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Protección Estatal para los Trabajadores de la Comunicación en Relación con las Protestas Sociales en Ecuador 2022

State Protection for Communication Workers in Relation to

Social Protests in Ecuador 2022

Micaela Torres-Estupiñán1

Graduada de Abogada

Universidad Indoamérica

micaelatorres.07.02@gmail.com

543

Lenin Petronio Ruales-Saltos2

Universidad Indoamérica

lruales2@indoamerica.edu.ec

Resumen

En este trabajo se recopiló documentación histórica de las alertas reportadas en Ecuador en el contexto de las protestas sociales de junio de 2022. Se realizó una clasificación y un análisis estadístico descriptivo para categorizar la información de las 381 alertas registradas por el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación [Consejo de Comunicación], de las cuales 346 corresponden al contexto de protesta social. Se evaluó el marco normativo tanto a nivel local como internacional para identificar cuál era el estado de los cuerpos legales 1 Graduada de Abogada por la Universidad Indoamérica, con formación académica y experiencia práctica en atención a usuarios, gestión y seguimiento de procesos judiciales, capacitación en derechos humanos, cumplimiento tributario y patronal, así como en docencia de derecho mediante simulaciones de audiencias. Ha colaborado en instituciones públicas y privadas, desarrollando competencias en asesoría jurídica, organización de expedientes, elaboración de informes y capacitación.

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-0936-2597.

2 Doctor en Jurisprudencia y Abogado por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Gobernanza y Derechos Humanos; actualmente docente a tiempo completo en la Universidad Indoamérica. ORCID: 0000-https://orcid.org/0002-9545-3656.

https://orcid.org/0000-0002-9545-3656

Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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del país en junio de 2022 versus otros países de la región.

Finalmente, se hicieron pruebas estadísticas no paramétricas de chi-cuadrado para determinar si existe relación entre las agresiones reportadas y el sexo de los agredidos, la provincia donde se reportaron las alertas y conocer si existe una relación entre el tipo de agresor y el tipo de agresión.

Con este trabajo se pretende trazar una línea base que permita a futuro proponer normativas eficientes, específicas, útiles y aplicables para proteger a los trabajadores de la comunicación durante su trabajo en ambientes de alto riesgo como las protestas sociales, y con ello garantizar el goce pleno de sus derechos.

Palabras clave: protección a los trabajadores de comunicación, protestas sociales, libertad de expresión, alertas de agresiones, trabajadores de la comunicación.

Abstract

This paper presents a compilation of historical records of alerts reported in Ecuador in the context of the social protests of June 2022. A classification and descriptive statistical analysis were conducted to categorize the 544

information from the 381 alerts documented by the Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, of which 346 correspond to the context of social protest. The regulatory framework was assessed at both the national and international levels to identify the status of the country’s legal bodies in June 2022 in comparison with other countries in the region. Finally, nonparametric chi-square statistical tests were applied to determine whether there is a relationship between the reported aggressions and the sex of the victims, Revista Enfoques de la Comunicación Noviembre 2025

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the province where the alerts were reported, and to determine whether there is an association between the type of aggressor and the type of attack. This work aims to establish a baseline that will enable the future development of efficient, specific, useful, and applicable regulations to protect media workers in high-risk environments such as social protests, thereby ensuring the full exercise of their rights.

545

Keywords: protection of media workers, social protests, freedom of expression, alerts on aggressions, communication professionals.

Introducción

En el presente trabajo se busca recopilar, tratar y analizar la información histórica documental referente a las alertas reportadas en Ecuador en contexto de las protestas sociales de junio de 2022. Esto se llevó a cabo a través de categorizar la información en tipos de agresión, tipos de agresores, provincias donde se reportaron las alertas y sexo del agredido. Adicionalmente, mediante un análisis estadístico descriptivo y correlacional, se identificó la existencia o no de la relación entre las distintas variables categóricas, con lo cual se pueda establecer una línea base para considerar futuras propuestas de ley.

Así mismo, se pretende realizar una evaluación normativa tanto de las leyes nacionales como de las internacionales referentes a la protección de los trabajadores de la comunicación social a nivel nacional y regional.

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Es importante mencionar que el derecho a la libertad de expresión representa una de las libertades más básicas como la posibilidad de poder pensar y compartir opiniones.

Este derecho constituye una condición fundamental para una verdadera democracia, pues ningún sistema democrático puede consolidarse sin la participación efectiva y eficiente de la ciudadanía en una sociedad libre. La labor de los trabajadores de la comunicación y el acceso a la información permiten a las personas estar informadas sobre la sociedad en la que cual conviven. Por este motivo, la libertad de expresión es necesaria para ejercer otros derechos humanos, tales como la libertad de asociación, de pensamiento y de participación en temas de interés público (Center for International Media Assistance [CIMA], 2017, p. 6).

