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Hostigamiento Judicial a Trabajadores de la Comunicación en Ecuador: Efectos en la Libertad de Expresión y el Ejercicio Periodístico en 2024

Judicial Harassment of Communication Workers in Ecuador:

Effects on Freedom of Expression and the Exercise of

Journalism in 2024

Mayra Gabriela Morocho-Quinga1

501

Estudiante Egresada

Universidad Indoamérica

mayragabriela2027@gmail.com

Lenin Petronio Ruales Saltos2

Docente tutor de investigación

Universidad Indoamérica

lruales2@indoamerica.edu.ec

Resumen

El presente artículo examina el hostigamiento judicial contra trabajadores de la comunicación en Ecuador durante 2024 y sus efectos sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Mediante una metodología mixta, se 501

analizaron 20 alertas de agresión registradas por el Consejo de Comunicación, de las cuales 12 derivaron en procesos judiciales. Los datos revelan un uso instrumental del sistema judicial como mecanismo de presión, tanto por parte de 1 Egresada de la Carrera de Derecho por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Indoamérica. Estudiante de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte. Su formación combina el ámbito jurídico y comunicacional, con interés en el análisis de los derechos humanos.

ORCID: https://orcid.org/0009-0002-6102-6522

2 Doctor en Jurisprudencia y Abogado por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Gobernanza y Derechos Humanos; actualmente docente a tiempo completo en la Universidad Indoamérica. ORCID: https://

orcid.org/0000-0002-9545-3656

Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

p-ISSN: 2661–6939 / e-ISSN: 2806-5646

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actores estatales como ciudadanos, con predominancia de procesos penales y una alta tasa de archivo. Se identificaron efectos como intimidación, autocensura y afectación emocional, que comprometen la labor informativa y el derecho ciudadano a recibir información veraz. Aunque existen mecanismos de protección y precedentes judiciales relevantes, su aplicación práctica es limitada. Se concluye que se evidenció que el hostigamiento judicial hacia periodistas afecta negativamente el fortalecimiento democrático del país. Por ello, se recomienda reforzar las capacidades institucionales que permitan garantizar un ejercicio periodístico libre, seguro y ético.

Palabras clave: hostigamiento judicial, libertad de expresión, trabajadores de la comunicación, periodismo, derechos humanos, libertad de información.

Abstract

This article examines judicial harassment against media workers in Ecuador during 2024 and its effects on freedom of expression and journalism. Using a mixed methodology, 20 alerts of aggression recorded by the Communication Council were analyzed, of which 12 resulted in legal proceedings. The data reveal the instrumentalization of the judicial system as a mechanism of pressure, by both state actors and citizens, with a predominance of criminal proceedings and a high rate of case dismissals. Identified effects include intimidation, self-censorship, and emotional distress, all of which compromise journalistic work on the citizen’s right to receive accurate information. Although protection mechanisms and relevant legal precedents exist, their practical application remains limited. The study concludes Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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that judicial harassment of journalists has a negative impact on the democratic strengthening of the country. Therefore, it is recommended to reinforce institutional capacities to ensure free, safe, and ethical journalism.

Keywords: judicial harassment, freedom of expression, communication workers, journalism, human rights, freedom of information.

503

Introducción

La libertad de expresión constituye un pilar fundamental de las sociedades democráticas y se encuentra consagrada en diversos instrumentos internacionales, como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que, en su artículo 19, establece el derecho de toda persona a la libertad de opinión y de expresión; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH] (1969) que, en su artículo 13, garantiza este derecho sin censura previa3.

A nivel nacional, la Constitución de la República de Ecuador (2008), en su artículo 66, numeral 6, reconoce y reafirma su carácter inviolable.

503

Sin embargo, está presente un fenómeno mundial: el hostigamiento judicial contra periodistas y trabajadores de la comunicación. Esta es una de las principales preocupaciones por “la interposición de demandas judiciales abusivas 3 La censura previa es un límite del derecho a libertad de expresión, remitiendo medidas tendientes a impedir la publicación o difusión de información antes de que estas tengan lugar. En efecto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas [ONU], en la Observación General Nº 34 (2011), señala que “las prohibiciones generales de la difusión de una determinada opinión o de una forma de expresión, como las que se producen en las leyes sobre blasfemia, son incompatibles con el Pacto, excepto en las circunstancias establecidas en el artículo 20, párrafo 2” (párr. 48).

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para obstaculizar su trabajo de investigación” (Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, 2024, párr. 1).

En el marco de los derechos humanos, el acceso a la justicia se reconoce como un componente esencial para garantizar la protección efectiva de otros derechos fundamentales. Este principio no solo implica la posibilidad de acudir a instancias judiciales, sino también la existencia de mecanismos adecuados, imparciales y accesibles para resolver conflictos y reparar vulneraciones. Tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas: “El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho.

En ausencia de acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, impugnar la discriminación ni exigir responsabilidades a quienes están en el poder” (Naciones Unidas, s.f.). Esta perspectiva refuerza la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales y normativos, especialmente en contextos donde las barreras sociales, económicas o culturales limitan el ejercicio pleno de este derecho.

504

En el Informe regional: “Periodismo bajo asedio”, elaborado por Fundamedios (2024), documenta como las detenciones arbitrarias y las condenas con acusaciones infundadas se han convertido en herramientas de presión utilizadas por gobiernos autoritarios y sistemas judiciales cooptados en América Latina. Este tipo de hostigamiento judicial, que incluye demandas penales, civiles o administrativas sin fundamento, busca silenciar voces críticas y fomentar la autocensura.

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Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa

[SIP] y la Universidad Católica Andrés Bello [UCAB], en su Índice Chapultepec 2024, advierte que el acoso judicial y financiero es una de las principales amenazas a la libertad de prensa en la región, junto con la estigmatización, las amenazas de muerte y las restricciones arbitrarias.

Países como Venezuela, Nicaragua y Cuba encabezan los índices de represión, pero estas prácticas también se han 505

documentado en democracias formales como México, Perú y Ecuador.

