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Del Ciberactivismo a la Construcción de una Gobernanza Feminista: la Incidencia de la Ley Olimpia y la Ley Ingrid en México

From Cyberactivism to Building Feminist Governance: the

Impact of the Olimpia Law and the Ingrid Law in Mexico

Dayri Flores-Ramírez1

Candidata a Doctora en Ciencia Política 361

Centro de Investigación y Docencia Económicas djfloresr001@profesor.uaemex.mx

Rigoberto Pérez-Ramírez2

Profesor de Tiempo Completo Definitivo Universidad Autónoma del Estado de México rperezr@uaemex.mx

1 Candidata a Doctora en Ciencia Política del Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE], es Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO-Sede México], Diplomada en Políticas Públicas y Presupuestos Públicos con perspectiva de género por la Universidad Iberoamericana y Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es integrante de Latin American Interdisciplinary Gender Network [LAIGN], de la de Red de Politólogas #NoSinMujeres y de la Latin American Studies Association

[LASA], entre otras. Sus temas principales de investigación son género, migración, violencia feminicida y políticas públicas. ORCID: https://orcid.

org/0000-0003-2664-3285

2 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la Maestría en Administración Pública y la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es Investigador Nacional Nivel 1 por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Actualmente se desempeña como Profesor de Tiempo Completo definitivo en la Universidad Autónoma del Estado de México [UAEMéx], adscrito al Centro Universitario UAEM Valle de México, impartiendo clases en las Licenciaturas de Relaciones Económicas Internacionales, Económica y Derecho. Sus líneas de investigación son: Gestión Pública, Gobernanza, Transparencia, Rendición de Cuentas y Políticas Públicas. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2982-2676

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Resumen

El presente ensayo analiza el impacto del ciberactivismo feminista y de la acción colectiva de la sociedad civil en la promulgación de la Ley Olimpia y la Ley Ingrid, mostrando cómo estas experiencias han contribuido a sentar las bases para la construcción de una gobernanza feminista en México. El estudio se estructuró en torno a dos premisas: en primer lugar, que la sociedad civil organizada, mediante plataformas digitales y protestas presenciales, logró insertar sus exigencias en la agenda pública, articulando demandas colectivas que derivaron en reformas legales vinculadas a la violencia de género; y en segundo lugar, que la convergencia entre presión digital y movilización social favoreció la aprobación de marcos legales innovadores, mostrando cómo el ciberactivismo feminista puede traducirse en políticas públicas inclusivas y sensibles al género. Entre los principales hallazgos destaca que la presión digital, articulada con la protesta presencial, constituyó un motor fundamental para que la sociedad civil incidiera en la formulación de políticas más inclusivas y sensibles al 362

género. De este modo, las luchas en torno a la Ley Olimpia y la Ley Ingrid se consolidan como hitos paradigmáticos de cómo la acción colectiva feminista puede transformar la indignación social en reformas legales, abonando con ello a la construcción de una gobernanza feminista en México.

Palabras clave: ciberactivismo, acción colectiva, sociedad civil, gobernanza feminista.

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Abstract

This essay analyzes the impact of feminist cyberactivism and civil society collective action on the enactment of the Olimpia Law and the Ingrid Law, showing how these experiences have contributed to laying the foundations for the construction of feminist governance in Mexico. The study was structured around two premises: first, that organized civil society, through digital platforms and in-person protests, succeeded 363

in placing its demands on the public agenda, articulating collective demands that led to legal reforms addressing gender-based violence; and second, that the convergence of digital pressure and social mobilization facilitated the approval of innovative legal frameworks, demonstrating how feminist cyberactivism can be translated into inclusive and gender-sensitive public policies. Among the main findings, it is worth highlighting that digital pressure, combined with in-person protests, served as a fundamental drive for civil society to influence the formulation of more inclusive and gender-sensitive policies. In this way, the struggles surrounding the Olimpia Law and the Ingrid Law have become paradigmatic milestones for how feminist collective action can transform social outrage into legal reforms, thereby contributing to the construction of feminist governance in Mexico.

Keywords: cyberactivism, collective action, civil society, feminist governance.

