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Publicado: 20-06-2026

Libertad de Expresión y Medios Alternativos en Colombia:

Hacia una Construcción de Resistencia Social

Freedom of Expression and Alternative Media in Colombia:

Toward the Construction of Social Resistance

Olga Marcela Zuluaga-Contreras1

Doctorante

Universidad Nacional de La Plata -Argentina- 929

marfiru@gmail.com

Resumen

El ensayo examina la relación entre comunicación y hegemonía en la lucha social en Colombia y destaca el papel de los medios alternativos y de los liderazgos sociales. A partir de la experiencia durante el Paro Agrario, Étnico y Popular de 2013, analiza cómo estos medios contribuyeron a visibilizar las demandas sociales, construir narrativas contrahegemónicas y ampliar el ejercicio de la libertad de expresión en el país. El texto argumenta que estas prácticas comunicativas no solo hicieron visibles dichas demandas, sino que también configuraron formas de resistencia capaces de disputar el orden hegemónico. Para ello, se

1 Profesional en Comunicación Social y Periodismo, y especialista en Comunicación Digital de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente cursa el Doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Se ha desempeñado como periodista, editora e investigadora en temas de derechos humanos, movimientos sociales y conflictos socioambientales en Colombia. Su trabajo se ha enfocado en el análisis de la comunicación, la hegemonía y el papel de las lideresas sociales en contextos de violencia y resistencia. Cuenta con experiencia en trabajo de campo y producción de contenidos desde medios alternativos, así como en procesos de investigación académica y periodística orientados a la

comunicación para el cambio social. ORCID: https://orcid.org/0009-0004-

5323-8466

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apoya en los aportes teóricos de Antonio Gramsci, Raymond Williams, Jesús Martín-Barbero, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau y Catherine Walsh, quienes comprendieron la hegemonía como un proceso cultural y político que articula poder, consenso y resistencia. Desde este marco, se resalta el papel de las lideresas sociales en la construcción de alternativas frente a la violencia estructural y la desigualdad. Finalmente, se plantea que la comunicación, entendida como práctica social y política, resulta clave para fortalecer procesos de resistencia y justicia social.

Palabras clave: hegemonía, medios alternativos, libertad

de expresión, comunicación, resistencia social.

Abstract

The essay examines the relationship between communication and hegemony within social struggle in Colombia and highlight the role of alternative media and social leadership. Drawing on the experience of the 2013 Agrarian, Ethnic, and Popular Strike, it analyze how these media contributed to making social demands visible, constructing counter-hegemonic narratives, and broadening the exercise of freedom of expression in the

930 country. The text argued that these communicative practices

not only rendered such demands visible, but also shaped forms of resistance capable of contesting the hegemonic order. To support this argument, it relied on the theoretical contributions of Antonio Gramsci, Raymond Williams, Jesús Martín-Barbero, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, and Catherine Walsh, who understood hegemony as a cultural and political process that articulates power, consensus, and resistance. From this perspective, the essay emphasized the role of women social leaders in the construction of alternatives to structural violence

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and inequality. Finally, it proposed that communication, understood as a social and political practice, proved essential for strengthening processes of resistance and social justice.

Keywords: hegemony, alternative media, freedom of

expression, communication, social resistance.

1. Introducción

En contextos de conflictividad social, la libertad de

expresión no es solo un derecho abstracto, sino una práctica 931

situada que se disputa en los territorios. En Colombia, particularmente durante el Paro Agrario, Étnico y Popular de 2013, esta libertad se vio tensionada entre las narrativas dominantes de los grandes medios y las voces emergentes de los movimientos sociales, que encontraron en los medios alternativos un canal para visibilizar sus demandas.

Este texto describe cómo los medios alternativos y los

liderazgos sociales —especialmente de mujeres— configuran formas de ejercicio de la libertad de expresión en contextos de hegemonía y violencia estructural. Se explora cómo estas prácticas comunicativas no solo informan, sino que disputan sentidos y configuran lo que puede entenderse como una hegemonía alternativa.

