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Crimen Organizado y Ejercicio Periodístico en Ecuador: el Caso TC Televisión

Organized Crime and Journalism in Ecuador: the Case of TC

Televisión

Ronnal Anthony Caiza-Ibarra1

Secretario (E) y Ayudante Judicial de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con 429

Corrupción, Crimen Organizado y Conflicto Armado Interno Corte Provincial de Justicia de Pichincha anthony.caiza.ac@gmail.com

Henry Patricio López-Tapia2

Secretario de la Unidad Judicial Penal Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción, Crimen Organizado y Conflicto Armado Interno

Consejo de la Judicatura

temis.enlojusto@gmail.com

Frank Brandon Rengifo-Heras3

Ayudante Judicial de la Unidad Judicial Penal Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción, Crimen Organizado y Conflicto Armado Interno Consejo de la Judicatura

frankrengifoheras@gmail.com

1 Abogado. Magíster en Derecho Penal, Derecho Procesal y Derecho Procesal Constitucional. Secretario (E) y Ayudante Judicial en la Sala Penal especializada de la Corte Provincial de Pichincha. Investigador jurídico, autor de artículos académicos y par ciego. Experiencia en procesos penales y procesos constitucionales. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8820-5830

2 Abogado. Magíster en Política Criminal, Criminalística y Derecho Penal.

Docente y Secretario en unidad penal especializada. Autor de libro sobre prisión preventiva y sistema penitenciario. Especialista en Derecho Probatorio Penal y Litigación Oral. ORCID: https://orcid.org/0009-0005-8863-7579

3 Abogado. Ayudante Judicial en Unidad Judicial Penal Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción, Crimen Organizado y Conflicto Armado Interno. Experiencia como asistente jurídico en estudio de abogados. Experiencia en derecho penal y gestión judicial. ORCID: https://

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Resumen

El estudio analizó el impacto del crimen organizado sobre el periodismo ecuatoriano a partir del ataque armado a TC

Televisión el 9 de enero de 2024. El problema investigado se centró en cómo la violencia criminal vulneró la integridad de los periodistas y alteró el ecosistema informativo, afectando la libertad de expresión y el derecho a la información. El objetivo general fue examinar críticamente este impacto, identificando el contexto criminal, las consecuencias en rutinas editoriales y las respuestas institucionales. Se empleó una metodología cualitativa con diseño de estudio de caso, utilizando sentencias judiciales, informes oficiales, reportes periodísticos y literatura académica, analizados mediante triangulación de datos. Los resultados mostraron que el atentado ocurrió en un contexto de violencia atribuida a grupos vinculados al narcotráfico y la corrupción, generando autocensura y reducción de coberturas de riesgo.

Las respuestas estatales fueron reactivas y carecieron de un enfoque integral de seguridad para periodistas. Se concluyó que el crimen organizado no solo comete delitos 430

violentos, sino que también controla narrativas mediáticas.

El caso evidenció la necesidad de fortalecer protocolos de seguridad, resiliencia institucional y políticas públicas coordinadas para proteger la labor periodística.

Palabras clave: crimen organizado, libertad de expresión, periodismo, TC televisión, violencia.

Abstract

This study analyzed the impact of organized crime on Ecuadorian journalism following the armed attack on TC

Televisión on January 9, 2024. The research focused on how criminal violence undermined journalist’s integrity Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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and disrupted the information ecosystem, affecting freedom of expression and the right to information. The main objective was to critically examine this impact by identifying the criminal context, the consequences for editorial routines, and institutional responses. A qualitative methodology with a case study design was applied using court rulings, official reports, journalistic reports, and academic literature, analyzed through data triangulation methods. The results showed that the attack 431

occurred in a context of violence inked to drug trafficking and corruption networks, generating self-censorship and a reduction in risk coverage. State responses were reactive and lacked a comprehensive security approach for journalists. It was concluded that organized crime not only commits acts of violence but also controls media narratives. The case highlights the need to strengthen security protocols, institutional resilience, and coordinated public policies to protect journalistic work.

Keywords: organized crime, freedom of expression, journalism, television, violence.

Introducción

El estudio analiza la relación entre crimen organizado y ejercicio periodístico en Ecuador a partir del caso de TC

Televisión de Ecuador4. El estudio parte de la hipótesis en la que 4 El caso estudiado versa sobre los hechos ocurridos el 9 de enero de 2024. En esta fecha, un grupo armado vinculado al crimen organizado irrumpió en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, Ecuador, durante una transmisión en vivo de su noticiero. Los atacantes, portando armas de fuego, municiones y explosivos, detuvieron forzadamente al personal del canal (periodistas, camarógrafos, técnicos) y los obligaron a transmitir imágenes y mensajes intimidatorios dirigidos a las autoridades y la ciudadanía. Este acto fue calificado como terrorismo por la sentencia judicial Nº 17U05-2024-00005, que condenó a los responsables. El incidente interrumpió temporalmente la transmisión nacional y evidenció cómo el crimen organizado utiliza los medios para proyectar poder simbólico e incidir en la agenda mediática.

