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Libertad de Expresión en Espacios Educativos y Uso de Redes Sociales

Freedom of Expression in Educational Spaces and Use of

Social Networks

Nelson Neptali Alvarado-Ochoa1

Investigador Independiente -Ecuador-fenixsamael@hotmail.com

821

David Armijos-Arrobo2

Investigador Independiente -Ecuador-davidaemijos45@gmail.com

Resumen

El presente trabajo analiza los alcances y limitaciones de la libertad de expresión en niños, niñas y adolescentes en espacios educativos en el ámbito físico como digital, haciendo énfasis en el uso de redes sociales y medios digitales. Examina, además, la relación existente entre este derecho y otros como la intimidad, la imagen, el buen nombre, y la protección de datos personales; considerando para ello, la normativa nacional e internacional, la jurisprudencia y los estándares internacionales de derechos humanos. Esto permite corroborar que la 1 Egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, abogado, licenciado en Jurisprudencia, con 15 años de experiencia profesional; ha desarrollado además labores de docencia en el Instituto Superior Tecnológico de Transporte, capacitación en derechos de alimentos dentro de la Policía Nacional del Ecuador, consultoría en la Oficina Jurídica Armijos y Asociados, y, actualmente, ejerce su práctica profesional de manera particular. ORCID: https://orcid.org/0009-0009-6890-6179

2 Abogado, con una subespecialización en Derecho Penal por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con especial interés en el Derecho Penal y Constitucional. Actualmente, se desempeña como Abogado junior en LMontoya Law Firm, en las áreas de Derecho Penal, Constitucional y Electoral. ORCID: https://orcid.org/0009-0007-5715-6523

Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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libertad de expresión en los entornos educativos goza de una protección reforzada, aun cuando las expresiones resultaron incómodas, críticas o satíricas a criterio de las autoridades educativas. No obstante, considerando que ningún derecho es absoluto, la libertad de expresión ha podido ser restringida cuando existen afectaciones reales y desproporcionadas con respecto a otros derechos fundamentales. Se establece, además, que al constituir las unidades educativas espacios semipúblicos, estas pueden imponer ciertas limitaciones justificadas, y siempre y cuando persigan un fin constitucional relacionado con la educación y el principio del interés superior del niño, cumpliendo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Finalmente, en cuanto a las sanciones, estas deben orientarse principalmente hacia mecanismos de justicia restaurativa. .

Palabras clave: libertad de expresión, redes sociales, consentimiento, derecho a la intimidad, datos personales.

Abstract

This study analyzes the scope and limitations of freedom 822

of expression for children and adolescents in educational settings, both physical and digital, with an emphasis on the use of social media and digital platforms. It also examines the relationship between this right and others such as privacy, image, reputation, and the protection of personal data, considering national and international regulations, jurisprudence, and international human rights standards.

This analysis confirms that freedom of expression in educational environments enjoys enhanced protection, even when expressions are considered uncomfortable, critical, or satirical by educational authorities. However, considering Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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that no right is absolute, freedom of expression may be restricted when there are real and disproportionate effects on other fundamental rights. It is further stablished that, as educational institutions constitute semi-public spaces, they may impose certain justified limitations, provided that they pursue a constitutional objective related to education and the principle of the best interest of the child, while complying with criteria of legality, necessity, and proportionality. Finally, regarding sanctions, these should be primarily oriented 823

toward restorative justice mechanisms.

Keywords: freedom of expression, social media, consent, right to privacy, personal data.

1.

Introducción

La expansión de las redes sociales y un mundo digital cada vez más accesible a temprana edad ha determinado que derechos como la libertad de expresión constantemente entren en tensión con otros derechos de igual valía, tales como la intimidad, la honra, el buen nombre o la protección de datos públicos; esto último, sobre todo, en aquellos espacios educativos donde el ciberespacio permite interactuar a niños, niñas y adolescentes de manera menos controlada.

En este contexto es necesario recurrir a la jurisprudencia ecuatoriana, donde ya se han dirimido algunos conflictos relacionados con este tema, a fin de recoger aquellos criterios que permitan establecer lineamientos generales y concretar directrices sobre la base de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

El problema central radica entonces en cómo armonizar el ejercicio de la libertad de expresión en entornos Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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físicos y digitales con la protección de otros derechos, pero sin dejar de considerar la protección especial con que cuentan los niños, niñas y adolescentes.