Este ensayo se desarrolla desde una perspectiva

crítico-interpretativa, articulando la experiencia periodística de campo, la revisión documental y el análisis teórico de las categorías: hegemonía, comunicación y resistencia social. Desde estos elementos, se reflexiona sobre el papel de los medios alternativos y los liderazgos sociales en la construcción de narrativas de resistencia frente a contextos de violencia estructural en Colombia.

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2. Desarrollo

2.1 El Paro Agrario, Étnico y Popular en Colombia

Las sociedades se transforman y adquieren capacidades de exigir para sí mismas; es precisamente este proceso con el que deseo iniciar para hilar este ensayo. Las ideas aquí desarrolladas tienen su origen en una tarea que asumí hace más de 10 años, en medio del Paro Agrario, Étnico y Popular, pretendiendo aplicar los conocimientos académicos como profesional de periodismo, decidí vincularme a un medio de comunicación alternativo, para generar entre muchas otras cosas, historias desde diferentes territorios colombianos.

Durante el segundo semestre de 2013, especialmente en los meses de agosto y septiembre, se evidenció la fuerza del campesinado colombiano a través de diferentes zonas rurales del país. Desde las ciudades, se despertó la creatividad y la solidaridad en los sectores sociales con jornadas de movilización, plantones, cacerolazos, marchas de antorchas y caravanas de apoyo a las peticiones de sector agrario, pero también para rechazar la violencia policial. 932 Los medios alternativos jugaron un papel crucial en

dar cobertura y relevancia a este Paro Agrario Nacional con el impulso de las redes sociales y el internet, al presentar en vivo y en directo a las voces de sus protagonistas: los movimientos sociales. Mi labor como periodista en ese momento, más que informar; fue ser un puente entre estas voces y el resto del país. Los medios alternativos, independientes, lograron transmitir la realidad sin filtros, permitiendo que la verdad llegara a cada rincón del país. Se mostró la magnitud del Paro y se pudo apreciar la vital

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importancia de los líderes sociales en la construcción de un futuro nacional más justo, con más esperanza. Muchas preguntas surgieron en ese momento, y que se sumaron con varios años de trabajo de campo por distintas regiones de Colombia para buscar historias, información y verificar datos alrededor de proyectos de investigación periodística.

Los medios alternativos permitieron mostrar lo que ocurría en los territorios y evidenciar violaciones a derechos humanos invisibilizadas por los grandes medios. En este 933

sentido, para Martín-Barbero (1987) es fundamental entender que la cultura y la comunicación en América Latina deben analizarse desde las prácticas sociales y no solo desde los medios. Su concepto de “mediaciones” permite comprender cómo la cultura popular y los medios se articulan en la vida cotidiana y en la construcción de identidades. Como señala el autor: “La comunicación no es un mero proceso de transmisión de mensajes, sino un proceso de producción de sentido a través del cual una sociedad se piensa a sí misma” (Martín-Barbero, 1987, p. 26).

Lo anterior conecta con lo mencionado por Walsh (2005) en su introducción al libro Pensamiento crítico y matriz (de)colonial: Reflexiones latinoamericanas, en el que destaca “la coexistencia de diferentes epistemes o formas de producir conocimientos desde los movimientos sociales” (p. 16). Durante el Paro Agrario, las prácticas comunicativas impulsadas desde los territorios se constituyeron en formas de producción de memoria, denuncia y resistencia frente a las narrativas oficiales sobre la protesta social.

Fueron surgiendo también preguntas como: ¿cómo se generan los diálogos entre los movimientos sociales y

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las ciudadanías en Colombia? ¿Cómo darles relevancia y resonancia a los discursos de los líderes y lideresas sociales emitidos en sus territorios? ¿Cómo generar solidaridad ante las necesidades de los campesinos colombianos?

