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Intimidación y su Efecto en el Trabajo Periodístico en Ecuador 2024. Estudio Basado en las Alertas de Agresiones

Intimidation and its Effect on Journalistic Work in Ecuador

2024. Study Based on Aggression Alerts

Ana Valentina Montoya-Cañar1

Egresada

Universidad Indoamérica

valemontoya2220@gmail.com

Lenin Petronio Ruales-Saltos2

Docente tutor de investigación

Universidad Indoamérica

lruales2@indoamerica.edu.ec

Resumen

En el contexto ecuatoriano, el trabajo periodístico puede estar sometido a condiciones de alto riesgo; y, entre los factores que limitan la circulación de la información, está la intimidación. Este artículo tiene por objeto analizar el efecto de las prácticas de intimidación a trabajadores y medios de comunicación, con particular interés en aquellas vinculadas a presuntas estructuras de delincuencia organizada. Para 460

ello, se examinan 40 alertas levantadas por el Consejo de Comunicación en el año 2024, para establecer algunas consideraciones sobre los riesgos y efectos que generan; adicional, se utilizan elementos de derecho comparado para 1 Estudiante egresada de la Carrera de Derecho en la Universidad Indoamérica, destacada por grandes logros académicos, con espíritu investigativo y gran capacidad de liderazgo. ORCID: https://orcid.

org/0009-0005-6107-0808.

2 Doctor en Jurisprudencia y Abogado por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Gobernanza y Derechos Humanos; actualmente docente a tiempo completo en la Universidad Indoamérica. ORCID: https://

orcid.org/0000-0002-9545-3656.

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contrastar marcos normativos y mecanismos de protección adoptados en otros sistemas jurídicos para, en suma, aportar al debate sobre la prevención y protección del ejercicio periodístico en el país.

Palabras clave: crimen organizado, intimidación, libertad de expresión, mecanismo de prevención y protección, trabajo periodístico.

Abstract

461

In Ecuador, journalism can be a high-risk profession, and intimidation is one of the factors that restricts the flow of information. This article aims to analyze the impact of intimidation practices on workers and media outlets, with a particular focus on those associated with alleged organized crime networks. To this end, 40 alerts issued by the Communication Council in 2024 are examined to draw conclusions about the risks involved and the effects they produce. In addition, elements of comparative law are used to contrast regulatory frameworks and protection mechanisms adopted in other legal systems, with the aim of contributing to the debate on the prevention and protection of journalism in the country.

Keywords: organized crime networks, intimidation, freedom of speech, prevention and protection mechanism, journalistic work.

Introducción

La violencia contra trabajadores de la comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, es cada vez más frecuente. Una de las formas de agresión es la intimidación, misma que pone en peligro no solo el derecho a la libertad de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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expresión, sino también a una serie de derechos como la vida e integridad de quienes ejercen el trabajo periodístico.

América Latina es de las regiones más peligrosas para la prensa. Las amenazas contra periodistas son de los principales motivos de autocensura en gran parte de los países; a la par, la consolidación de grupos armados hace que el sector sea más vulnerable; y, la mayor parte del tiempo, estos casos no son de alto interés para los estados, por ende, su respuesta es débil (Higuera, 2025).

En Ecuador, no es hasta 2018, tras lo sucitado con el grupo periodístico de «El Comercio»3, que la situación de violencia contra periodistas llamó la atención. Sin embargo, es hasta 2022 que se crea el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico [Mecanismo] como instancia técnica del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación [Consejo de Comunicación]

(Ley Orgánica de Comunicación [LOC], 2024, art. 42.1); y, en 2023, se establecen lineamientos para su operación y articulación a través del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación [RLOC] (2023, cap. III). Sin embargo, es 462

importante analizar el ejercicio mismo del periodismo en el país.

Puntualmente, el estudio presenta la situación de riesgo en que se encuentran los trabajadores de la comunicación, al recibir amenazas de presuntos grupos de delincuencia organizada [GDO] y sus efectos; para ello, se toma como base las alertas por agresiones levantadas por 3 El equipo periodístico de «El Comercio», conformado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, realizaba una investigación en la frontera norte; durante su labor, fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC. El desenlace fue su asesinato el 13 de abril de 2018; al momento, no se tiene una certeza de la responsabilidad estatal (Periodistas Sin Cadenas, 2022).

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el Consejo de Comunicación en 2024, junto al análisis de la normativa, mecanismos de protección y comparación con Colombia para ubicar el debate como una problemática que supera las fronteras del Ecuador.

Las amenazas contra quienes pretenden informar a la ciudadanía afectan gravemente a la integridad y seguridad de los periodistas (Cano, 2018), por lo que es importante implementar estrategias que garanticen la protección de 463

quienes realizan esta labor y se fortalezcan las respuestas institucionales ante este fenómeno.

Para un mejor entendimiento, se parte de un acercamiento conceptual sobre la intimidación y se establece el grupo objetivo; a su vez, se contextualiza la problemática.

¿Qué es Intimidación?

Bajo la legislación ecuatoriana, es considerada un delito. Se configura cuando una persona amenaza a otra con causarle daño, al cometer un ilícito que lo afecte de forma directa a él, a un miembro de su familia u otra persona con la que se encuentre relacionada (Código Orgánico Integral Penal [COIP], 2024, art. 154).