2.

Desarrollo

2.1

La Libertad de Expresión dentro o fuera de Espacios

Educativos

Un elemento a considerar en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, bien sea dentro o fuera de la institución educativa, es lo relacionado con el espacio físico en el que se desarrollan las interacciones. Esto en consideración de que dicho espacio físico constituye un elemento esencial al analizar otro tipo de derechos fundamentales como lo es la intimidad, en la medida en que este constituye la manifestación espacial del derecho a la intimidad personal.

Según la Corte Constitucional del Ecuador [CCE]

(2021), este elemento espacial puede “distinguir tres tipos de lugares: público, privado y un espacio híbrido (semiprivado o semi-público)” (Sentencia No. 2064-14-EP/21, 2021, párr. 115). Los espacios educativos así, que son los 824

que en el presente caso se analizan, están constituidos por aquellos espacios semiprivados, en donde, a pesar de encontrarse en un área o espacio físico cerrado, existe concurrencia de varias personas, situación que se produce de manera similar en el caso de una oficina, una escuela o un colegio.

Ahora bien, ¿por qué es importante distinguir ante qué tipo de espacio físico se encuentra el hecho en cuestión?

Por el motivo de que el grado de protección y limitaciones que, ante otro tipo de derechos de igual jerarquía Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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constitucional, puede encontrar el derecho a la libertad de expresión, es mayor en un espacio privado o semiprivado, que frente a aquel que se goza en un espacio público o semipúblico.

Conforme lo ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador (2022), el derecho a la libertad de expresión faculta a los niños, niñas y adolescentes a “expresar -por cualquier medio o espacio dentro del internet como lo 825

son las redes sociales- ideas, información, opiniones u otras relacionadas con su comunidad educativa y que las mismas puedan libremente circular entre sus diferentes miembros” (Sentencia No. 785-20-JP/22, 2022, párr. 109).

Sin embargo, al no ser este derecho de carácter absoluto se pueden establecer restricciones conforme la finalidad que persiguen escuelas y colegios de satisfacer el derecho a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), y que incluye como comunidad a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo.

En este punto es preciso señalar que, para que una limitación a la libertad de expresión sea legítima, la Corte Constitucional del Ecuador (2022), ha señalado que se debe analizar si esta “i) estuvo prevista en la ley; ii) persiguió una finalidad legítima; y, iii) fue idónea, necesaria y proporcional para el alcance de dicha finalidad” (Sentencia No. 785-20-JP/22, 2022, párr. 124).

Para el caso entonces de establecimientos educativos, las disposiciones legales que guardan relación con esta limitación son aquellas que se encuentran contenidas dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural [LOEI]

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(2011), que, entre otras cosas, prevé como obligaciones y responsabilidades de los estudiantes “tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa” (art. 15, literal e). Cumplir con las disposiciones del cuerpo docente y autoridades, cuando estas, no afecten sus derechos; “respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica de los conflictos” (LOEI, 2011, art. 15, literal h).

A ello se suma, además, “cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales” (LOEI, 2011, art. 211, literal c).

Al igual que “socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones o cualquier manifestación o expresión difamatoria” (LOEI, 2011, art.

211, literal g).

Tales disposiciones normativas constituyen la base legal que permite establecer una limitación a la libertad de expresión, pero siempre y cuando el discurso no esté protegido por constituir un asunto de interés público y 826

pueda constituir, por el contrario, un discurso de odio que pueda acarrear responsabilidades ulteriores. “En tal sentido, la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión es legítima en cuanto exista una afectación a los derechos o a la reputación de los demás miembros de la comunidad educativa” (CCE, Sentencia No. 785-20-JP/22, 2022, párr. 133).

Por el contrario, cuando se trata de opiniones o información relacionada con el interés general de la Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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institución, la adopción de decisiones o la participación de los demás miembros de la comunidad en espacios orientados a denunciar o evidenciar el abuso, violencia o discriminación por parte de otro miembro de la comunidad, la libertad de expresión debe ser reforzada.