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se sostiene que la violencia criminal altera el ecosistema informativo y vulnera derechos fundamentales5. En el análisis, se identificará que los grupos violentos buscan instrumentalizar la visibilidad mediática para maximizar efectos de intimidación y control simbólico, lo cual amenaza la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la opinión y el derecho a la libertad de expresión. La teoría sobre terrorismo y medios explica que los perpetradores explotan rutinas periodísticas y lógicas de noticia para amplificar su mensaje, lo que impone dilemas éticos y de seguridad a periodistas (Nacos, 2016; Tumber y Webster, 2006; Schmid, 2021).

El problema de investigación se centra en determinar cómo los ataques de organizaciones criminales contra medios ecuatorianos inciden en la práctica periodística, en la calidad del espacio público y la difusión de información.

De manera paralela, la investigación identifica como problema la determinación de la actuación del Estado ecuatoriano para garantizar un entorno seguro que proteja a periodistas frente a las amenazas del crimen organizado.

432

La evidencia regional sugiere que, cuando la violencia se normaliza, los periodistas incorporan estrategias de reducción de riesgo que incluyen autocensura, restricción del trabajo de calle y silenciamiento de temas sensibles.

Precisamente, la incorporación de estas estrategias de reducción de riesgos de los periodistas configura escenarios en los que se reduce la diversidad informativa y 5 En especial, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la opinión

–como derecho autónomo–, y el derecho a la información establecidos en el artículo contenido en el artículo 66 numeral 6 de la Constitución de la República.

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empobrece la deliberación democrática (Hughes y Márquez-Ramírez, 2017; Relly y González-de-Bustamante, 2017).

Un estudio previo describe que la cobertura del crimen organizado suele depender de fuentes estatales, lo que limita la autonomía editorial y la profundidad investigativa de las piezas publicadas en torno a las actividades ilícitas de las organizaciones criminales (Levoyer, 2019).

El estado del arte sobre violencia contra periodistas 433

en América Latina muestra patrones comparables que importan para el caso ecuatoriano. Una investigación en México documenta cómo el riesgo persistente induce prácticas defensivas en difusión de la información de los periodistas y genera “zonas de silencio”, mientras el asesinato y la intimidación selectiva afectan la agenda de los medios de comunicación (González-de-Bustamante y Relly, 2014; Brambila, 2017).

Desde la sociología del crimen, los estudios sobre gobernanza criminal explican que organizaciones ilícitas disputan autoridad al Estado, proveen protección y regulan territorios, lo que crea contextos de coacción informativa y captura comunicacional (Arias, 2017). Estas corrientes teóricas y empíricas ofrecen un marco para interpretar ataques espectaculares dirigidos a medios con el fin de condicionar la cobertura de la difusión de la información y sembrar terror social.

La hipótesis de trabajo propone que el ataque al canal TC Televisión en Ecuador refleja una estrategia del crimen organizado orientada a coaccionar el flujo informativo y a disputar la mediación pública mediante el uso deliberado de violencia performativa. La pregunta de Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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investigación plantea: ¿de qué manera un asalto armado contra un medio televisivo altera las rutinas, los estándares y los márgenes de seguridad del periodismo ecuatoriano?

Consecuentemente, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué implicaciones tiene ese episodio para la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la opinión y el derecho a la libertad de expresión? Esta formulación conecta teorías de comunicación del terrorismo con hallazgos sobre autocensura y con enfoques de gobernanza criminal en América Latina (Nacos, 2016; Hughes y Márquez-Ramírez, 2017; Arias, 2017).

El artículo se estructura de la siguiente manera. La primera sección presenta el marco conceptual sobre crimen organizado, violencia comunicativa y libertad de prensa. La segunda sección expone el caso de estudio y reconstruye los hechos relevantes con base documental de la sentencia condenatoria de primera instancia del caso TC Televisión6.

La tercera sección analiza los efectos del ataque en el ejercicio periodístico en Ecuador y en la ecología mediática nacional.

434

El objetivo general del estudio consiste en analizar críticamente el impacto del crimen organizado sobre el ejercicio periodístico en Ecuador a partir del caso TC

Televisión. Los objetivos específicos desglosan ese propósito en tres pasos. El primer objetivo identifica el contexto sociopolítico y criminal que enmarca el ataque. El segundo objetivo examina las consecuencias en rutinas y difusión de la información. El tercer objetivo evalúa las respuestas 6 El caso de TC Televisión de Ecuador. En este caso, se tomó como insumo la sentencia del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, que se dictó en el proceso penal No. 17U05-2024-00005.

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institucionales y su coherencia con estándares de seguridad y libertad de prensa (Hughes y Márquez-Ramírez, 2017; Nacos, 2016).

Materiales y Métodos

El estudio adopta un diseño cualitativo descriptivo con la estrategia de estudio de caso, cuyo objeto central es el ataque armado a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, Ecuador, el 9 de enero de 2024. Este diseño 435

se justifica porque permite examinar un evento de alto impacto en su contexto social, político y mediático, considerando la complejidad de la violencia criminal organizada y su incidencia en el ejercicio periodístico.