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Introducción

El caso de México resulta paradigmático al mostrar cómo el ciberactivismo feminista y la acción colectiva de la sociedad civil se asocian a transformaciones en la agenda pública y legal. En los últimos cinco años, dos reformas legales —conocidas como Ley Olimpia (2021) y Ley Ingrid (2021)— se vinculan con la presión organizada de los movimientos feministas que articularon su acción desde plataformas digitales y espacios presenciales. Estas experiencias permiten observar cómo la sociedad civil ha articulado demandas, visibilizando la violencia de género y contribuyendo a cambios normativos, contribuyendo así a la construcción de una gobernanza feminista orientada a erradicar la violencia machista.

La Ley Olimpia surgió de la iniciativa de Olimpia Coral Melo, una joven que en 2013 fue víctima de violencia sexual digital. Ante la inacción institucional y, en gran parte debido a la movilización de grupos activistas que trabajan bajo el lema de «Defensoras Digitales» junto con el Frente Nacional para la Sororidad [FNS], este último fundado por la 364

propia Olimpia (López-Uribe, 2020, pár. 1), permitió articular testimonios y construir una propuesta legislativa que tipificó la difusión no consentida de contenido íntimo. Aguirre et al.

(2022) señalan que, lo anterior se convirtió en uno de los primeros movimientos de ciberactivismo feminista en México (p. 21), demostrando el poder de las redes para visibilizar una forma de violencia antes normalizada. Campañas bajo el hashtag #LeyOlimpia se convirtieron en emblema de este proceso y, tras años de buscar incidencia, la reforma fue incorporada en el Código Penal Federal y en la Ley General de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2021

(Hernández-Oropa et al., 2024, p. 4).

Por su parte, la Ley Ingrid tuvo su origen en el feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020. La filtración de imágenes gráficas de su cuerpo desencadenó una respuesta masiva en redes sociales. Activistas inundaron Twitter con imágenes positivas bajo la etiqueta #IngridEscamilla para contrarrestar los contenidos violentos y resignificar su 365

memoria. Esta reacción se asoció a protestas presenciales que, en conjunto, presionaron al Congreso para aprobar en 2021 reformas al Código Penal Federal que sancionan la difusión de imágenes de víctimas (Díaz, 2023; Buscemi, 2023).

Ambos casos permiten ilustrar cómo herramientas digitales, redes sociales y plataformas virtuales se han convertido en aliadas de los movimientos feministas.

Campañas como #NiUnaMenos, #MeTooMx o

#UnDíaSinNosotras confirman la capacidad de internet para sincronizar voces dispersas y potenciar acciones colectivas (Aguirre et al., 2022, p. 20). Esta convergencia caracteriza la cuarta ola feminista en México, donde la sociedad civil no solo denuncia la violencia, sino que incide en la formulación de políticas públicas, con objetivos claros y comunes, con una estrategia que puede discutirse y planificarse (Aguirre et al., 2022, p.21).

En este marco, la pregunta que guio este ensayo fue ¿cómo estas experiencias han contribuido a sentar las bases para construir una gobernanza feminista en México? El argumento central sostiene que el ciberactivismo feminista y la acción colectiva de la sociedad civil han sido Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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determinantes para la promulgación de la Ley Olimpia y la Ley Ingrid, demostrando su capacidad de incidir en la agenda pública y legal, contribuyendo con ello a la construcción de una gobernanza feminista en México. Este planteamiento se fundamenta en dos premisas: primero, que la sociedad civil organizada, mediante plataformas digitales y protestas presenciales, logró insertar sus exigencias en la agenda pública, articulando demandas colectivas que derivaron en reformas legales vinculadas a la violencia de género; y, segundo, que la convergencia entre presión digital y movilización social favoreció la aprobación de marcos legales innovadores, mostrando cómo el ciberactivismo feminista puede traducirse en políticas públicas inclusivas y sensibles al género.

Actualmente, la Ley Olimpia constituye un referente normativo no sólo en América Latina sino a nivel mundial en materia de violencia digital, dado que tipifica y sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo, reconociendo una forma de violencia previamente invisibilizada y brindando a las mujeres herramientas jurídicas para la 366

defensa de su derecho a la privacidad y a una vida libre de violencia. Por su parte, la Ley Ingrid representa un hito en la protección de la dignidad de las víctimas de feminicidio, al sancionar la difusión de imágenes sensibles en medios y redes, estableciendo límites claros a prácticas que revictimizan y normalizan la violencia extrema contra las mujeres.