Con el tiempo, y a medida que profundizaba el acercamiento a algunas luchas de los indígenas, afrodescendientes y campesinos, me llamó especialmente la atención el papel de las mujeres, las lideresas sociales que desde sus territorios y en ocasiones, en contravía con los deseos de sus propias familias, se enfrentaban a distintas instituciones como empresas extractivas y grupos al margen de la ley.

Estas lideresas y en ocasiones sus familiares, reciben señalamientos, amenazas, atentados, persecución, entre otros, tratando de impedir que sigan desde su activismo comunitario, divulgación de ideas y generando procesos en contra de los intereses empresariales. ¿Qué riesgos enfrentan las lideresas sociales colombianas? ¿Qué impactos generan los liderazgos femeninos en sus territorios?

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 934 Paz (Indepaz, 2024), en 2023 se registraron 94 masacres,

así como el asesinato de 189 líderes sociales y 42 firmantes de paz; para 2024, se contabilizan 14 masacres, 86 líderes y lideresas sociales, y 14 firmantes de paz asesinados. Estos datos evidencian la persistencia de la violencia y sugieren una brecha entre la retórica estatal y la implementación efectiva de políticas de protección a la vida.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2024). Durante el 2023 en Colombia se presentaron 215 confinamientos, con una afectación a 18.356 familias,

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el equivalente a 66.279 personas, lo cual significa un incremento del 63% en comparación con el 2022, cuando se registraron 132. Además, propone que la institucionalidad gubernamental debe “no solo reaccionar para atender a las víctimas, (…) sino trabajar en prevención para que no haya más desplazados”.

La entidad también revela que el principal factor de riesgo es el aumento de los cultivos de uso ilícito, que ha provocado el incremento de la violencia en diferentes 935

zonas y disputa territorial de los grupos armados ilegales, generando homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos.

Estas experiencias permiten abrir el debate hacia una comprensión más amplia del poder simbólico y cultural en la sociedad, lo que conduce al análisis del concepto de hegemonía en el campo de la comunicación.

2.1.1 Hegemonía y Comunicación. Por su parte, para Huergo (2002) la hegemonía es un concepto clave para comprender la comunicación y especialmente en la dimensión discursiva de la forma de ejercicio del poder. Describe que:

En verdad, quien más aportó en el último siglo al pensamiento sobre la hegemonía y a la construcción de una teoría de la misma, fue el político y pensador Antonio Gramsci. Para él, una clase ejerce su supremacía mediante el dominio sobre los grupos antagonistas, a través de la coerción de aparatos propios de la sociedad política. Pero también la ejerce mediante la hegemonía, en cuanto articula

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y dirige a los grupos sociales aliados o neutrales, a través de los aparatos hegemónicos de la sociedad civil. (Huergo, 2002, p. 2).

Asimismo, define Huergo (2002) que las prácticas hegemónicas, para Gramsci, tienen por objeto la formación del conformismo cultural en las masas: una serie de actitudes, de comportamientos, de valores y de pensamientos que permiten a una clase ejercer su supremacía y articular, para los fines de su dominio, los intereses y las culturas de otros grupos sociales. En definitiva, este proceso (fundamentalmente cultural) les permite a los grupos dominantes hacerse también dirigentes de la sociedad. Para esta finalidad, los grupos dominantes trabajan el interjuego entre hegemonía y consenso a través de la educación, el derecho, los partidos políticos, la opinión pública, los medios de comunicación, etc.

En este sentido, la comunicación se vincula directamente con el ejercicio de la libertad de expresión, en tanto esta puede ser condicionada, limitada o disputada por las estructuras de poder que configuran la hegemonía en la 936 sociedad.

En consonancia con lo anterior, Martín-Barbero (1987) afirma: “La cultura popular no es lo que queda fuera de la cultura hegemónica, sino aquello que resiste y negocia con ella desde sus propias lógicas” (p.108).

