujeto de regulación como ya se ha mencionado en líneas anteriores.

Tal responsabilidad, no obstante, al tratarse de un discurso protegido por su interés público, está exento de generar responsabilidades penales; no siendo éste el caso, en el caso civil, u otro tipo de jurisdicciones afines. “De toda forma, tratándose del ejercicio de una actividad protegida por la Convención, se excluye la tipicidad penal y, por ende, la posibilidad de que sea considerada como delito y objeto de penas” (2019, párr. 124).

De ahí que, las sanciones penales emitidas a los señores Emilio Palacio Urrutia, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga, César Enrique Pérez Barriga y de la Compañía Anónima «El Universo», hayan sido consideradas contrarias al derecho de libertad de expresión por parte de la Corte IDH.

La Corte (2021) así mismo señala que:

[…] dentro de un plazo razonable, y como garantía de no repetición, el Estado debe adoptar medidas legislativas 244

para lograr la plena efectividad del ejercicio de la libertad de expresión, a efectos de compatibilizarlo con la obligación del Estado de prevenir que funcionarios públicos acudan ante instancias judiciales para presentar demandas por calumnias e injurias con el objetivo de silenciar críticas a su actuación en la esfera pública, conforme a los parámetros establecidos en la presente Sentencia. (párr.

182)

Esto en consideración así mismo al principio de mínima intervención penal establecido dentro del Art. 195 de nuestra Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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Constitución (2008), por lo que todo tipo de restricción penal debe ser excepcional, y reservarse para aquellos casos estrictamente necesarios en donde la protección del bien jurídico así lo demande, dada la dañosidad y peligrosidad de determinado tipo de conductas y no como un ejercicio abusivo de poder por parte del Estado.

Este tipo de precaución, además, a través del cual se 245

prohíbe utilizar la ley penal en contra de la difusión de un determinado esquema de noticias, evita que se produzca el amedrentamiento de los comunicadores, lo cual supone una restricción a la libertad de expresión; y, por otro lado, facilita el escrutinio público de las actuaciones de la autoridad en pro del control sobre los poderes del Estado y el pluralismo democrático.

El Derecho a Opinar Como Una Manifestación de la Libertad de

Opinión

La Corte Constitucional del Ecuador (2022), refiriéndose al derecho a opinar sostiene que:

i. Se sostiene en las ideas, criterios y posturas de cada persona -su pensamiento-.

ii. Estos pensamientos se exteriorizan al mundo y se difunden a la sociedad - se expresan-.

iii. En la manera y por los medios que considere cada persona -en todas sus formas y manifestaciones-.

iv. Y finalmente, el derecho a opinar se disfruta a plenitud en libertad, cuestión que obliga al Estado a asegurar las condiciones para que se ejerza el derecho libremente.

(párr. 26)

Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

p-ISSN: 2661–6939 / e-ISSN: 2806-5646

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Campoverde-Loján, G. N. y Alvarado-Ochoa, N. N.

Periodismo de Investigación:

¿Es Inminente la Judicialización de la Libertad de Ética, Judicialización y

Expresión, Como Única Respuesta a la Hegemonía

Libertad de Expresión

del Estado?

pp. 231-255

Recibido: 26-mar-2024

Aceptado: 30-abr-2024

Publicado: 15-jun-2024

El derecho a opinar así, guarda un vínculo intrínseco con la libertad de pensamiento y opinión, por lo que las labores de producción y difusión de los contenidos de carácter informativo, irremediablemente presuponen la transmisión de pensamientos y opiniones, que deben estar así mismo protegidas por el derecho a la libertad de expresión como por lo establecido dentro del Art.

19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) que textualmente prevé que: “nadie puede ser molestado por causa de sus opiniones”. Así entonces, “la libertad de expresión comporta el producir, recibir y difundir “opiniones y noticias” (Corte Constitucional del Ecuador, 2020, párr. 27).

Cabe recordar sin embargo que, como ya se ha venido señalando con anterioridad:

[…] la opinión no puede ser objeto de responsabilidad ulterior debido a su carácter eminentemente subjetivo y al no ser susceptible de un análisis de rigurosidad o veracidad, mientras que la información podría ser objeto de responsabilidad ulterior solo si se cumplen los estándares de real malicia y de reporte fiel, de conformidad con lo 246

establecido por este Organismo. (2022, párr. 30)

Tales afirmaciones nos demuestran que, al ser la opinión una forma de exteriorizar un criterio subjetivo y propio de una persona, el mismo puede diferir abiertamente respecto del criterio de otra, motivo por el cual, tratar de sancionar el mismo, implicaría tratar de imponer una sola forma de pensamiento que como ya se ha señalado, está completamente en contra de la pluralidad de pensamiento. De ahí precisamente que, el derecho a opinar, se encuentre así mismo protegido por otro tipo de derechos tales como el de libertad de pensamiento, comunicación y expresión, al mismo tiempo que como un derecho autónomo.

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De ahí que, cuando se pone en el debate el mal uso del derecho de opinión, y sobre todo la falta de investigación de muchos de los contenidos que bajo esta premisa pueden difundirse, se debe tener en cuenta que este tipo de contenidos no se encuentran sujetos a ningún estándar de veracidad, dada su marcada subjetividad y diversidad de opiniones. A esto se puede sumar además que, generalmente este tipo de pugnas se 247

desarrolla entre periodistas y medios de comunicación que son críticos de las labores del Estado, y el mismo Estado que a través de diversas instituciones, intenta controlar la forma en que se ejercen este tipo de actividades.