El abordaje de ambas leyes resulta particularmente relevante porque permite comprender cómo la acción colectiva digital y presencial no solo visibiliza nuevas formas Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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de violencia de género, sino que también incide directamente en la transformación del marco normativo. Analizar estos procesos aporta claves fundamentales para evaluar el alcance de las luchas feministas contemporáneas, su capacidad de generar cambios en las estructuras de poder (Görgülü y Cinar, 2023, p. 5), y el modo en que estas transformaciones contribuyen a construir una gobernanza feminista no solo a nivel nacional sino regional.

367

En este sentido, el ensayo se organiza en cuatro apartados que permiten desarrollar de manera progresiva la tesis planteada. En primer lugar, se aborda el concepto de gobernanza con el propósito de establecer un marco teórico que facilite la comprensión de las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y los actores no estatales. En segundo término, se examina la noción de gobernanza feminista, entendida como un enfoque transformador que busca cuestionar las estructuras de poder tradicionales y promover una participación equitativa desde una perspectiva de género e interseccional. Posteriormente, se analiza el papel de la acción colectiva, el ciberactivismo y la presión digital como mecanismos fundamentales para visibilizar la violencia de género y articular demandas ciudadanas, destacando la forma en que estas prácticas se combinan con la movilización social para incidir en la agenda pública y legal.

Finalmente, se abordan los casos de la Ley Olimpia y la Ley Ingrid como ejemplos paradigmáticos de esta convergencia entre activismo digital y protesta callejera, evidenciando cómo tales experiencias han contribuido a sentar las bases de una gobernanza feminista en México. Seguido de las conclusiones.

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Explorando la Gobernanza

La gobernanza se entiende como un proceso de toma de decisiones y gestión en el que intervienen diferentes actores del sector público, privado y de la sociedad civil. A diferencia del gobierno tradicional, centrado en la autoridad jerárquica del Estado, la gobernanza se caracteriza por ser inclusiva y participativa, al basarse en la colaboración e interacción de múltiples actores que aportan conocimientos, recursos y perspectivas diversas para resolver problemas sociales y alcanzar objetivos colectivos. En este sentido, a medida que las ideas feministas se integran a la gobernanza global, el feminismo se sumerge en relaciones de poder y participa en la formulación de tecnologías legales. Así, los proyectos feministas pasan de ocupar una posición al margen y de resistencia a intervenir en la creación de regímenes normativos internacionales (Jaramillo-Ruiz y Céspedes-Báez, 2020, p. 3). Lo cual supone un cambio de patrón de gobierno a cambios estructurales.

Para Maynetz (2001), la gobernanza constituye una forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo 368

modelo jerárquico en el que las autoridades estatales ejercían un poder soberano sobre la sociedad civil (p. 9).

En la misma línea, Pérez-Ramírez (2019) enfatiza que este enfoque responde a la cooperación y a la interacción del Estado con actores no estatales en el marco de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado (p. 31).

Cabrero-Mendoza (2005) señala que la acción pública se concibe como un continuo entre el Estado y la sociedad civil, en donde gobernar implica conducir la acción colectiva a través de la construcción de políticas públicas (p. 78).

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La acción pública, en consecuencia, se refiere a las actividades, políticas y decisiones implementadas por entidades gubernamentales con el propósito de resolver cuestiones de interés social. Estas incluyen la promulgación de leyes, la implementación de políticas, la regulación de sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos.

Su alcance abarca áreas económicas, sociales, de salud, educación, seguridad o medio ambiente, constituyendo un 369

componente esencial de la gobernanza al representar el ejercicio de la autoridad pública en interacción con actores sociales.