Asimismo, para Martín-Barbero (1987) es fundamental entender que la cultura y la comunicación en América Latina deben analizarse desde las prácticas sociales y no solo desde los medios. Su concepto de “mediaciones” permite comprender cómo la cultura popular y los medios

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se articulan en la vida cotidiana y en la construcción de identidades. Como señala el autor, “la comunicación no es un mero proceso de transmisión de mensajes, sino un proceso de producción de sentido a través del cual una sociedad se piensa a sí misma” (p. 26).

2.1.2 Hegemonía y Lucha de Clases. Gramsci introduce el concepto de hegemonía en el contexto de la lucha de clases y el papel de la ideología en la dominación social. Retomando a Gramsci, Raymond Williams indica 937

que “lo que resulta decisivo no es solamente el sistema consciente de ideas y creencias, sino todo el proceso social vivido, organizado prácticamente por significados y valores específicos y dominantes”. (Williams, 1977, p. 130).

Es decir, la hegemonía implica la capacidad de una clase dominante para presentar sus intereses como los intereses de toda la sociedad y lograr que estas ideas sean aceptadas y compartidas por las clases subordinadas.

Gramsci sugiere también que las clases

subordinadas, como el proletariado, deben construir una hegemonía alternativa, desafiando y reemplazando la hegemonía dominante. Esto implica la creación de una conciencia de clase, la organización de movimientos políticos y la promoción de una ideología revolucionaria que cuestione y desafíe el orden establecido.

En la misma línea, Williams señala que:

La hegemonía constituye todo un cuerpo de

prácticas y expectativas en relación con la totalidad

de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía,

las percepciones definidas que tenemos de

nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vívido

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sistema de significados y valores -fundamentales

y constitutivos- que en la medida en que son

experimentados como prácticas parecen confirmarse

recíprocamente. (Williams, 1977, p. 132)

En consecuencia, Gramsci introdujo el necesario reconocimiento de la dominación y la subordinación en lo que, no obstante, debe ser reconocido como un proceso total. Lo que resulta decisivo no es solamente el sistema consciente de ideas y creencias, sino todo el proceso social vivido, organizado prácticamente por significados y valores específicos y dominantes.

2.1.3 Hegemonía Alternativa. Desde el hincapié de Gramsci destacado por Raymond Williams (1977) sobre la creación de una hegemonía alternativa por medio de la conexión práctica de diferentes formas de lucha, incluso de las formas que no resultan fácilmente reconocibles ya que no son fundamentalmente políticas y económicas, es enfático al indicar que:

Conduce, por lo tanto, dentro de una sociedad altamente desarrollada, a un sentido de la actividad 938 revolucionaria mucho más profundo y activo que en el caso

de los esquemas persistentemente abstractos derivados de situaciones históricas sumamente diferentes. Las fuentes de cualquier hegemonía alternativa son verdaderamente difíciles de definir. (Williams, 1977, p. 132).

Desde una perspectiva de las dinámicas

contemporáneas de poder y resistencia social, Laclau y Mouffe (1987) sostienen que “la hegemonía supone el carácter incompleto y abierto de lo social, que sólo puede constituirse en un campo dominado por prácticas

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articulatorias” (p. 229). Lo que permite comprender las identidades colectivas y las narrativas sociales como escenarios de disputa y resignificación permanente.

Asimismo, Laclau y Mouffe afirman que la hegemonía se “constituye en un campo surcado por antagonismos y supone, por tanto, fenómenos de equivalencia y efectos de frontera” (p. 231), y, además, que “las dos condiciones de una articulación hegemónica son, pues, la presencia de fuerzas antagónicas y la inestabilidad de las fronteras 939

que las separan” (p. 231). Desde esta perspectiva, las luchas campesinas, indígenas y populares en Colombia, así como las prácticas comunicativas impulsadas por medios alternativos y lideresas sociales, constituyen escenarios de resistencia y articulación colectiva frente a discursos hegemónicos dominantes sobre el territorio, la representación política y la participación social.

