Métodos de Interpretación Utilizados por la Corte Periodismo de Investigación:

Interamericana de Derechos Humanos en Casos

Ética, Judicialización y

Relacionados con la Libertad de Pensamiento y

Libertad de Expresión

Expresión a partir de la Opinión Consultiva 05/85

pp. 27-97

Recibido: 04-mar-2024

Aceptado: 22-abr-2024

Publicado: 15-jun-2024

Métodos de Interpretación Utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Casos Relacionados con la Libertad de Pensamiento y Expresión A Partir de la Opinión Consultiva 05/85

Interpretationś Methods Used by the Inter-American Court of Human Rights in Cases Related to Freedom of Thought and

Expression based on Advisory Opinion 05/85

27

Jeannine del Cisne Cruz Vaca1

Presidenta

jcruz@consejodecomunicacion.gob.ec

Ricardo Fabián Pascumal Luna2

Coordinador General de Promoción de Derechos

rpascumal@consejodecomunicacion.gob.ec

Consejo de Comunicación

Pamela Escudero Soliz3

paescudero@utpl.edu.ec

Quito, Ecuador

3 Doctora en Derecho, PhD y magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario, ambos títulos otorgados por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede-Ecuador; y, abogada de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador (2008). Cuenta con varios Diplomados Superiores, entre los que cuentan formación en derechos económicos y constitucionalismo transformador. Es docente universitaria en varias universidades del país y autora de obras escritas como libro y artículos jurídicos de contenido constitucional, tributario, técnica legislativa y otros. Asimismo, en calidad de servidora pública, se ha desempeñado como asesora, especialista o gestora de asuntos jurídicos relativos al derecho público. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6664-4015

Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

p-ISSN: 2661–6939 / e-ISSN: 2806-5646

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Resumen

El alcance interpretativo dado a cada segmento del derecho

tiene sus particularidades y unos métodos que derivan del

alcance y desarrollo de otras experiencias. La que corresponde al desarrollo de esta investigación es el ejercicio interpretativo extraído de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos [Corte IDH], en el período 2000 – 2022, que ha resuelto 55 casos relacionados con la libertad de expresión.

En ese sentido, con base en la muestra identificada, el objeto de estudio de esta investigación es enunciar e identificar los métodos de interpretación convencional que desarrolló el organismo

interamericano, donde se pueden identificar algunas ratios decidendi, y revelar las particularidades del ejercicio hermenéutico con el que se han expresado algunos estándares vinculantes

y obligatorios bajo el control de convencionalidad, sobre la libertad de expresión. Para lo cual, se tomó la jurisprudencia relacionada con la libertad de expresión emitida por la Corte IDH y se extrajeron los métodos de interpretación que -bajo el término «interpretación convencional»- constituyen fundamento 28

de la interpretación: literal y finalista, así como el desarrollo de test de libertad de expresión, que es resultado de la combinación del test de proporcionalidad con el método de interpretación finalista. Concluyendo, entre otros aspectos, que la interpretación no es absoluta ni cerrada a una sola forma de explicar un solo sentido jurídico, sino a varias, tal como se dará cuenta en esta investigación.

Palabras clave: libertad de expresión, convencionalidad, métodos de interpretación

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Abstract

The interpretative scope given to each segment of law has its particularities and some methods derive from the scope and

development of other experiences. The one that corresponds to the development of this research is the interpretative exercise extracted from the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights [Inter-American Court], in the period 2000 - 2022, 29

which has resolved 55 cases related to freedom of expression.

In this sense, based on the identified sample, the object of study of this research is to state and identify the conventional interpretation methods developed by the inter-American

organization, where some ratios decidendi can be identified, and reveal the particularities of the hermeneutic exercise with the that some binding and mandatory standards have been expressed

under the control of conventionality, on freedom of expression.

For which the jurisprudence related to freedom of expression issued by the Inter-American Court was taken and the methods of interpretation that under the term “conventional interpretation”

constitute the basis of interpretation: literal and finalist, as well as the development of freedom tests were extracted. of expression, which is the result of the combination of the proportionality test with the finalist interpretation method. Concluding, among other aspects, that the interpretation is not absolute nor closed to a single way of explaining a single legal meaning, but to several, as will be realized in this investigation.

Keywords: freedom of expression, conventionality, methods of interpretation

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Introducción

La interpretación como acto racional tiene sus orígenes en

fuentes distintas al derecho, tal es así que los primeros ejercicios de interpretación son sobre los textos sagrados o bíblicos. Con el paso del tiempo, la interpretación como un ejercicio racional se ha ido especializando, así: interpreta el legislador e interpreta el juez: constitucional y el juez internacional. El primero sobre el sentido dado a la ley, el segundo sobre el sentido dado a la norma constitucional, y un tercero sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El alcance interpretativo dado a cada segmento del derecho

tiene sus particularidades y unos métodos derivan del alcance y desarrollo de otras experiencias. La que corresponde al desarrollo de esta investigación es el ejercicio interpretativo extraído de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

[Corte IDH], perteneciente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en el período 2000 – 2022, ha resuelto 55 casos relacionados con la libertad de expresión, consagrado en el

30

artículo 13 de la Convención Americana (1969).

En ese sentido, con base en la muestra identificada, el

objeto de estudio de esta investigación es enunciar e identificar los métodos de interpretación convencional que desarrolló el organismo interamericano dentro de las sentencias de fondo,

espacio donde se puede identificar algunas ratios decidendi, y revelar las particularidades del ejercicio hermenéutico con el que se han expresado algunos estándares vinculantes y obligatorios bajo el control de convencionalidad, en lo principal, sobre el derecho a la libertad de expresión.

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Para lo cual se desarrollan dos capítulos, el primero que

trata los antecedentes, concepto y métodos convencionales

de la interpretación en general hasta llegar a identificar las particularidades de la interpretación conforme a la jurisdicción interamericana. Y, un segundo capítulo que toma la jurisprudencia relacionada con la libertad de expresión emitida por la Corte IDH y extrae los métodos de interpretación que bajo el término 31

“interpretación convencional” constituyen fundamento de la

interpretación: literal y finalista, así como el desarrollo de test de libertad de expresión, que es resultado de la combinación del test de proporcionalidad con el método de interpretación finalista. Concluyendo, entre otros aspectos que la interpretación no es absoluta ni cerrada a una sola forma de explicar un solo sentido jurídico, sino a varias, tal como se dará cuenta en esta investigación.

Capítulo Primero. Interpretación Convencional

Antecedentes

Para Diego López Medina (2006, p. 14), la interpretación

tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el ser

humano ha tendido a incorporar sus creencias en las normas, lo cual en muchas circunstancias varía con las de otras personas.

En igual sentido, uno de los ejemplos más significativos es la interpretación de la biblia, que ha decir del filósofo español José María Enríquez (2016, p. 34), resultó ser el acto más controversial de la humanidad, a partir de las 95 tesis que propuso Martín Lutero, en contra de las indulgencias de la iglesia católica, lo que daría origen a las religiones protestantes, que, como conocemos, promulgan diferentes interpretaciones de los acontecimientos bíblicos.

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En lo posterior hubo incontables actos donde se discutió

la interpretación de los textos, autores como Thomas Hobbes, John Locke, Samuel Pufendorf, Thomas Jefferson y Jacques

Rousseau contribuyeron con sus teorías para manejar criterios interpretativos, a partir de la filosofía, las ciencias políticas y del Estado (Ferrari-Nieto et al., 2014). Sin embargo, posterior a la Revolución Francesa de 1789, cuando se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, se llevaron serias y fuertes discusiones e interpretaciones. Entre las más simbólicas y representativas se encuentra la propuesta por Olympe de Gouges, en la interpretación del término “hombre y ciudadano”, para su concepción, la libertad e independencia solo era un derecho que los hombres lo habían ganado, lo cual, desde su punto de vista, era injusto ya que muchas mujeres pelearon para conseguir su libertad. Producto de este conflicto interpretativo, nace en 1791

la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana, que pese a no haber tenido trascendencia quedó sentada la necesidad de contar con textos con enfoques de género (Ramírez, 2015, p. 4) Del mismo modo, para muchos autores, el precursor de

32

la teoría de interpretación jurídica es el jurista alemán Karl von Savigny (Tarello, 2018 (1980), pp. 78-80). Von Savigny (1994) propone una nueva metodología de sistematización, diferente a la sola observación, es decir complementa el actuar de los juristas a describir lo que se puede conseguir con la aplicación de la normativa. En un inicio, esto se vería plasmado en las normas o códigos civiles, por ser los primeros instrumentos que regularon el actuar de la sociedad y el límite del poder del Estado con los ciudadanos. En ese sentido, el origen de la interpretación nace como una obligación netamente de los jueces en la aplicación de Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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las leyes, es decir solo ellos pueden interpretar la ley y juzgar, hace alusión además a que el legislador al ser el intérprete natural, debe propender a la existencia de un menor grado de discreción normativa. Desde luego, en este aparatado doctrinario se empieza a concebir los elementos constitutivos de la interpretación de la ley, que a decir del autor serían el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático (pp. 65-71).

33

La explicación que Savigny hace sobre cada uno de estos

elementos se sigue manteniendo hasta el día de hoy, han sido perfectamente pensados que han perdurado, el teórico los explica de esta forma:

El elemento gramatical de la interpretación tiene por objeto las palabras que el legislador se sirve para comunicarnos

su pensamiento; es decir, el lenguaje de las leyes.