Los rasgos distintivos de la gobernanza la diferencian de enfoques tradicionales, entre ellos destacan: la participación activa de múltiples actores, gobiernos, sociedad civil, sector privado y ciudadanía, en la toma de decisiones; la estructura en red, donde el poder se distribuye de manera horizontal y no jerárquica (Pérez-Ramírez, 2019, p. 43); la inclusividad, que busca incorporar las necesidades de grupos diversos y marginados; y la transparencia y rendición de cuentas, orientadas a garantizar apertura y responsabilidad en la gestión pública (Roggeband y Krizsán, 2019, p. 13). Asimismo, se resalta la adaptabilidad y flexibilidad del modelo, en tanto permite responder a condiciones cambiantes y conciliar distintos sistemas normativos y legales, formales e informales.

La gobernanza se configura como un modelo de toma de decisiones flexible y horizontal que rompe con jerarquías rígidas y reconoce la coexistencia de pluralismos legales y normativos. De tal manera que, la gobernanza contribuye a mejorar la calidad de las democracias contemporáneas Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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al ampliar los mecanismos de inclusión y colaboración en la formulación de políticas, empoderando a las partes interesadas y otorgándoles voz en la construcción de decisiones colectivas.

La Gobernanza Feminista: Interacción Estado-Sociedad El concepto de gobernanza ha sido aplicado a diversos ámbitos como el político, el económico, el de género, entre otros, trascendiendo fronteras y operando en niveles locales, nacionales e internacionales. En este marco, la gobernanza feminista se plantea como un enfoque de toma de decisiones orientado por principios del feminismo, cuyo propósito es identificar y transformar las desigualdades de género históricas y sistémicas. Busca modificar estructuras de poder y normativas culturales que perpetúan dichas desigualdades, fomentando la equidad en todas las esferas sociales.

Un rasgo esencial de la gobernanza feminista es la promoción activa de la inclusión y la representación de mujeres y personas de género diverso en todos los niveles de la toma de decisiones, desde el ámbito local hasta el 370

internacional. De igual manera, este enfoque cuestiona las estructuras de poder que sostienen la opresión y desigualdad de género tanto en espacios públicos como privados (Kelly-Thompson et al., 2023, p. 27). Ello implica, entre otras dimensiones, la defensa de derechos reproductivos, la autonomía de las mujeres y la garantía de una vida libre de violencia y discriminación.

Al incorporar la perspectiva interseccional, la gobernanza feminista reconoce la diversidad de experiencias y desafíos enfrentados por las mujeres, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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atravesados por variables como raza, clase social, orientación sexual o discapacidad. Este enfoque multinivel sienta las bases para una equidad más integral (Kelly-Thompson et al., 2023, p. 30). En este sentido, se configura como un marco transformativo orientado a empoderar a mujeres y grupos históricamente marginados, en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa.

Roggeband y Krizsán (2019) destacan que la 371

gobernanza feminista implica incluir la perspectiva de género en la toma de decisiones, asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la política y desarrollar políticas sensibles al género en áreas clave como economía, educación, salud y justicia. Estas autoras proponen analizar la interacción Estado-movimientos de mujeres a través de tres dimensiones: la inclusión o exclusión en los mecanismos de consulta y cogobernanza; el financiamiento estatal para organizaciones de la sociedad civil; y la representación de demandas a través de agencias estatales y políticas de inclusión (Cohen y Arato, 2000, p. 65).

En suma, la gobernanza feminista constituye un enfoque que combina los principios de la gobernanza participativa con la lucha por la igualdad de género, lo que la convierte en una herramienta indispensable para analizar la interacción entre el Estado y la sociedad en la construcción de políticas públicas más inclusivas. En este sentido, se operacionaliza en tres criterios centrales: 1) inclusión y representación equitativa, referida a la participación activa de mujeres en los procesos de toma de decisiones; 2) incidencia normativa, entendida como la capacidad de visibilizar y reconocer nuevas formas de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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violencia de género e incorporarlas al marco legislativo y jurídico; y 3) fortalecimiento de la sociedad civil y la acción colectiva, asociado al desarrollo de capacidades organizativas y a la consolidación de agendas comunes frente al Estado.