Esta debe ser verosímil, es decir, se debe comprobar que la amenaza es real y pone en peligro al bien jurídico protegido del sujeto pasivo; caso contrario se considera como una simple advertencia carente de relevancia penal (Cortez-Robledo, 2022).

Gimbernat Enrique (como se citó en Acurio-del-Pino, 2017, p. 9) establece que la amenaza es el medio de intimidación. Un acto de violencia que pretende doblegar la voluntad de la víctima y es capaz de ocasionar gran temor al punto de generar un mal futuro sobre la persona o sus bienes.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

[RELE] (2010) reconoce que la intimidación contra periodistas y demás trabajadores de la comunicación pone en peligro el derecho a la libertad de expresión; asimismo, genera un efecto amedrentador. El temor a informar sobre temas relevantes y de alto impacto ocasiona que el flujo de información sea limitado; este efecto es bilateral ya que obstaculiza la promulgación del libre debate de ideas y opiniones en la sociedad.

En el caso Vélez Restrepo y Familiares vs Colombia (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2012), la Corte IDH manifestó que…

[…] el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.

Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. (párr.

209)

En suma, la intimidación es una forma de violencia, 464

compuesta por amenazas que tienen el propósito de generar temor; obligando a las víctimas a realizar o evitar ciertas actividades en contra de su voluntad. Con relación a los trabajadores de la comunicación, esta práctica representa un riesgo pues genera autocensura y restrigue la difusión de información relevante para la sociedad.

Trabajadores de la Comunicación

En una sociedad democrática, probablemente, el periodismo es la forma más importante de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Los periodistas y demás Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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trabajadores de la comunicación son quienes se encargan de mantener informada a la población y consolidar de esta manera el debate público (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2004).

La Corte IDH, en su opinión consultiva OC-5/85

(1985), atribuye el derecho de expresarse libremente a cualquier individuo. Además, indica que cualquier tipo de restricción al acceso al derecho a expresarse constituye 465

una vulneración de derechos individuales y colectivos (párr.

30). Este mismo documento plantea que la colegiación obligatoria a periodistas para ejercer este derecho, es una forma de impedir la libre circulación de información (párr.

54). Así, a diferencia de otras profesiones no se necesita acreditación. Al respecto, la Corte Constitucional Ecuatoriana

[Corte Constitucional] (2019), en su sentencia No. 282-13-JP/19 detemina que “[…] la titularidad de este derecho no está restringida a determinada profesión o grupo de personas, ni al ámbito de la libertad de prensa” (párr. 58).

En la Observación N. 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU (2011), se reconoce que en la función periodística no solo participan profesionales de la materia, sino más bien cualquier persona capaz de buscar, recibir o difundir información. Tal es el caso de autores de blogs, analistas o personas que publican por su propia cuenta en medios digitales (párr. 44).

En Ecuador, el RLOC (2023) define como “personas trabajadoras de la comunicación” a…

[…] aquellas que laboren en un medio de comunicación o de forma independiente y que se dediquen a la recopilación, tratamiento o difusión de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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la información al público, incluyendo: periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, personal de apoyo técnico, operativo y directivo y otros que sean determinados por el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico. (art. 5, núm. 7 ) Como refiere Pascumal (2023), cumplen con la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión; en primer lugar, ser libres de expresar su propio pensamiento, utilizando cualquier medio apropiado para difundirlo y, en segundo lugar, permiten a la sociedad el intercambio de ideas, opiniones e información.

Protección Legal a Personas Trabajadoras de la

Comunicación en Colombia y Ecuador

El ejercicio periodístico en América Latina se somete a constantes desafíos, como asesinatos, amenazas y persecusión. Las olas de violencia, los conflictos políticos y sociales se desempeñan como un limitante al derecho de la libertad de expresión, afectando directamente al sector de la comunicación y al ejercicio periodísitco en la región (Álvarez, 2016).

466

Se identifica que, la libertad de expresión, el derecho a la vida y el derecho a la seguridad e integridad personal son vulnerados, principalmente por amenazas de grupos criminales (RELE, 2010).

Dado que esta es una problemática regional y, para contrastar los niveles de protección para trabajadores de la comunicación, a continuación, se contextualizará la realidad de Ecuador en la materia y, a su vez, se presentará el caso de Colombia para tener un punto de comparación.

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Colombia. La Constitución Política (1991) reconoce el derecho a la libertad de expresión como fundamental; y, garantiza la facultad de buscar y difundir información verificada, así como la expresión libre de pensamientos y opiniones sin censura (Título II Capítulo I, art 20). También, reconoce la obligación de protección del Estado hacia los periodistas para asegurar el desarrollo pleno de su labor y establece que la actividad periodística deberá contar con 467

protección para garantizar su desarrollo, independencia y libertad profesional (art. 73).

Colombia ha vivido una serie de acontecimientos sociales que marcan una historia violenta. La consolidación de grupos armados, incrementa los riesgos para los profesionales de la comunicación quienes frecuentemente son blanco de amenazas, intimidaciones y actos de violencia (Reporteros Sin Fronteras [RSF], 2024).

La RELE (2017) expone que: si bien es cierto una de las responsabilidades del Estado es proteger a los trabajadores de la comunicación, su deber además es prevenir, investigar y sancionar la violencia contra quienes se dedican a informar a la sociedad. A su vez, la Corte IDH

dispone que debe existir en la ley una especie de protección reforzada que asegure el respeto de los derechos de quienes laboran en este ámbito (Caso Carvajal Carvajal y otros vs Colombia, 2018, párr. 151).