El elemento lógico, la descomposición del

pensamiento o las relaciones lógicas que unen a sus

diferentes partes.

El histórico tiene por objeto el estado del derecho

existente sobre la materia, en la época en que la ley ha

sido dada; determina el modo de acción de la ley y el

cambio por ella introducido, que el precisamente lo que el

elemento histórico debe esclarecer.

El elemento sistemático tiene por objeto el lazo

íntimo que une las instituciones y reglas del derecho en

el seno de una vasta unidad. El legislador tenía ante sus

ojos tanto este conjunto como los hechos históricos, y, por

consiguiente, para apreciar por completo su pensamiento,

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es necesario que nos expliquemos claramente la acción

ejercida por la ley sobre el sistema general del derecho y el lugar que aquella ocupa en este sistema. (López-Medina,

2006, p. 16)

Como es evidente, la interpretación jurídica tuvo sus

inicios en la ley, en el sistema liberal y positivista. Sin embargo, el derecho constitucional que había sido mermado su actuar y sometido a las reglas de las leyes, tendría su repunte a partir de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen (1982). Esta teoría traería importantes avances sobre todo en el respeto jerárquico de las normas, iniciando por la Constitución, que para Savigny esto se garantizaba con el método sistemático y originalista. De igual manera, Kelsen impulsó la protección de la constitución a través de la incógnita muy conocida ¿Quién es guardián de la constitución?, hoy conocemos con certeza que lo es el Tribunal o Corte Constitucional, pero además, esto trae un nuevo avance sobre el «control» que debe realizar este organismo para

garantizar su protección, lógicamente utilizando métodos de

interpretación que tiendan a mermar los conflictos normativos que 34

existen en el ordenamiento jurídico (Zagrebelsky, 2008, p. 255).

Queda todavía un hilo que desarrollar, y es el «control

constitucional», la teoría de esta ciencia es basta, por ello me referiré al « Judicial Review». Al respecto, con mucha categoría y claridad el profesor Jorge Amaya (s/f) explica que el control constitucional norteamericano se diferencia del inglés y del europeo por ser de tipo difuso, donde cualquier juez lo puede aplicar, como ejemplo cita el caso emblemático de Marbury

vs. Madison. Este caso, resulta ser tan importante y profundo Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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en el derecho constitucional que lleva a discutir la posición de la constitución frente a los sistemas jurídicos de carácter democrático. Para el profesor, este caso es el origen de la

« Judicial Review», o control judicial de constitucionalidad sobre los actos públicos que expide el Estado a través de sus diferentes instituciones, tiene una lógica que debe analizarse a través del razonamiento y pensamiento que propuso Marshall en relación a 35

la aplicación de una norma contraria a la constitución.

Hasta aquí se ha argumentado una interpretación

interdisciplinaria, la de carácter legal y también la constitucional como una corriente nueva que tiene relación con el control que aplican los juzgadores. Todo esto, sin duda alguna depende del progreso del derecho y aparecimiento de nuevas metodologías de resolución de casos, en estos tres ámbitos se aplican los métodos tradicionales propuesta por Savigny.

Fuentes de la Interpretación Convencional

Al respecto, no existe mayor estudio o conocimiento

sobre los métodos de interpretación que adopta la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, como órgano creador de

derecho, cuyas decisiones tienen incidencia en los ordenamientos jurídicos internos. Para poder aproximarnos a definirlos, es importante abordar ciertas cuestiones previas, que al igual que el constitucionalismo, son necesarias tenerlas presentes para conocer su ámbito de aplicación e importancia.

Preciso analizar la «interpretación» en apego al derecho

internacional público, para lo cual es importante citar el Art. 38

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (1978):

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La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho

internacional las controversias que le sean sometidas,

deberá aplicar: 1) las convenciones internacionales,

sean generales o particulares, que establecen reglas

expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 2)

la costumbre internacional como prueba de una práctica

generalmente aceptada como derecho; 3) los principios

generales de derecho reconocidos por las naciones

civilizadas; 4) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas

naciones, como medio auxiliar para la determinación de

las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el

Artículo 59. (art. 38, núm. 1)

Este precepto jurídico muestra una base fundamental para

la interpretación en el derecho internacional público, señala un orden jerárquico de interpretación, que inicia por los tratados internacionales, como reglas pactadas bajo voluntad de los

Estados, a la cual se someten de forma libre y voluntaria. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969),

36

esta disposición se manifiesta en su Art. 2, donde señala el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades establecidos en la Convención.

De forma paralela en el Sistema Interamericano de

Derechos Humanos se debe contemplar un orden jerárquico

normativo, que ha decir del Juez Eduardo Ferrer MacGregor

(2017), además de la Convención Americana se debe contemplar la Carta de la Organización de los Estados Americanos [OEA]

(1948), y el Protocolo Facultativo a la Convención Americana Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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(1990). Habría que decir también que, la Corte también tiene competencia contenciosa en otros instrumentos que han derivado de los acuerdos regionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

“Convención Belem Do Para” (1994), Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994), Convención

Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas 37

conexas de intolerancia y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores.

Hay otro aspecto que considerar, la interpretación que

ha realizado la Corte, no solo se ha basado en los instrumentos regionales o por lo menos no es un límite que se ha impuesto.

Este organismo en la Opinión Consultiva OC-18/03 (Corte

Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2003) se refirió a los instrumentos que son útiles para realizar una interpretación en derechos humanos, e indicó:

El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos

Humanos está formado por un conjunto de instrumentos

internacionales de contenido y efectos jurídicos variados

(tratados, convenios, resoluciones y declaraciones).

Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo

en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar

y desarrollar la aptitud de este último para regular las

relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo

sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte

debe adoptar un criterio adecuado para considerar la

cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de

los derechos fundamentales de la persona humana en el

derecho internacional contemporáneo. (párr. 120)

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En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay

(2005, párr. 127), afirmó este criterio y sostuvo que se considera útil y apropiado utilizar otros tratados internacionales distintitos a la Convención Americana, tales como el Convenio No. 169 de la OIT, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evolución del sistema interamericano, habida consideración del desarrollo experimentado en esta materia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los numerales 2 y 3 del Estatuto establecen como fuente

la costumbre y los principios generales del derecho. Sobre este aspecto, el profesor Humberto Nogueria-Alcalá (2022, pp. 3-4) sostiene que la costumbre internacional tiene dos características principales, la primera es que no es, ni puede ser una práctica escrita, la segunda que los Estados la conocen como válida y una obligación exigible. Al respecto, el voto razonado del ex juez Cançado Trindade en el Caso Blake vs. Guatemala (Corte

Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 1998) señaló que la costumbre, tiene más vigor que el derecho de los tratados, cuando se trata de establecer nuevos regímenes jurídicos de

38

protección del ser humano contra violaciones particularmente graves de sus derechos, como ejemplo señala las limitaciones ratione temporis de la competencia del tribunal. En lo que refiere a los principios, será desarrollado en párrafos posteriores.

Por su parte, el numeral 4 del Estatuto (1978) se refiere

a las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas.

Sobre las decisiones judiciales, no se refiere a un precedente horizontal del mismo organismo, por lo contrario, contempla la posibilidad de que las decisiones se puedan nutrir de casos que han sido abordados y resueltos por otros organismos regionales Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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internos, cuyas decisiones no generan un efecto vinculante o erga omnes, pero como se menciono puede ser útil como una cita que constituya obiter dictum, pare de la justificación argumentativa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012), en el

caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica, entre otros casos basó su fundamentación sobre el momento en que el estado debe proteger la vida de un nasciturus, a lo cual citó a la Corte Suprema de EEUU, el Tribunal federal alemán, la Corte Constitucional de Colombia, 39

la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, y la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

En lo que refiere a las doctrinas de publicistas, en el

derecho internacional público son de gran valía, por cuanto es un derecho que no tiene un sistema superior a él, por el contrario, la obligación de generar estándares y que estos se conviertan en vinculantes. Sobre esto, el voto concurrente del Juez Rodrigo Mudrovitsch, en el caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica (2022) citó la doctrina de mínima intervención del derecho penal de Claus Roxin, quien además postuló la teoría de la autoría mediata con la cual fue sentenciado el ex presidente de Perú Alberto Fujimori.

En definitiva, las fuentes del derecho internacional público son la base del ejercicio de interpretación convencional, claro está la gramatical, finalista y originalista, con excepción de la sistemática, la misma que no ha sido aún codificada y clarificada en el ius cogens internacional de los derechos humanos.

Los Métodos de Interpretación a Raíz de la Convención de Viena

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados

(1980), como principal instrumento internacional que regula las relaciones y obligaciones de los Estados firmantes ante un cuerpo normativo internacional, prevé:

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Regla general de interpretación

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme

al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos

del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta

su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto,

incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se

refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las

partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo

instrumento formulado por una o más partes con motivo

de la celebración del tratado y aceptado por las demás

como instrumento referente al tratado; 3. Juntamente con

el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo

ulterior entre las partes acerca de la interpretación del

tratado o de la aplicación de sus disposiciones: b) toda

práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado

por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la

interpretación del tratado: c) toda forma pertinente de

derecho internacional aplicable en las relaciones entre

40

las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial

si consta que tal fue la intención de las partes. (Sección

Tercera, párr. 31.)