Sociedad Civil, Acción Colectiva y Ciberactivismo: Conceptualización y su Papel en la Incidencia Política La sociedad civil juega un rol primordial en la promoción de la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres. En particular, grupos feministas y organizaciones de mujeres ofrecen espacios de expresión para personas históricamente marginadas, ejerciendo labores de abogacía para impulsar políticas equitativas (Castells, 2000, p. 9). Este sector actúa como depositario de aspiraciones democráticas, operando autónomamente al margen del Estado (Vargas, 2003, p. 527). Además de representar demandas, estas organizaciones monitorean y evalúan la implementación de políticas públicas, asegurando su coherencia con la igualdad de género.

La acción colectiva, definida por Revilla-Blanco 372

(1996) como la coordinación de personas unidas por un interés común mediante prácticas de movilización (p. 7), adquiere un carácter transformador cuando busca intervenir en el diseño de políticas generales y la organización social (Gallardo, 2010, p. 24). Por lo tanto, Flores-Ramírez (2023) señala que la acción colectiva significó para el movimiento feminista tejer las redes necesarias que sirvieran para visibilizar la desigualdad que viven las mujeres en muchos aspectos (p. 368), lo que resultó crucial para impulsar reformas legales sensibles al género. Sin embargo, Kelly-Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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Thompson et al. (2023) advierten que su eficacia puede verse limitada por restricciones políticas y legales (p. 48).

A estos elementos se suma el ciberactivismo, entendido por Pila-Guzmán y Estrada-Esparza (2023) como el uso estratégico de las tecnologías y el internet para el logro de la transformación social (p. 26). Y, con ello, organizar acciones colectivas y presionar políticamente a actores estatales. Según Morfa-Hernández (2024), el 373

ciberactivismo feminista en América Latina se enfrenta a dinámicas autoritarias estatales que condicionan su potencial transformador, pero también refuerza la acción colectiva como mecanismo de resistencia. En el caso mexicano, campañas en línea han articulado indignación social frente a la violencia de género y han incidido directamente en reformas legales como la Ley Ingrid (Buscemi, 2023, p. 2191). De este modo, el ciberactivismo se convierte en una extensión digital de la acción colectiva que amplifica su alcance.

El concepto de presión digital describe los mecanismos de influencia ejercidos en entornos virtuales para forzar respuestas institucionales, ya sea mediante tendencias en redes sociales, denuncias virales o campañas de boicot digital. Según López-Uribe (2020), esta presión constituye una forma emergente de poder político ciudadano que altera la agenda pública al obligar al Estado a responder ante demandas feministas que alcanzan alta visibilidad en el espacio digital.

La movilización social, por su parte, implica la capacidad de actores sociales para articularse en torno a causas comunes a través de recursos simbólicos, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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emocionales y organizativos. Para García-Feregrino y Dávila-Fisman (2022), se trata de nuevas formas de denuncia y llamados a la acción, conocido como ciberactivismo (p.182). En contextos como México, esta movilización conecta las dinámicas de ciberactivismo con manifestaciones presenciales, generando un efecto de refuerzo mutuo entre presión digital y acción callejera.

En resumen, la conjunción de sociedad civil, acción colectiva, ciberactivismo, presión digital y movilización social constituye un ecosistema político que potencia la gobernanza feminista. Mientras la sociedad civil organiza y vigila, la acción colectiva articula demandas, el ciberactivismo ejerce presión digital amplificando los reclamos en el espacio virtual, y la movilización social asegura su traducción en dinámicas presenciales de protesta e incidencia política.

De la Indignación Colectiva a la Incidencia Legislativa: Ciberactivismo, Sociedad Civil y Gobernanza Feminista en las Leyes Olimpia e Ingrid

La Ley Olimpia y la Ley Ingrid representan hitos 374

legislativos en México orientados a proteger la dignidad de las mujeres frente a nuevas formas de violencia de género en el ámbito digital y mediático. Ambas surgen como respuesta jurídica a casos emblemáticos de violencia contra mujeres –en internet y en la cobertura periodística–

que evidenciaron vacíos legales para salvaguardar la intimidad y los derechos de las víctimas. Llevan el nombre de dos mujeres cuyas experiencias traumáticas detonaron movimientos de indignación colectiva y cuyo legado se tradujo en reformas legales impulsadas desde la sociedad Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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civil organizada. Estas leyes, más que normas aisladas, constituyen conjuntos de reformas a marcos legales existentes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2024) y diversos códigos penales, diseñadas para reconocer y sancionar modalidades de violencia de género antes desatendidas. En esencia, buscan establecer un marco legal específico y más robusto para castigar la violencia digital y la violencia mediática 375

de género, respectivamente, colocando en el centro la protección de la intimidad, la integridad y la dignidad de las mujeres en la era tecnológica.