La legislación colombiana reconoce que el contexto social para los periodistas es sumamente complicado. El Código Penal (2000) integra una serie de consideraciones relacionadas al Derecho Internacional Humanitario, en las que se incluye una serie de delitos contra personas y bienes protegidos; y varias de las tipificaciones penales, como el Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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homicidio o la tortura, se encuentran caracterizadas con respecto al cuidado de periodistas, quienes constan como personas protegidas en contexto de conflicto armado.

Dicho Código no se limita a la caracterización de periodistas como personas protegidas; dando cumplimiento al artículo 73 de su Constitución (1991), el ataque a periodistas en determinados delitos es considerado como una situación agravante de la pena.

Tabla 1

Delitos contra periodistas en el Código Penal (2000) (%)

Delito

Persona Común

Periodista

Aumento

de Pena

Mínima:

208 meses

Mínima:

480 meses

130,77%

Homicidio

Máxima:

450 meses

Máxima:

600 meses

33,33%

Se incrementa

Mínima:

128 meses

Mínima:

hasta en 1/3.

33%

Tortura

Se incrementa

Máxima:

270 meses

Máxima:

hasta en 1/3.

33%

Secuestro

Mínima:

320 meses

Mínima:

448 meses

40%

468

Extorsivo

Máxima:

504 meses

Máxima:

600 meses

19%

Se incrementa

Mínima:

96 meses

Mínima:

Desplazamiento

hasta en 1/3.

33%

Forzado

Se incrementa

Máxima:

216 meses

Máxima:

hasta en 1/3.

33%

4 años

Se incrementa

Mínima:

(48 meses)

Mínima:

hasta en 1/3.

33%

Amenaza

8 años

Se incrementa

Máxima:

Máxima:

33%

(96 meses)

hasta en 1/3.

Nota: Elaboración propia con base al Código Penal (2000).

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Con la determinación de agravantes, o a su vez, penas mayores en estos delitos; cuando se cometan contra periodistas; se evidencia que la normativa colombiana da un tratamiento jurídico reforzado a la protección de los derechos relacionados al trabajo periodístico, buscando garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y los demás derechos que puedan encontrarse en riesgo o que ya hayan sido vulnerados.

469

A pesar de esto, en el país el periodismo continúa siendo una profesión de alto riesgo. El informe anual de la RELE (2023) denota que las amenazas y actos violentos en Colombia tienen una tendencia ascendente y la falta de investigación por parte de las autoridades hace que las situación de riesgo empeore (p. 137).

Ecuador. A pesar que la Carta Magna no cuenta expresamente con principios normativos diferenciadores para la protección de delitos contra trabajadores de la comunicación, la Corte Constitucional (2024) en su sentencia 4-21-DN/24 acoge criterios de la Corte IDH y determina que…

[…] los periodistas deben gozar de protección para el ejercicio de su profesión, como parte del deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión. El respeto y la garantía del derecho a la vida y la libertad de expresión de los periodistas se encuentran estrechamente relacionados (párr. 75).

La Constitución (2008), en el artículo 18, establece que las personas tienen derecho a buscar, intercambiar, difundir información y así mismo acceder libremente a ella.

También, reconoce que el estado debe garantizar a las Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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personas el derecho a opinar y expresarse libremente en cualquier forma o manifestación (art.66, núm.6).

Conexo, el COIP (2024), en la sección cuarta del título II, considera una serie de delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Sin embargo, no cuenta con preceptos diferenciadores, por lo que, no se considera el hecho de que la víctima sea un periodista motivo para aumentar la pena. A diferencia de la legislación colombiana, misma que castiga que forma más contundente, con más años de privación de libertad a los delitos contra trabajadores de la comunicación.

Tabla 2

Delitos contra periodistas en el COIP (2024) Delito

Persona Común

Periodista

Homicidio

10 a 13 años

No se

Secuestro Extorsivo

13 a 16 años

aplica pena

diferenciada.

Intimidación

1 a 3 años

Tortura

7 a 10 años

Nota: Elaboración propia con base al COIP (2024).

470

Para el caso de la libertad de expresión, en Ecuador existen normas específicas como la LOC y su Reglamento.

Referente a las agresiones que pueden sufrir periodistas, el Protocolo de Actuación ante Agresiones a Personas Trabajadoras de la Comunicación [Protocolo] enlista una serie de categorías de ataques que vulneran sus derechos.

Entre ellos se encuentran delitos como acoso sexual, asesinato, secuestro, robo e intimidación (Consejo de Comunicación, 2022) que sirven para levantar alertas de agresiones (2025b).

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Mecanismos de Protección en Colombia y Ecuador

En la sentencia del caso Bedoya Lima vs Colombia (2021), la Corte IDH destaca que es importante que se proteja el ejercicio periodístico y se apliquen criterios diferenciadores en delitos que se cometan sobre periodistas, además, las agresiones como las amenazas son consideradas factores de predictibilidad para la materialización de delitos más graves como el asesinato 471

(párr. 94). En la Sentencia Palacio Urrutia vs Ecuador la Corte IDH (2021), considera que los periodistas deben contar con protección diferenciada para el libre ejercicio de su labor; también, determina que es plena obligación de los Estados identificar, evaluar e intervenir ante situaciones de riesgo inminente que ponga en peligro derechos de los trabajadores de la comunicación (Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, 2012).