En este sentido, los trabajadores de la comunicación tienen un rol fundamental debido a que informan y dan a conocer los acontecimientos de interés público sobre la realidad nacional y regional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

[UNESCO] (2020) ha capacitado a las fuerzas de seguridad y 546

al poder judicial en legislaciones internacionales pertinentes a la libertad de expresión, con la finalidad de que los trabajadores de la comunicación puedan desempeñar su trabajo periodístico de manera segura sin temor a la persecución (p. 4).

Por su parte, la protesta social constituye una forma legítima de acción, ya sea de manera individual o colectiva mediante, la cual las personas pueden expresar su desacuerdo a través de denuncias, demandas o afirmaciones frente a los hechos que consideran lesivos o injustos. Pueden Revista Enfoques de la Comunicación Noviembre 2025

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manifestar estas expresiones por medio de opiniones políticas, sociales o culturales, mediante la crítica a las decisiones gubernamentales, a situaciones excluyentes o la exigencia del cumplimiento de los derechos. La protesta se encuentra estrechamente vinculada con los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, que se establece como un medio por el cual los ciudadanos se organizan de manera temporal en espacios públicos o privados con 547

el objetivo de hacer visibles sus ideologías (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión [RELE], 2019, p. 14).

Dichas acciones cumplen un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, al ser utilizadas con frecuencia como respuesta ante la violencia, los conflictos de realidad nacional u otras vulneraciones. En muchos casos las protestas sociales son relevantes debido a que han aportado al avance del reconocimiento y la garantía de los derechos tanto a nivel local como en el derecho internacional de los derechos humanos (2019, p. 14).

Normativa Internacional

En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH (2000, p. 2), principio número 1, se establece que la libertad de expresión en todas sus manifestaciones y formas corresponde a un derecho fundamental, inherente e inalienable a todas las personas y, a su vez, se destaca que es fundamental para una sociedad democrática.

La Corte IDH (1985), en su Opinión Consultiva OC-5/85, reconoce al periodismo como una expresión fundamental y prioritaria del derecho a la libertad de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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expresión, por tal motivo, no debe tener limitaciones al ser considerado simplemente un servicio al público. En concordancia con esta visión, Frank La Rue, relator Especial de las Naciones Unidas afirma que el periodismo es una profesión esencial para cualquier sociedad, porque permite a las personas acceder a la información necesaria para que puedan construir sus ideas, opiniones y conclusiones de una manera libre, autónoma y voluntaria (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2012).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1966) establece la obligación de los Estados miembros a garantizar la protección a los periodistas, incluidos a aquellos que cubren protestas sociales. Los Estados tienen el deber de investigar y sancionar cualquier vulneración de derechos que ocurra en una manifestación pública, incluyendo, aquellos relacionados con las agresiones contra la prensa.

En el mismo Pacto, reconoce el derecho a la libertad de expresión, que integra la facultad de que toda 548

persona pueda buscar, recibir y difundir información e ideas sin limitaciones de fronteras, ya sea de forma escrita, oral, impresa, artística o por cualquier otro medio de su preferencia (art. 19.2). Además, el Pacto establece el derecho a la reunión pacífica, instaurando que su ejercicio solo podrá contener restricciones legalmente expresas y que sean necesarias dentro de una sociedad democrática para la seguridad pública, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de los demás (art. 21).

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De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), en su artículo 19, estipula que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Por tal razón, no debe ser perjudicado como consecuencia de sus opiniones, ya que tiene el derecho de investigar, recibir y difundir sin ninguna limitación de fronteras.

Por su parte, la Convención Americana sobre 549

Derechos Humanos «Pacto de San José» (Organización de los Estados Americanos [OEA], 1978), en su artículo 13, destaca que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo cual incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda materia, sin fronteras y por cualquier medio, ya sea de manera oral, escrita, impresa, artística o cualquier otro de su preferencia.

Este derecho no puede estar sujeto en ninguna ocasión a una censura previa, únicamente a responsabilidades consecutivas que están expresamente establecidas en la ley y deben ser requeridas para así garantizar el respeto a los derechos, o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. De igual modo, está prohibido limitar la libertad de expresión a través de métodos indirectos, tales como el uso excesivo o arbitrario de mecanismos de control sobre insumos o herramientas utilizadas para comunicar o transmitir información.

Normativa Regional

Colombia

En 2000, Colombia dio un paso pionero en reconocer formalmente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de la comunicación Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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en situaciones de riesgo como las protestas sociales. El Ministerio del Interior, como parte de una respuesta, a través de su Dirección de Derechos Humanos, instituyó el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, con la finalidad de brindar una asistencia concreta a este grupo ante amenazas o agresiones sufridas originadas en su ejercicio periodístico (OEA, s/f.).

México

El 25 de junio de 2012, México promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2012), en la cual se establece una normativa específica destinada a proteger a las personas que ejercen el periodismo, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como las manifestaciones sociales.