La promulgación de la Ley Olimpia a nivel federal en 2021 no fue un proceso espontáneo desde el gobierno, sino el resultado directo de la presión y el activismo de la sociedad civil, especialmente de los colectivos feministas jóvenes. Estas leyes emanan directamente del movimiento feminista (Marroquín, 2024, párr. 2). Diversas organizaciones y activistas articularon la indignación ciudadana en una campaña sostenida para visibilizar el problema y exigir acción del Estado. Esta convergencia de esfuerzos logró insertar sus demandas en la agenda pública y legislativa, algo que antes parecía impensable. Autores como García-Feregrino y Dávila-Fisman (2022) subrayan que hablar de la Ley Olimpia necesariamente nos remite a las movilizaciones sociales, específicamente a movimientos sociales de mujeres, en los cuales la lucha iniciada en las calles y en redes logró trasladarse al quehacer legislativo, impactando las leyes federales y locales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (p. 169).

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En efecto, la campaña digital en torno a #LeyOlimpia generó una enorme conciencia en usuarias y usuarios de redes sobre la gravedad del llamado «porno no consentido»

y otras formas de acoso en línea, ampliando una comunidad de apoyo que trascendió distancias y fronteras.

Al mismo tiempo, esa conciencia se tradujo en presión política, colectivas como «Luchadoras» y «Acoso.Online»

documentaron y difundieron estadísticas alarmantes, por ejemplo, 9.4 millones de mexicanas habían sufrido ciberacoso hacia 2019, según el INEGI; y, señalaron la impunidad prevaleciente. Por lo que, activistas de diversos colectivos acompañaron a Olimpia en foros y reuniones legislativas, dotando de datos y testimonios a la iniciativa de ley. Gracias a esa incidencia coordinada, «lo virtual se reconoció como real» en la legislación mexicana. En palabras de una de las activistas involucradas, en México la Ley Olimpia se logró gracias a la presión de las mujeres organizadas, a diferencia de otros países donde reformas similares fueron impulsadas desde el gobierno (Los Angeles Times, 2020, párr.14).

376

Por otra parte, en febrero de 2020, el brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, exhibido morbosa y ampliamente en portadas de periódicos sensacionalistas y difundido sin control en redes sociales (Velasco, 2020, pár.3). Fotografías filtradas del cuerpo mutilado de Ingrid aparecieron en primeras planas acompañadas de titulares amarillistas, lo que constituyó una revictimización atroz de ella y un agravio profundo para sus familiares y para la sociedad. La respuesta fue inmediata, una oleada de indignación feminista recorrió el país. Tan solo en la Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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semana posterior al crimen, se registraron más de 178,000

tuits con el nombre de Ingrid Escamilla (Flores, 2025, pár.10), muchos de ellos como parte de la campaña digital

#IngridEscamillaChallenge, en la que mujeres compartieron en Twitter flores, paisajes e ilustraciones hermosas con el nombre de Ingrid, con el objetivo de desplazar las imágenes violentas y honrar su memoria.

Paralelamente, se convocaron manifestaciones 377

masivas en al menos 12 estados de la República. En la Ciudad de México, colectivos de mujeres protestaron frente a Palacio Nacional y en la sede del periódico sensacionalista que publicó las fotos, coreando ¡El feminicidio no es un espectáculo! y exigiendo justicia para Ingrid. Estas protestas

–tanto físicas como virtuales– colocaron en el centro del debate público la problemática de la violencia mediática de género, entendida como la difusión irresponsable y misógina de información o imágenes sobre mujeres víctimas de violencia.