Surge así una duda: ¿cómo se deben resolver los conflictos de libertad de expresión en entornos educativos?

Si bien la Corte Constitucional ha recalcado la importancia de 827

que las instituciones educativas puedan corregir y restaurar las conductas inapropiadas de los alumnos en relación con su comunidad, los procesos deben encaminarse a demostrar las razones por las cuales la conducta es considerada inadmisible, y no únicamente a utilizar los procedimientos disciplinarios como un mecanismo disuasorio a efectos de evitar la repetición de este tipo de conductas.

Además, en virtud de la justicia restaurativa y su aplicación a contextos educativos, la Corte Constitucional del Ecuador (2021) ha establecido que los Códigos de Convivencia deben priorizar la resolución de conflictos de forma dialógica “con enfoque de la cultura de paz, encaminada a restaurar las relaciones de los miembros de la comunidad y a la reparación de derechos” (Sentencia No.

456-20-JP/21, 2021, párr. 56 numeral 3) Es decir, previo a establecer una sanción debe existir un diálogo donde se pueda escuchar a todas las personas involucradas en el conflicto, aun antes de incurrir en una medida sancionatoria de carácter unilateral, cuyo enfoque se orienta más a cumplir un efecto ejemplarizador que en buscar “reparar el tejido social, resolver y mitigar las consecuencias negativas de la ofensa con la participación Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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activa de las partes del conflicto y con la comunidad” (CCE, Sentencia No. 456-20-JP/21, 2021, párr. 51).

Así mismo, “los procedimientos sancionatorios deberán ser subsidiarios, excepcionales y se aplicarán como último recurso, una vez que la resolución dialógica no sea posible” (CCE, Sentencia No. 456-20-JP/21, 2021, párr. 56, numeral 5). Bajo estos términos, una sanción no debería ser siempre la primera opción, sino que esta solo se podría aplicar una vez que otras medidas ya hayan fallado, y como un último recurso.

En conclusión, respondiendo a la pregunta de cuáles son los límites a la libertad de expresión dentro de espacios educativos, se puede señalar que estos comprenden toda disposición encaminada a proteger los derechos fundamentales de los demás miembros de la comunidad educativa y a garantizar la convivencia armónica, con el objetivo de garantizar una educación de calidad.

2.2

El Uso de Redes Sociales en Espacios Educativos

Dado que el uso de redes sociales en espacios educativos se encuentra estrechamente ligado al derecho de 828

libertad de expresión, de manera general se debe señalar que la Observación general núm. 25 (2021) dispone: Los Estados partes deben proteger a los niños contra las ciberagresiones y amenazas, la censura, las filtraciones de datos y la vigilancia digital. Los niños no deben ser enjuiciados por expresar sus opiniones en el entorno digital, a menos que no respeten las restricciones previstas en la legislación penal que sean compatibles con el artículo 13 de la Convención.

(párr. 60)

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Así, aquellas conductas realizadas a través de medios digitales destinadas a hostigar, intimidar o humillar a un niño, deteriorando su estabilidad emocional, deben ser sancionadas; pero, sin que este tipo de sanción comprenda un tipo de censura o la oportunidad de generar un control de las relaciones interpersonales que, con motivo de la revolución digital, son cada vez más diversas.

De esta forma, si por un lado es obligación del 829

Estado velar por el bienestar físico, psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes dentro de los espacios digitales, en lo relacionado con la libertad de expresión, se debe tener un especial cuidado en que esta protección no se pueda confundir con la necesidad de limitar los espacios en que estos expresan sus sentimientos, convicciones, o incluso desacuerdos.

Se promueve así la prohibición de caer en censura, aunque con ciertas restricciones que están relacionadas con el respeto de otros derechos y disposiciones establecidas en el ámbito penal. Esto ante los peligros que, como bien lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

[TEDH] (2015), surgen a causa de discursos difamatorios o manifiestamente ilícitos, de odio o de incitación a la violencia, que “pueden difundirse como nunca antes, a nivel mundial, en cuestión de segundos, y a veces permanecen disponibles en línea de forma persistente” (pár. 110).

