Nelson Neptali Alvarado-Ochoa

Amenazas a la libertad de

Gabriela Nathaly Campoverde Loján

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pp. 603-628

Recibido: 23-ago-2024

Aceptado: 05-nov-2024

Publicado: 15-nov-2024

¿Pueden las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Convertirse en una Amenaza a la Libertad de Expresión y la Democracia?

Can Cantonal Rights Protection Boards Become a Threat to Freedom of Expression and Democracy?

Nelson Neptali Alvarado-Ochoa1

Investigador independiente

603

fenixsamael@hotmail.com

Ambato, Ecuador

Gabriela Nathaly Campoverde Loján2

Investigadora independiente

grabys_25@hotmail.com

Loja, Ecuador

Resumen

El presente ensayo parte del acontecimiento de un caso sui géneris en uno de los cantones de la ciudad de Loja, cuyo análisis tiene como objetivo llegar a establecer si las Juntas Cantonales de Protección de Derechos pueden convertirse en una amenaza a la libertad de expresión y a la democracia; esto, motivado no solo por la conmoción 1 Abogado, magister en Derecho Constitucional, licenciado en Jurisprudencia, con 15 años de experiencia profesional; ha desarrollado además labores de docencia en el Instituto Superior Tecnológico de Transporte, capacitación en derechos de alimentos dentro de la Policía Nacional del Ecuador, consultoría en la Oficina Jurídica Armijos y Asociados, y, actualmente, ejerce su práctica profesional de manera particular. ORCID: https://orcid.org/0009-0009-

6890-6179

2 Abogada, magister en Derecho Constitucional, con 15 años de experiencia profesional; ha desarrollado labores de consultoría en asociaciones mineras, Dirección Distrital 2 de Educación Hispana-Loja, el GAD de Chaguarpamba, docencia en la Universidad Técnica Particular de Loja, y actualmente, se encuentra en el libre ejercicio de la práctica profesional. ORCID: https://

orcid.org/0009-0000-3536-7417

Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

p-ISSN: 2661–6939 / e-ISSN: 2806-5646

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mediática que el mismo ha provocado, sino por los derechos que entran en contraposición al iniciarse una acción de protección en contra de la resolución adoptada.

A esto se suma, además, que no se trataría del primer caso que dicho órgano administrativo tomaría este tipo de acciones en contra de un periodista por las opiniones vertidas en contra de la manera de actuar de una de las autoridades electas en este cantón. Situación que puede llegar –incluso-a replicarse en otras zonas del país, si no se sientan los precedentes necesarios, a fin de evitar este tipo de hechos.

Esta última consideración, además, nos permite evidenciar la importancia de analizar este tipo de casos, mismos que por su novedad, precisan de una mayor discusión conforme la normatividad establecida alrededor de los intereses en pugna.

Tal situación permite concluir que cualquier entidad u organismo administrativo con capacidad de disponer medidas administrativas está en la capacidad de convertirse en una potencial amenaza a la libertad de expresión y a la 604

democracia, siempre que sus decisiones desconozcan el marco legal, jurisprudencial, y aún el tipo de actores sociales inmiscuidos en la contienda. A ello se suma, además, la identificación del al menos tres elementos que nos permiten identificar cuándo nos encontramos ante una amenaza a la libertad de expresión y a la democracia.

Palabras clave: Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos, sistemas de protección de periodistas, derecho a la opinión.

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Abstract

This essay is based on the event of a unique case in one canton of Loja city , whose analysis aims to establish whether the Cantonal Boards for the Protection of Rights can become a threat to freedom of expression and democracy; this, motivated not only by the media commotion that it caused, but by the rights that are in conflict when a protection action is initiated against the adopted resolution.

605

Added to this, it would not be the first case in which said administrative body would take this type of action against a journalist for the opinions expressed against the way of acting of one of the elected authorities in the canton. A situation that may even be replicated in other areas of the country, if the necessary precedents are not set, in order to avoid this type of events.

This last consideration, furthermore, allows us to demonstrate the importance of analyzing this type of cases, which due to their novelty, require further discussion according to the regulations established around the interests in conflict. This situation allows us to conclude that any administrative entity or body with the capacity to impose administrative measures is capable of becoming a potential threat to freedom of expression and democracy, provided that its decisions ignore the legal and jurisprudential framework, and even the type of social actors involved in the conflict. In addition, there is the identification of at least three elements that allow us to identify when we are faced with a threat to freedom of expression and democracy.