En el caso ecuatoriano, a pesar de los avances normativos como la Ley Orgánica de Comunicación (2022) y su Reglamento General (2023), que establecen mecanismos de protección para periodistas, hay alertas (Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación 2025) y/o denuncias que abren el debate sobre el uso del aparato judicial como herramienta de presión contra la prensa.

La presente investigación analiza el efecto del hostigamiento judicial contra trabajadores de la comunicación en Ecuador durante el año 2024. El estudio parte del análisis de casos concretos, identificados inicialmente a través de las alertas emitidas por el Consejo de Comunicación (2025) en coordinación con el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico [MPPTP]; estas no constituyen la fuente única ni definitiva, sino un punto de partida que permite rastrear cómo estos casos evolucionan dentro del sistema judicial.

Se identifican y examinan los fundamentos jurídicos, las manifestaciones procesales y el impacto que estas Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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prácticas tienen sobre los derechos constitucionales, en particular el derecho a la libertad de expresión. Es fundamental distinguir las competencias institucionales: el Consejo de Comunicación en coordinación con el MPPTP

tienen la atribución de emitir alertas y activar rutas de protección, es el sistema judicial el encargado de tramitar y resolver los procesos legales correspondientes.

Por tanto, este artículo no pretende reducir el análisis a un solo ámbito institucional, sino más bien evidenciar cómo la interacción entre estos actores de la sociedad puede derivar en formas de hostigamiento judicial que afectan el ejercicio del periodismo. A continuación, se contextualiza el debate y se procede al análisis de casos concretos.

Libertad de Expresión y de Prensa: Alcances y Limitaciones

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a toda persona manifestar sus ideas, opiniones y pensamientos; sin embargo, no es un derecho absoluto su ejercicio puede conllevar responsabilidad ulterior, lo que implica que quienes lo 506

ejercen pueden enfrentar sanciones o consecuencias legales si incurren en actos que vulneren otros derechos. La Constitución de la República de Ecuador (2008) establece:

“El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones” (art. 66.6); a su vez, “este derecho está consagrado en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es esencial de las sociedades democráticas”

(Vélez Moreira, A. S., y Vilela Cedeño, J. P., 2023, p.30). En Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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este sentido, cualquier individuo, independientemente de su profesión, tiene derecho a expresarse libremente, ya sea en el ámbito privado o público.

El Estado tiene la obligación de implementar todas las medidas necesarias para asegurar que el derecho a la libertad de opinión y expresión se ejerza de manera plena y efectiva, en todas sus manifestaciones; cualquier restricción no debe darse por motivos arbitrarios o de 507

forma injustificada (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, art.19). La jurisprudencia interamericana establece que:

Cuando hay limitaciones a la libertad de expresión para proteger el derecho ajeno, es necesario que el derecho se encuentre evidencialmente lesionado o amenazado, por lo cual se debe demostrar a la autoridad que impone la limitación.

Si no hay una lesión clara a un derecho ajeno, las responsabilidades ulteriores4 resultan innecesarias (Comisión Interamericana de Derechos Humanos

[CIDH], 2009, P.197).

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2000) establece lo siguiente.

4 La responsabilidad ulterior alude a las implicaciones legales que pueden surgir para ciudadanos o entidades después de la publicación o difusión de información, especialmente si esta vulnera derechos o incumple normas legales. La Convención Americana de Derechos Humanos (1978) establece de manera explícita la posibilidad de exigir responsabilidades posteriores en casos de un posible uso indebido de la libertad de expresión (art.

13.2). De acuerdo con la CIDH (2009), estas "restricciones deben estar fundamentadas en leyes que contemplen responsabilidades posteriores por acciones claramente definidas legalmente, y no mediante controles previos al ejercicio de la libertad de expresión" (párr. 92).

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La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.

Es también un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente, sin censura (Principio 1).

Y, afirma que: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales” (Principio 8).

Según Carreras y Vilajoana (2017), “la libertad de prensa implica una función social que va más allá del derecho individual, ya que está orientada a garantizar el acceso de la ciudadanía a una información veraz, plural y contrastada” (p.23). Además, conlleva una serie de obligaciones, como el respeto a la veracidad, la protección de las fuentes y la responsabilidad frente a la opinión pública. Esto diferencia a los periodistas y comunicadores sociales de otros ciudadanos, ya que su libertad está 508

vinculada a un deber ético y a una función democrática: la vigilancia del poder y la promoción del debate público informado.

Según Castro y Montero (2017) entre las restricciones más comunes se encuentran la prohibición de discursos que inciten al odio o a la violencia, la difusión de información difamatoria o injuriosa, la revelación de secretos de Estado o comerciales, y la incitación al delito (p.18). En este sentido, subrayan que el ejercicio de la libertad de expresión debe armonizar con el respeto a Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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los derechos de terceros, especialmente cuando se trata de proteger la honra, la intimidad o la integridad de las personas.

Esta visión es coherente con los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] (2009), que señalan que cualquier restricción a este derecho debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad5, y 509

estar orientada a la protección de un interés legítimo en una sociedad democrática. Estas limitaciones buscan equilibrar el ejercicio de la libertad de expresión con la protección de la dignidad humana y la seguridad colectiva.

Con este antecedente, a continuación, se establece quiénes son las personas trabajadoras de la comunicación y la protección que tienen en Ecuador.

Trabajadores de la Comunicación y su Protección

Las personas trabajadoras de la comunicación desempeñan un papel fundamental en la recopilación, tratamiento y difusión de la información al público. Este grupo está conformado por quienes:

Laboren en un medio de comunicación o de forma independiente y que se dediquen a la recopilación, tratamiento o difusión de la información al público, incluyendo: periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, personal de apoyo técnico, operativo y directivo y otros que sean determinados por el 5 Esto implica que la medida debe estar prevista por la ley (legalidad), debe ser indispensable para alcanzar un fin legítimo (necesidad), y debe ser adecuada y equilibrada en relación con el objetivo perseguido (proporcionalidad). Véase: Ernesto Rey Cantor, Principio de legalidad y derechos humanos: análisis desde la perspectiva del derecho constitucional procesal, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2002.