La defensa de la estabilidad estatal así, muchas veces se ve revestida de una evidente preferencia a favor del Estado, lo cual ha determinado la intervención de otros órganos de justicia como un elemento imparcial, encargado de dilucidad la posible contradicción de derechos e intereses. Fruto de esta necesaria intervención judicial, es que, en la actualidad, la Corte ha podido establecer algunos lineamientos que rigen el desarrollo de estos derechos, como el hecho de que: “[…] el Estado no es titular de los derechos al honor, a la rectificación y a la información, pues sus titulares son únicamente las personas” (Corte Constitucional del Ecuador, 2019, párr. 33).

La Responsabilidad Ulterior

Dado que no todo derecho es absoluto ni ilimitado, lo mismo sucede en el caso de la libertad de expresión, la cual en determinados casos se encuentra sujeta a una responsabilidad ulterior, sin que ello pueda entenderse como una restricción a este derecho. Sin embargo, dichas limitaciones son de carácter excepcional y en ningún momento pueden convertirse en un Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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instrumento de censura previa, lo que hace que las mismas se encuentren únicamente justificadas en aquellos casos que se fundamenten en una necesidad social imperiosa.

En este sentido entonces, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) establece que la responsabilidad ulterior debe estar fijada de antemano por la ley y direccionada a preservar: “[…] a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” (art. 13, núm. 2).

Como se puede observar, tales limitaciones entonces están encaminadas a proteger el respeto de los demás derechos del hombre, así como la seguridad del Estado, el orden público, la salud y la moral.

Relacionado con este mismo tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] (1985), a través de la absolución de una consulta realizada por el Gobierno de Costa Rica, ha determinado que:

El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto 248

de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aún en este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente, según la Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos, a saber:

a) La existencia de causales de responsabilidad

previamente establecidas,

b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley,

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c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y

d) Que esas causales de responsabilidad sean “necesarias para asegurar” los mencionados fines. (párr. 39)

De esta forma, podemos señalar, que si bien, las

responsabilidades deben estar sujetas a los principios de tipicidad, idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad, estas además 249

deben tener en cuenta la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional, La Corte Interamericana de Derechos Humanos y aún las mismas Opiniones Consultivas desarrolladas por esta última.

De ahí que, al analizar nuestra jurisprudencia, podemos encontrar que, una vez analizados estos preceptos legales, “se verifica que ni el pensamiento ni la opinión forman parte de las expresiones referidas que podrían generar responsabilidad ulterior” (Corte Constitucional del Ecuador, 2022, párr. 80), toda vez que, dentro de nuestra Constitución, el reconocimiento de la responsabilidad ulterior esta direccionado principalmente a la búsqueda, producción intercambio y difusión de la información, y no la generalidad de las expresiones.

Es por ello que - tratándose de un caso donde se ha incurrido en una posible responsabilidad ulterior - se debe considerar “[…] que el estándar de protección de los derechos al honor y al buen nombre es distinto entre personas particulares y funcionarios públicos […]” (párr. 122). Esto, toda vez que, en el caso de las personas particulares, sus conductas o actuaciones no generan un mayor impacto en el entorno social, con lo cual su nivel de escrutinio es prácticamente nulo; contrario a lo que Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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sucede con aquellas figuras públicas que, al encontrarse envestidas de una dignidad estatal, se encuentran sometidas constantemente a una evaluación de sus actos, y cuya situación de servidores públicos, los coloca en una especial fuente a de atención.

De esta forma:

[…] la investidura de un cargo público acarrea un alto estándar de exposición social que puede dar lugar a críticas desfavorables, exageradas, ingratas, chocantes, exposición voluntaria y propia de la función que han asumido estas personas. Es por ello que las acciones penales son medidas manifiestamente incompatibles frente a discursos –

información u opinión – relacionados con el interés público”.

(párr. 122)

Conclusiones

Aunque en estos últimos años, la legislación en torno al derecho a la libertad de expresión se ha ido desarrollando conforme los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el establecimiento de dichos estándares no 250

son otra cosa que el resultado de la lucha individual y colectiva de un sector especialmente periodístico, que se ha visto envuelto con frecuencia en procesos judiciales contra el mismo Estado.

El desarrollo y comprensión del derecho a la libertad de expresión, actualmente permite realizar una clara diferenciación entre lo que constituye un segmento de opinión de uno de información; diferenciación que nos permite no solo advertir su nivel de protección sino de responsabilidad, en la medida que, en este último caso, la información si se encuentra sujeta a comprobación.

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Los principales avances conseguidos en torno a la protección del derecho a la libertad de expresión, son el resultado de la judicialización de los conflictos que en torno a éste se han ido desarrollando a lo largo de los años, mismos que, tanto en la jurisprudencia local como internacional, van marcando los estándares que rigen la protección de este tipo de derechos.

El establecimiento de estándares internacionales en 251

cuanto al reconocimiento y protección del derecho a la libertad de expresión, son el mejor mecanismo de defensa en contra del absolutismo del Estado; así como un elemento de equilibrio entre los derechos e intereses de quienes se encuentran inmersos en este tipo de contradicciones.

El sector periodístico y de investigación, a de encontrarse frecuentemente inmerso en este tipo de conflictos, dada su labor de escrutinio y examen constante de las actuaciones que cumplen las autoridades en el ejercicio de sus funciones; no obstante, lo señalado, se debe recordar que la investidura de un cargo público acarrea un alto estándar de exposición social que puede dar lugar a críticas desfavorables, exageradas, ingratas y chocantes, que no por ello, son susceptibles de persecución penal.

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Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión [CONARTEL].

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22],%22itemid%22:[%22001-162298%22]}

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OF%20LINGENS%20v.%20AUSTRIA%20-%20%5BSpanish%20

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