La Declaración Conjunta sobre Delitos Contra la Libertad de Expresión (2012) dicta que es necesaria la creación de programas de protección especializados, efectivos y concretos que analicen el riesgo individual y proporcionen medidas que permitan la continuidad del ejercicio de la libertad de expresión (p. 2).

En este marco, los mecanismos de prevención y protección nacen de una necesidad social de crear políticas públicas que garanticen la seguridad de quienes son amenazados por el hecho de ejercer su labor periodística.

La intervención de organizaciones criminales, marcos normativos débiles, diseño de medidas ineficientes, son factores que promueven un espiral de violencia contra la prensa (RSF, 2022).

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Colombia. Se ha implementado –desde el 2011–

la Unidad Nacional de Protección [UNP] como una entidad adscrita al Ministerio del Interior que cuenta con presupuesto autónomo y centra sus funciones en la protección de personas que se encuentran en situación de riesgo real e inminente (FLIP, 2012). Entre sus funciones se encuentra el articular, definir e implementar medidas de protección idóneas y oportunas que cuenten con enfoque diferencial; estas se deben adaptar al nivel de riesgo suscitado por la amenaza. Además, periódicamente hace seguimientos y diagnósticos que permitan determinar la eficacia de las medidas implementadas (Decreto 4065, 2011).

El Decreto 1066 de 2015 dicta que, el riesgo es conocido como la probabilidad de que el daño hacia una persona o colectividad ocurra; y se categorizaron tres tipos: ordinario, extraordinario y extremo. Puntualmente la UNP

se encarga de intervenir ante el riesgo extraordinario y el riesgo extremo: el primero deberá ser individualizado, específico, concreto, presente y comprobable; y, el segundo 472

deberá cumplir con todas las características del riesgo extraordinario y además ser real e inminente para la protección de la persona que lo esté viviendo.

Es importante aclarar que, este mecanismo de protección no es único para periodistas o comunicadores; es un medio de protección de riesgos para una gran categoría de personas, quienes solicitan a la entidad intervención (UNP, s.f. ). Sin embargo, la Corte Constitucional Colombiana solicitó que se brinde mayor protección a periodistas en la sentencia T-040-23 (2023) . La calificación Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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del riesgo debe cumplir con parámetros de: A) causalidad, con la existencia de la relación directa entre el solicitante y el riesgo y B) idoneidad al establecer las medidas adecuadas al protegido y su nivel de riesgo (párr. 48).

Tabla 3

Parámetros para caracterización de riesgo de periodistas Factores para determinar nivel de riesgo a periodistas Valorar el nivel de difusión de

473

Perfil del

información, tipo de audiencia y respaldo Comunicador

institucional.

Tipo de

Evaluar si el contenido es de carácter contenido

social, ideológico o político.

Determinar el territorio en que

Ubicación

geográfica

desempeña su labor periodística, pues hay zonas con mayor vulnerabilidad.

Nota: Elaboración propia con base en la sentencia T-040-23

(2023).

Pese a que Colombia cuenta con un sistema desarrollado de protección a trabajadores de la comunicación, en 2024, la CIDH realizó observaciones preliminares tras su visita in loco en las que revela que la libertad de expresión se encuentra en alto riesgo.

El informe determina que, las amenazas por parte de grupos armados continúan siendo la principal forma de amedrentamiento a periodistas, quienes son forzados a difundir temas específicos y a adoptar líneas editoriales que beneficie los intereses del grupo (p. 21). Sumado a ello, critica el accionar de la UNP pues considera que las Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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medidas de prevención y protección han sido gestionadas de manera inadecuada, lo que ocasiona impunidad en casos de amenazas, vulnerando el derecho a la vida, integridad y seguridad de los trabajadores de la comunicación (p. 22).

Por su parte, RSF (2022) alerta que el enfoque de este mecanismo es meramente reactivo. Considera que, la UNP deja de lado la prevención del riesgo y dedica su labor a implementar medidas de protección que carecen de enfoques diferenciales, colectivos e interseccionales. Además, indica que las medidas de protección son desfasadas pues se establecen desde un parámetro generalizado y no específico a situaciones particulares que pueden tener los comunicadores: se toman medidas sin escuchar al periodista, de forma unilateral, muchas veces poco efectivas.

El Índice de Chapultepec (2024a) que mide la situación de Libertad de Expresión establece que, para el 2024, las intimidaciones y ataques a periodistas por parte del crimen organizado en Colombia tuvieron una constante ascendente. Lo que evidencia la falta de investigación oportuna y el incremento de la impunidad, haciendo que el 474

mecanismo de prevención y protección sea visto como una herramienta poco factible.

Ecuador. El Mecanismo es relativamente nuevo; fue creado en el año 2022 tras una reforma a la LOC (2022); y, es una instancia técnica del Consejo de Comunicación dedicada a la prevención y protección del trabajo periodístico en el país (art. 42.1). Se le atribuyen una serie de actividades como: la evaluación de riesgos, elaboración de protocolos, monitoreo de agresiones, propuesta de medidas de prevención y protección, entre otras que pretenden garantizar la seguridad del ejercicio periodístico (2022).

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En 2023, entra en vigencia el RLOC, normativa en la que se amplía el alcance, estructura y funcionamiento del Mecanismo, lo que permite su operación (Higuera, 2024).