El uso de redes sociales en espacios educativos así no se encuentra sin regular, sino que está sujeto a altos estándares nacionales e internacionales que regulan, además, derechos como la libertad de expresión, la intimidad, la honra, el buen nombre y la protección de Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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datos personales. En el caso de niños, niñas y adolescentes, esto cobra aún mayor trascendencia, toda vez que, como lo ha señalado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2017), “los niños y jóvenes conectados están haciendo escuchar sus opiniones por medio de blogs, vídeos, redes sociales, revistas, dibujos, hashtags, podcast y otros instrumentos” (p. 12).

Es por ello que las instituciones educativas no puedan adoptar medidas que supongan una limitación injustificada a la libre circulación de la información e ideas en el internet o las redes sociales, que impliquen censura o autocensura por parte de los estudiantes, so pretexto de las condiciones de subordinación existentes con los profesores o autoridades de la institución.

La clave, en todo caso, supone entonces la justificación, misma que, aún a pesar de los amplios alcances que puede alcanzar la libertad de expresión a través del uso de redes sociales dentro o fuera de la institución y siempre cuando esta se encuentre de alguna manera comprometida, se entenderá razonable si con ello 830

se coadyuva a la consecución de los objetivos previstos en la Constitución, respecto de los derechos de educación y el interés superior del niño.

Esta regulación así puede llegar incluso a extenderse al control de situaciones fuera del horario y espacio escolar, cuando los efectos dañinos repercuten en las relaciones escolares dentro de la comunidad estudiantil y en el proceso de formación educativa. Esto en razón de que, la mayoría de estos conflictos pueden llevar a la exclusión involuntaria del estudiante del proceso de formación, debido a los problemas Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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que enfrenta para relacionarse, interactuar, y hasta por el mismo autoaislamiento en que la vulnerabilidad puede hacer caer al niño, niña o adolescente.

2.3

La Libertad de Expresión y la Difusión de Contenido

Sarcástico en Instituciones Educativas

Si bien es cierto, la popularidad de las redes sociales ha significado un verdadero cambio en las relaciones que se producen entre quien genera el contenido y quien 831

lo consume, llegando a una etapa en que quienes eran considerados meros consumidores de contenido creado por terceros han pasado a convertirse también en sus creadores; el uso de la información y los comentarios de opinión utilizados como fuente de entretenimiento por estos no se encuentran exentos de incurrir en comentarios sarcásticos que con frecuencia, pueden llegar a incomodar o importunar a ciertos sectores de la sociedad.

Esto ha llevado, específicamente en el caso de las instituciones educativas, a establecer normas de convivencia que regulan los comportamientos dentro de la comunidad estudiantil y que pueden llegar a limitar el derecho a la libertad de expresión, con el objeto de proteger los derechos de cada integrante de la comunidad educativa. Dicho objetivo, no obstante, no basta para excluir aquel tipo de contenido de aquella protección especial de que se encuentra revestida la libertad de expresión, ya que, si bien este puede chocar, irritar o inquietar a las autoridades e instituciones educativas, solo pueden ser excluidos de esta protección cuando el mensaje incita al odio, la violencia o la pornografía infantil.

Comentarios sarcásticos así, y el uso de la sátira o ironía en la difusión de ciertos contenidos, no necesariamente Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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se encuentran por fuera de la protección de la libertad de expresión, como lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2007), el mismo que, al comprender a la sátira como una forma de expresión artística y de comentario social que, “por sus características inherentes de exageración y distorsión de la realidad, tiene naturalmente por objeto provocar y agitar” (p. 8). Obliga al juzgador a tener que identificar el fin que persigue el acto, diferenciando si el mismo aborda detalles de la vida privada o personal de una persona o de las actuaciones que en el ejercicio de su cargo realiza.

Esto último, sobre todo, considerando que los comentarios o cualquier tipo de manifestación escrita, teatral, digital o audiovisual, realizada con respecto al ejercicio de un cargo público de una persona o autoridad, requiere de esta una mayor tolerancia frente a las críticas.