En este marco legal se contemplan acciones preventivas orientadas a disminuir los riesgos que ocasionan los ataques o actos de intimidación contra comunicadores y defensores de derechos humanos, además, se establecen garantías estructurales para evitar su repetición. La Ley considera como periodistas a todas las personas o 550

entidades que se dediquen a generar y difundir información, independientemente del formato o medio empleado, ya sea escrito, audiovisual, digital o auditivo.

En la misma Ley, en su artículo 24, se establece que las agresiones son aquellas conductas, que, por acción u omisión, perjudiquen la integridad física, psicológica, moral o económica del comunicador, así como a su núcleo familiar. A su vez, en su artículo 30 menciona que las medidas desarrolladas para proteger a los periodistas tienen el deber de cumplir con criterios de eficacia, temporalidad Revista Enfoques de la Comunicación Noviembre 2025

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y pertinencia, restringiéndose a estándares internacionales y evitando cualquier forma de impertinencia en sus actividades personales o profesionales.

Honduras

El Decreto No 34-2015 (2015), promulgado el 15

de mayo de 2015 por el Congreso Nacional de Honduras, establece la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 551

Operadores de Justicia. En dicha norma se reconoce, en su artículo 1, el derecho de los periodistas y comunicadores a la libertad de expresión y a defender los derechos humanos.

El objetivo de esta Ley es garantizar, reconocer, proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas que, por su trabajo, se encuentran en situación de riesgo, esto incluye a los trabajadores de la comunicación.

Jurisprudencia Regional

Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia Uno de los antecedentes más relevantes en el Sistema Interamericano sobre la protección a trabajadores de la comunicación en contextos de protesta social es el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, resuelto por la Corte IDH (2012). En este caso el periodista fue agredido por miembros del Ejército Nacional mientras cubría una protesta en la cual se registró abusos por parte de la fuerza pública. Consecutivamente, sufrió amenazas y actos de hostigamiento que dieron como resultado su exilio. El periodista no contó con el apoyo del Estado, que no garantizó su seguridad ni investigó efectivamente los hechos.

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La Corte IDH concluyó que el Estado de Colombia violó el derecho a la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, así como las garantías y la protección judicial del periodista y de su familia. Reiteró que los periodistas que cubren manifestaciones y hechos de interés público tienen que recibir una protección reforzada, esencialmente frente a acciones estatales que buscan impedir y silenciar su labor. En este caso se evidenció la responsabilidad internacional de los Estados cuando no adoptan medidas efectivas ni eficientes para proteger a quienes informan desde escenarios de protesta. De este modo, la Corte IDH instauró un estándar clave, puesto que el trabajo periodístico es esencial para la democracia y su ejercicio libre debe ser garantizado incluso en situaciones de tensión social o conflicto.

Según lo establecido por la Corte IDH en el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, el ejercicio de la labor periodística solo puede darse en condiciones en las que exista libertad, pues quienes lo desarrollan deben estar libres de amenazas, agresiones o cualquier manera de 552

hostigamiento, ya sea físico, psicológico o moral.

Normativa Nacional

En el primer artículo de la Constitución de la República del Ecuador (2008) se establece lo siguiente:

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El cual se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (art. 1).

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En la misma Constitución, señala que uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano es “[…]

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la carta magna y en los instrumentos internacionales” (art. 3, núm. 1).

Adicionalmente, se reconoce que el derecho de la libertad forma parte del derecho a la integridad personal.

Igualmente, se garantiza el derecho a vivir sin violencia tanto 553

en espacios públicos como privados, y, a su vez prohíbe expresamente la tortura, la desaparición forzada, así como los tratos o castigos que sean crueles, inhumanos o indignos (art. 66, núm. 3).

La Constitución (2008) instituye que todas las personas ya sea de forma individual o colectiva tienen el derecho a recibir, intercambiar, producir, difundir o buscar información verdadera que sea verificada, contextualizada y oportuna sin que contenga censura previa. En el artículo 66, numeral 6, garantiza el derecho a poder expresar el pensamiento de manera libre en todas sus formas y manifestaciones. A su vez, el artículo 393 establece que…

[…] el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. (art. 18, núm. 1) En la Ley Orgánica de Comunicación [LOC] (2013) se determinan directrices en relación con la protección de los trabajadores de la comunicación. De tal manera, en el artículo 42.1., se dispone que tanto el Estado como los medios Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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de comunicación tienen la responsabilidad y obligación de proteger a los trabajadores de la comunicación que, por su trabajo, su vida se encuentre en riesgo. De forma complementaria, en el artículo 44, literal a, de esta ley se reconoce derechos laborales determinados para este sector.

En este artículo se destaca el derecho a la protección pública en el ejercicio de sus funciones o en caso de amenazas que se encuentren relacionadas con su labor informativa.