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Keywords: Cantonal Council for the Protection of Rights, journalist protection systems, right to express opinion Introducción

Dado que Ecuador es un Estado constitucional de derechos, mismos que se encuentran reconocidos tanto dentro de nuestra Constitución como en los diversos Tratados Internacionales, el cumplimiento de esta parte dogmática se encuentra supeditada a la existencia de órganos jurisdiccionales que permitan materializar el contenido de estos derechos.

Es por ello que el Estado ecuatoriano, dentro del Código Orgánico de Organización Territorial – COOTAD –

(2010), ha previsto la existencia de un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Tal ejercicio de protección, sin embargo, al igual que sucede con otros organismos jurisdiccionales, no se encuentra exento de errores e incluso abusos, mismos 606

que responden a diversas circunstancias, entre las cuales podemos señalar incidencias políticas en la adopción de resoluciones, producto de la dependencia económica y administrativa existente entre algunos organismos del Estado y aquellos destinados a conocer un determinado tipo de acciones sometidas a su jurisdicción.

Producto de ello, el ejercicio del periodismo crítico encuentra una vez más en este tipo de organismos un nuevo mecanismo utilizado a favor de la censura, cuando

- apartándose de su labor de protección - se convierte Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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en un instrumento de cohesión que busca favorecer a un determinado sector político. Tal situación, no obstante, no constituye una novedad en nuestro país, donde los órganos judiciales incluso, ya han sido utilizados con este mismo fin.

Dicha situación se confirma, cuando en el mes de julio del presente año, el patrón predominante ha sido el uso abusivo del poder judicial y de sistemas de protección de la población vulnerable para perseguir periodistas y 607

proteger el poder local. Esta situación, nos obliga a analizar de manera más cercana el papel que viene desarrollando el Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos, y si sus actuaciones son el resultado de un hecho aislado o puede constituir un patrón en contra de un determinado grupo social.

Desarrollo

Desde el año 2008, según el portal web de

Fundamedios, son 400 casos de procesos legales los que se han podido contabilizar hasta la presente fecha; circunstancia que refleja una marcada tendencia a utilizar las instancias judiciales como un mecanismo de censura y control sobre los periodistas. Sin embargo, a ello deben sumarse el uso de los sistemas de protección de la población vulnerable como una de las más recientes amenazas a la libertad de expresión y democracia; esto, a raíz, del uso indebido de este tipo de instancias como una forma de amedrentar a periodistas en el ejercicio de su derecho a la opinión.

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Amenazas a la Libertad de Expresión y la Democracia

Aunque todos podemos comprender lo que

significa una amenaza a la libertad de expresión, cuando nos permitimos indagar si existe alguna definición en tanto a tales expresiones, podemos observar que no se ha establecido un consenso o al menos una conceptualización especifica de lo que ello significa. Pese a lo señalado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2022) ha identificado como amenazas a la libertad de prensa “las violencias, la persecución judicial, las informaciones falsas y la censura ejercidas contra los profesionales de los medios de información y comunicación, y más concretamente contra las periodistas” (párr. 1).

Dichas amenazas tienen como elemento común el

coartar el libre ejercicio investigativo por parte de quienes realizan algún tipo de labor periodística, de redacción o de información, conforme los intereses de quienes ejecutan estos actos de amedrentamiento. Tal situación, no solo que 608

significa enmascarar la realidad social, sino que busca alinear el pensamiento colectivo lejos de la crítica y el escrutinio popular.

Estas acciones pueden provenir tanto de parte del Estado como de los mismos grupos delincuenciales, como ha sucedido en estos últimos años.

Dicha situación nos lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Qué elementos, o factores permiten considerar un hecho como una amenaza a la libertad de expresión?

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Elementos. Según el criterio de Pascumal (2024)

“no existe un solo elemento o factor que permita distinguir todos los casos, es decir cada caso depende de la víctima (trabajador de la comunicación), victimario (autoridades o grupos delincuenciales) y la tipología de agresión” (p.