La presión social se asoció con la reacción institucional. Durante 2020 y 2021, organizaciones feministas y algunos aliados en el poder legislativo elaboraron propuestas para sancionar la difusión de imágenes de víctimas. Finalmente, en marzo de 2021, el Congreso aprobó la llamada Ley Ingrid, mediante la cual se reformó el artículo 225 del Código Penal Federal, adicionando la fracción VI Bis para tipificar como delito la difusión, entrega, publicación o compartición indebida de imágenes, audios, videos o documentos relacionados con víctimas de delitos (Senado de la República, 2023, pár.3) La reforma establece sanciones de cuatro a diez Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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años de prisión, multas de 100 a 150 días y la destitución e inhabilitación de tres a diez años en caso de que el responsable sea un servidor público (Díaz, 2023; Buscemi, 2023). Con ello, la Ley Ingrid representa un hito normativo en la protección de la dignidad de las víctimas y en la prevención de su revictimización mediática.

Al igual que en el caso de la Ley Olimpia, la sociedad civil y la acción colectiva estuvieron estrechamente vinculadas con el proceso que dio lugar a la Ley Ingrid. Los movimientos feministas que habían ganado fuerza en años recientes contribuyeron a transformar la indignación generada por el caso en demandas institucionales específicas. De esta manera, tal activismo se relacionó con la apertura de un debate legislativo que incorporó dichas exigencias en la agenda pública.

Signa_Lab, un centro de análisis de redes documentó cómo la conversación en Twitter sobre Ingrid Escamilla estuvo atravesada por indignación y demandas de justicia, acelerando la respuesta institucional (Flores, 2025, párr.7).

A su vez, las manifestaciones públicas mantuvieron el tema 378

en la agenda mediática por días, forzando a autoridades a pronunciarse y eventualmente a legislar. La lucha por la Ley Ingrid demostró la vigencia de esta idea, ya que la coalición de grupos feministas, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y ciudadanía indignada logró convertir un reclamo de justicia en una reforma legislativa concreta.

En suma, tanto la Ley Olimpia como la Ley Ingrid son fruto de un ciberactivismo feminista articulado con movilización social presencial, donde distintos actores de la sociedad civil emplearon herramientas digitales -hashtags, videos Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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virales, peticiones en línea- y tradicionales -marchas, foros, comparecencias- para alcanzar un objetivo compartido.

En conjunto, la Ley Olimpia y la Ley Ingrid pueden analizarse a partir de tres criterios centrales de la gobernanza feminista: inclusión y representación equitativa, incidencia normativa y fortalecimiento de la sociedad civil y su acción colectiva. En términos de inclusión y representación equitativa, ambas reflejan la participación 379

activa de mujeres y colectivos feministas en el proceso de toma de decisiones, desde el diagnóstico hasta la promoción legislativa. Plataformas digitales, lejos de ser espacios ajenos a la política, funcionan como ágoras donde ciudadanas organizadas articulan demandas colectivas y logran que sean atendidas por el Estado (García-Feregrino y Dávila-Fisman, 2022). La presencia de Olimpia Coral Melo y de distintas colectivas en foros y debates legislativos, así como las manifestaciones masivas con pañuelos verdes y morados, constituyen ejemplos de cómo las demandas feministas se tradujeron en representación social y política.

En cuanto a la incidencia normativa, la viralización de consignas, la creación de comunidades virtuales de sororidad y la presión sostenida en redes se vincularon con la incorporación de cambios tangibles en los marcos legales, lo cual reivindica el papel del ciberactivismo en la configuración de políticas públicas sensibles al género. La convergencia entre presión digital y movilización en calles demostró ser especialmente eficaz: al exigir justicia para Ingrid o la promulgación nacional de la Ley Olimpia, las activistas lograron situar en la agenda legislativa nuevas categorías como «violencia digital y violencia mediática de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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género». Esta combinación mostró un camino innovador para la incidencia política feminista, en el que las estrategias tradicionales y las nuevas tecnologías se entrelazan para lograr reformas innovadoras e inclusivas (Enríquez y Zehner, 2023, párr. 6).

Respecto al fortalecimiento de la sociedad civil y de su acción colectiva, ambos procesos reflejan la capacidad de los movimientos feministas para movilizar recursos sociales, simbólicos y políticos que amplían su incidencia. La difusión de estadísticas sobre la magnitud de estas problemáticas, junto con el trabajo de diversas organizaciones, permitió configurar un repertorio compartido de datos, evidencias y narrativas que reforzó la legitimidad de las demandas y sostuvo la presión social (Flores, 2025). En este marco, el uso combinado de diversas herramientas favoreció la articulación de agendas comunes frente al Estado, consolidando la acción colectiva.