Este hace énfasis en la necesidad de instituir medidas adecuadas con enfoque diferencial, e interseccional que aseguren el ejercicio del trabajo periodístico estableciendo lineamientos para la creación de unidades de prevención, protección y evaluación de agresiones que pongan en riesgo 475

la integridad del trabajador de la comunicación (RLOC, 2023, art. 21).

El Mecanismo limita sus acciones a lo que designe el Estado al Consejo de Comunicación, pues la norma prevé que el Mecanismo es responsabilidad de esta entidad, haciendo que trabajen de manera conjunta (LOC, 2022, art.

42.1).

Para muchas organizaciones civiles resulta preocupante que exista una instancia técnica que no cuente con fondos suficientes para cumplir con las obligaciones que establece la norma. Así, Periodistas Sin Cadenas [PSC], denuncian que la falta de presupuesto le resta autonomía y eficacia al Mecanismo (PSC, 2024a).

Otra de las particularidades del Mecanismo es que

–en Ecuador– es exclusivo para el cuidado de las personas trabajadoras de la comunicación en riesgo o bajo amenazas que pongan en peligro el desarrollo de sus actividades profesionales. De cierta forma se brinda un tipo de protección diferenciada por el riesgo.

Es así que la LOC en su artículo 42.1 determina cuáles son las actividades de riesgo en las que se puede encontrar un trabajador de la comunicación.

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Consecuentemente el RLOC indica que, se debe implementar instrumentos técnicos adecuados para reducir los factores de riesgo a los que están sometidos los trabajadores de la comunicación (art. 27).

La RELE (2024), tras su visita a Ecuador en marzo de 2024 indica que el Mecanismo no ha mostrado resultados y se ha visto vulnerable ante los hechos de violencia suscitados en el país. Tal es el caso TC en que se evidenció que el Mecanismo no cuenta con lineamientos de evaluación para medir el nivel de riesgo del periodista.

Al analizar el Protocolo implementado por el Mecanismo de manera conjunta con el Consejo de Comunicación, se evidencia que en Ecuador no existe una clasificación de riesgos que permita evidenciar el nivel de peligro al que puede estar expuesto el periodista y su equipo.

Sin embargo, cuenta con procesos sistemáticos para el tratamiento de la agresión.

Tabla 4

Actuación ante agresiones a periodistas (resumido) Alertas de •

Monitoreo en redes

476

agresión

• Notificaciones externas

• Informe sistematizado en el que se caracteriza la agresión.

Informe

• Se hace el primer contacto con el periodista para escuchar técnico

lo sucedido y brindarle acompañamiento.

• Se aplican medidas de prevención o protección. Incluyen: A) seguimiento de denuncias o presentarlas en Fiscalía, B) Medidas

solicitar información a otras entidades como Defensoría o Ministerios y dar acompañamiento al caso.

Nota: Elaboración propia a partir del Protocolo (Consejo de Comunicación, 2022).

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Los lineamientos necesarios para garantizar la protección a periodistas incluyen perspectivas diferenciadas de riesgo, adopción de protocolos de prevención que incluyan espacios de interlocución entre el Estado, trabajadores de la comunicación y sociedad civil. Así también estándares de protección en los que se priorice la debida investigación a ataques contra periodistas, juzgar y sancionar a los culpables.

El índice de Chapultepec (2024b) registra una subida 477

de 3 puntos de mejora en la situación de la libertad de expresión y se atribuye este alcance a la implementación del RLOC que delimita el accionar del Mecanismo; a pesar de esto, la tendencia de violencia continúa hacia los periodistas en el país.

El informe de la CIDH de 2024 indica que se deben tomar medidas presupuestarias, técnicas y políticas adecuadas para garantizar el funcionamiento del Mecanismo; también, se deben fortalecer las medidas de prevención y protección que garanticen el desenvolvimiento del periodismo en un entorno seguro abordando los desafíos que implica la labor periodística.

A su vez, Infobae (Loaiza, 2025) señala que la falta de articulación institucional hace que se genere un ambiente de autocensura, silenciamiento y exilio en Ecuador; además, la falta de medidas concretas con base en riesgo, causa que el Mecanismo sea una instancia estatal poco factible en brindar seguridad a quienes ejercen esta profesión.

Amenaza como Forma de Intimidación a Personas Trabajadoras

de la Comunicación

A nivel regional, la RELE (2013) indica que la presencia activa de grupos de delincuencia organizada representa el Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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principal limitante para el libre ejercicio periodístico; con amenazas como principal medio de agresión, pretenden quebrantar derechos fundamentales como la vida y la integridad personal de los trabajadores de la comunicación (párr. 18); así mismo, alertan que dicha amenaza en sí es sumamente grave, pues no hace falta que el hecho violento se materialice para que se pueda silenciar al periodista o frenar la labor de comunicación; el miedo que genera logra que la persona se aparte y deje de lado su profesión (párr.

15); y, determina que son amenazados y perseguidos por su interés de informar o por seguir una línea de investigación de alto interés social. Esto posiciona a los periodistas como trabajadores bajo riesgo especial.

RSF (2011) indica que el crimen organizado es el principal predador de la prensa, a tal punto de que tienen la noticia a su disposición; y es que logran que se difunda lo que les interesa a sus estructuras criminales. En ese sentido, la labor periodística ha pasado de ser crítica a subordinarse a las industrias del terror impartido por las mafias.