En el artículo 47, la LOC menciona que el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación

[Consejo de Comunicación] constituye una entidad colegiada que posee personalidad jurídica, así también como autonomía en sus funciones, gestión financiera y administración. Las decisiones emitidas por esta institución son de carácter vinculante y deben ser obedecidas obligatoriamente.

El Consejo de Comunicación (2022) es el ente estatal encargado de plantear y elaborar políticas públicas que estén dirigidas a proteger a los trabajadores de la comunicación cuando se encuentren en situaciones de 554

riesgo. Entre sus atribuciones y facultades cuentan la coordinación de acciones con otras instituciones del Estado y la ejecución del Sistema de Protección a Periodistas, mediante la Dirección Técnica de Protección de los Derechos. Dicha dirección ejecuta actividades relevantes como la elaboración de alertas, el monitoreo de agresiones, la canalización de información hacia entidades competentes y el seguimiento de los casos para así garantizar medidas de protección y de justicia (p. 33).

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A partir del Decreto No 850 (2023), es la primera vez en el Ecuador que se estableció una definición legal y concreta sobre quiénes son considerados trabajadores de la comunicación:

[...] Son aquellas que laboren en un medio de comunicación o de forma independiente y que se dediquen a la recopilación, tratamiento o difusión de la información al público, incluyendo: periodistas, 555

reporteros, camarógrafos, fotógrafos, personal de apoyo técnico operativo y directivo y otros que sean determinados por el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodísticos. (art. 5, núm. 7) En Ecuador existe el Protocolo de Actuación ante Agresiones a Personas Trabajadoras de la Comunicación es una herramienta de guía y apoyo para el Consejo de Comunicación. Constituye una respuesta estatal que tiene por objetivo proteger y garantizar el ejercicio libre, seguro y digno del periodismo en el país, principalmente en contextos de protesta, procesos electorales o en emergencias sanitarias (Consejo de Comunicación, 2022, p. 32).

El mismo protocolo adopta los parámetros descritos en el marco constitucional e internacional de derechos humanos con técnicas de prevención, monitoreo, atención y reparación frente a los ataques que reciben los trabajadores que ejercen labores informativas. Además, organiza una serie de procedimientos para receptar alertas, caracterizar las agresiones, direccionar la información a entidades competentes, dar seguimiento a los casos y activar la Mesa Técnica de Evaluación (Consejo de Comunicación, 2022, pp.

32–33).

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En el protocolo se establece a la «alerta» como un mecanismo técnico para identificar, documentar y responder de forma inmediata a las situaciones de riesgo o las agresiones que afecten a los trabajadores de la comunicación. Su propósito es activar medidas de protección institucional y así prevenir futuras vulneraciones.

La Dirección Técnica de Protección de los Derechos del Consejo de Comunicación (2022) es la encargada de gestionar dichas alertas a través de la recolección de datos, la determinación del hecho, la categorización del riesgo y la derivación del caso a las autoridades competentes. Al mismo tiempo su función es de respuesta, las alertas permiten generar información relevante para diseñar políticas públicas de protección debido a que visibilizan patrones de violencia y, a su vez, zonas de alta conflictividad (pp. 37–46).

Los mecanismos de protección establecidos en el protocolo tienen por objetivo garantizar la seguridad física, profesional y psicológica de estos profesionales en contextos de riesgo. Los mecanismos contienen medidas 556

preventivas, de atención urgente y de seguimiento, que pueden ser activadas de una alerta formal. Adicionalmente, cuentan con la coordinación interinstitucional con entidades como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Gobierno.

Para reducir los riesgos, se incluye la emisión de recomendaciones específicas y la activación de una Mesa Técnica que evalúa cada caso. La finalidad de estos mecanismos también es evitar la repetición de actos violentos y, a través del fortalecimiento de rutas de justicia y Revista Enfoques de la Comunicación Noviembre 2025

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reparación, combatir la impunidad de los hechos que vulneren la labor de los trabajadores de la comunicación (Consejo de Comunicación, 2022, pp. 33–45).

Antecedentes de la Protesta Social de Junio 2022 en Ecuador

La protesta social que sucedió en junio de 2022 en Ecuador fue producto de varios diálogos fallidos entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Las reuniones entre ambos actores fueron llevadas a cabo en octubre y 557

noviembre de 2021, de las cuales no se obtuvo resultados concretos conforme lo señaló el movimiento indígena (Chávez y Madrid-Tamayo, 2023).

Ante una crisis socioeconómica grave, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE] y otras organizaciones convocaron a un paro nacional para el 13 de junio de ese año. En esta protesta solicitaban la reducción del precio del combustible, el control de precios de los productos básicos y una mayor inversión en salud y educación.

Esta convocatoria se realizó con el amparo de los derechos constitucionales a la protesta, a la libre asociación y a la libertad de expresión (Chávez y Madrid-Tamayo, 2023).