Como lo señalan Yin (2018) y Creswell (2013), el estudio de caso constituye una herramienta idónea para analizar fenómenos contemporáneos en escenarios donde los límites entre el evento y su contexto son difusos, pues posibilita la triangulación de fuentes y la integración de múltiples perspectivas analíticas.

El método cualitativo se fundamenta en la aplicación de técnicas de recolección documental y bibliográfica. El levantamiento de la información incluyó dos componentes.

Primero, el análisis de la sentencia No. 17U05-2024-00005, dictada por el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Segundo, la revisión de artículos científicos y libros especializados en temas de violencia, terrorismo, comunicación y crimen organizado.

La utilización de fuentes múltiples asegura la validez de los hallazgos y fortalece la consistencia interpretativa del análisis (Flick, 2018). Las técnicas empleadas en la Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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presente investigación tienen criterios que responden a la lógica del muestreo teórico característico de la investigación cualitativa, que privilegia la pertinencia y la riqueza informativa sobre la representatividad estadística (Strauss y Corbin, 2015).

El proceso de análisis se desarrolló en dos fases. En la primera, se efectuó una lectura analítica de la sentencia condenatoria de primera instancia del proceso penal No.

17U05-2024-00005 y de la documentación asociada, con énfasis en la reconstrucción cronológica de los hechos y en la identificación de las consecuencias sociológicas del delito de terrorismo por parte del crimen organizado. En la segunda fase, se aplicó un procedimiento de codificación temática, a partir del cual se identificaron patrones relacionados con los riesgos para periodistas, las rutinas de autocensura y los efectos de la violencia criminal en el ecosistema informativo ecuatoriano.

Este procedimiento de codificación fue acompañado de la técnica de triangulación de fuentes, lo que permitió contrastar los hallazgos judiciales con literatura académica 436

sobre ataques similares en América Latina (Relly y González-de-Bustamante, 2017; Hughes y Márquez-Ramírez, 2018).

Este enfoque metodológico es consistente con investigaciones previas en contextos violentos, que han mostrado cómo la violencia criminal conduce a la adopción de prácticas de reducción de riesgo por parte de periodistas y medios, transformando sus rutinas informativas y afectando la calidad del debate público (González-de-Bustamante y Relly, 2014).

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Discusión

El caso de TC Televisión se inscribe en una tendencia regional documentada en países como México, Honduras y Colombia, donde el crimen organizado ha cooptado narrativas mediáticas mediante violencia sistemática (Relly y González-de-Bustamante, 2017). Estudios sobre violencia contra periodistas en México muestran que la intimidación y el asesinato generan “zonas de silencio” en regiones 437

dominadas por redes criminales (Brambila, 2017). De manera similar, en Ecuador, la autocensura emergió como una estrategia de supervivencia profesional que limita la cobertura crítica y empobrece el debate público.

El Crimen Organizado, Violencia Comunicativa y Libertad de

Prensa

El crimen organizado constituye una amenaza estructural para las democracias contemporáneas porque no solo concentra poder económico derivado de actividades ilícitas, sino que también desarrolla estrategias de control social y comunicacional orientadas a influir en la esfera pública y privada. Estas organizaciones despliegan mecanismos de violencia física y simbólica para condicionar las conductas ciudadanas y, en particular, las rutinas periodísticas. De este modo, la criminalidad organizada rebasa la lógica de mercados ilegales como el narcotráfico, la trata, la extorsión u otras actividades de criminalidad compleja, para incidir directamente en los flujos de información y en la construcción de la opinión pública (Arias, 2017).

La violencia comunicativa se entiende como el uso estratégico del terror y la fuerza para generar un impacto Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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más allá de las víctimas inmediatas. Schmid (2021) explica que esta modalidad de violencia tiene un carácter performativo, ya que los ataques son diseñados no solo para causar daño físico, sino para transmitir mensajes a públicos más amplios, incluyendo autoridades, periodistas y la sociedad en general. En este sentido, los atentados contra medios de comunicación no constituyen meros episodios de violencia instrumental, sino acciones de poder simbólico que buscan alterar la percepción social y generar un clima de temor que restrinja el debate democrático.

La relación entre crimen organizado y periodismo se torna crítica en contextos de alta violencia. En países como México o Colombia, las investigaciones han demostrado que las agresiones a periodistas y medios se convierten en un mecanismo sistemático de silenciamiento informativo, donde las amenazas, asesinatos o ataques armados sirven como advertencia colectiva para quienes intenten investigar a organizaciones criminales (Relly y González-de-Bustamante, 2017). El resultado es la creación de zonas de silencio informativo, donde la autocensura se impone 438

como estrategia de supervivencia y la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la opinión, quedan severamente limitados (Hughes y Márquez-Ramírez, 2018).

La teoría sobre terrorismo y medios aporta claves adicionales para comprender este fenómeno. Nacos (2016) sostiene que los grupos de delincuencia organizada reconocen el valor mediático de sus acciones y diseñan sus atentados con el propósito de obtener cobertura gratuita en plataformas de alta visibilidad. Estos actores aprovechan Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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las rutinas periodísticas, como la necesidad de inmediatez y el interés por lo espectacular, para maximizar la difusión de sus mensajes intimidatorios. Así, la prensa se convierte en una arena de disputa simbólica, donde las organizaciones criminales buscan imponer narrativas que refuercen su capacidad de intimidación y control social.