En este punto, es posible analizar cómo los actores armados en Colombia buscan legitimar su control. En este sentido, los grupos de guerrillas y paramilitares no solo ejercen control territorial, sino que también buscan establecer una dominación ideológica sobre las poblaciones locales a través de prácticas culturales y discursos que justifiquen y den legitimidad a su presencia y acciones específicas en estos territorios.

Los movimientos y las organizaciones sociales, incluyendo los liderazgos comunitarios, han resistido las narrativas impuestas por los sectores armados ilegales, promoviendo alternativas que enfatizan la paz, la justicia social, el medio ambiente y el respeto por el territorio, definidas dentro de la identidad nacional. Estas estrategias

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permiten a los líderes sociales construir una hegemonía alternativa que desafía la dominación de los actores armados y las estructuras de poder tradicionales, promoviendo una cultura de paz y justicia social en sus comunidades:

Los líderes sociales promueven proyectos de economía solidaria como cooperativas agrícolas, artesanales o de servicios, que fomentan la autosuficiencia económica de las comunidades. También crean medios comunitarios como emisoras y páginas en redes sociales que difunden información desde la perspectiva de las comunidades. Estas iniciativas se realizan en ocasiones en alianzas con organismos internacionales para recibir apoyo técnico, financiero y protección, además de visibilizar sus luchas a nivel global.

2.2 Desafíos de las Lideresas y los Movimientos Sociales

En las últimas dos décadas, un número creciente de mujeres ha dedicado su vida a defender los derechos humanos, territoriales y ambientales, en un momento en el que hay profundas discusiones sobre la salud de la tierra a nivel mundial. Estas mujeres, líderes sociales, activistas 940 y defensoras del medio ambiente, su trabajo ha tenido un

alto precio, exponiéndose, a sí mismas y a sus familias, a amenazas, ataques y, en algunos casos, asesinatos. Los victimarios recurren a la violencia sexual y el desprestigio público para poner en cuestión sus capacidades para liderar.

Como consecuencia, hay una degradación de la situación de los derechos humanos en América Latina, región que enfrenta una crisis humanitaria con ataques contra líderes sociales que buscan preservar la dignidad humana y luchan por la conservación del medio ambiente.

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La situación de los defensores en todo el mundo ha sido crítica. Global Witness, en Una década de resistencia (2022), reveló que 200 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en todo el mundo durante el año 2021 por defender el medio ambiente, 54 de esos defensores fueron asesinados en México, seguida de Colombia con 33, Brasil con 26 y Filipinas con 19 casos. Sin embargo, en general, tanto Colombia como Filipinas, siguen siendo dos de los países con el mayor número de asesinatos 941

en el mundo desde 2012.

Para aquellas mujeres que, en Colombia, ejercen algún tipo de liderazgo social, esta situación implica un doble riesgo, pues, por una parte, son agredidas por su condición de lideresas y, por otra, específicamente por ser mujeres. Esto revela no solo un aumento en la letalidad de los ataques, sino también una intención de los responsables de impedir su participación en la vida pública y su capacidad de incidencia en sus comunidades.

En general, son muchos los factores relacionados con los asesinatos, amenazas y agresiones a líderes y lideresas sociales, pero dentro de los más recurrentes han sido el control del territorio, rutas y sus recursos naturales.

Un ejemplo notable en Colombia es Francia Márquez, una reconocida lideresa, feminista y abogada que ha luchado por los derechos de las comunidades afrodescendientes y por la protección del medio ambiente, actividad que ha ejercido desde sus 13 años contra la minería presente en la zona caucana y que le hace merecedora del Premio Ambiental Goldman en 2018 por su trabajo para detener la minería de oro ilegal en su comunidad de La Toma, en la

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cual encabezó una marcha de 80 mujeres que caminaron 560 kilómetros hasta Bogotá; ahora su activismo lo hace desde la vicepresidencia de la República.

En varias ocasiones ha sufrido ataques, por ejemplo: en enero de 2023 escapó de un intento de asesinato. Una carga explosiva, encontrada a tiempo por la policía a cargo de su seguridad, había sido escondida en el camino que conduce a su casa.