1). Esto por cuanto tal y como se ha señalado en líneas anteriores, las agresiones o amenazas pueden provenir desde diferentes sectores, con diversos involucrados, lo cual 609

dificulta el poder establecer elementos comunes que nos permitan realizar una clasificación bien definida.

Pese a ello, uno de los elementos que resulta ser una constante en este tipo de casos es la participación de comunicadores o periodistas; al cual, además, se puede sumar un nuevo elemento común, que constituye la relación directa de la amenaza con el desarrollo de su trabajo o labor como tal, motivo por el cual, cualquier otro tipo de actividad relacionada con su accionar diario debe quedar automáticamente descartada. Según Pascumal (2024), se debe hacer un énfasis en esta última parte toda vez que

“si no están en ejercicio de su trabajo no son sujetos de protección por parte del Mecanismo. Por otro lado, esto no implica que otras autoridades e instancias jurídicas tengan la obligación de brindarles una protección” (p.1) De ahí que, para que estas amenazas a libertad

de expresión sean consideradas como tal, debe tratarse además de acciones ilegales que se encuentren establecidas en el ordenamiento jurídico, por lo que:

Para determinar una acción ilegal en principio se debe reconocer si efectivamente esa acción ilegal en Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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contra de la libertad de expresión tiene como origen la opinión emitida en el contexto de la formación de la opinión pública. Una agresión física o verbal constituiría una amenaza a la libertad de expresión si se tiene en cuenta lo anterior. No implicaría una amenaza, por ejemplo, el ejercer las acciones legales ante una opinión que impute un delito a una persona (Bazante, 2024, p. 1).

Así entonces podríamos incluir un tercer elemento general, que es la existencia de una normatividad legal que establezca la forma en que se atenta a la libertad de expresión, sin la cual sería infructuoso plantear cualquier tipo de acción legal correspondiente. Resumiendo, una amenaza a la libertad de expresión y a la democracia se puede definir como aquella que al menos se presenta contra un periodista, comunicador, o trabajador de la comunicación, durante el ejercicio o desempeño de su trabajo, y siempre que exista una norma legal que permita establecer las vulneraciones a la libertad de expresión y a la 610

democracia.

Pese a ello, el acceso a la Función Judicial se ha convertido más en un mecanismo de persecución cuando se realizan severas críticas al actuar de un funcionario público, que una garantía de los derechos de aquellos que, en la búsqueda de la verdad, exponen ciertos hechos que pueden resultar ofensivos o inconvenientes para estos.

Esta situación, aunque inconveniente, al encontrarse limitada bajo el derecho de imparcialidad y el principio de contradicción, garantiza que la Función Judicial permita un Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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eficaz y más efectivo ejercicio de los derechos, equilibrando la balanza entre los sujetos procesales sometidos a su jurisdicción. Más, en el ámbito administrativo, donde las autoridades no siempre son personas cercanas al ejercicio del Derecho, o se encuentran al tanto de las últimas resoluciones judiciales, la jurisprudencia, o aun de la misma ley; esto condiciona sus resoluciones a otro tipo de elementos tales como, dependencia económica, 611

administrativa o afinidades políticas, que terminan poniendo en duda su imparcialidad y se ven obligadas a ser analizadas nuevamente ante la Función Judicial.

¿Pueden las Juntas Cantonales de Protección de Derechos,

convertirse en una Amenaza a la Libertad de Expresión y la

Democracia?

Para responder a la presente interrogante se

debe tener en cuenta que, el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD (2010), establece que:

“Cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución (2008) y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos” (art. 598). Dicha situación si bien, en algunos casos puede resultar irrelevante, cuando se presenta un conflicto de intereses entre quienes son parte de este Consejo Cantonal y quienes se encuentran sometidos al escrutinio o juzgamiento de uno de los organismos administrativos elegidos por dicho Consejo conforme lo prevé el Art. 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia (2003), esto es, las Juntas Cantonales; tal Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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dependencia económica como administrativa, puede resultar completamente desfavorable para quienes se encuentran inmersos en dicho conflicto de intereses.

Esto por cuanto, además, según el Reglamento

Modelo para la Selección de Miembros Principales y Suplentes de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, instrumento jurídico en el cual se establece el procedimiento con la finalidad de seleccionar las personas idóneas para conformar las Juntas Cantonales, estas

“son financiadas por el GAD Municipal del Cantón xxx, y formarán parte de la estructura Municipal” (Art. 7). Relación que, en ningún momento ha sido considerada como un riesgo, hasta la presentación del caso que con posterioridad nos permitiremos analizar.