Queda claro que la regla gira en primer lugar al método

gramatical o literal, ya que obliga a los Estados a cumplir lo pactado, es decir aquello que se encuentra escrito. Es importante los dos principios que desarrolla en este inciso, el pacta sunt servanda y bona fide, principios que tienden a garantizar el cumplimiento de las decisiones, acuerdos e incluso de sus

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interpretaciones. Por otro lado, cuando sostiene «su objeto y fin», promulga otra interpretación como es la teleológica o finalista, que a decir de Francisco Díaz Revorio (2016, p.18), es aquella que busca la finalidad del precepto jurídico, con base en los valores y principios del ordenamiento jurídico. El profesor, también sostiene que este tipo de interpretación contiene «lo más favorable» para el ejercicio de los derechos fundamentales.

41

Al respecto, es importante decir que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en sus primeros inicios, adoptó totalmente este método, y aún lo sigue aplicando, pero con menos magnitud. Para ello, es importante citar el primer caso que resolvió este organismo, el asunto Viviana Gallardo y Otras Vs. Costa Rica (s/f, párr. 26), que trató sobre la renunciabilidad del requisito de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y de agotamiento previo de los procedimientos ante la Comisión Interamericana, en este fallo, el Tribunal sostuvo que las reglas son textuales y que - pese a haber una presunción clara de vulneración a sus derechos - no lo podía tramitar.

Cuando la citada Convención de Viena se refiere a

lo más favorable, también se deriva a lo que la propia Corte Interamericana a denominado «principio pro persona», que en

derechos humanos resulta ser el canon de interpretación más

importante. Al respecto, el catedrático Néstor Sagüés (2002, pp. 35-36) ha distinguido dos aplicaciones de este principio: 1) La preferencia interpretativa, en la que se debe acudir a la interpretación que más optimice los derechos, y 2) la preferencia de normas, en la que se tiene que aplicar la que sea más favorable a la persona. Alrededor de esta concepción, el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo Piza Escalante,

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en su voto separado en la Opinión Consultiva OC- 7/86 (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 1986), se

refiere por primera ocasión al principio pro homine, e indica lo siguiente:

En este aspecto, me parece que el criterio fundamental

es el que impone la naturaleza misma de los derechos

humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las

normas que los consagran o amplían y restrictivamente

las que los limitan o restringen. Ese criterio fundamental

--principio pro homine del Derecho de los Derechos

Humanos-, conduce a la conclusión de que su

exigibilidad inmediata e incondicional es la regla, y su

condicionamiento la excepción, de manera que si, en los

términos en que está definido por la Convención el derecho

de rectificación o respuesta, podría ser aplicado aun a falta de las referidas “condiciones que establezca la ley”, es un

derecho exigible per se. (párr. 36)

De igual manera, en el caso Masacre de Mapiripan vs

Colombia (2005), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 42

hace alusión a que los tratados de derechos humanos son

instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar

la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.

También cita un principio que es complementario con el pro homine, es decir el principio evolutivo, sobre este, en el mismo fallo el Tribunal sostuvo que este se fundamenta en la Convención de Viena y obliga a que siempre se elija la alternativa más

favorable para la tutela de los derechos, según otro principio que de igual manera se vuelve complementario, es decir el principio de favorabilidad (párr. 106).

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En contraste con esto, esta Corte sostuvo en la opinión

consultiva OC-24/17 (2017), relacionada con la Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, que el principio pro persona implica que ninguna disposición de dicho tratado puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio d ellos derechos humanos. Además, señala que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación 43

tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, lo cual se considera como fundamento de la interpretación evolutiva (par. 57-58)

El Valor Jurídico de los Precedentes e Interpretaciones Convencionales

La Convención Americana de Derechos Humanos (1969) en su

Art. 68, numeral 1, establece que los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. La Corte (2009) en el caso Radilla Pacheco Vs. México, las decisiones que adopte este organismo serán vinculantes a partir del momento en que el Estado se adhirió a ella, pero además, crea una excepción, y es ante violaciones de carácter continuo o permanente, como por ejemplo, las desapariciones forzosas (párr. 24).

En el caso Gelman vs. Uruguay – Supervisión de cumplimiento

de sentencia (2013), la Corte estableció otro estándar sobre el precedente convencional e indicó:

La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del

Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por

la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados

deben acatar el tratado internacional de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el

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artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de

los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones

de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad

internacional ya establecida. Las obligaciones

convencionales de los Estados Parte vinculan a todos los

poderes y órganos del Estado, es decir, que todos los

poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras ramas del poder público) y otras autoridades públicas o

estatales, de cualquier nivel, incluyendo a los más altos

tribunales de justicia de los mismos, tienen el deber de

cumplir de buena fe con el derecho internacional. (párr. 59) (…) Adicionalmente los Estados tienen la obligación

general contenida en el artículo 2 de la Convención de

adecuar su derecho interno a las disposiciones de la

misma, para garantizar los derechos en ella consagrados,

lo que implica, según las circunstancias de la situación

concreta, la adopción de medidas en dos vertientes, a

saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas

44

en la Convención o que desconozcan los derechos allí

reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la

efectiva observancia de dichas garantías. (párr. 60)

Paralelamente a estas concepciones sobre el precedente

convencional, es importante citar el criterio de la Corte (2006) en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, donde entre otros aspectos estableció dos criterios que son importantes para este apartado argumentativo:

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1.

Los jueces se someten a la Convención Americana, lo

que les obliga a aplicar el control de convencionalidad y

garantizar la aplicación de este tratado.

2.

El control de convencionalidad no contempla solamente la

aplicación de la convención, sino también la interpretación

que la Corte ha hecho a través de sus sentencias. (párr. 124) A esto habría que añadir, que las opiniones consultivas

45

también tienen un efecto directo y vinculante para los Estados, no solo para los consultantes, sino para todos. Al respecto, la Corte ha indicado en la Opinión Consultiva OC-21/14 (2014, párr. 31-32), que el alcance de la función consultiva de la Corte involucra no sólo a los Estados Partes de la Convención Americana, también tiene relevancia jurídica para todos los Estados Miembros de la OEA que han acordado la Declaración Americana, independientemente de que hayan o no ratificado la Convención Americana, así como para los órganos de la OEA cuya esfera de competencia se refiera al tema de la consulta.

En definitiva, si bien es cierto en el Sistema Interamericano no se habla con cotidianidad del «precedente», si se lo hace del estándar, el mismo que tiene su propia función e importancia, este - a su vez - no solo nace de la competencia contenciosa, sino también de la consultiva.

Capítulo Segundo. Libertad de Expresión y sus Métodos de

Interpretación

Estudio de Casos Corte IDH y Libertad de Expresión: Población y

Muestra

Como se indicó al inicio de la presente investigación, el

objeto de estudio que se presenta tiene que ver con los métodos Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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de interpretación convencional que desarrolló el organismo

interamericano dentro de las sentencias de fondo, espacio donde se puede identificar algunas ratios decidendi, así como delimitar algunos estándares vinculantes y obligatorios bajo el control de convencionalidad, en lo principal, sobre el derecho a la libertad de expresión. Pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

[Corte IDH], a lo largo de su existencia, ha resuelto 335 casos contenciosos, de los cuales en el período 2000 - 2022, resolvió cerca de 55 casos contenciosos, relacionados con la libertad de expresión, es decir, el 16% de las decisiones versan sobre la libertad de expresión consagrado en el Art. 13 de la Convención Americana (1969). En números, estos casos se distribuyen de la siguiente manera:

Figura 1

Corte IDH y libertad de expresión (art. 13) CADH

46

Nota: Elaboración propia de los autores, con base en la información encontrada en el Buscador de sentencias Corte IDH.

https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm

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A continuación, se describe la población de casos

analizados, a lo cual se refiere este trabajo investigativo desde el año 2000, cuando recién se comenzó a discutir la libertad de expresión por la vía contenciosa, hasta el año 2022, periodo de cierre y sistematización de datos:

Tabla 1

Desagregado de 55 casos sobre libertad de expresión

47

Desagregado de 55 casos sobre libertad de expresión

Estado

Caso

Kimel Vs. Argentina

Fontevecchia y DÀmico Vs. Argentina

Mémoli Vs. Argentina

Argentina

Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación

5

Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina

Bolivia

I.V. Vs. Bolivia

2

Flores Bedregal y otras Vs. Bolivia

Brasil

Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil 2

Herzog y otros Vs. Brasil

"La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y

otros) Vs. Chile

Palamara Iribarne Vs. Chile

Chile

Claude Reyes y otros Vs. Chile

6

Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y

Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile

Poblete Vilches y otros Vs. Chile

Urrutia Laubreaux Vs. Chile

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Costa Rica Herrera Ulloa Vs. Costa Rica

2

Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica

Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia

Cepeda Vargas Vs. Colombia

Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia

Colombia

Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia

6

Bedoya Lima y otra Vs. Colombia

Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs.

Colombia

Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador

Ecuador

Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador

5

Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador

Grijalva Bueno Vs. Ecuador

Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador.

Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala

Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala,

Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala Guatemala García y familiares Vs. Guatemala

6

Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala

Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y

48

otros Vs. Guatemala

López Álvarez Vs. Honduras

Honduras

López Lone y otros Vs. Honduras

3

Vicky Hernández y otras Vs. Honduras

México

Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs.