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Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico. (Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, 2023, Art. 5, núm. 7)

Para Pascumal (2023), son aquellos individuos que a través de “medios sociales o digitales, garantizan la dimensión social del derecho a la información. Esta categoría incluye no solo a periodistas, sino también a todos aquellos que buscan, reciben y difunden información, desempeñando un papel crucial en la sociedad” (p. 25).

El periodismo es una disciplina esencial para comprender el mundo que te rodea. Al buscar y difundir información verdadera, los periodistas ayudan a explicar los hechos más apropiados de nuestro tiempo, para promover la libertad de expresión y el acceso a los intereses generales.

Independientemente de la prensa en la prensa, los medios digitales, la radio, la televisión o las redes sociales, su trabajo afecta directamente la opinión pública y las decisiones individuales y colectivas.

(Kovach y Rosenstiel, 2002, p. 17)

510

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

[Corte IDH] (2021) establece que, los actos de violencia contra periodistas no solo vulneran la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que también afectan la dimensión colectiva de este derecho, al impedir que la sociedad reciba información veraz y oportuna.

En Ecuador, como parte de su protección de los derechos, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación [Consejo de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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Comunicación] (2022) tiene la responsabilidad de formular políticas públicas, planes y programas, especialmente cuando su integridad se ve comprometida por el ejercicio de su labor (p. 32).

La Dirección Técnica de Protección de los Derechos, adscrita a la Coordinación General de Promoción de Derechos, es la unidad operativa que se articula con el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo 511

Periodístico. Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de agresiones, el levantamiento de alertas, la elaboración de informes técnicos, el contacto con las posibles víctimas y la articulación interinstitucional para la implementación de medidas de protección; también, mantiene estadísticas actualizadas sobre los casos registrados, lo que ayuda a evaluar la evolución del fenómeno y fortalecer las estrategias de prevención (pp. 32–33).

Para su gestión, tienen un Protocolo (2022) que permite gestionar agresiones contra trabajadores y medios de comunicación. Las alertas pueden generarse por monitoreo y/o reportes ciudadanos, a través de canales oficiales como correo electrónico, ventanilla física o plataformas digitales; y, una vez recibida se caracteriza y coordina con las entidades estatales competentes para implementar medidas de protección y seguimiento; parte de dichas caracterizaciones es el hostigamiento judicial (2025); en los siguientes párrafos se brinda elementos para su entendimiento.

Hostigamiento Judicial

El término hostigar “proviene del latín « fustigare», que originalmente se refería a la acción de golpear con Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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un objeto para dispersar, reunir o mover algo” (Porto, J.P.

y Gardey, A. 2022). Según la Organización Mundial de la Salud (2024), se considera un abuso constante que busca someter y condicionar a una persona o comunidad; este comportamiento se manifiesta en diversas formas, como amenazas verbales o daño físico, y puede ocurrir en ámbitos educativos, laborales o religiosos (p.14); y, “causa un estado continuo de preocupación y puede ser considerado un delito según el marco jurídico” (Ferrera, sf, p.12).

En el caso de la normativa jurídica penal ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal [COIP] (2022) lo tipifica como:

La persona natural o jurídica que, por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico o digital, moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra, será sancionada con una pena privativa de la libertad de seis meses a un año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. (art. 154.2) 512

Puntualmente, según la Fundación para la Libertad de Prensa [FLIP] (2020), en su manual Ruta de defensa contra el acoso judicial, señala que el hostigamiento judicial refiere al uso indebido del sistema para intimidar, censurar o silenciar a individuos, especialmente defensores de derechos humanos y periodistas. “Este tipo de hostigamiento puede incluir acusaciones criminales, demandas civiles o procesos administrativos, y busca distraer tiempo, energía y recursos de las personas afectadas, impidiendo su labor en defensa de los derechos humanos” (2020).

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Específicamente, sobre el ejercicio periodístico existen casos que dan luces sobre el hostigamiento judicial y la prensa. Por mencionar un par, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], en el Caso Urrutia y otros vs. Ecuador (2021), determinó que se violó el derecho a la libertad de expresión de Emilio Palacio y de los directivos del diario «El Universo», al imponerles sanciones penales y civiles desproporcionadas por la publicación de un artículo 513

de opinión sobre hechos de interés público. Concluyó que estas sanciones no solo afectaron la libertad de expresión de los periodistas, sino que también tuvieron un efecto amedrentador sobre otros comunicadores, limitando el debate público y la crítica hacia las autoridades.

Por su parte, la Corte Constitucional [CCE]

(2019), en el caso La Hora vs Subsecretaría Nacional de la Administración Pública [SSNAP]6, sentenció que, los operadores de justicia deben realizar un análisis exhaustivo para determinar si una posible limitación a la libertad de expresión cumple con tres requisitos esenciales: que esté prevista en la ley, que persiga un fin legítimo y que sea idónea, necesaria y proporcional para alcanzar dicho objetivo. Enfatiza que la información de interés público goza de una protección especial bajo el derecho a la libertad de expresión; asimismo, destaca que el derecho a la rectificación 6 En el caso conocido como “La Hora”, la Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia No. 282-13-JP/19 (2019) Analizó una acción de protección presentada por funcionarios del Estado contra el diario La Hora, tras la publicación de un artículo crítico sobre el gasto en propaganda oficial. El caso abordó la tensión entre la libertad de expresión y el derecho a la honra de las instituciones públicas. La Corte concluyó que las entidades estatales no pueden ser titulares de derechos constitucionales como la honra, por lo que no procede una acción de protección en su nombre. Esta sentencia sentó un precedente importante sobre los límites del poder estatal frente a la prensa.

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o respuesta7 es un mecanismo efectivo para quienes se sientan afectados por información falsa, inexacta o agraviante.

Los procesos judiciales para atribuir responsabilidad jurídica solo deben iniciarse después de agotar estas vías, siempre y cuando las rectificaciones o respuestas resulten insuficientes.