De esta manera, elementos tales como la

imparcialidad o la objetividad, con frecuencia, quedan excluidos cuando las decisiones de estas autoridades se encuentran, en cierta forma, sometidas al escrutinio de quienes dependen económica- o administrativamente; 612

como sucede cuando en un hecho que debe sancionarse, se encuentra afectado o favorecido un familiar o aún la misma autoridad, que ha intervenido en el proceso de selección de la autoridad conocedora del caso.

La labor de protección de los grupos de atención prioritaria que deben realizar las Juntas Cantonales de Protección de Derechos así puede dejar de ser una prioridad para este organismo, el mismo que se convierte en un instrumento más de defensa de la entidad municipal y de toda la comunidad afín al regente de dicha institución.

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La capacidad de disponer medidas administrativas de protección, tales como boletas de auxilio, orden de restricción de acercamiento a la víctima en cualquier espacio público o privado, se empieza a utilizar como una forma de imponer sanciones a quienes levantan su voz en contra de ciertos funcionarios públicos, en lugar de cumplir con sus objetivos de protección con los cuales fueron creadas. En criterio de Pascumal (2024) “este tipo de medidas, que en su 613

mayoría se dictan contra violencia de mujeres, podrían estar siendo mal utilizadas” (p. 1). Esto considerando que no es el único caso que se ha podido identificar, y donde quienes han solicitado dichas medidas son mujeres en pleno ejercicio de una actividad política pública, que pretenden silenciar a la prensa a través de la censura previa.

Es por ello que:

…las Juntas pueden emitir resoluciones en el

ejercicio de sus competencias, no obstante, si esas resoluciones se originan en contextos en los que se emiten opiniones a través de medios de comunicación que no constituyan la imputación de un delito, o en las que intervengan autoridades de elección popular o de funcionarios públicos en actuaciones públicas, se debería tener en cuenta los contenidos específicos de la libertad de expresión e incluso del derecho a la información, esto es, que no se debería reprimir la emisión de juicios de valor a través de opiniones o la transmisión de hechos públicos a través de resoluciones que impidan por ejemplo el ejercicio de esos derechos. (Bazante, 2024, p. 1)

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La información como parte del debate público. Como se ha señalado en líneas anteriores, cuando una Junta Cantonal de Protección de Derechos conoce un caso en el cual se encuentra involucrada una autoridad gubernamental, no se debe ignorar que en virtud de dicha calidad, la mayoría de sus actuaciones se encuentran sometidas al debate público; toda vez que, contienen un elemento subjetivo proveniente de la labor pública que desempeña el funcionario sujeto a cuestionamiento, un elemento funcional al ser dicho empleado responsable directo del cometimiento de los actos sujetos a escrutinio, y un elemento material que se desprende de la relevancia pública del tema sujeto a discusión. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1979, p. 40)

Esta situación en la mayoría de las ocasiones es desconocida por los funcionarios públicos que integran las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y que, limita su capacidad de análisis en cuanto las limitaciones que en contra de la libertad de expresión esto puede significar.

614

A ello se debe sumar además que:

…los límites de la crítica aceptable son más amplios en relación con los políticos que actúan en funciones públicas, que, frente a los particulares, ya que los primeros se exponen, en forma inevitable y con

pleno conocimiento, al escrutinio de sus palabras y actos, tanto por parte de periodistas como por el público en general (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2001, p. 9).

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Razón por la cual, el grado de tolerancia en los funcionarios políticos debe ser más amplio, especialmente cuando son el producto de las relaciones sociales que establecen con otros miembros de su comunidad y en el ejercicio de sus funciones.

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, de esta forma, si pueden llegar a constituirse en otra amenaza contra la libertad de expresión y la democracia, 615

cuando quienes son afectados por sus resoluciones, son comunicadores o trabajadores de la comunicación que, en el ejercicio de su derecho a opinión, exponen criterios que causan disgusto, chocan u ofenden a autoridades locales que tienen un cierto grado de influencia sobre tales organismos, como puede suceder con el Alcalde de un Municipio al cual pertenece una Junta Cantonal.