El domingo 16 de junio se conoció que el padre y el sobrino de la vicepresidenta sufrieron un atentado en el suroeste del país. Este ataque se da en medio de un contexto de escalada de violencia en el departamento del Cauca, que tiene como protagonista al Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC. También el pasado 10 de julio, el vehículo principal del esquema de seguridad de la vicepresidenta fue atacado por un impacto de proyectil, al parecer de un arma de fuego, en el corregimiento de Timba, Cauca; luego de que ella y su equipo regresaran del municipio de Suárez, Cauca, donde se encontraban visitando la que será la nueva sede de la Universidad del Valle para el 942 Norte del Cauca.

2.2.1 Ser Mujer y Lideresa en Colombia: la Resistencia Dentro de la Resistencia. Otro ejemplo de lideresa social es el de Jakeline Romero Epiayú, quien, junto con su familia le tocó crecer viendo como cada año la minería de carbón le iba arrebatando lo que era el territorio ancestral de su pueblo wayúu y cómo iba expulsando también a las comunidades afrodescendientes que se asentaron en La Guajira desde los levantamientos negros de finales del siglo XVI. Conforme iban creciendo los pozos de extracción de El Cerrejón, la

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gente se quedó sin tierra, enferma, muriendo de sed y de hambre, con sus sitios sagrados profanados y con sus ríos desviados para la demanda de la empresa carbonera.

Según recuerda: “Justo en la zona donde yo me encuentro […] ha habido destrucción de fuentes hídricas […] Además del arroyo Bruno estamos hablando de más de 17 afluentes del río Ranchería que, en el histórico que va de la empresa, se han desviado sin ningún tipo de control”.

Jakeline sabe muy bien que, a consecuencia de su 943

liderazgo y denuncias, ha sido víctima de diversos ataques durante los últimos 10 años: señalamientos, seguimientos, ataques por redes sociales, amenazas a través de panfletos de grupos paramilitares y llamadas telefónicas, han sido algunas de las formas en que han pretendido silenciarla, afortunadamente, sin éxito.

La lideresa asegura que: “Ser indígena,

afrodescendiente, campesina, líder y de paso mujer, es un riesgo. No tendríamos por qué enfrentarnos cuando vamos a exigir derechos, por ejemplo, cuando yo voy a decir al ente territorial que no tengo agua en mi comunidad”.

Estas agresiones no son nuevas para ella ni para sus compañeras de la Fuerza de Mujeres Wayúu. En 2007, cuando el país empezaba a saber de los horrores cometidos por los paramilitares en La Guajira, desconocidos incendiaron la casa de la lideresa Arelis Beatriz Ojeda Jayariyu, quien había venido denunciando la situación de las 36 familias desplazadas por ese grupo armado que se habían asentado en la ranchería Wepiapaa del municipio de Dibulla.

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Luego, en 2012, Jakeline, ya convertida en una de

las caras visibles de la organización, recibió por primera vez amenazas de muerte, algo que se repetiría dos años después con su hija, quien recibió una llamada telefónica para intimidarla a ella y su familia el 5 de mayo de 2014, apenas cuatro meses después de que El Cerrejón recibiera su permiso para talar árboles cercanos al arroyo Bruno y de que estallaran las tensiones con las comunidades indígenas por este proyecto.

No obstante, las agresiones contra Jakeline y su

familia no pararon allí. El 13 de diciembre de 2016, un año después de instaurada la acción de tutela para parar el proyecto relacionado con el arroyo Bruno y mientras la Corte Constitucional estudiaba el caso, la lideresa recibió un mensaje de texto anónimo en su teléfono celular en el que se le advertía que “no se meta en lo que no le incumbe, evite problemas, sus hijas están muy lindas y piense en ellas, gran malparida perjudicial, evite problema [sic] porque hasta su madre se la desaparezco”.