Así, cuando un comentario de un niño, niña o adolescente dentro del ámbito educativo entra en conflicto con los derechos de una autoridad educativa, se debe analizar si aquellos discursos incitan al odio, la violencia, o constituyen 832

una crítica irónica, sarcástica, de la forma en que ejecuta sus funciones.

Dentro de la legislación comparada, la Corte Suprema de los Estados Unidos [CSEU] (2020), en el caso del Distrito Escolar del Área de Mahanoy contra B.L., recuerda que existen al menos tres categorías específicas en que las instituciones educativas pueden regular un discurso estudiantil:

(1) Discurso “indecente”, “obsceno” o “vulgar”

pronunciado durante una asamblea escolar en los Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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terrenos de la escuela, véase id., en 685; (2) discurso, pronunciado durante una excursión de clase, que promueve el “uso de drogas ilegales”, véase Morse v.

Frederick, 551 U. S. 393, 409 (2007); y (3) discurso que otros pueden percibir razonablemente como

“que lleva el sello de la escuela”, como el que aparece en un periódico patrocinado por la escuela, véase Kuhlmeier, 484 U. S., en 271. (p. 5) 833

Esto, sin embargo, mientras el discurso se realiza en las inmediaciones de la institución educativa, o los menores se encuentran bajo la tutela de algún docente o autoridad, como cuando se realiza una asamblea educativa, una excursión fuera de clase, o a través de medios de comunicación asociados a la unidad educativa. A más de ello:

[…] para que el Estado, en la persona de los funcionarios escolares, justifique la prohibición de una expresión particular de opinión, debe poder demostrar que su acción fue causada por algo más que un simple deseo de evitar la incomodidad y el desagrado que siempre acompañan a un punto de vista impopular. (CSEU, 2020, caso del Distrito Escolar del Área de Mahanoy contra B.L., p.10) Así entonces, un simple miedo o una mera expectativa de algo que puede pasar o no, no es suficiente para coartar el derecho a la libertad de expresión.

Ahora bien, en el caso de los discursos producidos en los exteriores de una institución, dado que se producen en un momento en que estas no cumplen su función de tutela o resguardo, se debe considerar aspectos tales como: Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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a) si el discurso permite identificar a la unidad educativa sobre la cual se realiza el comentario, o si este se dirige al público en general o a la comunidad educativa que conforma el plantel; y b) si el discurso se realiza a un círculo privado de amigos, o a un espacio de acceso público en el que el alcance no se puede controlar.

Lo que se busca no es censurar la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes, sino, por el contrario, garantizar el acceso e integración a un mundo digital donde las nuevas tecnologías facilitan la conectividad, el intercambio y la difusión de informaciones y opiniones, limitadas únicamente por las restricciones antes mencionadas y que permiten adquirir las capacidades individuales y colectivas, necesarias para una adecuada interacción y participación en un entorno social diverso.

¿Cómo determinar, entonces, si estas limitaciones se encuentran jurídicamente justificadas? Para ello es necesario someter los hechos a un test de proporcionalidad, donde se verifique que estos se encuentran expresamente previstos en una ley, la persecución de un fin legítimo y su idoneidad, 834

necesidad y proporcionalidad para la consecución de tal fin. La sola verificación de la insuficiencia de uno de estos elementos puede ocasionar la ilegalidad, inconstitucionalidad o arbitrariedad de las medidas adoptadas con relación al hecho sometido al test.

Del mismo modo, se debe demostrar que los daños ocasionados con estos contenidos son objetivamente mayores que los que resultan de la imposición de una restricción a la libertad de expresión del adolescente.

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2.4

¿El Uso de Fotografías o Videos en la Creación de

Memes sin Consentimiento del Titular, está Sujeto a las

Regulaciones de Protección de Datos Personales?

Hoy en día, y con la creciente participación de niños, niñas y adolescentes en la creación de contenido digital, es muy común observar que muchos de estos utilizan los famosos “memes” como una forma de expresar su opinión respecto de aquellos aspectos que consideran importantes, 835

ya sea dentro de su vida personal o familiar, y aun aquella que se encuentra circunscrita al ámbito educativo. Lo interesante en este último caso es que, con frecuencia, los registros digitales no solo se limitan a retratar a las personas que forman parte de la producción, sino, además, a aquellas que forman parte de la comunidad estudiantil.