Con base a lo dicho se mencionar que, el ejercicio del periodismo puede estar amenazado por mecanismos de censura encubierta como el hostigamiento judicial; por tanto, es importante pasar del análisis normativo a la comprensión empírica de esta problemática. No basta con reconocer los derechos en el papel: es necesario evidenciar cómo se vulneran en la práctica, quiénes son los más afectados y qué tan eficaces resultan los mecanismos de protección. Con este propósito, el presente artículo busca hacer un acercamiento a la complejidad del fenómeno desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y situada.

Metodología

Se seleccionaron 20 casos de hostigamiento judicial a partir de las alertas emitidas por el Consejo de Comunicación en 2024, priorizando aquellos que contaban con evidencia 514

documental, diversidad geográfica y representación de distintos tipos de agresores. Las técnicas de validación de datos se aplicó fuentes primarias (SATJE), alertas institucionales y revisión cruzada con jurisprudencia nacional e internacional. Para abordar la investigación se emplea una metodología mixta que combina enfoques cuantitativos y cualitativos. La recopilación de información se realizó 7 Ley Orgánica de Comunicación (2022) establece el derecho a la rectificación.

“Toda persona natural o jurídica que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes difundidas a través de un medio de comunicación social tiene derecho a que se difunda su rectificación o respuesta, en condiciones de equidad, proporcionalidad y oportunidad (Art. 23).

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a través del visor de alertar de agresiones a trabajadores de la comunicación del Consejo de Comunicación (2025) correspondientes al año 2024, a su vez, mediante consultas en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE, 2024)8, buscador de la función judicial para revisar procesos judicial, mismo que permitió acceder a información sobre procesos relacionados con hostigamiento judicial a trabajadores de la comunicación durante el año 2024.

515

La elección de un enfoque mixto responde a la complejidad inherente al fenómeno del hostigamiento judicial, el cual requiere tanto el análisis de datos cuantitativos para dimensionar su alcance como la interpretación cualitativa de los contextos jurídicos, sociales e institucionales en los que se desarrolla; esta combinación metodológica permite una aproximación integral y situada, articulando evidencia empírica con marcos normativos y doctrinarios. Según Bagur-Pons et al.

(2021), la metodología mixta “permite integrar las perspectivas cualitativa y cuantitativa de manera complementaria, incrementando la validez y profundidad del análisis cuando se estudian fenómenos sociales complejos” (p.14).

La investigación cualitativa y cuantitativa persiguen un mismo objetivo recopilación de datos para establecer una relación entre los elementos (Santander Open Academy, 2024). El enfoque cualitativo implica el uso de normativa, jurisprudencia nacional e internacional, conceptos; así también, relacionar con normativa comparada que ayudan a tener atención a la profundidad de los resultados en lugar de su generalización. Mientras que, según Sánchez (2019), en el 8 “El SATJE es una plataforma del Consejo de la Judicatura que permite la gestión electrónica de trámites judiciales, incluyendo la presentación de escritos, notificaciones electrónicas y consulta de procesos judiciales”(Consejo de la Judicatura, s.f.).

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enfoque cuantitativo “la generalización o universalización de los resultados de la investigación es importante” (p. 85).

La investigación se desarrolla a partir del total de alertas (Consejo de Comunicación, 2025), emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Dentro de este universo, se identificaron aquellas alertas clasificadas bajo la categoría de

“hostigamiento judicial” (2025), Este se configura “cuando se utilizan mecanismos legales, como demandas o denuncias, con el fin de intimidar, silenciar o desgastar a trabajadores de la comunicación, afectando su labor informativa y vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión” (2024).

A partir de esta tipología, se filtraron 20 casos.

Posteriormente, se realizó un contraste con el sistema judicial, revisando el estado procesal de los 20 casos en las plataformas públicas del sistema judicial ecuatoriano SATJE

(2024). Este cruce permitió verificar la existencia de procesos judiciales activos, archivados o concluidos; así como, identificar patrones comunes en los actores denunciantes, tipos de delitos imputados y jurisdicciones involucradas.

En la actividad indagatoria se hizo hincapié en 516

recaudar información, datos y normativa aplicable, sobre el hostigamiento a través de la justicia; así también, la revisión bibliográfica. Según Espinoza y Freire, (2020), la revisión de jurisprudencia y varios textos académicos, tanto nacional como internacional, facilita el sustento jurídico necesario que permita cumplir con los objetivos planteados en esta investigación.

Resultados

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las alertas registradas por el Consejo de Comunicación (2025), durante el año 2024, permiten identificar presuntos casos de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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hostigamiento judicial a trabajadores de la comunicación en Ecuador.

De las 20 alertas clasificadas inicialmente como alertas de casos de hostigamiento judicial, solo en 12 de ellas se identificó la existencia de una denuncia formal o acción legal, lo cual permite calificarlas como hostigamiento judicial propiamente dicho, ya que implican la activación del sistema de justicia frente al ejercicio periodístico.

517

La Figura 1 muestra data sobre la clasificación del total de los casos de las alertas levantadas por el Consejo de Comunicación durante el año 2024 relacionados con el hostigamiento judicial en contra de trabajadores de la comunicación.

Figura 1

Clasificación de casos de hostigamiento judicial según activación judicial Nota: Elaboración propia. Fuente: Consejo de la Judicatura SATJE (2025).

La figura 1 muestra que, del total de 20 alertas Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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registradas como presuntos casos de hostigamiento judicial a trabajadores de la comunicación en Ecuador durante 2024, 12

casos (60%) contaron con denuncia judicial formal presentada ante instancias penales, constitucionales o administrativas.

Por su parte, 8 casos (40%) no derivaron en la presentación de acciones legales, limitándose a amenazas u otras advertencias extrajudiciales.

Este hallazgo permite afirmar que, si bien todas las situaciones denunciadas constituyen formas de presión que afectan la libertad de expresión, solo el 60% del puede clasificarse estrictamente como hostigamiento judicial, dado que implica la activación de procedimientos legales frente al ejercicio periodístico que fueron usados como análisis de esta investigación. Este indicador también resulta relevante para diferenciar los episodios de hostigamiento judicial de otras formas de acoso o presión indirecta que no trascienden al ámbito judicial.