Tal situación en estos términos, si bien, puede considerarse como un supuesto, deja de serlo cuando en un hecho insólito en uno de los cantones de nuestro país, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas, procede a disponer en contra de un periodista medidas administrativas por los comentarios rendidos en un medio de comunicación y con respecto a un altercado que fuere del dominio público.

Esta situación puntual, no solo que prendió las alarmas en contra de lo que puede constituir como una nueva amenaza en contra del derecho a la libertad de expresión y la democracia; sino que, permitió conocer, además, que no se trataría de la única vez que en este cantón se ha procedido a sancionar a un periodista por este Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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tipo de situaciones. Esto considerando que, en el año 2021, los comunicadores: José Daniel Rengel y Eduardo Loaiza Lima, ya fueron sancionados por esta misma Junta Cantonal por expresiones vertidas en contra de Yohanna Rosalí Carrión Bravo, directora del Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES- de Calvas en ese entonces (Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), 2021, p.1).

Caso Svetlthana del Cisne Montero Bermeo vs Lauro Vicente

Rueda Rodríguez (2024)

Con fecha 10 de junio de 2024, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas, una vez conocida la denuncia realizada por la señorita Svetlthana del Cisne Montero Bermeo, en contra del señor Lauro Vicente Rueda Rodríguez, dentro del Trámite Administrativo nro. 0119-JCPDGAP-C-2024

(2024), por presuntamente haber propinado en su contra acusaciones falsas, además de tildarla de tirana, déspota, prepotente, carente de ética y de moral (Junta Cantonal de 616

Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas, 2024, p. 1). La mencionada Junta Cantonal llega a la conclusión de que tales hechos se enmarcan en las definiciones de violencia contra las mujeres, por lo que de conformidad con los Arts. 47, 49, 50, 51, 53, 55 y 56 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (2018), en concordancia con lo prescrito en los Arts. 39, 41, 42, 45 y 46 del Reglamento General de la referida Ley (2018) resuelve otorgar a favor de la señorita Svetlthana del Cisne Montero Bermeo:

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1) Boleta de auxilio y la Orden de restricción de acercamiento a la víctima señorita Svetlthana del Cisne Montero Bermeo por parte del presunto agresor señor Lauro Vicente Rueda, en cualquier espacio público o privado de conformidad a lo señalado en el Art. 51

literal a) de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y Art. 45 numeral 1) del Reglamento General a la referida Ley. (Junta 617

Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas, 2024, p. 2).

Tal situación, como resultado de las mencionadas acusaciones así como al hecho de que se ha intentado ocasionar un daño emocional, disminuir su autoestima y tratar de provocar su descredito, según lo señalado por la señorita Svetlthana del Cisne Montero Bermeo; a pesar de ello, estos hechos en ningún momento han sido contextualizados, según la dignidad estatal que actualmente ocupa la persona, así como las disposiciones legales y jurisprudenciales que con respecto a ciertos niveles de tolerancia en caso de autoridades se han establecido.

De esta forma, si bien el hecho de haber sido

tildada como “tirana”, “déspota”, “prepotente” puede herir la susceptibilidad de una persona, tal y como se ha señalado en líneas anteriores, los límites de la crítica aceptable son más amplios en el caso de los funcionarios públicos y políticos, más aún, cuando estos, de forma consiente se someten al escrutinio de sus actos tanto por parte de periodistas como por el público en general. Dicho margen de exposición a la crítica, no obstante, es aceptable siempre y cuando no se Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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afecte “a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, p. 6).

Situaciones que se encuentran sujetas a una responsabilidad ulterior y que deben estar fijadas de antemano por la ley.

Tales situaciones no han acontecido en el presente caso, por lo que, de darse las mismas, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas, no habría sido el organismo legal competente para conocer tales acciones que recaen en otro ámbito legal; más específicamente, dentro de los delitos contra el derecho al honor y el buen nombre, como la calumnia, que se encuentra determinado dentro del Art. 182

del Código Orgánico Integral Penal (2014).