Esta situación obliga a realizarse la siguiente pregunta: ¿El uso de fotografías o videos en la creación de memes sin consentimiento del titular está sujeto a las regulaciones de protección de datos personales? Sí, toda vez que tanto las fotografías como los videos, ya sea de forma directa o indirecta, hacen referencia a aspectos relativos de una persona o sus bienes en diferentes esferas o dimensiones; permitiendo identificar al individuo o haciéndolo identificable.

Esto cuanto más, la misma Constitución de la República del Ecuador (2008), establece que el derecho a la protección de datos personales incluye el acceso y la decisión sobre dicha información; y, sobre la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos que requieren la autorización del titular o el mandato de la ley (art. 66, numeral 19).

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Así entonces, la creación de un meme o cualquier tipo de contenido audiovisual, realizado sin la correspondiente autorización de la persona que forma parte de dicho contenido, autoriza al titular del derecho o su representante en el caso de los menores de edad, a solicitar su anulación, modificación, acceso o incluso su eliminación.

Esto, no obstante, luego de someter el grado de interferencia que ocasionó el acceso en la privacidad de la persona titular del dato, a un análisis o valoración de la potencial afectación de la violación de la privacidad, a través de los parámetros de subjetividad y objetividad con respecto a este tema que ha establecido la academia.

Desde un ámbito subjetivo, se debe analizar entonces principalmente cuál es el impacto que se genera en la percepción del titular ante la pérdida de control de su información, y si esto genera un justificado temor, malestar o incomodidad. En lo atinente al ámbito objetivo, por el contrario, se deben evidenciar las afecciones reales que, como consecuencia de este hecho, se producen en contra de la persona, niño, niña o adolescente. Así entonces, si 836

los hechos no producen “un daño en cualquiera de las dimensiones referidas, no ameritaría, en principio, que sea considerado tratamiento susceptible de producir efectos jurídicos” (CCE, 2021, Sentencia No. 2064-14-EP/21, párr.

92).

A esto se debe sumar, además, la finalidad con la que se recogen, procesan y distribuyen los datos, ya que dicha actividad puede estar circunscrita a un ámbito estrictamente privado o familiar, como cuando se retratan fotografías o videos de una actividad familiar en la que, por Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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añadidura, aparecen otras personas que forman parte de la actividad cuando se realiza en espacios abiertos. Dicha actividad, así, al ser difundida incluso en redes sociales no llega a exceder el ámbito privado o familiar, “dado que el espacio de interacción se asimila a uno privado o doméstico.

Sería distinto si la cuenta en la red social, estuviera abierta indiscriminadamente a cualquier usuario” (CCE, 2021, Sentencia No. 2064-14-EP/21, párr. 98).

837

Esto no implica, sin embargo, que se deje de lado la posibilidad de analizar si con esta intromisión se haya incurrido en el cometimiento de otro tipo de infracciones como violación a la intimidad, pues bien puede ocurrir que dentro de una familia se haya rebasado la esfera exclusivamente doméstica, en razón de los efectos que ha producido el tratamiento de datos. De esta forma, el tratamiento de datos personales registrados en fotografías o videos no está exento de que, en su difusión, se vean confrontados derechos constitucionales como libertad de expresión y el derecho a la intimidad, como en el caso de hechos relevantes que constituyen información de interés público y que goza de una mayor protección conforme lo ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador dentro de la Sentencia 282-13-JP/19, 2019.

En cuanto al derecho a la intimidad, se debe considerar así mismo el ámbito espacial o espacio físico en el que se manifiesta este derecho y cuyo contexto le otorga un mayor o menor grado de protección según el contexto en que se actúa o manifiesta; toda vez que, según la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, se puede distinguir incluso un espacio híbrido entre público y privado, Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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un espacio semiprivado, que “comprende un espacio que sigue siendo cerrado, pero ya existe concurrencia de otras personas, tal como lo es una oficina, un colegio, una escuela, etc.” (CCE, 2021, Sentencia No. 2064-14-EP/21, p.

32).