También ha sufrido amenazas colectivas como parte de

la Fuerza de Mujeres Wayúu en repetidas ocasiones. En octubre

944 de 2018, mayo de 2019 y marzo de 2020 su nombre o el de su

organización aparecieron en panfletos en los que las Águilas Negras, un grupo paramilitar cuya existencia niega el gobierno colombiano, las declaraban objetivo militar al tiempo que los conflictos sociales en La Guajira seguían agudizándose.

Jakeline no les resta importancia a las amenazas,

pero destaca que “también hay una responsabilidad estatal de reconocer esa labor de ser defensor” y recuerda a las autoridades su obligación de proteger a quienes, como ella, luchan por los derechos de sus comunidades y la naturaleza. Critica, por supuesto, que las autoridades sigan enfocando la

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seguridad como un asunto de entregar objetos como teléfonos celulares, chalecos antibalas o vehículos blindados a cada persona en riesgo, mientras dejan de lado ofrecer garantías colectivas a las comunidades basadas en sus tradiciones y cultura, como pasa con el pueblo wayúu.

Hace cerca de una década la Fuerza de Mujeres Wayúu

le exige a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la institución encargada de cuidar la vida de los defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos en alto riesgo en 945

Colombia, que implemente un mecanismo colectivo que sea respetuoso de la cultura de este pueblo originario y sea capaz de dar tranquilidad a toda la población en riesgo en La Guajira.

Por esto, acepta la lideresa, se sintió aliviada en

2019 cuando la entidad estatal le desmontó el esquema de protección que tenía, que incluía un guardaespaldas no relacionado con el mundo wayúu, y pasaron a ser personas de su pueblo las que, con el apoyo de la UNP, pasaron a ser responsables de su seguridad, aunque esto también tiene sus limitaciones: “Lo que tenemos ahora es un esquema colectivo en la organización, que no es tampoco mucha garantía porque somos muchas mujeres en La Guajira y no cumple con lo que realmente debería ser la garantía para la protección de la vida de los líderes”.

Cuando se le pregunta qué se necesita para que estas

agresiones se detengan, Jakeline no duda en señalar que:

Es importante que la sociedad civil internacional les

exija a sus gobiernos respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales de los distintos países que llegan porque el carbón que sale de La Guajira no se consume en Colombia, va directamente a Europa, Estados Unidos, y otras partes del mundo.

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Por su parte, desde el feminismo comunitario, Lorena Cabnal (2010) plantea que “toda forma de explotación de los bienes naturales es una forma de violencia contra la tierra y contra las mujeres y hombres que convivimos con ella” (p. 24). Esta perspectiva permite comprender que muchas de las violencias ejercidas contra lideresas sociales como contra Jakeline o Francia en Colombia, también se relacionan con disputas sobre el territorio, la defensa de la vida y los procesos organizativos comunitarios.

Asimismo, Cabnal (2010) propone que a medida que:

Nos reconozcamos en la diferencia y repensemos

como construir diálogos pensantes, sintientes, y

respetuosos, podremos seguir juntando hilos desde

donde estemos, toda vez que intencionalicemos

nuestras acciones de manera coherente contra

los patriarcados y contra las hegemonías que nos

circundan en nuestro propio cuerpo, en la cama,

la comunidad, la calle, la ciudad y en el mundo

[situando las resistencias de las mujeres en las

resistencias colectivas]. (p.25)

946 2.3 El Futuro de la Lucha Social en Colombia

El Paro Agrario, Étnico y Popular de 2013 marcó un punto de inflexión en la lucha social en Colombia, destacando la importancia de los medios alternativos y el papel crucial de las lideresas sociales, no solo visibilizaron las demandas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, sino que también mostraron cómo la hegemonía puede ser desafiada y reemplazada por narrativas alternativas que promuevan la justicia y la paz.

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Es importante que los movimientos sociales en Colombia continúen adaptándose y creando redes de solidaridad más fuertes, apoyadas en las nuevas tecnologías. La lucha por la paz y la justicia social es un camino largo y desafiante, pero cada paso dado por los líderes comunitarios y los territorios es un paso hacia un futuro mejor para todos los colombianos.