Garcés y Andino (2020) exponen que el trabajo 478

periodístico es visto para la delincuencia organizada como su principal enemigo; la finalidad de informar realidades cercanas y hechos relevantes hacen que se pongan en la mira de estas organizaciones. Mientras más amenazas existan, mayor es el riesgo de cobertura de la noticia.

En Ecuador, PSC (2024b) considera que, las constantes amenazas de grupos criminales minimizan la cobertura de temas de relevancia como narcotráfico, corrupción, delincuencia organizada y otros temas relacionados; efectos que se logran evidenciar en la trascendencia de la noticia o la frecuencia de la información.

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Las amenazas de muerte, perpretradas principalmente por presuntos grupos de delincuencia organizada, es la forma más común de atacar a periodistas y demás trabajadores de la comunicación. Estas generan en quienes la reciben efectos negativos que les hacen temer por su vida e integridad; orillándolos así a abandonar su profesión o a tomar otra serie de medidas de seguridad (Noroña, 2024).

479

El Consejo de Comunicación en coordinación con el Mecanismo como instancia técnica, desde 2021, a través de un sistema de alertas (Consejo de Comunicación, 2025) identifica agresiones contra este grupo humano; y, dentro de la tipología que utiliza para la caracterización, la amenaza se define como la intimidación a periodistas, sus familias o medios de comunicación con el propósito de evitar la difusión de determinado contenido. Entre 2023 y 2024 fue la más frecuente, figurando como principales agresores sujetos desconocidos4, ciudadanía y agentes estatales.

Metodología

El estudio se realiza con un enfoque mixto y alcance correlacional (Timoteo et al, 2023), para abordar el problema desde perspectivas diferenciadas e identificar la relación existente entre la intimidación realizada mediante amenazas y el efecto inmediato que generan en el trabajo periodístico.

En el componente cuantitativo se aplica la sistematización de datos obtenidos tras el análisis de casos. El punto de partida son 131 alertas levantados por agresiones contra tabajadores de la comunicación (Consejo de Comunicación, 2025); de estas, el universo de análisis se 4 “Desconocidos” son agresores que, por distintos factores, no lograron ser identificados al momento de levantar la alerta.

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reduce a 40 amenazas en el año 2024. Se utilizan variables como el tipo de agresor, motivo del ataque y efecto generado en el trabajador de la comunicación.

Se implementa el método dogmático y exegético para el análisis sistemático de conceptos doctrinales y normas jurídicas (Contreras et al, 2022), referentes al cuidado de periodistas. Dichos conceptos fueron expuestos en los antecedentes y servirán para el análisis en la sección de discusión.

Resultados

La investigación presenta elementos relacionados a los efectos de la intimidación hacia la labor periodística en Ecuador en 2024; se incia con los agresores, estatales y no estatales (RLOC, 2023; Consejo de Comunicación, 2025).

Dentro de estos últimos se encuentran los “desconocidos”

(2025).

Figura 1

Caracterización del tipo de agresor 480

Nota: Elaboración propia. Fuente: Consejo de Comunicación (2025).

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La Figura 1 refleja que 34 de las amenazas recibidas, el 85% del total, fueron atribuidas a agentes desconocidos; mientras que cinco de ellas, es decir el 12% fueron por la ciudadanía; y, una, 3% del total, fue por parte de agentes estatales.

A partir de aquí, se analizan las 34 alertas de amenazas cuyo agresor es de tipo “desconocidos” (2025); y, se identifican cuántas se dieron presuntamente por Grupos de 481

Delincuencia Organizada [GDO].

Figura 2

Amenazas por parte de presuntos GDO

Nota: Elaboración propia con base a información del Consejo de Comunicación (2025).

La Figura 2 indica que: 31 amenazas, equivalentes el 91% de los actos de intimidación, se dieron presumiblemente por parte de integrantes de grupos delictivos; mientras que, tres amenazas, es decir, 9% del total, fueron por otros actores desconocidos.

Se presume como posible agresor a un GDO con base a la forma en que se dieron las amenazas, donde se utilizan medios digitales o panfletos. En ambos casos, con mensajes intimidantes, que aludían a la potencial afectación de la vida Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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e integridad de los trabajadores de la comunicación o su entorno cercano.

Una vez identificadas las 31 alertas de amenazas de presuntos GDO como posibles agresores, se sistematiza el principal motivo.

Figura 3

Motivo de intimidación por parte de presuntos GDO

Nota: Elaboración propia con base a información del Consejo de 482

Comunicación (2025).

La Figura 3 muestra que: 25 se deben a la línea de investigación del periodista, lo que representa el 80%. Por su parte, las agresiones relacionadas a la aceptación o rechazo de solicitudes de presuntos GDO y otras causas registran tres casos cada una, es decir, 10% respectivamente.

Así, se determinan dos motivos principales de agresión: primero, la línea de investigación de los trabajadores de la comunicación, principalemente relacionada a temas de narcotráfico, minería ilegal o funcionamiento de GDO; y, segundo, solicitudes expresas a los periodistas para que Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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se difunda información específica, como comunicados amenazantes para la población. Por mencionar un caso conocido públicamente, un periodista de Radio Integración fue obligado a leer un panfleto de una organización criminal, en vivo, en su espacio de noticias; en caso de no hacerlo, asesinarían a él y su familia. (Fundamedios, 2024b) El porcentaje referente a «otros» son solicitudes, como ayudas económicas.