Figura 2

Distribución de agresores en casos de hostigamiento judicial 518

Nota: Elaboración propia. Fuente: Consejo de Comunicación (2025).

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Los datos reflejan que, con un 58% -equivalente a 7 alertas del total-, la ciudadanía figura como el principal grupo de agresores en los casos de hostigamiento judicial, seguida por agentes estatales con 5 casos -42%-. Esta distribución muestra una mayor frecuencia de acciones judiciales iniciadas por particulares dentro del universo analizado. Si bien no es posible establecer con certeza las causas de esta tendencia, sugiere la necesidad de 519

profundizar en investigaciones futuras que exploren los factores que motivan este tipo de denuncias y su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión.

No obstante, es importante señalar que las alertas no constituyen conclusiones definitivas, sino señales de atención que requieren seguimiento. La ciudadanía tiene el derecho legítimo de recurrir a los canales judiciales; por tanto, mientras no exista un fallo firme o evidencia concluyente, estos casos deben ser observados bajo el principio del debido proceso. En este contexto, el hecho de que algunas alertas registradas por el Consejo de Comunicación identifiquen a agentes estatales como posibles agresores en situaciones de hostigamiento judicial tal como se evidenció en el análisis de los 20 casos revisados justifica la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo institucional. Este monitoreo permitiría garantizar que el uso del sistema judicial no derive en prácticas que vulneren la libertad de expresión ni en represalias contra quienes ejercen funciones informativas.

Con base a las alertas, se contrastó la información procesal obtenida del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE (2024), lo que permitió verificar la naturaleza de los 20 procesos judiciales.

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Figura 3

Tipos de procesos judiciales iniciados contra trabajadores de la comunicación

Nota: Elaboración propia Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE (2024).

De los procesos judiciales registrados, 5 casos que representa 42% corresponde a procesos penales, con 5 casos que representa el 42% a causas constitucionales, y con 2

520

casos que equivale el 17% a procedimientos administrativos.

Este desglose evidencia que el mecanismo utilizado para ejercer presión judicial sobre periodistas en Ecuador es el derecho penal.

Este enfoque permite comprender que la judicialización de los comunicadores no debe analizarse únicamente desde la perspectiva legal, sino también desde sus implicaciones en el ejercicio de derechos fundamentales.

El nivel de intimidación que generan estos procesos y el grado de afectación a la libertad de prensa, la integridad personal y el derecho a informar son indicadores clave para evaluar el Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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impacto real de la acción judicial sobre el periodismo y la comunicación social.

Figura 4

Estado procesal de los casos de hostigamiento judicial 521

Nota: Elaboración propia. Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE (2024).

La figura evidencia que, 7 casos -58,3%- fueron archivados tras la etapa inicial o en fases intermedias, ya sea por falta de elementos probatorios, desistimiento del denunciante o demandante mediante la aplicación de criterios de oportunidad.

Por su parte, 3 casos -25%- se encontraban en trámite al momento del cierre de esta investigación, lo que refleja que persisten procesos activos que continúan generando presión e incertidumbre sobre los trabajadores de la comunicación afectados. Finalmente, 2 casos (16,7%) concluyeron con una sentencia; Sin embargo, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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resulta especialmente relevante el análisis de los dos casos que concluyeron con sentencia. Aunque el gráfico no detalla el contenido de dichas decisiones, los registros revisados indican que en ambos procesos se reconoció el carácter desproporcionado de las acciones judiciales. Esta desproporcionalidad se refiere a una respuesta legal excesiva frente a los hechos atribuidos a los comunicadores, lo cual constituye una forma de afectación directa a la libertad de expresión.

Las acciones judiciales se consideran desproporcionadas cuando el uso del aparato legal excede lo razonable en relación con el supuesto daño causado, especialmente en contextos donde el ejercicio del periodismo o la comunicación social está protegido por normas constitucionales y tratados internacionales. En estos casos, la judicialización no solo representa una carga legal injustificada, sino que también puede tener un efecto intimidatorio, inhibiendo el ejercicio libre del derecho a informar y opinar.

El reconocimiento judicial de esta desproporcionalidad confirma que, más allá de la legalidad formal del proceso, 522

se vulneraron principios fundamentales que garantizan el ejercicio de la libertad de expresión. En términos generales, estos datos permiten sostener que una parte importante de los procedimientos iniciados contra periodistas y comunicadores no alcanza una resolución de fondo que justifique la denuncia, lo que refuerza la hipótesis del uso instrumental del aparato judicial como forma de hostigamiento. Al mismo tiempo, la existencia de procesos activos y sentencias adversas genera un efecto inhibidor que impacta directamente en el ejercicio libre del periodismo.

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Figura 5

Acciones institucionales de protección activadas por el mecanismo de protección

523

Nota: Elaboración propia. Fuente: Consejo de Comunicación (2025).

El análisis de los 12 casos de hostigamiento judicial revela que el Mecanismo de Protección fue aplicado de manera integral, ejecutando todas las acciones principales de acompañamiento previstas en su protocolo. En todos los casos, se otorgó asesoría legal especializada, lo que garantiza que los trabajadores de la comunicación cuenten con el respaldo jurídico necesario para enfrentar los procesos judiciales. Esta cobertura del 100% evidencia un compromiso institucional por brindar orientación técnica adecuada ante situaciones que pueden comprometer el ejercicio profesional del periodismo.

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Asimismo, el seguimiento interinstitucional fue aplicado en la totalidad de los casos, lo que indica una articulación efectiva entre el Mecanismo de Protección y otras entidades públicas. Este tipo de coordinación es fundamental para asegurar una respuesta integral frente a las amenazas que enfrentan los comunicadores, permitiendo una vigilancia constante del desarrollo de los procesos judiciales y una posible intervención en caso de agravamiento del riesgo.

La uniformidad en la activación de estas medidas sugiere que, desde una perspectiva procedimental, el Mecanismo ha cumplido con su mandato de protección.