Este contexto supone, además, la identificación de si el hecho o conducta atañe intereses exclusivamente específicos y propios del individuo; es decir, que no tienen ningún tipo de incidencia ni pueden llegar a afectar de alguna manera al resto de miembros de una sociedad o comunidad educativa, en cuyo caso no existe la necesidad de informar o comunicar tal particular.

Al tenor de lo señalado, si bien el tratamiento de datos personales guarda una estrecha relación con derechos tales como la intimidad, la honra o el buen nombre, esto no significa que, para efectos de su protección, estos últimos deban encontrarse presentes; esto en la medida en que el derecho a la protección de datos personales es un derecho autónomo, cuyo ejercicio no depende de la existencia o verificación de otros derechos constitucionales como la 838

intimidad, privacidad, honra y buen nombre.

2.5

Derecho a la Imagen vs. Libertad de Expresión e

Información

Refiriéndose a este tema en particular, la jurisprudencia constitucional ecuatoriana ya ha señalado que, ante la existencia de una colisión entre el derecho a la imagen y la libertad de expresión e información, estos últimos pueden limitarse efectuando un ejercicio de ponderación entre el fin perseguido y los efectos de la restricción del derecho en pugna. Sin embargo, se debe Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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tener en cuenta que el derecho a la imagen puede ceder ante los derechos de libertad de expresión e información, cuando se “demuestre que existe un interés público y que dicha información (imagen) va a poder contribuir a la formación de la opinión pública” (CCE, 2021, Sentencia No. 2064-14-EP/21, párr. 209).

A dicho análisis debe sumarse, además, el espacio público o privado en que se obtiene la imagen, el tipo de 839

información que se comparte, si se trata de una persona particular o de una figura pública, entendiendo que esta última goza de una menor protección en aquellas circunstancias que se relacionen con el ejercicio de su cargo o sus actuaciones en lugares públicos.

Otra de las limitaciones que presenta el ejercicio del derecho a la imagen así mismo constituye aquella que nace o deviene de disposiciones legales relacionadas con cuestiones de orden o interés público.

2.6

Manejo de Datos Personales sin Consentimiento del

Titular en Espacios Educativos

Uno de los elementos casi inadvertidos cuando se trata del manejo de datos personales es si el mismo cuenta con el consentimiento del titular, el cual, en muchas ocasiones, es simplemente ignorado, pese a la importancia que reviste este hecho. ¿Pero qué se debe entender, entonces, por dato personal? ¿Y cuál es la importancia que reviste el consentimiento?

Según lo establece la Corte Constitucional del Ecuador (2021), es “cualquier tipo de dato que atañe a una persona, identificándola o, en su defecto, haciéndola identificable” (Sentencia No. 2064-14-EP/21, 2021, párr.

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77). Se advierte así entonces que, independientemente de la forma en que se encuentre contenida la información, basta con que esta permita comunicar un aspecto de la persona, objetivo o subjetivo, o guarde relación con ella para que pueda ser considerada como dato personal.

Por otro lado, la importancia del consentimiento radica en que, conforme lo prevé la Constitución de la República del Ecuador (2008), “la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley” (art. 66, numeral 19). Ahora bien, en el caso de datos personales pertenecientes a un menor de edad, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

[LOPDP] (2021), ha establecido que:

[…] no se podrán tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes a menos que se cuente con la autorización expresa del titular o de su representante legal; o, cuando dicho tratamiento esté destinado a salvaguardar un interés público esencial, el cual se evalúe en atención a los 840

estándares internacionales de derechos humanos, y como mínimo satisfaga los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y además incluya salvaguardas específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados. (art. 21) Así entonces, la importancia de este consentimiento radica en que, sin él, no solo no se pueden tratar este tipo de datos, sino que, en caso de que este se encuentre en poder de un tercero, el titular puede solicitar su anulación, modificación, acceso o eliminación. Esto en virtud del daño Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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objetivo o subjetivo que el acceso a este tipo de datos personales puede acarrear en el titular del derecho.

Por el contrario, si el acceso a estos datos no es susceptible de producir un daño en cualquiera de las dimensiones referidas (objetiva o subjetivamente), no ameritaría que sea considerado tratamiento susceptible de producir efectos jurídicos.