2

México,

Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México

Nicaragua

1

Acosta y otros Vs. Nicaragua

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Panamá

1

Tristán Donoso Vs. Panamá

Paraguay

Ricardo Canese Vs. Paraguay,

2

Leguizamón Zaván y otros Vs. Paraguay

49

Perú

Ivcher Bronstein Vs. Perú

3

Anzualdo Castro Vs. Perú

Lagos del Campo Vs. Perú

República González Medina y familiares Vs. República Dominicana Dominicana

Surinam

Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam

Uruguay

Gelman Vs. Uruguay

1

Ríos y otros Vs. Venezuela

Perozo y otros Vs. Venezuela,

Usón Ramírez Vs. Venezuela

Venezuela

Uzcátegui y otros Vs. Venezuela

8

Castillo González y otros Vs. Venezuela

Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela

San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela

Álvarez Ramos Vs. Venezuela

Nota: Elaboración propia de los autores, con base en la información encontrada en el Buscador de sentencias Corte

IDH. https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm

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Una vez determinada la población de casos es preciso

referir que mediante el análisis casuístico y crítico se identifica los métodos de interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha utilizado respecto del derecho a la libertad de expresión y pensamiento, establecido en el Art. 13

de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969). Estos métodos identificados son: literal o gramatical, finalista y los Test.

Es de precisar que si bien en un organismo con facultad

jurisdiccional se encuentran una variedad de problemas jurídicos a resolver, teniendo presente multiplicidad de derechos y procesos controvertidos, es de interés del autor identificar y desarrollar los casos relacionados con la libertad de expresión que constituyen el 16% del acervo de caso referenciados, por cuando se trata de un derecho no absoluto que pese a las luchas sociales que han posesionado a la libertad en todas sus formas como un derecho humano, siguen existiendo vestigios de grave vulneración al

referido derecho, del que se desprende además, la innovación de su interpretación por medio de la aplicación de métodos

combinados que procuran una mejor protección del mismo. Es

50

por ello, que previo al desarrollo de los métodos identificados en los casos que le son atinentes, es preciso identificar los alcances de la libertad de expresión desde su contenido sustancial, hasta los sujetos que son propios y los métodos con los que mejor se entiende su aplicación.

Contenido Sustancial de la Libertad de Expresión

La primera norma en proteger este derecho fue la

declaración de derechos de 1689 de Inglaterra, en ella se la asimila acertadamente como la «libertad de palabra», la cual fue direccionada como un control de los debates parlamentarios. Si Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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bien esta primera aproximación tenía limitantes como la censura previa, que la realizaba el Estado antes de la difusión y publicación de obras o textos literarios. A la fecha, la libertad de expresión tenía más incidentica en los medios impresos e inclusos los

panfletos que bordaban los sitios públicos (Climent, 2016, p. 241).

En igual sentido, para Delgadillo Moreira (2008, p.

62) la Revolución Francesa de 1789, traería consigo el inicio 51

de una lucha histórica en la protección de la libertad de

expresión. Principalmente en la discusión de las nuevas ideas de independencia que se regarían por el mundo, así también con

la corriente del ateísmo frente a la religión, es por ello, que este instrumento histórico en la protección de los derechos humanos, sostiene dos elementos importantes que hoy aún se siguen

conservando:

1. El límite de la libertad de expresión debe ser regulado por la ley y tiene como límite la no perturbación del orden

público.

2. El abuso de la libertad de expresión debe ser normado

mediante la ley, sin ello, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente.

Otro hito importante para el desarrollo de la libertad de

expresión como un derecho de protección se lo identifica en la primera guerra mundial, donde antes de su desencadenamiento

se evidenció una campaña de desacreditación e incluso falacias sobre la forma y territorio que esta se libraría, para muchos representaron estrategias de guerra y para otros una pena de guerra por inducir al error y falta de patriotismo. Es importante reconocer que en este periodo se origina la denominación de

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«reportero de guerra», a los periodistas que se inmiscuyeron durante el conflicto y fueron documentando todos los hechos

(Rodríguez, 2017, pp. 7-11).

Para la segunda guerra mundial, la libertad de expresión

fue uno de los derechos más reprimidos, con base en las

experiencias de la anterior guerra, los informantes, infiltrados o enemigos eran castigados con penas de muerte o tratos

inhumanos. Es importante resaltar que a esta fecha ya se

encontraban vigentes los Convenios de Ginebra de 1929, donde también se garantizó la vida e integridad de quienes ejercían la libertad de expresión; esta protección tuvo una doble faceta; por un lado, la protección como persona civil y la otra como sujeto especial por su delicada labor de información. A partir de este hecho, el Derecho Internacional Humanitario, tomó mayor atención al estatus de los periodistas, es así que por primera vez el I Protocolo (1977) consolidó una norma internacional sobre su protección reforzada:

Medidas de protección de periodistas:

52

1. Los periodistas que realicen misiones profesionales

peligrosas en las zonas de conflicto armado serán

considerados personas civiles en el sentido del párrafo 1

del artículo 50.

2. Serán protegidos como tales de conformidad con los

Convenios y el presente Protocolo, a condición de que

se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de

persona civil y sin perjuicio del derecho que asiste a los

corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas

armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo

4, A.4) del III Convenio. (artículo 79)

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En ese sentido, es importante traer a colación la

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1984), que

también fue producto de la segunda guerra mundial, en ella su Art. 19, expresa que:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión

y de expresión; este derecho incluye el de no ser

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y

53

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Este derecho ha sido objeto de algunas discusiones, no

solo teóricas, sino procesales, es por ello que se ha procedido a consultar la base de jurisprudencia de la ONU, donde se han observado que existen 480 causas donde los comités especiales que conforman este organismo se han pronunciado sobre la

vulneración de libertad de expresión. Uno de los fallos más

importantes es el caso Carlos Eduardo Pérez Barriga et al. vs.

Ecuador, donde el Comité de Derechos Humanos (2023) indicó:

(…) cuando un Estado parte argumente tener una

razón legítima para restringir la libertad de expresión,

deberá demostrar de forma concreta e individualizada

la naturaleza precisa de la amenaza y la necesidad y la

proporcionalidad de la medida concreta que se haya

adoptado, en particular estableciendo una conexión directa

e inmediata entre la expresión y la amenaza. (pág. 15)

En igual sentido, el Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos (1966), en su Art. 19, indica que las opiniones no son sujetas a ningún tipo de sanción, además contempla

un aspecto que posteriormente lo desarrollaría la Corte IDH

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(1985) en la Opinión Consultiva 05/85, esto es: las principales características de la libertad de expresión «buscar, recibir y difundir», cuestión que es importante, ya que se refiere a la índole personal, como aquella de carácter colectiva. En lo que se refiere a los límites de este derecho, la normativa es más especifica que la Declaración Universal (1948) y delimita dos situaciones específicas donde la libertad de expresión debe ser restringida:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Como se observa, el Sistema Universal de Derechos Humanos

normó la protección de la libertad de expresión. Además, es

importante reiterar que los altos tribunales regionales en derechos humanos también han replicado este sentido de protección

individual. Tanto el Convenio europeo de Derechos Humanos

[CEDH] (1950, art. 10), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981, art. 9) y la Convención Americana de 54

Derechos Humanos (1969, art. 13) contemplan la libertad de

expresión como un derecho humano.

Existen similitudes de los tres instrumentos

internacionales. En primer lugar, los tres concuerdan en que este derecho tiene como finalidad el recibir información u opinión, consecuentemente la americana y la africana convienen en que esta libertad además garantiza el buscar, recibir, expresar y difundir informaciones. En idéntico sentido, estas dos últimas cartas incorporan el límite a la libertad de expresión, esto es, lo que se encuentre establecido en la ley. La Convención Americana Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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parece ser más garantista, pues es la única que promulga la

censura previa como una práctica arbitraria al ejercicio de la libre expresión. Adicionalmente, el mismo cuerpo normativo, contiene los límites fijados por el Art. 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966).

Sujetos de Protección

La Opinión Consultiva 05/85 (Corte Interamericana

55

de Derechos Humanos [Corte IDH], 1985) es el origen de la

discusión de varios estándares, entre ellos, los grupos o sujetos de protección. Es importante recordar que en este documento se discutió el ejercicio de la libertad de expresión y su colegiación obligatoria. Para definir el avance jurisprudencial que llevó a cabo el alto tribunal, a partir del método de interpretación finalista es indispensable citar el criterio de la Corte para establecer los diferentes grupos que han sido protegidos a partir de este criterio: 70. La libertad de expresión es una piedra angular en

la existencia misma de una sociedad democrática. Es

indispensable para la formación de la opinión pública.

Es también conditio sine qua non para que los partidos

políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y

culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la

colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin,

condición para que la comunidad, a la hora de ejercer

sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende,

es posible afirmar que una sociedad que no está bien

informada no es plenamente libre.