No obstante, es necesario profundizar en el análisis de la efectividad real de estas acciones. La implementación formal de las medidas no garantiza por sí sola la reducción del riesgo ni la contención del efecto inhibidor que puede generar el hostigamiento judicial. La percepción de seguridad de los comunicadores afectados y la garantía del ejercicio pleno de la libertad de expresión no pueden evaluarse únicamente desde una perspectiva normativa 524

o institucional. Es necesario considerar el impacto concreto de las acciones implementadas por el Mecanismo de Protección. En este sentido, el gráfico presentado muestra que dos componentes clave la asesoría legal y el seguimiento interinstitucional alcanzaron un nivel de implementación del 100%, lo que indica una cobertura total en los casos analizados.

Esta percepción se establece, por tanto, en función de la efectividad y presencia de estas intervenciones.

La asesoría legal proporciona a los comunicadoras para Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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enfrentar los procesos judiciales con mayor conocimiento y respaldo técnico, lo que reduce la sensación de vulnerabilidad frente al sistema judicial. Por su parte, el seguimiento interinstitucional permite articular respuestas entre distintas entidades del Estado, lo que refuerza la protección integral y genera confianza en la acción pública.

El hecho de que ambas acciones hayan sido aplicadas en todos los casos revisados sugiere que los comunicadores 525

no solo recibieron apoyo formal, sino que también experimentaron una mejora en su percepción de seguridad.

Esta percepción es fundamental para que puedan continuar ejerciendo su labor sin temor a represalias judiciales, lo cual constituye un indicador directo de la garantía de la libertad de expresión en contextos de hostigamiento legal.

Figura 6

Efectos identificados en los casos de hostigamiento judicial Nota: Elaboración propia. Fuente: Consejo de Comunicación (2025).

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La identificación de los efectos del hostigamiento judicial en los casos analizados se realizó mediante la revisión sistemática de los testimonios, registros institucionales y documentación de seguimiento del Mecanismo de Protección. Estos insumos permitieron categorizar las consecuencias más recurrentes que enfrentan los comunicadores afectados por procesos judiciales, reflejadas en el gráfico presentado.

El gráfico muestra tres efectos principales: intimidación -33,3%-, autocensura -25%- y afectación emocional -25%-. Estos porcentajes representan la frecuencia con la que cada efecto fue reportado o evidenciado en los casos estudiados. La intimidación aparece como el efecto más común, lo que indica que los procesos judiciales no solo buscan sancionar, sino que también generan un ambiente de presión que puede inhibir el ejercicio libre de la comunicación. La autocensura, por su parte, refleja una respuesta defensiva de los comunicadores, quienes optan por limitar sus contenidos o evitar ciertos temas para no exponerse a nuevas represalias legales.

526

Finalmente, la afectación emocional evidencia el impacto psicológico que estos procesos tienen sobre los individuos, afectando su bienestar y estabilidad personal.

Estos efectos fueron identificados a partir de patrones repetitivos en los relatos de los comunicadores, así como en los informes técnicos elaborados por el equipo del Mecanismo. La sistematización de esta información permitió establecer indicadores cualitativos y cuantitativos que sustentan el análisis del impacto del hostigamiento judicial en el ejercicio de la libertad de expresión.

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Discusión

En contraste con años anteriores, se observa un incremento en el uso del sistema judicial como mecanismo de presión, especialmente en el ámbito penal. Esta tendencia refleja una intensificación del hostigamiento judicial en 2024. Casos similares han sido documentados en países como México, Venezuela y Nicaragua, donde el uso abusivo del sistema judicial ha sido identificado como 527

una amenaza a la libertad de prensa. La comparación con estos contextos permite situar el caso ecuatoriano en una problemática regional y global. Del total de 20 alertas levantadas por el Consejo de Comunicación en 2024, se identificaron 12 casos que avanzaron hacia instancias judiciales, configurándose como posibles situaciones de hostigamiento judicial. Estos procesos fueron impulsados tanto por actores estatales como por ciudadanos, lo que evidencia que el uso del sistema judicial como mecanismo de presión no es exclusivo del poder público.

En contraste con años anteriores, los datos de 2024

reflejan un incremento en el uso del sistema judicial como mecanismo de presión contra periodistas en Ecuador, especialmente a través de procesos penales. Esta tendencia no es aislada: se inscribe en un patrón regional donde la judicialización se emplea como estrategia de censura encubierta y amedrentamiento. En México, la organización Artículo 19 ha documentado múltiples demandas por difamación y daño moral interpuestas contra periodistas que investigan corrupción y crimen organizado. Estos procesos suelen prolongarse por años y generan altos costos económicos, obligando en muchos casos a los Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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comunicadores a retractarse o abandonar la investigación.

Un ejemplo emblemático fue la demanda civil contra la periodista Lydia Cacho, quien enfrentó un proceso prolongado tras denunciar redes de explotación infantil, lo que generó un efecto inhibidor en otros reporteros de investigación.

En Venezuela, el hostigamiento judicial se combina con detenciones arbitrarias y procesos penales infundados.

El caso del portal Efecto Cocuyo es ilustrativo: en 2023

enfrentó demandas impulsadas por altos funcionarios estatales, acusándolos de difamación agravada por publicaciones de interés público. Aunque muchas de estas acciones no prosperan en instancias superiores, su sola tramitación genera autocensura y limita la labor informativa.

Por su parte, en Nicaragua, el uso del aparato judicial contra periodistas se ha intensificado desde 2018.

Reporteros de medios como La Prensa y Confidencial han sido sometidos a procesos penales bajo acusaciones de

“conspiración” y “propagación de noticias falsas”. Estas causas, acompañadas del cierre de medios y la confiscación 528

de bienes, configuran un patrón de persecución sistemática que busca desmantelar el periodismo independiente en el país.