483

Ahora bien, los efectos negativos inmediatos varían conforme a la gravedad de la amenaza percibida y/o contextualizada.

Figura 4

Efectos de la intimidación por presuntos GDO sobre los trabajadores de la comunicación Nota: Elaboración propia con base a información del Consejo de Comunicación (2025).

Se obtuvo como resultado que: la autocensura5, con 16 casos, representa el 52%. Mientras que el exilio, con 7

5 La autocensura, es el auto silenciamiento condicionado por el miedo a posibles consecuencias negativas por el hecho de difundir cierto tipo de información (Casamadrid, 2025).

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casos, representa el 22%. Y, 8 periodistas, 26% del total, continuaron con su labor periodística.

Cabe señalar que el exilio refiere a salir del país o migración interna para precautelar su seguridad y la de sus familias. Al respecto, fue público el caso de Jorge Navarrete, quien recibió amenazas por una nota sobre plantaciones de coca en la frontera norte (Fundamedios, 2024a); aunque, actualmente regresó al Ecuador y ejerce el periodismo.

El Mecanismo de manera cojunta con el Consejo de Comunicación gestionan una serie de acciones preventivas y de protección para precautelar los derechos de los trabajadores de la comunicación. La Figura 5 evidencia dichas acciones ante el delito de intimidación.

Figura 5

Medidas tomadas por el Mecanismo como instancia técnica del Consejo de Comunicación

484

Nota: Elaboración propia con base a información del Consejo de Comunicación (2025).

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Los datos muestran que, en los casos donde se ejecutaron medidas de prevención y protección, el 55%, 17

de los casos, corresponden a impulsos6 fiscales y oficios enviados ante entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud; mientras que el 42%, 13 de ellos, son denuncias7 presentadas ante la Fiscalía General del Estado [FGE]. Por el contrario, en uno de los casos, referentes al 3%, no se tomaron acciones.

485

Figura 6

Estado en el que se encuentran las denuncias Nota: Elaboración propia. Fuente: FGE (2025).

Hasta mayo de 2025, fecha en que se realizó la revisión documental para esta investigación, 24 denuncias continúan en investigación previa8, es decir, el 77%. 6

6 Impulsos: escritos enviados a instituciones para que se dé el debido trámite a una acción previamente interpuesta (COIP,2024).

7 Denuncia: forma de comunicar a Fiscalía sobre la existencia de un presunto delito (COIP,2024)

8 Fase pre procesal, se recopilan elementos de convicción con los que el Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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periodistas no presentaron acciones, es decir, el 20%.

Solamente un caso, es decir, el 3% del total fue resuelto en la justicia y corresponde al de TC Televisión9 donde los miembros del GDO fueron detenidos en delito flagrante10.

Discusión

Protección a Personas Trabajadoras de la Comunicación

La intimidación hacia personas trabajadoras de la comunicación es una problemática a nivel regional, donde uno de los principales agresores son grupos delictivos que utilizan amenazas como estratégia para limitar la difusión de información en la sociedad. Los mecanismos de prevención y protección son una de las aternativas gubernamentales para enfrentar este particular, como en Colombia y Ecuador; sin embargo, existen deficiencias en ambas realidades.

A pesar de la existencia de avances referentes al cuidado de los trabajadores de la comunicación, en la normativa y lineamientos ecuatorianos, faltan criterios diferenciados para brindar una protección reforzada a aquellos que se encuentren en contextos de violencia; por ejemplo; generar la caracterización del riesgo conforme 486

la gravedad de la amenaza; la tipificación de delitos o situaciones agravantes relacionadas a trabajadores de la comunicación; la presición de criterios para la identificación de agresores, como los GDO; entre otros elementos.

Asimismo, en la mayoría de ocasiones, el accionar estatal resulta débil para garantizar el desenvolvimiento fiscal podrá formular cargos (COIP, 2024) 9 El 9 de enero de 2024 miembros del GDO “Tiguerones” irrumpieron armados en TC Televisión y amenazaron al personal durante transmisión en vivo (Primicias , 2024).

10 Se entiende por delito flagrante cuando se detiene a la persona en el momento que comete el delito (COIP, 2024).

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seguro de quienes cumplen con la labor de comunicar; esto se debe a factores como la limitación presupuestaria del Mecanismo.

Intimidación Hacia la Labor Periodística en Ecuador 2024

Los hallazgos permiten establecer algunos elementos de análisis acerca del efecto de la intimidación sobre los derechos de los trabajadores de la comunicación en Ecuador, durante 2024: 40 alertas de amenazas evidencian 487

un problema que pone en riesgo no solo la libertad de expresión, sino también otros derechos como la vida, integridad y seguridad de quienes realizan esta labor.

Uno de los resultados que llama la atención, es la identificación de presuntos grupos de delincuencia organizada [GDO] como el principal agresor «desconocido», en un 91%. Esto concuerda con lo dicho por Periodistas Sin Cadenas (2024b), que advierte sobre la influencia de grupos criminales en la labor periodística, donde el control de la noticia se convierte en su objeto estratégico.

La razón de estas agresiones responde, principalmente, a la línea de investigación; el 80% de las amenazas, realizadas por presuntos grupos criminales, son por temas de alto interés social relacionados al narcotráfico, minería ilegal o funcionamiento de estructuras criminales; esto denota que el periodismo de investigación recibe más amenazas. Si bien, solo un caso es atribuido judicialmente a GDO, con la presunción se debe agilizar la actuación estatal, considerando la gravedad de la alerta que se puede generar.