Por otro lado, al haber conocido de antemano los hechos que desencadenaron tales opiniones, estaba en la obligación de considerar la condición de funcionaria pública que cumple la señorita Svetlthana del Cisne Montero 618

Bermeo, así como el hecho que:

Las expresiones, informaciones y opiniones

atinentes a asuntos de interés público gozan de mayor protección puesto que en toda democracia, las acciones y omisiones del Estado y de sus

funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso por parte de la sociedad en su conjunto, incluida la sociedad civil organizada, la prensa y la opinión pública. (Corte Constitucional del Ecuador [CCE], 2009, (Sentencia 282-13-JP/19, 2019, pág. 65)

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Sin embargo y pese ello, del análisis integral de la resolución adoptada por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas, en ningún momento se ha llegado a considerar algún razonamiento relacionado con los más altos estándares de escrutinio y crítica a que se encuentra sometido un funcionario público, como es el caso de la señorita Svetlthana del Cisne Montero Bermeo; ni el por qué las opiniones 619

vertidas por el Sr. Lauro Vicente Rueda Rodríguez, no se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión al tratarse de asuntos de interés público.

A esto se suma además que, el hecho de:

Prohibir al presunto agresor señor LAURO

VICENTE RUEDA, por si o por terceros, acciones de intimidación, amenazas o coacción a la señorita SVETLTHANA DEL CISNE MONTERO BERMEO o a

cualquier integrante de su familia, de conformidad con lo señalado en el Art. 51 literal e) de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres y Art. 45, numeral 5) del Reglamento General a la referida Ley (Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas, 2024, p. 2).

Tal tipo de sanción automáticamente coarta la labor periodística que realiza el Sr. Lauro Vicente Rueda Rodríguez, toda vez que cualquier manifestación o comentario relacionado con la labor que cumple la señorita Svetlthana del Cisne Montero Bermeo, en pleno ejercicio de su trabajo como funcionaria pública, puede ser considerado como un Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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acto de intimidación o coacción, contrario a tal impedimento dispuesto por esta Autoridad.

Al extenderse dicha prohibición en favor, incluso, de cualquier integrante de la familia de la señorita Svetlthana del Cisne Montero Bermeo, se impide así mismo al Sr.

Lauro Vicente Rueda Rodríguez pronunciar cualquier tipo de discurso en contra del Dr. Jorge Montero Rodríguez, quien es su padre y actual alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Calvas.

Bajo tales antecedentes, y considerando sobre todo que el Código de la Niñez y la Adolescencia (2003) ha establecido que “la Junta Cantonal de Protección de Derechos se integra con tres miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán elegidos por el Consejo Cantonal

de la Niñez y la Adolescencia” (art. 207). Llama mucho la atención que quien se encuentra indirectamente beneficiado con el establecimiento de estas medidas administrativas sea así mismo, el actual Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Calvas; a quien, conforme 620

lo establecido por el Art. 90 del Código Orgánico de Organización Territorial –COOTAD- (2010) le corresponde

“Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos

en su respectiva jurisdicción”. Esto es, presidir el órgano encargado de elegir los miembros principales que conforman la Junta Cantonal de Protección de Derechos, misma de donde en este caso en particular, emana la prohibición de ejercer acciones de intimidación, amenazas o coacción en contra de la señorita Svetlthana del Cisne Montero Bermeo.

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Por otro lado, si bien cierto, el establecimiento de dichas medidas se encuentran sujetas a revisión por parte del Juez/a de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Calvas, situación con la cual, se creería eliminada toda duda en torno a la resolución adoptada por Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas; de la revisión realizada a la ratificación de medidas que realiza dicha Unidad Judicial se puede observar 621

que no se encuentra mayor motivación conforme el criterio rector establecido dentro de la Sentencia constitucional Nro.

1158-17-EP/21 (2021), esto es la “obligación de “i) enunciar

en la sentencia las normas o principios jurídicos en que se

fundamentaron [los juzgadores] y ii) explicar la pertinencia de

su aplicación a los antecedentes de hecho” (párr. 61).