Situar el caso ecuatoriano junto a estas experiencias muestra que, aunque los contextos varían, los efectos son similares: intimidación, autocensura y desgaste emocional de los trabajadores de la comunicación. En Ecuador, la vía penal es la más utilizada, lo que otorga a las denuncias un peso simbólico y coercitivo mayor, incluso cuando la mayoría concluye archivada. Este hallazgo se asemeja a lo Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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ocurrido en México, donde predominan las demandas civiles, y a lo observado en Venezuela y Nicaragua, donde el uso del derecho penal y administrativo se articula directamente con el poder político para silenciar a la prensa.

Asimismo, estos efectos, ya descritos en los resultados, revelan consecuencias psicológicas y profesionales profundas en casos comunes en la región.

La autocensura, en particular, representa una forma de 529

violencia simbólica que empobrece el debate público, limita la fiscalización del poder y debilita el derecho ciudadano a recibir información plural y veraz. Aunque en Ecuador el Mecanismo activó medidas de acompañamiento en todos los casos en todos los casos judicializados, la persistencia del hostigamiento judicial evidencia limitaciones en su efectividad real. La comparación con México, Venezuela y Nicaragua confirma que la protección de la prensa requiere no solo asistencia jurídica, sino también marcos legales contra demandas abusivas, capacitación a jueces y fiscales, y el reconocimiento del periodismo esencial para la democracia.

En suma, la experiencia regional permite ubicar el fenómeno en un marco más amplio y resaltar que, aunque Ecuador enfrenta particularidades propias, comparte con sus vecinos latinoamericanos un desafío común: evitar que los tribunales se conviertan en herramientas de represión y garantizar que actúen como garantes de derechos.

Los casos judicializados se tramitaron principalmente en la vía penal, aunque también se identificaron acciones constitucionales y administrativas. Un caso relevante en primera instancia fue el del periodista Lauro Rueda, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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de Supercable TV Cariamanga, quien enfrentó medidas cautelares impuestas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos tras emitir una opinión crítica en redes sociales sobre una funcionaria estatal. El 22 de julio de 2024, el juez Diego Quezada, de la Unidad Multicompetente del cantón Calvas, aceptó la acción de protección presentada por Rueda y dejó sin efecto dichas medidas (Fundamedios, 2024).

En contraste, el caso del periodista Jonathan Quezada muestra una trayectoria distinta. Quezada enfrentó múltiples procesos judiciales por sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en el sistema judicial de Guaranda. Uno de los jueces aludidos presentó una denuncia por contravención penal de cuarta clase, lo que derivó en una sentencia condenatoria de 15 días de prisión. “La Corte Constitucional del Ecuador declaró la prescripción de la pena impuesta al periodista Jonathan Quezada, reconociendo que el proceso judicial tuvo un efecto inhibidor sobre su ejercicio de la libertad de expresión” (Corte Constitucional del Ecuador, 2024, el proceso judicial tuvo un efecto inhibidor sobre su labor, evidenciando cómo la judicialización puede 530

convertirse en una herramienta de silenciamiento.

Pese a la existencia de precedentes relevantes en instancias superiores, como el caso Palacio Urrutia vs.

Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se determinó que las sanciones penales y civiles impuestas a periodistas por expresar opiniones sobre asuntos de interés público fueron desproporcionadas y tuvieron un efecto amedrentador sobre la prensa (Corte IDH, 2021), y el caso La Hora vs. Subsecretaría Nacional de la Administración Pública ante la Corte Constitucional del Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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Ecuador, donde se estableció que las entidades estatales no pueden ser titulares del derecho a la honra y que la información de interés público goza de protección reforzada (CCE, 2019), el hostigamiento judicial contra trabajadores de la comunicación continúa afectando directamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Estos fallos han establecido estándares claros sobre la protección del periodismo frente a sanciones desproporcionadas, pero su 531

aplicación práctica sigue siendo limitada.

Durante esta investigación los datos obtenidos muestran que los procesos judiciales se tramitaron principalmente por la vía penal y constitucional, siendo el derecho penal el más utilizado, lo cual resulta especialmente preocupante si se considera que este tipo de acciones conlleva una carga simbólica y coercitiva mayor. La apertura de causas penales contra periodistas, incluso cuando estas terminan archivadas, genera un efecto inhibidor que trasciende al caso individual y se proyecta sobre el conjunto del gremio, promoviendo la autocensura y debilitando el rol fiscalizador de la prensa. Este efecto se intensifica debido a la limitada formación jurídica que poseen muchos trabajadores de la comunicación. La ausencia de conocimientos técnicos sobre el funcionamiento del sistema judicial y los derechos que los amparan coloca a estos profesionales en una posición de desventaja frente a procesos legales complejos. En muchos casos, los comunicadores no cuentan con una defensa especializada ni con asesoría legal oportuna, lo que dificulta su capacidad para responder adecuadamente a las acusaciones o medidas judiciales en su contra.

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Esta situación no solo incrementa su vulnerabilidad ante el hostigamiento judicial, sino que también genera un entorno de inseguridad que puede derivar en autocensura, afectación emocional y debilitamiento del ejercicio profesional. La falta de herramientas jurídicas limita la posibilidad de ejercer una defensa efectiva, lo que a su vez refuerza el impacto intimidatorio de los procesos judiciales y obstaculiza el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

Los efectos del hostigamiento judicial identificados en los casos analizados demuestran que este tipo de agresión no se limita a consecuencias legales, sino que genera impactos profundos en la dimensión psicológica y profesional de los comunicadores. La intimidación se manifiesta como una forma de presión institucional, en la que el solo hecho de ser sometido a un proceso judicial se convierte en una herramienta de silenciamiento.

Esta situación genera temor y vulnerabilidad, afectando directamente la libertad de expresión.

La autocensura, por su parte, representa una respuesta defensiva ante el riesgo de nuevas represalias 532

legales. Los comunicadores, al sentirse expuestos, optan por restringir sus contenidos o evitar ciertos temas, lo que implica una renuncia involuntaria al ejercicio pleno del derecho a informar. Este efecto no solo limita la labor periodística, sino que empobrece el debate público y restringe el acceso ciudadano a información relevante.