En términos de derechos fundamentales, la afectación es múltiple. La libertad de prensa, el derecho 439

a la información, el derecho a la opinión y la libertad de expresión se ven comprometidos cuando los periodistas trabajan bajo presiones de actores violentos que condicionan su capacidad de informar con independencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2013) ha enfatizado que la violencia contra periodistas constituye una doble violación: contra la víctima directa y contra la sociedad, que se priva de un flujo de información plural y libre. De este modo, el crimen organizado no solo ataca a individuos o instituciones, sino que erosiona el tejido democrático al restringir la circulación de ideas, alentar la censura previa de facto y debilitar el control social sobre el poder político y económico.

El Caso TC Televisión: Reconstrucción de los Hechos y la

Sentencia Condenatoria

El ataque ocurrido el 9 de enero de 2024 en las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, constituye un punto de inflexión en la violencia contra periodistas en Ecuador. Un grupo armado ingresó al canal durante una transmisión en vivo, tomó control del set y obligó a transmitir mensajes intimidatorios. Los atacantes portaban fusiles, chalecos antibalas y explosivos improvisados Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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(Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, 2025). El ataque reveló una planificación logística propia del crimen organizado (Falconi-Ayón et al., 2024).

La sentencia de primera instancia dictada en la causa penal N.º 17U05-2024-00005 calificó los hechos como terrorismo, en concordancia con el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal [COIP] (2014). El tribunal determinó que la finalidad del ataque fue generar terror en la población y condicionar la agenda mediática nacional. La condena a los responsables constituyó en un fallo trascendental, pero no resolvió las condiciones estructurales de inseguridad y vulnerabilidad para el periodismo. Estas condiciones requieren la actuación de otras instituciones del Estado con un panorama holístico.

Este hecho mostró cómo el crimen organizado utiliza escenarios de alta visibilidad para proyectar poder simbólico.

La transmisión forzada no solo violentó la integridad de los trabajadores del canal, sino que alteró la continuidad informativa, afectando el derecho derechos fundamentales.

440

La libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la opinión y la libertad de expresión fueron comprometidos. Los derechos fundamentales se vieron comprometidos porque se encontraban condicionados a la cobertura de mensajes simbólicos violentos para imponer narrativas de la organización criminal sobre su capacidad de intimidación y control social. De este modo, la prensa se convierte en una arena de disputa simbólica.

El análisis del ataque armado ocurrido el 9 de enero de 2024 en las instalaciones de TC Televisión revela Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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que este evento no fue un hecho aislado. El ataque en las instalaciones de TC Televisión forma parte de una estrategia de intimidación utilizada por el crimen organizado para incidir en la narrativa pública y condicionar la cobertura periodística.

La irrupción de individuos armados en un canal de televisión nacional durante una transmisión en vivo y la imposición de mensajes violentos demuestran un 441

patrón de actuación donde la violencia se combina con el aprovechamiento del alcance mediático para multiplicar el impacto social. Este patrón coincide con lo planteado por Schmid (2021), quien describe el “terror mediático” como un mecanismo que maximiza la visibilidad del mensaje criminal y genera un efecto psicológico de control social.

En la conceptualización del crimen organizado y su relación con el periodismo, diversos estudios han identificado que las organizaciones criminales modernas operan como redes transnacionales con una lógica empresarial y una estructura comunicacional propia (Calderoni et al., 2022). El caso de TC Televisión confirma que el objetivo de estos grupos no se limita a actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión u otros delitos de criminalidad compleja, sino que incluye la manipulación informativa como herramienta de poder. Esto se alinea con los hallazgos de Relly y González-de-Bustamante (2017), quienes documentan en México que el hostigamiento y la violencia contra periodistas forman parte de una estrategia integral de control narrativo por parte de actores criminales.

Desde la perspectiva de los estándares interamericanos, la Comisión Interamericana de Derechos Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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Humanos [CIDH] (2013) ha establecido que los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger e investigar las agresiones contra periodistas, especialmente en contextos de alto riesgo. Sin embargo, el ataque a TC Televisión evidencia deficiencias graves en la implementación de estos estándares en Ecuador, lo que incrementa la vulnerabilidad del gremio periodístico. A diferencia de otros países que han adoptado protocolos de reacción inmediata y programas de protección especializados7, el Estado ecuatoriano carece de un sistema integral que permita una respuesta rápida ante amenazas de alto impacto.

En el marco jurídico ecuatoriano, el COIP tipifica un amplio catálogo de delitos de criminalidad compleja que son perpetrados en el contexto del crimen organizado. El COIP tipifica el terrorismo, el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, la pertenencia, la delincuencia organizada y otros delitos de criminalidad compleja. Entre los delitos más visibles del crimen organizado, se encuentra el delito de terrorismo previsto en el artículo 366 del COIP, que describe conductas que buscan provocar un estado de terror en la 442

población mediante actos violentos (COIP, 2014). El evento de TC Televisión se ajusta a las características del ataque a TC Televisión.