El Estado de manera anticipada había empezado una campaña para deslegitimar la movilización, en un entorno marcado por políticas consideradas neoliberales, el aumento del costo de vida y un sistema estatal debilitado, lo que propició el escenario para la mayor ola de protestas en la historia democrática reciente del país (Chávez y Madrid-Tamayo, 2022).

Este paro tuvo como antecedentes un descontento social y económico acumulado, que se vinculaba a las políticas gubernamentales previas sobre servicios y combustibles, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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y a los diálogos pendientes desde 2019. En la siguiente administración fallaron los intentos de diálogo con el movimiento indígena y permanecieron las dificultades económicas pospandemia que afectaron a diversos sectores endeudados (INREDH, s.f.).

Según el INREDH Mientras el enfoque gubernamental se centraba en la macroeconomía, las organizaciones indígenas presentaron demandas sobre combustibles, deudas, economía y derechos que, según el informe, no fueron atendidas, lo que llevó a la convocatoria del paro indefinido, liderado por CONAIE, FENOCIN y FEINE, al que se sumaron otros grupos sociales.

Agresiones Sufridas durante la Protesta Cualquier ataque contra un o una periodista no solo vulnera su derecho a la vida o a la integridad física, sino que afecta directamente su derecho a difundir información, así como también violenta el derecho de toda la sociedad a buscarla y recibirla. Este tipo de agresión constituye una amenaza a los principios de transparencia y rendición de cuentas, y limita el derecho a participar en debates públicos, 558

que son pilares fundamentales en una democracia (CIMA et al., 2017, 12). Este tipo de agresiones tienen un triple efecto, porque además de los ya mencionados, conduce al silenciamiento y a la autocensura entre quienes ejercen la labor de comunicar, es decir, tiene un efecto intimidatorio (CIMA et al., 2017, 12).

Las agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación se clasifican en dos categorías principales: agresiones verbales y agresiones contra la vida e integridad física. A continuación, se define cada una de ellas conforme al marco normativo vigente. Según el Decreto No 850 (2023): Revista Enfoques de la Comunicación Noviembre 2025

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1.

Agresiones verbales: se establece que las agresiones verbales comprenden “todo discurso estigmatizante, acoso, asedio, hostigamiento e intimidación contra trabajadores periodísticos”

(art. 28, núm. 1).

2.

Agresiones contra la vida e integridad física: Comprenden aquellas conductas tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, que atentan 559

contra la seguridad personal y el bienestar físico de los trabajadores de la comunicación en el ejercicio de su labor (art. 28, núm. 2).

En el Protocolo de Actuación ante Agresiones a Trabajadores de la Comunicación (Consejo de Comunicación, 2022) se define a la amenaza como las intimidaciones dirigidas a los trabajadores de la comunicación, su familia o medios de comunicación con la finalidad de impedir la publicación de los contenidos periodísticos, o por haber publicado dicho material informativo.

En el mismo protocolo se define que la obstrucción del trabajo periodístico es impedir la cobertura de los hechos del público, entre ellos se encuentra el imposibilitar el debido ingreso a lugares públicos, bloquear el funcionamiento de los equipos de los trabajadores, negar acreditaciones sin ninguna razón fundada para cubrir un evento de interés público, y por último establece que la agresión verbal puede ser por un mensaje o por una declaración orientada a descalificar, vulnerar o perjudicar a un/a trabajador de la comunicación debido a sus tareas periodísticas.

Al incorporar teorías actuales permite analizar el estudio de la violencia ejercida contra los trabajadores de la Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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comunicación en contextos de protestas sociales. Estas teorías abordan cómo se crean y transmiten los riesgos, cómo se definen las esferas públicas en entornos digitales y cómo los medios organizan el diálogo social en relación con el conflicto.

Zeynep Tufekci (2017), socióloga y experta en tecnologías digitales y movimientos sociales, examina primero la manera en que las plataformas digitales transforman el ámbito público en situaciones de protesta. Si bien posibilitan una rápida movilización, también permiten nuevos métodos de opresión a través de vigilancia y difusión de información engañosa (Tufekci, 2017, p. 102). En Ecuador, donde los ataques a periodistas pueden multiplicarse simbólicamente mediante las redes sociales, esta perspectiva es particularmente relevante.

Karin Wahl-Jorgensen (2018), quien es doctora en comunicación y periodismo, así como experta en estudios de medios, ofrece una perspectiva acerca de la emocionalidad presente en el cubrimiento de protestas, particularmente sobre la manera en que los medios construyen discursivamente la ira y otras emociones políticas, lo cual 560

contribuye a intensificar las visiones de riesgo y polarización (Wahl-Jorgensen, 2018, p. 5).