Finalmente, la afectación emocional evidencia el impacto psicológico que estos procesos tienen sobre los comunicadores. El estrés, la ansiedad y el desgaste emocional que se derivan del hostigamiento judicial Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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comprometen su estabilidad personal y profesional, generando un entorno adverso para el ejercicio libre y seguro del periodismo. Estos efectos fueron identificados a través del análisis cualitativo de los testimonios y registros del Mecanismo de Protección, lo que permite comprender el alcance real de la judicialización como forma de violencia institucional.

Aunque el Mecanismo de Protección activó medidas 533

en todos los casos judicializados, incluyendo asesoría legal y seguimiento interinstitucional, persisten dudas sobre la efectividad real de estas acciones. Si bien la cobertura institucional representa un avance significativo en la protección de los trabajadores de la comunicación, la persistencia del hostigamiento judicial evidencia que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para transformar estructuralmente el entorno en el que se ejerce el periodismo. La existencia de acompañamiento legal y seguimiento interinstitucional demuestra voluntad institucional, pero no necesariamente garantiza que se hayan generado condiciones efectivas para prevenir el uso abusivo del sistema judicial como mecanismo de censura o intimidación.

Esta situación sugiere que las acciones implementadas, aunque necesarias, no han logrado incidir en los factores estructurales que permiten la judicialización injustificada de la labor comunicacional. La falta de sanciones contra quienes promueven procesos infundados, la debilidad en la aplicación de garantías constitucionales, y la escasa formación jurídica de los comunicadores siguen siendo elementos que perpetúan la vulnerabilidad del Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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sector. Por tanto, es indispensable que las políticas de protección evolucionen hacia enfoques más preventivos, con capacidad de incidir en el sistema judicial y en la cultura institucional que permite el uso de procesos legales como forma de represión. La existencia de precedentes judiciales relevantes, tanto a nivel nacional como internacional, que reconocen la desproporcionalidad de las sanciones impuestas a periodistas, no ha sido suficiente para revertir esta tendencia, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer la aplicación práctica de estos estándares y de promover una cultura jurídica que reconozca y proteja el rol social del periodismo.

Conclusiones

La investigación sobre el hostigamiento judicial a trabajadores de la comunicación en Ecuador durante el año 2024, desarrollada mediante un enfoque metodológico mixto, ha permitido evidenciar que esta práctica constituye una forma sistemática de vulneración al derecho fundamental de la libertad de expresión. El análisis de las 20 alertas emitidas por el Consejo de Comunicación 534

y la identificación de 12 casos que derivaron en procesos judiciales formales confirman que, en determinados contextos, el sistema judicial está siendo instrumentalizado como mecanismo de presión, censura y silenciamiento contra quienes ejercen funciones informativas. Esta utilización del aparato judicial, lejos de fortalecer el Estado de derecho, representa una amenaza directa al ejercicio periodístico y, por ende, al funcionamiento democrático del país.

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Los hallazgos empíricos revelan que el hostigamiento judicial no proviene exclusivamente de actores estatales, sino que también involucra a particulares, ampliando el espectro de riesgo para los comunicadores. Esta pluralidad de agresores demuestra que el periodismo crítico y fiscalizador se encuentra expuesto a represalias desde diversos frentes, generando un entorno de inseguridad jurídica y emocional. La prevalencia de procesos penales 535

y constitucionales, junto con la alta proporción de casos archivados, sugiere que muchas denuncias carecen de sustento jurídico sólido, lo que refuerza la hipótesis de que su finalidad no es la búsqueda de justicia, sino la inhibición del ejercicio libre de la comunicación.

En este contexto, se constata que el hostigamiento judicial produce efectos adversos que trascienden el ámbito legal. La intimidación, la autocensura y la afectación emocional identificadas en los casos analizados reflejan un impacto profundo y multifacético. La autocensura, en particular, constituye una forma de violencia simbólica que limita la libertad editorial y empobrece el debate público. La afectación emocional compromete la estabilidad personal de los comunicadores, generando un clima de temor y retraimiento profesional. Estos efectos no solo vulneran derechos individuales, sino que afectan el derecho colectivo de la ciudadanía a recibir información plural, veraz y oportuna.

A pesar de la existencia de mecanismos institucionales como el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, y de precedentes judiciales relevantes tanto a nivel nacional como Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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internacional —como los casos Palacio Urrutia vs.

Ecuador y Diario La Hora vs. Subsecretaría Nacional de la Administración Pública—, la protección efectiva de los trabajadores de la comunicación sigue siendo limitada. La escasa difusión de estos fallos, la falta de formación especializada entre operadores de justicia y la débil articulación interinstitucional contribuyen a la persistencia del hostigamiento judicial como forma de censura encubierta. Esta brecha entre el marco normativo y su aplicación práctica evidencia la necesidad urgente de reformas estructurales que fortalezcan la protección del ejercicio periodístico y garanticen una respuesta institucional eficaz frente a las agresiones judiciales.

En consecuencia, se concluye que el Estado ecuatoriano debe asumir un rol activo y comprometido en la defensa de la libertad de expresión, no solo mediante la formulación de políticas públicas, sino a través de la implementación de medidas concretas que prevengan el uso abusivo del sistema judicial contra periodistas.

Estas medidas deben incluir la creación de unidades 536

especializadas en la Fiscalía y el Poder Judicial para atender casos relacionados con libertad de prensa, la capacitación legal de los comunicadores, el fortalecimiento del Mecanismo de Protección con recursos técnicos y humanos suficientes, y la promoción de una cultura institucional que reconozca el valor del periodismo como garante de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Finalmente, se reafirma que la defensa de la libertad de expresión no puede depender únicamente de la Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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resiliencia individual de los periodistas, sino que requiere un compromiso firme, articulado y sostenido por parte del Estado, las instituciones judiciales y la sociedad en su conjunto. Solo mediante la construcción de un entorno jurídico, político y social que respete y proteja el ejercicio periodístico será posible garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada, fortalecer la democracia y consolidar un sistema de justicia que actúe como garante de 537

derechos, y no como instrumento de represión.

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