7 Por ejemplo, Colombia lideró en 2000 la implementación de un mecanismo de protección, reformado significativamente en 2011 con la creación de la Unidad Nacional de Protección, que coordina la respuesta gubernamental para salvaguardar a individuos en riesgo. México, por su parte, estableció en 2012 un mecanismo propio, concebido como una herramienta de respuesta ágil para aplicar de inmediato medidas cautelares a periodistas bajo amenaza o ataque. Véase en: https://

latamjournalismreview.org/es/articles/mas-paises-latinoamericanos-consideran-mecanismos-de-proteccion-para-periodistas-no-todos-los-esfuerzos-tienen-exito/

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En las latitudes de la sentencia analizada, el Tribunal de Juzgamiento condenó a los partícipes del evento que generó zozobra en el Ecuador. El órgano jurisdiccional estableció responsabilidades penales por el delito de terrorismo tipificado en el artículo 366 del COIP8. Si bien es cierto, la actividad jurisdiccional y la sentencia frena ciertos frentes de las actividades del crimen organizado.

No obstante, una respuesta para las distintas dinámicas del 443

crimen organizado requiere acciones de los demás entes del Estado que sean coherentes y uniformes para recuperar su institucionalidad en el territorio y en su población.

Efectos del Ataque de TC Televisión en el Ejercicio Periodístico

en Ecuador

El atentado a TC Televisión generó un efecto de autocensura inmediata en periodistas y medios ecuatorianos.

Investigaciones sobre periodismo en contextos de violencia demuestran que la exposición a riesgos persistentes lleva a la adopción de estrategias defensivas como evitar temas sensibles, reducir la cobertura de seguridad y limitar el trabajo en campo (Hughes y Márquez-Ramírez, 2017). En Ecuador, tras el ataque, varios comunicadores restringieron su cobertura sobre temas que involucren el crimen organizado, priorizando su seguridad personal sobre la labor informativa, conforme los mismos testimonios referenciales de los periodistas que obran en la sentencia de primera instancia 8 COIP.- “[...] Art. 366.- Terrorismo.- (Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023; y Reformado por el Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 599-S, 12-VII-2024).- La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, pongan en peligro o atenten contra las edificaciones públicas o privadas, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años [...]”

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en el proceso penal No. 17U05-2024-000059 (Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, 2025).

La consecuencia directa fue un empobrecimiento de la deliberación pública, ya que la diversidad informativa disminuyó y el espacio mediático se vio condicionado por el miedo. El fenómeno de autocensura, conocido como chilling effect, se manifiesta cuando los periodistas deciden callar o suavizar temas por temor a represalias (Nacos, 2016). De este modo, el atentado no solo produjo daños inmediatos, sino que instauró un clima de intimidación sostenida que afecta la calidad del periodismo en Ecuador.

Además, el ataque evidenció la debilidad de las respuestas institucionales, ya que las acciones estatales se centraron en neutralizar a los atacantes y en abrir procesos penales, sin implementar actuaciones de protección a largo plazo. Este déficit contrasta con los estándares 9 Los agentes de la Policía Nacional –testigos y peritos del proceso penal–

coincidieron en que los periodistas de TC Televisión fueron sorprendidos durante la transmisión en vivo del noticiero. Los uniformados relataron que los atacantes irrumpieron armados en el set de grabación y redujeron 444

al personal de prensa junto con los técnicos. Los policías explicaron que los comunicadores fueron obligados a mantener la señal abierta como condición impuesta por los agresores. Los oficiales detallaron que los periodistas permanecieron en calidad de rehenes bajo amenazas constantes con armas de fuego y explosivos. Los testimonios señalaron que uno de los comunicadores fue utilizado como ejemplo de intimidación al colocársele un artefacto explosivo en la chaqueta. Los relatos recalcaron que esta acción buscaba transmitir miedo y asegurar la difusión del mensaje de los atacantes a nivel nacional. Los policías manifestaron que la instrumentalización de los periodistas tuvo como objetivo usar sus voces e imágenes para replicar consignas del grupo armado. Los testimonios coincidieron en que la situación generó un grave riesgo para la integridad física y psicológica de los comunicadores. Los agentes concluyeron que la presencia de periodistas como rehenes intensificó el estado de terror social provocado por el ataque al canal de televisión.

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interamericanos, que obligan a los Estados a garantizar medidas preventivas y reactivas frente a amenazas contra la prensa (CIDH, 2013).

La influencia del narcotráfico y la corrupción en la gobernabilidad es un factor estructural que explica la capacidad operativa de los grupos criminales para ejecutar ataques como el de TC Televisión. Rivera y Bravo (2020) señalan que la penetración de redes criminales en 445

instituciones estatales debilita la respuesta del sistema de justicia y facilita la impunidad. La conexión entre el crimen organizado y actores corruptos permite que estas organizaciones operen con un margen de seguridad que incentiva la repetición de actos violentos contra medios y periodistas.