71. Dentro de este contexto el periodismo es la

manifestación primaria y principal de la libertad de

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https://revista.consejodecomunicacion.gob.ec

Métodos de Interpretación Utilizados por la Corte Periodismo de Investigación:

Interamericana de Derechos Humanos en Casos

Ética, Judicialización y

Relacionados con la Libertad de Pensamiento y

Libertad de Expresión

Expresión a partir de la Opinión Consultiva 05/85

pp. 27-97

Recibido: 04-mar-2024

Aceptado: 22-abr-2024

Publicado: 15-jun-2024

expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede

concebirse meramente como la prestación de un servicio al

público a través de la aplicación de unos conocimientos o

capacitación adquiridos en una universidad o por quienes

están inscritos en un determinado colegio profesional,

como podría suceder con otras profesiones, pues está

vinculado con la libertad de expresión que es inherente a

todo ser humano. (1985)

En la actualidad, son 4 grupos de personas a las cuales se

ha garantizado la libertad de expresión, diferentes a periodistas y trabajadores de la comunicación que a objeto de tener claridad de estos grupos se los ha clasificado en diferentes secciones: 1) grupos de atención prioritaria; 2) grupos colectivos; 3) justicia y seguridad; 4) defensores de derechos humanos. (párr. 70-71)

Grupos de Atención Prioritaria.

Sobre los grupos de atención prioritaria4, se ha

desarrollado el estándar de protección especial a favor de

niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con

56

discapacidad, mujeres embarazadas y personas privadas de

libertad.

Sobre el primer grupo, este organismo se ha referido en su

generalidad a la protección de los menores en conflictos armados, 4 La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 35, indica que se consideran grupos de atención prioritaria a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

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tal son los casos de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia (2006), Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia (2022) y Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala (2013); además, en el caso Gelman Vs Uruguay (2011), si bien no declaró su vulneración, sí, desarrolló un criterio importante sobre el derecho de las víctimas a conocer la verdad y ser informadas de los hechos que se relacionen con su vida. Sobre el derecho a 57

la verdad, con anterioridad a este fallo, la Corte (2000) - en el caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala - estableció el estándar de la doble dimensionalidad: una colectiva y otra particular.

En el caso de la libertad de expresión, concuerdan estas dos dimensiones desarrolladas en la OC 05/85 (1985), es decir, se ha garantizado a través del uso de este método una interpretación más amplia y garantista, incluso la conexión con oros derechos interdependientes como es la verdad.

Grupos Colectivos.

Sobre el segundo grupo, se han identificado tres grupos

colectivos a los cuales se ha referido este organismo, estos son los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes. Estos criterios crean un enfoque diferenciado en razón de la interculturalidad con la cual debe entenderse la libertad de expresión. Sobre los campesinos, el caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia (2006), Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil (2010) y Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala (2004) se reitera la relación de la verdad con el acceso a la información pública. En lo que refiere a los pueblos indígenas, tanto el caso Sarayaku Vs Ecuador (2012), como el Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina (2020) refieren a la relación de Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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la libertad de expresión en relación con la consulta previa libre e informada, cuestión que fue interpretada en conjunto con el Convenio 169 de la OIT.

También, en lo que refiere a territorio indígena, el caso

Kaliña y Lokono Vs. Surinam (2015), analiza las obligaciones de los Estados en relación con la delimitación de territorios indígenas y cómo la información debe fluir y ser clara incluso en su propio idioma, cuestión que también fue profundizada en el caso Norin Catriman Vs. Chile (2014), donde, además, se le dio un enfoque intercultural a la libertad de expresión en contextos políticos y en la defensa de los territorios indígenas; en la misma línea el caso López Álvarez Vs. Honduras (2006) analiza una situación tan especial como la libertad de expresión en centros de privación de libertad, al respecto la Corte ha indicado, que el expresarse en su idioma indígena no está dentro de los derechos limitados o restringidos y por el contrario son merecedores de un trato diferenciado sin discriminación. Finalmente, el caso donde más se analizó la libertad de expresión en un sentido más amplio y finalista fue el caso de los Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel 58

de Sumpango y otros Vs. Guatemala (2022), donde se analiza la distribución de frecuencias y los derechos colectivos de los medios de comunicación comunitarios.

Operadores de Justicia y Seguridad.

Sobre el tercer grupo, en lo que refiere al sistema de

justicia, el caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile (2020), refiere a la libertad de expresión de un juez al escribir un libro que criticaba los procesos judiciales de la dictadura chilena, al respecto, señaló que la libertad de expresión de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales puede estar sujeta a mayores restricciones que la Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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de otras personas. Por otro lado, en el caso López Lone y otros Vs.

Honduras (2015), que refiere al pronunciamiento y participación de jueces sobre el golpe de Estado, la Corte señaló que, pueden existir situaciones donde un juez, como ciudadano parte de la sociedad, considere que tiene un deber moral de expresarse.

En lo que refiere a las fuerzas de seguridad, los casos

Grijalva Bueno Vs. Ecuador (2021), Usón Ramírez Vs. Venezuela 59

(2009), Palamara Iribarne Vs. Chile (2005) refieren a la divulgación pública de actos internos de las fuerzas militares como, por ejemplo, denuncias de muertes, otros coinciden en la figura

de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, al

respecto, la Corte ha señalado en estos casos que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública, de políticos y de instituciones estatales, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una

persona determinada

Defensores de Derechos Humanos.

Sobre el cuarto grupo, dentro del grupo de defensores

de derechos humanos, la Corte se ha pronunciado en relación

a personas políticas, abogados, estudiantes, profesores y

sindicalistas. En el grupo de personas políticas se encuentran los casos paradigmáticos de Cepeda Vargas Vs. Colombia (2010) y el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia (2022), estos casos están estrechamente vinculados al ejercicio de la libertad de expresión de políticos con una ideología liberal que fueron silenciados y ejecutados en una época, donde se iniciaba un conflicto armado en Colombia, vale resaltar uno de los muchos Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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criterios que indicó el tribunal y es que la Corte ha establecido que es posible que la libertad de expresión se vea ilegítimamente restringida por condiciones de facto que coloquen - directa o indirectamente - en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan. A estos tipos de casos se debe añadir al caso Flores Bedregal y otras Vs. Bolivia (2022) y el caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana (2012), donde la Corte enfatizó que cuando la violación del derecho a la vida, la integridad o la libertad personal tiene como objetivo impedir el ejercicio legítimo de otro derecho protegido en la Convención, tales como el derecho de asociación, los derechos políticos y la libertad de expresión, se configura a su vez una violación autónoma a estos últimos derechos protegidos en la Convención Americana.

El Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay (2004), merece un

tratamiento diferente en lo que respecta a la libertad de expresión, ya que el caso versa sobre las críticas a un candidato a elecciones y el desarrollo jurisprudencial de la tolerancia y amplitud del debate público de quienes sean candidatos electorales. Al

60

respecto, la Corte enfatizó en que las opiniones o declaraciones de interés público que se viertan en relación con una persona que se postula como candidato a la Presidencia de la República, la cual se somete voluntariamente al escrutinio público, así como respecto de asuntos de interés público en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, afecta intereses o derechos generales, o le acarrea consecuencias importantes.

Los abogados también son considerados defensores de

derechos humanos, en ese contexto el caso Mémoli Vs. Argentina Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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(2013), refiere a un abogado y publicista que escribió el libro

«La Masacre de San Patricio», al cual lo llevaron a juicios de responsabilidad ulterior y la Corte sostuvo que el estado actuó en legal y debida forma, en lo principal este caso a diferencia de otros versa sobre la libertad de expresión y la honra y dignidad entre particulares, la Corte sostuvo que, el artículo 13 de la Convención protege expresiones, ideas o información «de toda 61

índole», sean o no de interés público. No obstante, cuando dichas expresiones versan sobre temas de interés público, el juzgador debe evaluar con especial cautela la necesidad de limitar la libertad de expresión.

En el caso de Digna Ochoa y familiares Vs. México (2021),

sin duda es un caso emblemático de una abogada defensora de

derechos humanos, en este caso, la Corte indicó que, el derecho a defender los derechos humanos alegado por las representantes guarda relación con el goce de varios derechos contenidos en la Convención Americana, tales como: la vida, integridad personal, libertad de expresión. Asimismo, en el caso Tristán Donoso Vs.

Panamá (2009), la Corte se refiere a la responsabilidad ulterior por interceptar y difundir grabaciones sin consentimiento, en ese sentido, se determina el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la honra y dignidad de los funcionarios públicos y se indicó que los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.

Sobre los estudiantes y profesores, los casos Uzcátegui y

otros Vs. Venezuela (2012), refiere al ejercicio de la libertad de Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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expresión en contextos de protesta social, la Corte ha indicado que es posible que la libertad de expresión se vea ilegítimamente restringida por condiciones de facto que coloquen directa o

indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejercen. En lo que respecta al caso García y familiares Vs. Guatemala (2012), se analiza la aplicación de la libertad de expresión a favor de un líder estudiantil en épocas de conflicto armado, al respecto, la Corte sostuvo que la violación del derecho a la libertad de asociación puede generar una afectación a la libertad de expresión. Finalmente, sobre profesores, en el Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana (2012), genera un criterio nuevo sobre la formalidad de este derecho inmiscuido en desapariciones forzosas y señala que la libertad de expresión no es un derecho justiciable ante desapariciones forzadas.

Sobre los sindicalistas, el caso Lagos del Campo Vs. Perú

(2017), si bien dio origen a la justiciabilidad de los DESCA, también se refirió a la libertad de expresión de los sindicalistas, al respecto la Corte sostuvo que, el ámbito de protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión resulta particularmente

62

aplicable en contextos laborales.

Agentes agresores.