Así entonces dentro de la ratificación de medidas que realiza la Unidad Judicial se puede observar que en la misma se ha señalado que:

Con base en las disposiciones legales ante

señaladas, de la lectura del expediente y medidas otorgadas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del

cantón Calvas, a favor de la señora Svetlthana del Cisne Montero Bermeo, se ratifican las siguientes medidas del Art. 51 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: a) Boleta de Auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima Svetlthana del Cisne Montero Bermeo, en contra del señor Lauro Vicente Rueda Rodriguez, b) Prohibición al señor Lauro Vicente Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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Rueda Rodriguez, por si mimo o por terceros realizar actos de intimidación, amenazas a la víctima señora Svetlthana del Cisne Montero Bermeo… (Unidad

Judicial Multicompetente con sede en el cantón Calvas provincia de Loja, 2024)

Más, tal y como se ha podido comprobar, no se realiza un análisis ni una relación fáctica, que permita comprender el porqué de la ratificación de dichas medidas, ni el cómo se explica su pertinencia a los antecedentes del hecho, con lo cual se encuentra incumplido el criterio rector establecido dentro de la jurisprudencia constitucional. De esta forma, aunque las medidas administrativas de protección pasen a conocimiento de los órganos judiciales, a fin de que estas puedan ser ratificadas, modificadas o revocadas, dicha situación como se ha podido observar dentro del presente caso, no garantiza que se cumplan todas las disposiciones legales ni jurisprudenciales que, acogen la protección de ciertos derechos tales como la libertad de expresión.

De esta forma, ¿cuándo nos preguntamos si la 622

facultad concedida al Juez de ratificar, modificar o revocar las medidas administrativas dispuestas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, es suficiente para evitar que éste recaiga en errores o abusos de sus facultades? Podemos decir que no, tal y como lo señala Pascumal (2024), “esto por cuanto el juzgador competente no solo debería enfocar su atención en la ratificación o revocatoria de las medidas, debería realizar un examen más profundo sobre el fondo del asunto y observando los parámetros normativos nacionales e internacionales” (p. 1).

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Dicha situación, no obstante, no impide que tales medidas puedan ser revisadas mediante la aplicación de otro tipo de garantías jurisdiccionales, dependiendo de los hechos fácticos que concurren en el caso puntual, tal como lo señala Bazante (2024) al prever que: “En todo caso, la revisión de esas medidas puede lograrse también por otras vías jurídicas, aunque claro está, ello debe analizarse detenidamente y caso por caso para establecer los méritos existentes” (p. 1).

623

Situación que, en el presente caso a obligado señor Lauro Vicente Rueda Rodríguez, a presentar una acción de protección en contra de la decisión adoptada por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas, por la presunta vulneración del derecho a la motivación, a la igualdad ante la Ley, y a la libertad de expresión, misma que ya ha sido aceptada en primera instancia, por considerar que:

(…) existió la vulneración de los derechos

constitucionales seguridad jurídica, al debido proceso en la garantía del cumplimiento de normas, a la motivación, el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; y, el derecho a la LIBERTAD DE EXPRESION, en el proceso o TRAMITE

ADMINISTRATIVO NRO. 0119-JCPDGAP-C-2024

emitido con fecha 10 de junio del año 2024, a las 14h30. (Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Calvas, provincia de Loja, 2024)

Este hecho si bien nos demuestra la existencia

de otro mecanismo legal orientado a garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos, por otro lado, nos permite Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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así mismo intuir la posibilidad de que ello se traduzca en una posible inflación en la cantidad de acciones de protección que por este tipo de casos se puedan iniciar; situación que, puede ser previsible si se da prioridad a políticas que involucren

“la capacitación adecuada en problemas que impliquen ponderar hechos y derechos, sea en el ámbito administrativo o judicial” (Bazante, 2024, p. 2). Esto considerando que si bien, las medidas que son establecidas a través de este tipo de organismos administrativos no poseen los mismos efectos que aquellos derivados de una sentencia judicial, se encuentran sometidos a preceptos legales que, si se encuentran establecidos dentro de la Ley, la Jurisprudencia y aún los Tratados de Derecho Internacional.

Desde un punto más extremo, incluso, podría pensarse en “una reforma legal, donde establezca la obligatoriedad del test de proporcionalidad para los trámites donde se vean inmiscuidos trabajadores de la comunicación que en ejercicio de su trabajo sean llevados ante instancias administrativas y judiciales” (Pascumal, 2024, p. 2). Dicho test que la Corte 624

Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Opinión Consultiva 05/85 (1985) y la Corte Constitucional dentro de la sentencia nro. 282-13-JP/19 (2019), han considerado que debe proceder siempre que se deba resolver una contienda legal en la cual entran en pugna el derecho a la libertad de expresión frente a cualquier otro derecho.