En cuanto a las dinámicas de cobertura periodística, el ataque produjo un cambio inmediato en la agenda mediática nacional. Siguiendo la lógica descrita por Waisbord (2019), la violencia directa contra un medio de comunicación produce un “efecto congelante” en el periodismo, llevando a la autocensura y a la priorización de la seguridad personal sobre la labor informativa. La transmisión en vivo de los hechos, sin mediación editorial, otorgó a los atacantes una plataforma para difundir su mensaje de forma masiva, lo que refuerza la hipótesis de que la violencia contra periodistas no solo busca silenciar, sino también imponer narrativas de la capacidad operativa del crimen organizado.

Los hechos probados en el proceso penal No. 17U05-2024-00005, permiten reconstruir la secuencia del 9 de enero de 2024. Primero, el ingreso violento de personas armadas. Segundo, el sometimiento del personal. Tercero, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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la interrupción de la programación. Cuarto, la transmisión forzada de mensajes amenazantes (Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, 2025). Este modus operandi ha sido observado en contextos de alto conflicto como Honduras y México, lo que indica que los grupos criminales comparten tácticas transnacionales para maximizar el impacto comunicativo (Hughes y Márquez-Ramírez, 2018).

El fallo judicial tuvo un impacto mixto en la seguridad de periodistas y medios de comunicación. Por un lado, representó un avance simbólico al demostrar que el Estado puede condenar a los responsables de un ataque de alta visibilidad. Por otro lado, la ausencia de reformas estructurales y medidas de protección especializadas, por parte de otras instituciones del Estado, deja intactas las condiciones de riesgo, lo que perpetúa un entorno de amenaza constante.

El Estado ecuatoriano respondió al ataque con la neutralización de los agresores y la judicialización del hecho bajo la figura de terrorismo, pero omitió diseñar protocolos 446

permanentes de prevención y protección para quienes ejercen el periodismo en contextos de riesgo.

El Estado ecuatoriano no ha implementado un mecanismo especializado de protección para periodistas semejante a los que existen en México y Colombia. En Colombia, la Unidad Nacional de Protección ha desarrollado programas específicos desde 2011, mientras que en México se estableció un mecanismo en 2012 para aplicar medidas cautelares inmediatas a comunicadores bajo amenaza (Relly y González-de-Bustamante, 2017).

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Ecuador, en contraste, carece de un sistema formal de reacción, lo que expone a los periodistas a un ciclo de vulnerabilidad constante. Rivera y Bravo (2020) sostienen que la penetración del crimen organizado en instituciones estatales ecuatorianas debilita la capacidad de respuesta gubernamental, lo que incrementa la percepción de impunidad y desprotección frente a ataques de alto impacto.

Los mecanismos de intimidación y control narrativo 447

ejercidos por organizaciones criminales incluyen amenazas directas, ataques físicos, campañas de difamación y, como en el caso de TC Televisión, la utilización del propio medio como vehículo de transmisión de mensajes. Estos mecanismos se combinan con la violencia y la impunidad para erosionar la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la opinión y el derecho a la libertad de expresión.

Resultados

La investigación documentó de manera cronológica y verificable que, el 9 de enero de 2024, un grupo armado vinculado a estructuras del crimen organizado irrumpió en las instalaciones de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil, en plena transmisión en vivo de su noticiero. Los sujetos ingresaron portando armas de fuego de uso militar, municiones y explosivos improvisados, lo que provocó la detención forzada de periodistas, camarógrafos y personal técnico. Las pruebas periciales y testimonios recogidos en sentencia condenatoria confirman que los atacantes obligaron al personal a transmitir imágenes y mensajes intimidatorios dirigidos a las autoridades y a la ciudadanía (Levoyer, 2019).

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En el análisis, se verificó que el modus operandi del ataque correspondió a una acción coordinada, ejecutada por al menos 13 personas que actuaron con roles diferenciados: ingreso armado, control del personal, transmisión del mensaje y cobertura de posibles rutas de escape. El material incautado en el operativo posterior incluyó fusiles, pistolas, chalecos antibalas y explosivos artesanales, lo que evidencia una planificación logística y un abastecimiento de armas propio de organizaciones criminales con capacidad operativa.

La violencia desplegada no fue aleatoria; los atacantes seleccionaron el canal por su alta audiencia y su capacidad de amplificar, en tiempo real, un mensaje de poder simbólico. La literatura empírica latinoamericana documenta que actores criminales eligen escenarios altamente mediáticos para maximizar la difusión de amenazas, alterar la agenda informativa y enviar señales a autoridades y rivales. Trabajos como el de Gonzalez (2020) sobre riesgo y autocensura en México, así como los estudios de González-de-Bustamante y Relly (2021) 448

sobre resiliencia y coerción criminal, evidencian patrones de instrumentalización del espacio mediático que dialogan con lo ocurrido en Guayaquil. El resultado práctico del

“secuestro del aire” —transmisión coaccionada, suspensión del flujo informativo y shock social— coincide con el objetivo estratégico del terrorismo comunicativo: producir un efecto de intimidación generalizada que excede a las víctimas inmediatas.