Con respecto a los efectos que genera la intimidación, la autocensura, presente en el 52% de los casos es, probablemente, la consecuencia más grave, pues Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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repercute en la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión; por un lado, el periodista modifica su agenda informativa por temor y deja de difundir hechos noticiosos; y, por otro lado, en la ciudadanía se restringe el debate y la opinión.

Los casos de exilio, al interior del territorio o internacional, evidencian la falta de seguridad para la prensa que se encuentra en riesgo: en 7 casos, los trabajadores de la comunicación no encontraron otra opción para precautelar sus derechos o los de sus allegados.

El trabajo conjunto del Mecanismo con el Consejo de Comunicación demuestra voluntad institucional para prevenir y proteger amenazas contra trabajadores de la comunicación; sin embargo, en ocasiones resultan insuficientes porque deben concretarse en otras instancias.

Durante 2024, las principales medidas utilizadas fueron el envío de oficios e impulsos a varias instituciones y la presentación de denuncias; que son medidas que alertan sobre la existencia de un riesgo a otras instituciones.

Para el caso, principalmente, pasan al Sistema 488

Judicial, donde la Fiscalía General del Estado demuestra limitaciones en su capacidad de identificar a los agresores y dar una resolución sobre las denuncias en firme: el hecho de que solo un caso de los 25 presentados haya obtenido sentencia revela fallas estructurales en el sistema de justicia; al tiempo que favorece la impunidad.

Conclusiones

∙

Existe un problema regional común en cuanto Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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a las amenazas contra personas trabajadoras de la comunicación. La comparación realizada entre la UNP y el Mecanismo toma importancia porque demuestra que: a pesar de que la primera cuenta con los recursos materiales, humanos y financieros suficientes, no ha logrado prevenir ni proteger integralmente a periodistas en situaciones de riesgo. Esto es un 489

factor que denota que no solo los recursos son necesarios, sino también la integración de un sistema que fortalezca la prevención, mediante capacitaciones y otras acciones; la protección, implementando medidas de seguridad suficientes y; la procuración de justicia, misma que debe ser integral y efectiva para las víctimas.

∙

El hecho de que el ejercicio periodístico no necesite acreditación formal, es una manera de garantizar el derecho a la libertad de expresión, sin embargo, genera la necesidad de establecer lineamientos específicos de protección, basados en la naturaleza de la actividad informativa y el nivel de riesgo que esta genera. Así, el accionar del Mecanismo no depende en sí de la delimitación formal del ejercicio periodístico, sino, de su capacidad para reconocer y proteger a quienes contribuyen a la doble dimensión de este derecho y, por ello, se encuentren en riesgo.

∙

La efectividad del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico como Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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instancia técnica del Consejo de Comunicación se ve comprometida por la ausencia de recursos y, la falta de una adecuada coordinación interinstitucional en el marco de atribuciones, como lo que ocurre en el Sistema de Justicia ecuatoriano. Si bien es cierto, con su implementación se busca brindar mayor atención al cuidado de las personas trabajadoras de la comunicación; entre otros temas, se necesita un sistema normativo que contribuya a su funcionamiento con acciones como la implementación de lineamientos específicos para la caracterización de riesgos, la identificación de GDO como agresores y el establecimiento de agravantes, o a su vez delitos, contra trabajadores de la comunicación que le permitan a la justicia ser más efectiva.

∙

En Ecuador, el delito de intimidación limita una serie de derechos como la vida, libertad e integridad; afecta no solo derechos 490

individuales sino también colectivos, al no permitir el fortalecimiento del debate público.

Estos actos ocasionan que los periodistas se alejen de su labor, muchas veces prefieren mantener un perfil bajo o simplemente dejar de informar, generando efectos inmediatos como la autocensura e, incluso, el exilio.

∙

Es necesaria la implementación de sistemas de justicia reforzada para que los casos existentes Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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no queden en la impunidad y se brinde mayor protección, con respuestas más céleres, coordinadas y efectivas a favor del libre ejercicio de los derechos de los trabajadores de la comunicación. Sin embargo, la falta de sentencias demuestra esta carencia en el sistema. El único fallo judicial obtenido en el caso TC devela que no existe una protección 491

real y mucho menos ágil, pues a pesar de que los procesados fueron declarados culpables y se encuentras privados de la libertad, esta no logró una reparación integral ni tampoco la reposición de los derechos vulnerados de las personas trabajadoras de la comunicación víctimas de este hecho; tal es el caso del periodista José Luis Calderón, quien decidió exiliarse por el daño psicológico que le causó el atentado y la falta de seguridad ante la violencia, hoy en día ya no ejerce su profesión.

∙

El levantamiento de alertas del Consejo de Comunicación en coordinación con el Mecanismo, es fundamental en la identificación temprana de amenazas, pero su generación no resulta suficiente para la protección de las personas trabajadoras de la comunicación. La verdadera eficacia del Mecanismo radica en su capacidad de activar acciones coordinadas con todas las instituciones vinculadas; esta debe orientarse, además de la prevención y protección, en la Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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procuración de justicia integral que vaya más allá de una sentencia, o el establecimiento de una pena y logre la restitución de los derechos vulnerados.

492

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