Las experiencias vividas durante estos años han demostrado que la construcción de una hegemonía 947

alternativa es posible, pero requiere un esfuerzo continuo y colectivo. Las lideresas sociales han sido fundamentales en este proceso, mostrando que el cambio es posible cuando se lucha con convicción y solidaridad. La lucha social en Colombia es un testimonio de la resistencia y la esperanza de sus comunidades.

La hegemonía alternativa se manifiesta en la resiliencia y resistencia de las comunidades colombianas. Las organizaciones sociales y los líderes comunitarios, a pesar de enfrentar riesgos constantes, continúan buscando un cambio significativo. Su capacidad de movilización, la consciencia sobre las verdaderas necesidades de sus comunidades es un testimonio de su determinación y esperanza.

Justamente las movilizaciones sociales, como las protestas y marchas que han sacudido al país en los últimos años, son ejemplos de la hegemonía alternativa en acción. Estas manifestaciones no solo expresan el descontento con las políticas gubernamentales y la violencia estructural, sino que también buscan construir una visión de sociedad más justa e inclusiva.

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Si bien la construcción de una hegemonía alternativa

es en mi interpretación, con posibilidades de equivocarme, una construcción impulsada por las comunidades y los movimientos sociales, en donde se espera un papel del Estado que apoye y amplifique estos esfuerzos con políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia y la desigualdad.

Una iniciativa exitosa es el Programa de Desarrollo

con Enfoque Territorial (PDET), el cual ha demostrado que la participación comunitaria y el enfoque en el desarrollo integral pueden transformar las regiones más afectadas por el conflicto, por ejemplo, el trabajo de un grupo de 145 mujeres cabeza de hogar del puerto nariñense, diariamente limpian y transforman camarones y langostinos. Su proyecto recibió el apoyo de la Agencia de Renovación del Territorio, a través de los PDET.

Estas mujeres fueron desplazadas por la violencia a

finales de los noventa en Nariño y en el 2016 conformaron en Tumaco la Asociación Mujeres Semillas de Paz Perlas del Pacífico (Asmudepaz), siendo un ejemplo de aquellas

948 iniciativas que deben ser expandidas y fortalecidas,

asegurando que las comunidades locales participen.

La colaboración entre el Estado y la sociedad civil es

esencial para crear un entorno propicio para la paz y la justicia social. Las instituciones gubernamentales, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, pueden desarrollar programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades para los líderes comunitarios, fomentar el diálogo y la participación ciudadana en la toma de decisiones, y asegurar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.

Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

Aceptado: 29-05-2026

Publicado: 20-06-2026

La reconfiguración regional de la paz, justicia social y la violencia en Colombia se presenta como un proceso complejo y multifacético, marcado por la resistencia social. Es imperativo que el Estado colombiano y la comunidad internacional redoblen sus esfuerzos para proteger a los líderes y lideresas sociales. Solo a través de un enfoque integral con colaboración efectiva se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

3. 949 Conclusiones

Entonces, en este texto, he tratado de mostrar cómo la comunicación, la hegemonía y la lucha social se entrelazan en el contexto del Paro Agrario y la lucha campesina en Colombia. Los medios alternativos han sido una herramienta poderosa para dar voz a las comunidades olvidadas y ser una alternativa ante la hegemonía dominante, mientras que los líderes sociales, especialmente las mujeres, han jugado un papel crucial en la construcción de una Colombia más justa. En este sentido, la defensa de la libertad de expresión se convierte en un elemento fundamental para garantizar la visibilización de estas luchas y la participación de las comunidades.

La teoría de la hegemonía permite comprender estas dinámicas y reconocer la importancia de construir alternativas desde los territorios. En este escenario, la defensa de la libertad de expresión no puede entenderse únicamente como un derecho formal, sino como una práctica en disputa, en la que los medios alternativos y las lideresas sociales emergen como actores clave en la construcción de nuevas formas de poder, resistencia y transformación social.

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