Se consideran agentes agresores aquellas personas que

han propendido a la vulneración de la libertad de expresión, es importante señalar que, en un inicio, en la Opinión Consultiva OC

05/85 (1985), se comprendió que el principal agresor pueden ser los funcionarios públicos, sin embargo, las cifras muestran que también se debe considerar a los particulares, más aún cuando en la actualidad el crimen organizado está atacando la libertad de expresión. A continuación, las cifras sobre esta distinción: Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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Figura 2

Principales agresores de la libertad de expresión

63

Nota: Elaboración propia de los autores

El mayor número de agresiones provienen del sistema

judicial, el 24 % de los casos estudiados, es decir 18 casos han llegado al sistema interamericano por hostigamiento judicial.

Es decir, demandas civiles y penales que han declarado la

responsabilidad de los sujetos de protección detallados en la sección anterior. A raíz de esto, la Corte ha tomado medidas adecuadas de reparación en contra de estos agresores, entre ellas se encuentran: restitución de derechos laborales, traducción de sentencia, dejar sin efecto sentencia, revocar medidas cautelares, eliminar nombre de sistema de antecedentes penales, abstención de enjuiciar criminalmente a los individuos que operan emisoras de radio comunitarias indígenas, creación de organismos

especiales.

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A esta cifra lo siguen los agentes particulares con el 23 %, es decir 17, entre los cuales se resaltan los grupos paramilitares y delincuencia organizada, cuyos datos no se conoce con

certeza, pero si la responsabilidad de los Estados por acción y aquiescencia, en estos datos se debe considerar tres casos

-Bedoya Lima y otra Vs. Colombia (2021), Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia (2022) y Ríos y otros Vs.

Venezuela(2022)- donde el ejército actuó en complicidad y

autoría con los grupos delincuenciales. A raíz de esto, la Corte ha tomado medidas adecuadas de reparación en contra de estos agresores, entre ellas se encuentran: sistema de recopilación de datos y cifras, fondo de financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en el género, tratamiento médico o psicológico, honrar la memoria, espacios memorístico, culturales, investigar y sancionar a los responsables, garantizar el retorno al hogar de las víctimas, traslado de la población que se encuentra en peligro, mecanismo de protección para defensores de derechos humanos.

64

La policía y el ejército tienen índices altos de agresión

en relación de quienes ejercen la libertad de expresión, es así que entre los dos suman el 37 % de agresiones, de las cuales 13

se relacionan con la policía y 14 con el ejército, de estos datos 3 actuaron en conjunto (Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia (2006), Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala (2004), Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala (2004). A raíz de esto, la Corte ha tomado medidas adecuadas de reparación en contra de estos

agresores, entre ellas se encuentran: campañas o programas de difusión sobre derechos humanos o temáticas de derechos para Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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las fuerzas públicas.

En lo que se refiere al legislativo, este tipo de agresiones se enmarca en la existencia de normas que no son convencionales de conformidad con lo establecido ene le Art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El porcentaje es del 11%, es decir 8 casos, de los cuales dos guardan estrecha relación con lo judicial -Claude Reyes y otros Vs. Chile (2006) y Norín Catrimán y 65

otros Vs. Chile(2014)- A raíz de esto, la Corte ha tomado medidas adecuadas de reparación en contra de estos agresores, entre ellas se encuentran: medidas legislativas, administrativas -adecuar ordenamiento jurídico interno- u otras que tiendan a suprimir normas contrarias a los estándares fijados por la Corte IDH, creación de organismos especiales, creación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Así, los funcionarios públicos son aquellos que

representan en alguna función administrativa o política al Estado, el porcentaje de agresión es del 5%, es decir 4 casos que se desarrollan por estar relacionados con personal de la función electora, Presidente de la República, A raíz de esto, la Corte ha tomado medidas adecuadas de reparación en contra de estos

agresores, entre ellas se encuentran: programa de formación y capacitación para funcionarios públicos, levantar la reserva de cualquier documentación, informes periódicos a OEA y ONU, sobre protección a periodistas, entregar información y, apertura de proceso de concesión de frecuencia.

Interpretación Convencional Aplicada a la Libertad de Expresión

Ahora bien, luego del contenido y alcance del derecho

a la libertad de expresión, viene el cómo se ha de interpretar Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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este derecho. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

(2021, p. 19), ha sido el que más ha desarrollado los estándares de protección a la libertad de expresión. En primera instancia propone que los conflictos de este derecho sean analizados

mediante los tres «tests»: la legalidad de la injerencia, su legitimidad, y su necesidad en una sociedad democrática. Sobre el primero, en el caso Perinçek c. Suiza (2015), sostuvo que una norma no puede ser considerada «ley» a menos que se haya

formulado con la suficiente precisión para permitirle a la persona afectada regular su conducta. Sobre el segundo test, en el caso Khuzhin y otros c. Rusia (2008), la ausencia de un fin legítimo perseguido por la injerencia constituye en sí misma una violación del Convenio. Finalmente, sobre el tercer test, el Tribunal ha desarrollado el concepto de «proporcionalidad de una injerencia en el fin legítimo perseguido», que resulta ser novedoso y

totalmente garantista de este derecho

En el caso paradigmático, Handyside c. Reino Unido (1976)

el Tribunal ha destacado en reiteradas ocasiones la importancia de este artículo que es válido, no solo para las «informaciones» o 66

«ideas» que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden; así lo exige el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una «sociedad democrática»

Estos dos criterios son importantes, por cuanto, el

primero abre la brecha para analizar los test, como métodos de interpretación convencional, especialmente desarrollados en la libertad de expresión, que por lo general tiende a discernir con otros derechos como la honra y dignidad y el otro se refiere a la Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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existencia de normas que no son proporcionales con la sanción que se emplea en contra de este derecho.

Ahora bien, aterrizando en los estándares interamericanos

de Derechos Humanos y libertad de expresión la primera ocasión que la Corte IDH (1985) se pronunció sobre este derecho e

implementó métodos de interpretación, fue por medio de la

Opinión Consultiva 05/85, la cual versaba sobre la consulta que 67

realizó el Gobierno de Costa Rica sobre “La Colegiación Obligatoria de Periodistas”. En lo que se refiere a casos contenciosos, el 05 de febrero del año 2000, en el caso “La Última Tentación de Cristo”

(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile (2001), por primera vez se trató este derecho su alcance y aplicación, en su doble dimensionalidad que lo caracteriza: individual y colectiva.

Métodos de Interpretación y Libertad de Expresión

Un acercamiento al concepto de método viene de Mario

Bunge (1959), quien indica que el método es el paso que conduce al más allá de las metas planteadas, gracias a este se puede medir la evolución y el desarrollo de los objetos estudiados. En el ámbito jurídico, la concepción del método tiene relación con la hermenéutica, sobre ello Miguel Grande-Yáñez (2018), indicó que con el método jurídico es visible el entendimiento de que el derecho sobrepasa a la norma jurídica y a la ley natural.

En conocido que, para emplear los métodos en el área

jurídica, se debe implementar metodologías de estudios. El

principal objeto del método es responder un problema jurídico, estos a su vez se plantean como premisas argumentativas

compuestas y en algunos casos difíciles, en lo que respecta al derecho los problemas jurídicos siempre se analizan bajo la

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concepción ¿El sujeto pasivo vulneró del derecho alegado?, para responder estas interrogantes, en primer lugar, se debe analizar la utilización de un método, si no está claro, la repuesta al problema jurídico tiende a ser conflictivista y susceptible de modificación en cualquier momento.

Asimismo, el método es de diferentes tipos, así para López

Medina (2006) los métodos se dividen en dos clases: tradicionales y modernos. Dentro de los métodos tradicionales se encuentran los criterios de interpretación gramatical, sistemática, finalista e histórica. Mientras que, en los métodos modernos se identifican los métodos de balanceo o test que nacen de las doctrinas

alemanas y norteamericanas y se utilizan para dar solución a los conflictos que no tienen respuesta analógica a los casos planteados; entre este tipo de test destacan el test de ponderación de Robert Alexy y el test de proporcionalidad propuesto por la doctrina norteamericana de Heck.

Este conjunto de métodos y test no es cerrado, único

ni estricto en su aplicación, del estudio que se revela en esta investigación se desprende que los métodos pueden ir variando 68

y evolucionando en su aplicación. Así, para organizar el

razonamiento, tanto la doctrina como la norma y la jurisprudencia han desarrollado instrumentos que permitan organizar las ideas y obtener un sentido interpretativo acorde con los propósitos perseguidos por un modelo de estado, un instrumento normativo; o un caso en el que se haya puesto en duda si el sentido y alcance de una norma es uno u otro. A propósito de ello, a continuación, se desarrollan los métodos: literal y finalista.

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Método Literal.

La Opinión Consultiva 05/85 (Corte Interamericana de

Derechos Humanos [Corte IDH], 1985) trató dos problemas

jurídicos, el primero sobre el alcance del término «recibir» a través de un método textualista, y el segundo sobre los sujetos de protección que comprende la libertad de expresión, a través de un método finalista. En lo concerniente al método literal, la Corte IDH

69

(1985) estableció:

El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y

expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y

difundir informaciones e ideas de toda índole...” Esos

términos establecen literalmente que quienes están bajo

la protección de la Convención tienen no sólo el derecho

y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino

también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando

se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un

individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir”

informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho

protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter

especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones

de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por

un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado

o impedido de manifestar su propio pensamiento y

representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero

implica también, por otro lado, un derecho colectivo a

recibir cualquier información y a conocer la expresión del

pensamiento ajeno. (párr. 30)

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Este criterio aludió a que las dos dimensiones contempladas

en la libertad de expresión tienen que ser examinadas al momento de determinar la vulneración de este derecho, al ser un derecho con dimensionalidad colectiva, se debe contemplar la perspectiva de los ciudadanos o personas que deseaban recibir la información.