Por último, la filósofa y teórica feminista de la política Nancy Fraser (1992) pone en duda que exista una única esfera pública democrática. Según Fraser (1992, pp. 122-123), la democracia auténtica depende de varios “subesférases contraculturales” que posibilitan que colectivos marginados, como los periodistas, desarrollen contra-discursos significativos. Esta visión es valiosa para comprender cómo los trabajadores de la comunicación pueden ser excluidos Revista Enfoques de la Comunicación Noviembre 2025

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del discurso dominante en contextos de protesta, lo cual intensifica su vulnerabilidad simbólica.

Metodología

En este trabajo de investigación se analizó la protección legal existente a los trabajadores de la comunicación otorgada por el Estado ecuatoriano en las protestas sociales de junio de 2022 en Ecuador, a través de la evaluación cuantitativa y cualitativa de las alertas 561

generadas por el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

Para ello se hizo uso de la estadística analítica y descriptiva a fin de identificar tendencias generales, variabilidad de la información, e interpretar mejor los datos obtenidos. Adicionalmente, se utilizó la prueba estadística chi-cuadrado, que es una prueba para identificar si existe un vínculo significativo entre variables categóricas. Dicha prueba viene dada de acuerdo con la siguiente formula: Donde:

: es el valor que se va a calcular

: es la sumatoria de los valores O: son los valores observados

E: son los valores esperados

(1): Fórmula del estadístico chi-cuadrado En cuanto al análisis cualitativo, se recolectó la data histórica referente a la protesta social de junio de 2022 en Ecuador.

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Resultados

Se analizaron las 381 alertas levantadas por el Consejo de Comunicación que se registraron en junio del 2022, de ellas 346 pertenecen al contexto de la protesta social que tuvo lugar en el mes indicado anteriormente. La diferencia radica en que las demás alertas no estaban relacionadas con la protesta social, sino que estaban vinculadas a asuntos políticos y agresiones que quedan fuera del alcance de este estudio (Figura 1).

Figura 1

Distribución de la data recibida 562

Nota: Elaboración propia con base en las alertas del Consejo de Comunicación de junio de 2022.

Las 346 alertas estudiadas se categorizaron de acuerdo con las cuatro variables categóricas que elaboró el Consejo de Comunicación.

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Estas son:

●

Tipo de agresión, con 11 clases

●

Tipo de agresor, con 4 clases

●

Sexo del trabajador de la comunicación agredido, con 3 clases

●

Provincias donde se reportaron las alertas, con 14 clases

A continuación, se presenta la distribución de la 563

información que corresponde a cada variable categórica.

Tipo de agresión. Dentro de esta variable categórica, el 85% de agresiones corresponde a cuatro clases, la agresión verbal representa el 23%, seguida por amenazas con un 22% del total de las agresiones. La distribución porcentual consta en la Figura 2.

Figura 2

Distribución de tipos de agresiones Nota: Elaboración propia con base en con base en las alertas del Consejo de Comunicación de junio de 2022.

Tipo de agresor. Esta variable categórica exalta como principal agresor a la ciudadanía, esto se debe a que aproximadamente 3 de cada 4 agresiones fueron realizadas por parte de este agresor (Figura 3).

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Figura 3

Distribución del tipo de agresor

Nota: Elaboración propia con base en con base en las alertas del Consejo de Comunicación de junio de 2022.

Sexo del trabajador de la comunicación agredido.

Dentro de esta variable categórica, el 66% de agresiones fueron hacia el hombre, seguido por un 21% de agresiones contra la mujer (Figura 4).

Figura 4

Distribución del tipo de agresor 564

Nota: No aplica corresponde a los medios de comunicación.

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Elaboración propia con base en con base en las alertas del Consejo de Comunicación de junio de 2022.

Provincias en donde se reportaron las alertas. En esta variable categórica se destaca a la provincia de Pichincha con el 53% del total de las agresiones (Figura 5).

Figura 5

Distribución de las provincias donde se reportaron las alertas 565

Nota: Elaboración propia con base en con base en las alertas del Consejo de Comunicación de junio de 2022.

Una vez realizada la estadística descriptiva, se procedió a correlacionar las variables categóricas, para identificar la existencia de relaciones entre el tipo de agresión, el sexo de quien recibe la afectación, quién provoca la agresión y el lugar donde se da la alerta. En este contexto, se aplicó la prueba estadística chi-cuadrado, que permite evaluar el grado de relación entre las variables, para esto, en la Tabla 1, se definió como hipótesis nula lo siguiente:

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Tabla 1

Hipótesis nula

Hipótesis

Ho

Existe independencia entre las variables categóricas.

No existe independencia entre las variables H1

categóricas, es decir existe relación entre variables.

Nota: Elaboración propia.

Al realizar los estudios de chi-cuadrado, se obtuvo los siguientes resultados.

Tabla 2

Relación del tipo de agresión y el sexo de quien recibe la agresión Alfa (confiabilidad de la prueba 95%) 0.05

Grados de libertad

20.00

Valor crítico

31.41

X2

194.20

Nota: Elaboración propia.