El análisis de pruebas practicadas en el juicio permitió establecer que los atacantes seleccionaron a TC

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Televisión como objetivo por su alta audiencia nacional y su capacidad de amplificar el mensaje en tiempo real.

Este hallazgo coincide con patrones observados en investigaciones previas sobre ataques a medios en México y Colombia, donde las organizaciones criminales buscan escenarios mediáticos para maximizar el impacto de sus amenazas y condicionar la agenda informativa (Hughes y Márquez-Ramírez, 2018; Relly y González-de-Bustamante, 449

2017).

Las pruebas practicadas en el proceso penal No.

17U05-2024-00005 confirman que los periodistas y técnicos retenidos fueron obligados a permanecer en el estudio bajo amenazas directas a su integridad física. La Fiscalía recogió testimonios referenciales que describen que varios comunicadores temieron por sus vidas y que, en los días posteriores, adoptaron conductas de autocensura en su cobertura informativa, especialmente en temas de narcotráfico y seguridad (Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, 2025).

En términos de afectación a derechos, se comprobó que el ataque vulneró de forma simultánea la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la opinión y la libertad de expresión. Estos derechos fundamentales tienen un contenido prestacional y protector que el Estado debe activar especialmente frente a riesgos sistemáticos (Corte IDH, 2001). Los ataques de alto impacto inducen ciclos de autocensura en redacciones y periodistas que cubren crimen organizado, con correlatos medibles en “zonas de silencio” y retraimiento de coberturas sensibles. (Gonzalez, Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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2020; Freedom House, 2024; Reporteros sin Fronteras [RSF]

(2025).

El evento también generó una interrupción temporal de la transmisión nacional, lo que supuso una afectación directa a la continuidad del servicio informativo en un momento de crisis de seguridad pública. La transmisión en vivo fue secuestrada simbólicamente por los atacantes, quienes impusieron mensajes intimidatorios destinados a la audiencia nacional. Este hecho alteró el flujo normal de noticias y evidenció la vulnerabilidad de los medios frente a la violencia criminal.

Como subraya Levoyer (2019), la violencia de tipo comunicacional no solo busca causar daño material, sino que pretende afectar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información para la ciudadanía. El resultado inmediato fue la desconfianza en la capacidad de los medios para operar con independencia y seguridad, lo que a su vez refuerza los efectos de la violencia criminal en el ecosistema informativo. Más allá de ello, la violencia contra periodistas no solo impacta en las víctimas directas, sino que limita de 450

forma indirecta la posibilidad de la ciudadanía de acceder a información veraz y plural, un componente esencial de la democracia constitucional (Relly y González-de-Bustamante, 2017).

Los ataques de alto impacto contra medios inducen ciclos de autocensura en redacciones y periodistas.

Gonzales (2020) documenta que, en contextos de violencia generalizada como el de México, la autocensura se convierte en una práctica extendida de supervivencia profesional. Este fenómeno da lugar a la creación de «zonas de silencio», es Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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decir, territorios donde ciertos temas, como el narcotráfico, la corrupción o la seguridad, quedan excluidos de la cobertura informativa. De manera paralela, organizaciones como Freedom House (2024) y RSF (2025) han advertido que la autocensura no solo es una consecuencia psicológica de la amenaza, sino también un mecanismo estructural que deteriora la calidad del debate público, pues reduce la pluralidad y profundidad de la información disponible para 451

la sociedad.

El ataque a TC Televisión debe entenderse no solo como un atentado contra un grupo de trabajadores de prensa, sino como un ataque sistemático a derechos fundamentales de los ciudadanos relacionados con la comunicación y la democracia. Este impacto tiene un efecto multiplicador en la esfera pública, pues genera miedo, erosiona la confianza en las instituciones comunicacionales y limita la capacidad de la sociedad para deliberar con base en información confiable y plural (Hughes y Márquez-Ramírez, 2018).

El análisis del caso de TC Televisión permite establecer un puente comparativo con los contextos de México y Colombia, donde la violencia contra periodistas se ha consolidado como una estrategia sistemática de control narrativo. En Ecuador, el ataque del 9 de enero de 2024

configuró un punto de inflexión porque mostró cómo el crimen organizado instrumentaliza la cobertura mediática en tiempo real para proyectar poder simbólico y generar intimidación colectiva. A diferencia de los casos mexicanos y colombianos, donde la violencia se caracteriza por su continuidad en zonas específicas, el episodio ecuatoriano Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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representó un salto cualitativo al irrumpir en una transmisión nacional en vivo y alterar la agenda mediática de manera inmediata (Levoyer, 2019; Hughes y Márquez-Ramírez, 2018).

En México, la persistencia de asesinatos y amenazas ha creado “zonas de silencio”, donde los periodistas optan por autocensurarse como estrategia de supervivencia frente a la violencia criminal (Brambila, 2017; Relly y González-de-Bustamante, 2017). De manera semejante, en Colombia, los ataques de grupos armados ilegales han limitado la cobertura de temas relacionados con narcotráfico y conflicto armado, consolidando un patrón de autocensura prolongado (González-de-Bustamante y Relly, 2021). En Ecuador, sin embargo, la autocensura emergió como respuesta inmediata al ataque de TC Televisión, lo que indica que el fenómeno aún se encuentra en una fase inicial, aunque con el riesgo de evolucionar hacia dinámicas similares a las observadas en sus países vecinos (Freedom House, 2024; Reporteros Sin Fronteras [RSF], 2025).