Estos criterios han sido aplicados reiteradamente por el Tribunal cuando se ha analizado la vulneración del Art. 13 convencional, especialmente su matiz de literalidad se ve en los fallos donde se analiza la responsabilidad ulterior, empezando por el caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile (2001), donde se declaró la responsabilidad internacional del Estado

- en su doble dimensión - y obligó, incluso, al Estado Chileno a modificar su norma constitucional.

De igual manera, el caso “La Última Tentación de

Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile (2001), trajo nuevas interpretaciones literales a esta regla de la doble dimensionalidad, especialmente en la colectiva, que para la Corte implica el derecho de todos a conocer opiniones y noticias, este caso interpretó el término «opiniones» y añadió que dentro de esta categoría se 70

incluyen los relatos. En el mismo sentido, la Corte señaló que estas dimensiones se deben cumplir de forma «simultánea» y este caso interpretó que aquello implica también la «efectividad» del derecho a la libertad de expresión.

Más adelante, en el caso Ivcher Bronstein Vs. Perú (2001),

se analizó el rol de los medios de comunicación y su rol dentro del Estado democrático, para la Corte hacer una interpretación sobre el rol de los medios de comunicación implicaba considerar una nueva interpretación a la Opinión Consultiva 05/85 (1985) y es así que se considera que, los medios de comunicación en una Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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sociedad democrática, cuando son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones.

En el caso de Ricardo Canese vs. Paraguay (2004), se

añade la interpretación literal de la doble dimensión en contextos electorales, al respecto, la Corte señaló que, en el marco de una 71

campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral. Este criterio fue analizado en razón de los derechos políticos reconocidos por el Art. 23 de la Convención.

Método Finalista.

De acuerdo con López Medina (2006), el método finalista

es aquel que indica que por fin debe entenderse una adecuada comprensión del problema que busca resolverse a través de

una evaluación, que se aleja del conceptualismo y busca el fin o propósito de la norma y si esta conduce a la protección requerida.

Atendiendo al estudio del caso concreto que es la libertad

de expresión para el Sistema Interamericano, en la Opinión

Consultiva 05/85 (Corte Interamericana de Derechos Humanos

[Corte IDH], 1985), se desarrolla el fin de la responsabilidad ulterior, específicamente con el Art. 13 numeral 2, que prevé la expresión

«necesaria para asegurar». Este análisis finalista es válido porque la Convención dejó al libre albedrio y discreción de la autoridad esta consideración, especialmente cuando se tratan casos relacionados con la responsabilidad ulterior.

Al respecto, la Corte IDH hace alusión a un análisis

comparativo del término «necesidad» para asegurar la comprensión de su alcance, conforme con otras normas internacionales:

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Tabla 2

Cuadro comparativo literalidad de la expresión “necesidad para asegurar”

Convención Ameri-

Convención Europea de Dere-

Pacto internacional de

cana sobre Derechos chos Humanos [CEDH] (1950)

los Derechos Civiles y

Humanos (1969)

Políticos (1966)

Art. 13.2. El ejercicio Art. 10.2. El ejercicio

Art. 19.3. 3. El ejerci

del derecho previsto de estas libertades, que entra- cio del derecho previsto en el inciso prece- ñan deberes y responsabilida- en el párrafo 2 de este dente no puede estar des, podrá ser sometido a cier- artículo entraña debe-sujeto a previa cen- tas formalidades, condiciones, res y responsabilidades sura sino a respon- restricciones o sanciones, pre- especiales. Por consi-sabilidades ulteriores, vistas por la ley, que constitu- guiente, puede estar las que deben estar yan medidas necesarias, en una sujeto a ciertas restric-expresamente fijadas sociedad democrática, para la ciones, que deberán, por la ley y ser nece- seguridad nacional, la integridad sin embargo, estar ex-sarias para asegurar: territorial o la seguridad pública, presamente fijadas por a) el respeto a los de- la defensa del orden y la preven- la ley y ser necesarias rechos o a la reputa- ción del delito, la protección de para: a) Asegurar el res-ción de los demás, o la salud o de la moral, la pro- peto a los derechos o a b) la protección de la tección de la reputación o de los la reputación de los de-seguridad nacional, derechos ajenos, para impedir más; b) La protección de el orden público o la la divulgación de informaciones la seguridad nacional, el salud o la moral pú- confidenciales o para garantizar orden público o la salud blicas.

la autoridad y la imparcialidad o la moral públicas.

72

del poder judicial

Nota: Elaboración propia de los autores. Fuente: Convención Americana de Derechos Humanos (1969); Convención Europea de Derechos

Humanos [CEDH] (1950) y Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).

De la comparación realizada, se desprende que ni la

Convención Americana (1969) ni el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) contemplaron como finalidad la necesidad de asegurar el orden democrático como límite de la libertad de expresión, omisión que implicó el desarrollo de criterios Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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de tolerancia de los funcionarios públicos ante la crítica de sus actividades laborales, así como el rol de los medios de comunicación como vehículos de la democracia.

Mientras que, la Convención Europea de Derechos Humanos

[CEDH] (1950) incluyó el elemento de la «necesidad» para proteger la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la 73

salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, todos ellos, como fines de la norma y del Estado. Para una mejor comprensión, es preciso indicar que antes que se analice el término «necesidad para asegurar» contenido en la OC 05/85 (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 1985), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se había pronunciado sobre esta

interpretación gramatical, en el caso Sunday Times c. Reino Unido (1979) y en el caso Affaire Barthold c. Allemagne (1985), sostuvo que:

55. Resulta de la jurisprudencia del Tribunal que si el objetivo

«necesario», en el sentido del artículo 10 del Convenio, no es sinónimo de «indispensable», tampoco tiene la flexibilidad

de términos tales como «admisible», «normal», «útil»,

«razonable» y «oportuno»; apunta a una «necesidad social

imprevista». Los Estados Contratantes gozan del respeto

de un poder de apreciación, pero éste va de la mano con

un control europeo más o menos amplio, según los casos;

al Tribunal corresponde la decisión última acerca de si la

injerencia impugnada ante él se funda en una necesidad de

este orden, si es «proporcional al fin legítimo perseguido»

y si los motivos invocados por la autoridad nacional para

justificarla son «pertinentes y suficientes». (párr. 55)

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La Corte Interamericana (1985) llevó la discusión

interpretativa, de si un criterio de un tribunal externo a su convención tendría o no injerencia en su decisión, sobre ello, indicó que, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. En lo que respecta a la libertad de expresión y la necesidad de establecer sus límites contempló que:

46. (…) la “ necesidad “ y, por ende, la legalidad de las

restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el

artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones

para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que

restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este

estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo,

que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que

sean compatibles con la Convención las restricciones

deben justificarse según objetivos colectivos que, por su

importancia, preponderen claramente sobre la necesidad

74

social del pleno goce del derecho que el artículo 13

garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el

derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo (párr. 46).

Este criterio fue aplicado por primera ocasión en el caso

Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (2004), donde se discutió la legalidad de las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática. Sobre este aspecto, la Corte sostuvo que juegan un papel importante los medios de Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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comunicación y el periodismo en razón de ser garantistas de

la democracia, pero existe un margen de apreciación en torno a que no cumplan ese rol y sus actos sean demandados por

responsabilidades ulteriores. El criterio principal es que una vez determinado el problema se analicen los hechos a la luz de la necesidad, el interés público y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

75

Estos criterios interpretativos, literales, a raíz de otros

convenios o tratados internacionales, así como la jurisprudencia de otros organismos de derechos humanos conllevó a que se inicie la discusión sobre el alcance de estas disposiciones normativas, es así que en lo posterior se discutirá los sujetos de protección como resultado de un método finalista y los elementos que restringen la libertad de expresión, a través de la consolidación de nuevos métodos como los Test, que a partir de este punto se inicia su desarrollo jurisprudencial.

A partir del caso Claude Reyes y otros Vs. Chile (2006)

estas discusiones parecen ser subsanadas o mermadas en algo, principalmente si se trata de una interpretación literal. Al parecer la Corte comprendió que la aplicación literal no les daba mayor alcance y desarrollo a los derechos humanos, además de verse en la encrucijada en las normas de interpretación establecidas en el Art. 29 de la Convención, que en el caso de la Opinión Consultiva 05/85 (1985) resultó muy controversial que en el voto separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante sostiene que esta se ha realizado una interpretación extensiva de las normas. Lo cual es contrario a las obligaciones contraídas por los estados en la Convención y los principios de interpretación establecidos por la Convención de Viena (1980).