566

Como chi-cuadrado (X2) es mayor al valor crítico se rechaza Ho, por lo tanto, hay relación entre el sexo de quién recibe la agresión y el tipo de agresión (Tabla 2).

Tabla 3

Relación del tipo de agresión y el tipo de agresor Alfa (confiabilidad de la prueba 95%) 0.05

Grados de libertad

30.00

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Valor crítico

43.77

X2

328.47

Nota: Elaboración propia.

Como chi-cuadrado (X2) es mayor al valor crítico, se rechaza Ho, por lo tanto, existe relación entre el tipo de agresión y de quien realiza la agresión (Tabla 3).

567

Tabla 4

Relación del tipo de agresión y la provincia en la cual se dio la agresión

Alfa (confiabilidad de la prueba 95%) 0.05

Grados de libertad

130.00

Valor crítico

157.61

X2

263.45

Nota: Elaboración propia.

Como chi-cuadrado (X2) es mayor al valor crítico, se rechaza Ho, por lo cual, existe relación entre el tipo de agresión y de la provincia en la que ocurrió la agresión (Tabla 4).

Análisis Comparativo

Al haber aplicado la prueba estadística chi-cuadrado para las categorías sexo del agredido vs. tipo de agresión, e identificar que existe un grado de relación en las alertas analizadas, se hizo un análisis cuantitativo y comparativo de las alertas. Como resultado se obtuvo los datos que se constan en la Figura 6.

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Figura 6

Tipo de agresión vs. sexo del agredido Agresión física

58

11

0

Agresión verbal

56

20

2

Amenaza

55

21

0

Obstrucción al trabajo periodístico 50

19

1

Abuso de poder estatal

11

1 1

Violación de la propiedad privada 5 01

Robo o eliminación de material

4

3 0

periodístico

Detención ilegal

4 1 1

Hombre

Mujer

Ciberataque

2 0

12

Atentado

2 1 1

No aplica*

Estigmatización 10 2

0

25

50

75

100

Nota: No aplica corresponde a los medios de comunicación.

Elaboración propia con base en con base en las alertas del Consejo de Comunicación de junio de 2022.

Una vez realizada la prueba estadística chi-cuadrado 568

para tipo de agresión vs. tipo de agresor, e identificar que existe un grado de relación entre las alertas analizadas, se hizo un análisis cuantitativo comparado de las alertas, con lo cual se obtiene la Figura 7.

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Figura 7

Tipo de agresión vs. tipo de agresor Estigmatización 1 2 0

Atentado

3 01

Ciudadano

Agente estatal

Desconocido

Fuerza pública

Detención ilegal 01

5

Violación a la propiedad privada 4 0 2

Robo o eliminación de material periodístico 2 0

5

0

Abuso del poder estatal 010

12

569

Ciberataque 10

13

0

Agresión física

49

0

7

13

Obstrucción al trabajo periodístico 63

2

4

1

Amenaza

67

1

8

0

Agresión verbal

66

1

8

3

0

25

50

75

100

Nota: Elaboración propia con base en con base en las alertas del Consejo de Comunicación de junio de 2022.

Discusión

En este trabajo se busca establecer una línea base para conocer cómo se distribuyeron las alertas de violencia que se generaron durante la protesta de junio 2022, y cuál fue el marco regulatorio nacional en ese momento. El fin es conocer de manera imparcial, y con base en datos oficiales, el comportamiento y la distribución de las alertas contra los trabajadores de la comunicación en Ecuador.

De acuerdo con lo señalado por Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (OEA, 2013, p. 1) los ataques contra periodistas que cubren manifestaciones vulneran tanto el aspecto individual de la libertad de expresión, pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información lo que genera un efecto de amedrentamiento, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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como en el aspecto social cuando se priva a la sociedad del derecho a conocer la información obtenida. En este sentido, las relatorías han señalado que, debido a la relevancia de la labor de los periodistas en estos contextos, el Estado debe garantizar el más alto grado de protección y crear condiciones que reduzcan el riesgo inherente a su labor.

Sobre la base de lo expuesto, se identificó que, durante las protestas sociales de junio de 2022 en Ecuador, los trabajadores de la comunicación fueron expuestos a múltiples formas de agresión que, para fines prácticos de este estudio, se clasificaron en 11 variables categóricas. A partir de estas, se aplicó pruebas de estadística descriptiva no paramétrica de chi-cuadrado y se obtuvo los siguientes resultados.

Al evaluar la relación entre el sexo del agredido y la agresión, por medio de la prueba chi- cuadrado, se identificó que si existe relación entre las variables detalladas. Es decir, si bien la cantidad de hombres que asiste a cubrir este tipo de eventos es mucho mayor, se debe destacar que este resultado se ve influenciado por la 570

cantidad de hombres que cubren estos eventos de protestas y situaciones de alto riesgo en América Latina.