Conclusiones

Toda entidad u organismo administrativo como las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, con capacidad de disponer medidas administrativas, está en la capacidad de Revista Enfoques de la Comunicación No. 12 - Noviembre 2024

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convertirse en una amenaza a la libertad de expresión y a la democracia; más aún, cuando sus decisiones desconocen el marco legal y jurisprudencial, relacionado con el ejercicio de ciertos derechos que obligan al juzgador, a considerar elementos que generalmente no se aplican a todas las personas conforme el tipo de trabajo, labor o envestidura política que se encuentran desempeñando.

Si bien es cierto, no existe una definición concreta 625

que nos permita identificar aquellos patrones que constituyen una amenaza a la libertad de expresión y a la democracia, si se pueden identificar al menos tres elementos comunes a esta coacción del trabajo comunicacional; esto es, que se presenta contra un periodista, comunicador, o un trabajador de la comunicación; durante el ejercicio o desempeño de su trabajo; y, siempre que exista una norma legal o precedente jurisprudencial que permita establecer las vulneraciones a la libertad de expresión y a la democracia.

Dado que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos no se encuentran al mismo nivel de formación de los jueces que se encargan de ratificar, modificar o revocar las medidas administrativas dispuestas por estas; se debería advertir y sobre todo enfatizar a los jueces que conocen este tipo de trámites la necesidad de realizar un examen más profundo sobre el fondo del asunto y sobre todo en consideración a los parámetros normativos nacionales e internacionales aplicables al caso conforme la Jurisprudencia desarrollada.

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Referencias

Bazante, V. G. (2024). Datos en bruto sin publicar sobre las Juntas Cantonales como una posible amenaza a la libertad de expresión.

Código de la Niñez y Adolescencia (2003). Quito. Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 (Ecuador).

Código Orgánico de Organización Territorial. (2010) Quito.

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010.

(Ecuador).

Código Orgánico Integral Penal (2014). Quito. Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014. (Ecuador).

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. (2023).

Reglamento Modelo para la Selección de Miembros Principales y Suplentes de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. (Ecuador).

Convención Americana Sobre Derechos Humanos del

22 de noviembre 1969. https://www.oas.org/dil/

626

esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_

derechos_humanos.htm

Corte Constitucional del Ecuador. (2009). Sentencia No.

1158-17-EP/21, 20 de octubre de 2021, caso nro.

1158-17-EP. https://www.corteconstitucional.gob.

ec/sentencia-1158-17-ep-21-garantia-de-la-

motivacion/

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Publicado: 15-nov-2024

Corte Constitucional del Ecuador. (2009). Sentencia No.

282-13-JP/19, 04 de septiembre de 2019, caso

nro. 282-13-JP. https://portal.corteconstitucional.

gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=282-

13-JP/19#:~:text=Sentencia%3A%20 No.,282%2

D13%2DJP% 2F19&text=MOTIVO%3A, 2F19&text

=MOTIVO%3A,inherentes%20a%20la%20dignidad%20

humana.

627

Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH].

(1985). Opinión Consultiva, OC 05/85. 13 de

noviembre de 1985. https://www.corteidh.or.cr/docs/

opiniones/seriea_05_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH].

Caso Palacio Urrutia Y otros vs. Ecuador (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 24 de noviembre de 2021. Serie C No. 446.

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios

[Fundamedios]. (2021, 6 de enero). Agresiones

normativas. https://www.fundamedios.org.ec/alertas/

fundamedios-condena-medidas/

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios

[Fundamedios]. (2024, 20 de agosto). Alertas. https://

www.fundamedios.org.ec/alerts/

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/

seriec_446_esp.pdf

Junta Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria del cantón Calvas. (2024).

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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, (2022, 30 de mayo).

Amenazas a la libertad de prensa: violencias,

desinformación y censura. Unesco. https://www.

unesco.org/es/threats-freedom-press-violence-

disinformation-censorship

Pascumal, R. F. (2024). Datos en bruto sin publicar sobre las Juntas Cantonales como una posible amenaza a la libertad de expresión.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia Estrasburgo Caso Jerusalém c. Australia.

Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Calvas provincia de Loja. (2024). Acción de protección presentada por el periodista Lauro Rueda, en contra de la Junta de Protección de Derechos del cantón, a favor de Svetlhana del Cisne Montero.

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