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Los “Test” Como Métodos de Interpretación Aplicables a la Libertad

de Expresión

Siguiendo a López Medina (2006) el «test judicial» es un

método conflictivista de interpretación el cual tiene de formalizar y estandarizar el razonamiento judicial sustantivo. Este método busca crear etapas procesales para dar solución de una forma estandarizada para aquellos problemas jurídicos originados por la anomias y antinomias jurídicas. Para resolver el problema de las responsabilidades ulteriores frente a la libertad de expresión, se desarrolló “el test de libertad de expresión”, contenido en la Opinión Consultiva 05/85 (Corte Interamericana de Derechos Humanos

[Corte IDH],1985) que inició la discusión sobre la necesidad de emplear medidas de restricción sobre la libertad de expresión.

también tuvo su origen en este documento consultivo y en un

primer momento estableció los siguientes criterios para analizar si las restricciones se sujetan a la convención:

a. La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas,

76

b. La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley, c. La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y d. Que esas causales de responsabilidad sean «necesarias para asegurar» los mencionados fines.

Posteriormente, después de 18 años, en el caso Herrera

Ulloa Vs. Costa Rica (2003), la Corte comprendió que estos primeros elementos no eran claros ni suficientes para determinar si las responsabilidades ulteriores se ajustan al contenido del Art. 13

convencional, es así que emitió modificó el «test de libertad de Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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expresión» y estableció nuevos estándares, así los operadores de justicia deben:

1) Estar expresamente fijadas por la ley;

2) Estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la

reputación de los demás, o la protección de la seguridad

nacional, el orden público o la salud o moral pública; y

3) Ser necesarias en una sociedad democrática.

77

Esta regla no sería la última, en el caso Kimel Vs. Argentina (2008), la Corte volvió a modificar su test de libertad de expresión, sobre ello sostuvo que el mismo estaba compuesto por los siguientes elementos:

i. (Legalidad) verificará si la tipificación de los delitos de injurias y calumnia afectó la legalidad estricta que es preciso observar al restringir la libertad de expresión por la vía penal; ii. (Idoneidad y finalidad) estudiará si la protección de la reputación de los jueces sirve una finalidad legítima de

acuerdo con la Convención y determinará, en su caso,

la idoneidad de la sanción penal para lograr la finalidad

perseguida;

iii. (Necesidad) evaluará la necesidad de tal medida, y

iv. (Proporcionalidad) analizará la estricta proporcionalidad de la medida (párr. 58)

Sobre el criterio de «legalidad» sostuvo que cualquier

restricción debe estar establecida en la ley de forma expresa, precisa, taxativa y previa, con ello se pretende garantizar seguridad jurídica. En este caso se cuestionó la existencia de normas penales que tiendan a declarar la responsabilidad ulterior.

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Sobre la «idoneidad y finalidad», se propende a analizar

si la restricción de la libertad de expresión constituye un medio idóneo o adecuado compatible con la libertad de expresión, que, a decir del alto Tribunal, no es un derecho absoluto y por ende está sujeto a restricciones. En el mismo sentido, se discute los límites de la libertad de expresión con la honra y dignidad que también es un derecho convencional. En este caso, por primera ocasión se afirma que la vía penal puede ser es idónea para salvaguardar el bien protegido de la honra y dignidad.

Sobre la «necesidad», se discute si es necesario emplear

medidas punitivas para declarar la responsabilidad ulterior

de las personas, y se plantea por primera ocasión la adopción de medidas menos restrictivas, como lo es la vía civil. En esta nueva concepción se discuten figuras penales como la calumnia e injurias, como figuras jurídicas contrarias al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal.

Sobre la «proporcionalidad», la corte sostiene que en

última instancia se debe ponderar entre estos dos derechos, con mucha cautela y analizando los siguientes elementos: “[…]i) el 78

grado de afectación, 2) ii) la importancia de la satisfacción, 3) justificación de la restricción (párr. 84). Además, señala un criterio procesal que debe considerarse parte importante al momento

de discutir la responsabilidad ulterior, este es que la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación.

En la actualidad, el test de libertad de expresión se

ha aplicado en combinación con el test de proporcionalidad

-legalidad, idoneidad, necesidad, finalidad y proporcionalidad-como un método para solucionar casos donde se vean inmiscuido la libertad de expresión, la honra y dignidad de las personas.

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A continuación, se describe los casos en los cuales se aplicó el referido test:

Tabla 3

Casos en los cuales se aplicó el test de proporcionalidad Estado

Caso

Kimel Vs. Argentina

Argentina

Fontevecchia y DÀmico Vs. Argentina

79

Mémoli Vs. Argentina

Palamara Iribarne Vs. Chile,

Chile

Claude Reyes y otros Vs. Chile,

Urrutia Laubreaux Vs. Chile

Costa Rica

Herrera Ulloa Vs. Costa Rica

Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica

Ecuador

Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador

Honduras

López Lone y otros Vs. Honduras

Paraguay

Ricardo Canese Vs. Paraguay

Ríos y otros Vs. Venezuela

Perozo y otros Vs. Venezuela

Venezuela

Granier y otros (Radio Caracas Televisión)

Vs. Venezuela

Álvarez Ramos Vs. Venezuela

Nota: Elaboración propia de los autores, con base en la información encontrada en el Buscador de sentencias Corte IDH. https://www.

corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm

Conclusiones

La interpretación en general como ejercicio racional del ser humano, evoluciona conforme evoluciona la forma de organizar el Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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pensamiento del intérprete de una realidad, un cuerpo normativo o un problema jurídico de diversa índole.

En el ámbito jurídico las formas de interpretar se han

establecido de manera perenne en tres tipos: gramatical o literal, finalista y sistemático. Sin embargo, frente a un amplio desorden del sistema del corpus iuris interamericano, el método sistemático no se aplica, pues primero se debe ordenar las normas para obtener mejores resultados y es una tarea inabordable.

Bajo el parámetro de «interpretación convencional» se revela un razonamiento que da cuenta del uso de la complementariedad del corpus iuris interamericano en relación al ordenamiento jurídico de los Estados parte, convergiendo diferentes modos de dar sentido a una realidad normativa que ya fue conocida al interno de un Estado y vuelve a conocerse en el ámbito interamericano, que fuerte en su desarrollo jurisprudencial construye soluciones que en modo de reglas convencionales son vinculantes para los Estados.

Al referirnos a los métodos de interpretación convencional

es de tener en cuenta el concepto de «precedente convencional»

80

como elemento hermenéutico que propone un análisis evolutivo de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, y metodológicamente obliga al intérprete a tener en cuenta el desarrollo jurisprudencial desde sus inicios hasta la actualidad. Así como en el caso de la libertad de expresión, cuyo antecedente es la Opinión Consultiva 05/85 (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte

IDH], 1985) que, sin pertenecer al grupo de casos contenciosos resueltos en sentencia, constituye precedente jurisprudencial de cumplimiento obligatorio porque conlleva la comprensión e interpretación de las normas del corpus iuris interamericano de obligatorio cumplimiento para los Estados parte.

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Si bien la interpretación jurídica como una disciplina del

derecho está sujeta a la existencia de un sistema de normas

escrito, le acompaña el carácter evolutivo del derecho que

conforme avanza la ciencia y la tecnología, se adapta a la

comprensión de nuevas realidades desde el sentido evolutivo que le caracteriza a la nueva era.

La utilización de in método de interpretación no es

81

absoluto, ni aplica estrictamente a un derecho en concreto, lo que ha sucedido en el caso de la libertad de expresión es que el organismo interamericano, con base en un método tradicional

y un mecanismo de solución de problemas más versátil,

desarrolló un test específico para la solución de casos en los que estuviere en disputa la libertad de expresión con otros derechos interdependientes como, por ejemplo: honra y dignidad.

La interpretación como un ejercicio racional efectuado

por el juez, puede ser un acto identificable si el pensamiento es ordenado y en su razonamiento manifiesta las diferentes formas de llegar a una conclusión, y explica el método que utilizó. Sin embargo, esta tarea racional no está sometida a un orden de

desarrollo del pensamiento que este reglado, normado o responda a la ejecución de pasos que conduzcan a la aplicación de un

método de interpretación y a la consecuente solución de un

problema jurídico.

La aplicación de un método de interpretación al no ser

absoluta para un caso concreto, puede ir evolucionando en sus elementos, e incluso ser el resultado de un híbrido de métodos que en su conjunto alcanzan una nueva forma de dar sentido a las normas y resolver un problema jurídico perfeccionando la técnica cada vez que se presente un caso semejante, tal como sucede con Revista Enfoques de la Comunicación No. 11 - Junio 2024

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el «test de libertad de expresión» que en el fondo es el test de proporcionalidad.

Esta investigación constituye el inicio de la discusión de la identificación de los métodos de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), que bajo el concepto

de «interpretación convencional» se puede desprender su origen, naturaleza, elementos, aplicación y alcance frente a un problema jurídico en el que exista afectación de derechos humanos.

82

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Referencias

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Bunge, M. (1959). La ciencia, su método y filosofía, Editorial Macgill

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83

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. [Carta De Banjul]. 27 de julio de 1981. https://www.acnur.org/fileadmin/

Documentos/BDL/2002/1297.pdf

Climent-Galliart, J. A. (2016). Análisis de los orígenes de la libertad de expresión como garantía institucional. Revista Boliviana

de Derecho, (22), 236-253. https://www.revista-rbd.com/

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párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm.

3267/2018. Center for Civil and Political Rights. 27 de febrero de 2023. https://ccprcentre.org/decision/17427

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González Medina y familiares Vs. República Dominicana.

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Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y

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Recibido: 04-mar-2024

Aceptado: 22-abr-2024

Publicado: 15-jun-2024

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