No obstante, es imperativo resaltar que, aunque cuantitativamente las mujeres en Latinoamérica registran menos alertas, existen varios informes, como el The Chilling: Global Trends in Online Violence Against Women Journalists (Posetti et al., 2021, p. 14), que coinciden en que ellas enfrentan riesgos diferenciados como discriminación de género, hostigamiento sexual, intimidación en redes, etc.

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Asimismo, se identificó que existe una importante relación entre el tipo de agresión y el agresor. Las agresiones verbales y físicas provienen en su mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, al comparar dichas agresiones con las provenientes de la fuerza pública, se evidencia que, sin un marco regulatorio que defina el correcto proceder de los ciudadanos en estos escenarios, los ciudadanos causaron 7 veces más agresiones que las provenientes de la fuerza 571

pública, las cuales cuentan con un marco regulatorio. Así se establece una relación de 7 a 1 entre las agresiones generadas sin marco regulatorio versus las agresiones generadas apoyadas en un marco regulatorio. Este patrón refleja que la violencia contra la prensa en protestas no es únicamente de abuso estatal, sino también es un problema debido a la normalización social de la agresión contra periodistas.

Finalmente, la prueba chi-cuadrado reflejó que sí existe una relación entre la cantidad de alertas reportadas y las provincias donde estas se reportaron. Esto hace sentido por varias razones: la mayor concentración de las marchas ocurre en la provincia de Pichincha, donde se ubica la capital de Ecuador, y por lo tanto donde existe la mayor concentración de los protestantes para expresar sus requerimientos. Además, en esta provincia es donde se concentran la mayor parte de instituciones estatales. Este hallazgo evidencia que los riesgos no se distribuyen de manera homogénea en el territorio, sino que se concentran en espacios estratégicos para la movilización social.

Al comparar la realidad de la LOC con las alertas y la información analizada, se puede observar que esta ley en Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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su momento fue una idea positiva pero insuficiente ante las necesidades reales de protección a los trabajadores de la comunicación.

Esto debido a que, si bien establece derechos, no presenta un procedimiento claro de cómo responder ante la vulneración de los derechos a los trabajadores de la comunicación. Es decir, se marcan metas, pero no se traza un camino para llegar a ellas.

Esto se refleja en el análisis de las alertas, donde se observa que las alertas sí presentan sesgos en cuanto a quién genera la agresión o la recibe y en dónde se genera.

La data analizada muestra que la fuerza pública genera menos alertas de agresión que los ciudadanos, debido a que esta tiene trazado un plan de acción y de respuesta ante protestas sociales. Sin embargo, al no tener un plan de actuación, la ciudadanía violenta a los trabajadores de la comunicación, quienes saben que tienen derecho de ser protegidos desconocen cómo hacer uso material de este derecho, puesto que los recursos de esta ley son insuficientes en cuanto a cómo debería ser aplicada.

572

Respecto a la normativa regional, se evidencia que Colombia, Honduras y México tiene una legislación más detallada en la cual se garantiza la protección a los trabajadores de la comunicación. Los mecanismos de protección que han desarrollado estos países se crearon hace varios años, lo que les ha permitido cambiar y mejorar según las necesidades de estos trabajadores.

Conclusión

Al comparar la realidad normativa de la región, se nota que los trabajadores de la comunicación han Revista Enfoques de la Comunicación Noviembre 2025

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sido reconocidos tanto en las leyes locales como en las internacionales, tal es el caso de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH.

No obstante, su implementación ha sido desigual en los países latinoamericanos. Esto debido a que, si bien existe un reconocimiento normativo, no hay mecanismos especializados con programas específicos para los trabajadores de la comunicación; en consecuencia, las 573

decisiones quedan en manos de la justicia ordinaria.

Adicionalmente, en este estudio se observa un débil enfoque precautorio en la emisión de leyes y normativas de protección, considerando que la mayoría de las agresiones proviene de los ciudadanos y, en menor medida, de la fuerza pública, lo que ha provocado que se emitan leyes de manera reactiva y no preventiva.

Se identificó que las agresiones sí tienen tendencias, es decir, al existir un comportamiento entendible y predecible, desde el punto de vista de los datos históricos de las alertas registradas, se puede avanzar a un análisis predictivo para que de esta manera se puedan proponer leyes y toma de decisiones basadas en datos.

Si bien América Latina y Ecuador presentan un extenso marco regulatorio, carecen de políticas públicas robustas, específicas, precautorias y eficaces para proteger a los trabajadores de la comunicación dentro del contexto de protesta social. Tal comportamiento genera un vacío legal y procedimental que termina exponiendo a estos trabajadores a diversas agresiones con bajos niveles de respuesta y respaldo jurídico.

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Recibido: 05-08-2025

Aceptado: 22-09-2025

Publicado: 15-11-2025

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Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

p-ISSN: 2661–6939 / e-ISSN: 2806-5646

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