El contraste radica también en las respuestas institucionales. Mientras que México y Colombia 452

implementaron mecanismos nacionales de protección para periodistas en 2012 y 2011, respectivamente, con resultados desiguales, pero con un marco formal de acción (Relly y González-de-Bustamante, 2017), Ecuador carece todavía de un sistema integral de prevención y protección.

El caso de TC Televisión demostró que la respuesta estatal se limitó a la neutralización policial de los agresores y a la tramitación judicial por terrorismo, sin avanzar hacia medidas estructurales que garanticen seguridad a largo plazo (CIDH, 2013; Rivera y Bravo, 2020).

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Por tanto, el hallazgo central del caso ecuatoriano reside en que la violencia criminal no solo afectó a los periodistas directamente implicados, sino que condicionó el ecosistema informativo nacional mediante la transmisión forzada de mensajes violentos. Este patrón comparte similitudes con México y Colombia en cuanto a la lógica de intimidación y autocensura, pero difiere en el carácter espectacular e inédito del ataque, así como en la ausencia de 453

políticas públicas preventivas que acompañen las respuestas judiciales (Arias, 2017). Estas diferencias subrayan que Ecuador se encuentra en una fase temprana de un fenómeno regional, lo que ofrece la oportunidad de aprender de las experiencias comparadas para evitar la consolidación de

“zonas de silencio” estructurales en su sistema mediático (Waisbord, 2019).

La investigación identificó que, tras el ataque, la respuesta estatal se centró en la neutralización de los atacantes y en la apertura de un proceso penal por terrorismo (COIP, art. 366). Sin embargo, no se registraron acciones preventivas por parte de otras instituciones del estado, con acciones inmediatas para reforzar la seguridad de otros medios de comunicación.

Finalmente, los resultados evidencian que el caso TC Televisión marcó un precedente en el Ecuador, al ser el primer ataque armado de gran escala contra un medio durante una transmisión en vivo. Este hecho representa un salto cualitativo en la violencia contra periodistas, ya que el crimen organizado pasó de las amenazas veladas y agresiones aisladas a un acto de control simbólico y operativo del espacio informativo. La consecuencia directa Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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ha sido la instauración de un clima de miedo que ha modificado la dinámica de cobertura periodística en temas de crimen organizado y corrupción.

Conclusiones

El estudio concluye que el ataque armado a TC Televisión del 9 de enero de 2024 constituye un punto de inflexión en la relación entre el crimen organizado y el ejercicio periodístico en Ecuador. El análisis confirma que la violencia criminal no solo amenaza la integridad física de periodistas y trabajadores de medios, sino que altera de manera estructural el ecosistema informativo y restringe la libertad de prensa, el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la opinión. Este caso evidenció que las organizaciones criminales poseen capacidad operativa para intervenir en tiempo real en la agenda mediática, utilizando la cobertura periodística como un vehículo para difundir mensajes de intimidación y control social.

La investigación documentó que el contexto sociopolítico y criminal previo al ataque estaba marcado por un incremento sostenido en la violencia homicida, la expansión del narcotráfico 454

y la penetración del crimen organizado en estructuras estatales.

Este escenario generó un entorno de vulnerabilidad para los medios, donde las amenazas y agresiones dejaron de ser hechos aislados para convertirse en prácticas sistemáticas con el fin de condicionar la labor periodística.

El estudio identificó que las rutinas de cobertura y las decisiones editoriales de TC Televisión y otros medios nacionales se vieron profundamente alteradas tras el ataque.

La autocensura, la reducción de la cobertura sobre crimen organizado y la priorización de contenidos menos riesgosos se Revista Enfoques de la Comunicación No. 14 - Noviembre 2025

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consolidaron como estrategias de supervivencia profesional.

Estos cambios confirman que la violencia criminal produce un «efecto de enfriamiento» [ chilling effect, en inglés]

que limita el debate público y empobrece la calidad del periodismo.

El análisis crítico de las respuestas institucionales evidenció una reacción centrada en la neutralización policial de los agresores y en la apertura de procesos judiciales 455

por terrorismo, pero con escasas acciones preventivas y de protección integral para periodistas y medios, por porte de otras instituciones del Estado. La falta de protocolos interinstitucionales y la ausencia de un sistema nacional de protección para comunicadores expuestos a riesgo contrastan con las buenas prácticas implementadas en otros países de la región.

El caso TC Televisión evidencia que el crimen organizado ha evolucionado hacia estrategias más visibles y simbólicas de intimidación, con impactos duraderos en el periodismo y la democracia ecuatoriana. La construcción de un entorno seguro para el ejercicio periodístico requiere una política integral que aborde simultáneamente la seguridad física de los comunicadores, la resiliencia institucional de los medios y el fortalecimiento de la gobernabilidad frente a las actividades del crimen organizado.

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