En síntesis, la Ley Olimpia y la Ley Ingrid constituyen referentes normativos que, a través de la inclusión, la incidencia y el fortalecimiento de la acción 380

colectiva de diversas mujeres, se asocian con el avance de una gobernanza feminista en México, pionera en reconocer jurídicamente violencias de género previamente normalizadas.

Conclusiones

Las experiencias de la Ley Olimpia y la Ley Ingrid muestran que el ciberactivismo feminista no se limita a la denuncia simbólica en el espacio digital, sino que constituye un mecanismo eficaz de incidencia política. Al articular la indignación social en demandas, los colectivos feministas Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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lograron visibilizar vacíos normativos y obligar al Estado a atender las demandas. Esta capacidad de trasladar la protesta desde las redes sociales hacia las instituciones revela que lo digital, lejos de ser periférico, es hoy un terreno central para la redefinición de las formas de participación política.

En este proceso, la acción colectiva de la sociedad civil organizada fue decisiva para integrar esfuerzos 381

dispersos en un frente común (Marroquín, 2024), lo que impulsó a diversas organizaciones a diseñar, proponer y cabildear reformas orientadas a un acceso más pleno a la justicia. La participación conjunta de activistas, organizaciones, víctimas y ciudadanas dotó de legitimidad y fuerza política a las demandas, que trascendieron lo individual para consolidarse como una lucha colectiva contra la violencia de género. Esta articulación aseguró continuidad y coherencia a las movilizaciones, evitando que se diluyeran como episodios pasajeros de indignación.

La combinación de presión digital y movilización en las calles resultó particularmente eficaz porque generó un doble impacto: por un lado, configuró un espacio público virtual que amplificó testimonios, datos y consignas; por otro, otorgó un rostro tangible y masivo a esas exigencias en las marchas y protestas. Esta articulación no solo mantuvo la agenda feminista en la esfera pública, sino que también obligó a las autoridades a responder con reformas concretas.

Por lo que, la promulgación de ambas leyes contribuye a sentar las bases para la construcción de una gobernanza feminista en México. Este concepto, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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entendido como la inclusión de las perspectivas, demandas y liderazgos feministas en los procesos de toma de decisiones, se materializó en la medida en que los colectivos no solo protestaron, sino que participaron activamente en el diseño y cabildeo de las reformas. El reconocimiento jurídico de categorías como violencia digital y violencia mediática de género constituye un ejemplo de cómo el lenguaje y los diagnósticos del movimiento feminista pueden permear las estructuras institucionales, reconfigurando las bases del Estado hacia una mayor igualdad.

En este sentido, tanto la Ley Olimpia como la Ley Ingrid reflejan una gobernanza feminista en construcción, observable en tres criterios centrales: la inclusión y representación equitativa de mujeres y colectivas en los procesos de decisión; la incidencia normativa transformadora al introducir categorías jurídicas que reconocen nuevas formas de violencia; y el fortalecimiento de la sociedad civil y de su acción colectiva, evidenciado en la articulación de redes y movilización social. Estos elementos muestran cómo la interacción sostenida entre la sociedad civil y el Estado puede 382

generar marcos legales más sensibles al género.

En suma, la Ley Olimpia y la Ley Ingrid prueban que la sociedad civil mexicana posee la capacidad de incidir en la agenda legislativa mediante la acción colectiva y el ciberactivismo, consolidando un precedente de transformación política impulsada desde abajo. Estas experiencias no solo respondieron a casos específicos de violencia, sino que sentaron bases normativas y prácticas para un modelo emergente de gobernanza feminista, siendo el objetivo por mostrar del presente ensayo.

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Sin embargo, el reto hacia adelante consiste en garantizar que estos avances no se limiten a la promulgación de leyes, sino que se traduzcan en políticas públicas efectivas, con mecanismos de implementación y seguimiento sostenido a largo plazo, que consoliden la protección real de los derechos de las mujeres en el país. Lo que será de suma importancia analizar a profundidad en un futuro.

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