Con respecto a los adolescentes, cuyo ejercicio 841

progresivo de sus derechos los faculta a otorgar en calidad de titulares su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales una vez especificado el fin con el cual se lo otorga; estos no requieren autorización de sus representantes, sino que pueden otorgar su autorización libre y espontánea a partir de los 15 años.

Cuando existe así un manejo de datos personales en espacios educativos sin el consentimiento del titular, puede ocasionarse una tensión entre derechos como la libertad de expresión e información, con derechos como la imagen, el buen nombre o la intimidad, que obliga a las autoridades educativas a determinar previamente cuándo una publicación constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, o cuándo, por el contrario, constituye una vulneración a otros derechos pero, desde la perspectiva del interés superior del niño y que sus derechos prevalecen sobre los de las demás personas.

Esto no ocurre así, cuando el tratamiento se produce según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021), “en cumplimiento de una obligación legal” (art. 7, numeral 2). Como cuando la ley ordena que se recolecte o almacene registros académicos, contactos familiares, Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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información domiciliaria, entre otros. Igual situación sucede cuando el tratamiento se produce por orden judicial, como cuando un juez investiga situaciones de maltrato y requiere verificar el rendimiento, asistencia y comunicaciones con los contactos que mantiene el niño, niña o adolescente.

El tratamiento de datos personales puede estar sustentado, además, según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021), “en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley” (art.

7, numeral 4). Como cuando se detectan casos de violencia escolar, acoso digital o difusión de contenidos íntimos dentro de la institución educativa; situación que, pese a que no exista consentimiento expreso del estudiante, justifica su tratamiento en virtud de la protección integral de un menor y la prevención de violencia como asuntos de interés público.

3.

Conclusiones

Aunque el uso de registros audiovisuales como fotografías o videos convertidos en memes puede chocar, 842

irritar o inquietar a los funcionarios y autoridades educativas en el desempeño de sus funciones, el derecho a la libertad de expresión en este tipo de casos cuenta con un umbral mayor de protección, lo que implica que debe existir un mayor grado de tolerancia por parte de este tipo de autoridades, dado que la actividad que realiza forma parte del debate público.

Si bien es cierto que las limitaciones que rigen la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes en espacios educativos son las mismas que han sido previstas Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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con respecto a una persona particular, esto no sucede así al momento de establecer las sanciones, toda vez que la jurisprudencia en este tipo de casos obliga a inclinarse más hacia un tipo de justicia restaurativa, orientada a reparar el tejido social, resolver y mitigar las consecuencias negativas de la ofensa con la participación activa de las partes y aun la comunidad.

Dado que las instituciones educativas constituyen 843

espacios semipúblicos, es plenamente factible que sus autoridades impongan ciertas restricciones a determinados discursos, sobre todo cuando estos se realizan dentro de las instalaciones, en una actividad extracurricular fuera del aula, pero bajo su responsabilidad, o en medios de comunicación creados por la institución. Esta restricción, sin embargo, debe estar justificada en la medida en que busque eliminar prácticas como la discriminación, violencia física o verbal, calumnias, expresiones en descrédito o deshonra, que se encuentran sancionadas tanto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, como por el Código Orgánico Integral Penal.

El uso de redes sociales fuera de los espacios educativos faculta a la institución la adopción de ciertas medidas únicamente cuando en dichos espacios se promueven discursos o actividades que generan efectos dañinos a lo interno de la institución, deterioran las relaciones entre estudiantes y docentes y comprometen gravemente la integridad física, psicológica y emocional de alguno de los miembros de la comunidad educativa. A esto se debe sumar, además, que dentro del discurso se pueda identificar a la institución educativa de la cual el niño, niña o adolescente es parte integral; y que se realice al público en general, y no a Revista Enfoques de la Comunicación No. 15 - Junio 2026

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una comunidad o esfera privada, donde se puede incurrir en una violación del derecho a la intimidad.

En cuanto a las sanciones establecidas en los Códigos de Convivencia de las Instituciones Educativas, estos deben contemplar siempre medidas alternativas de imposición gradual, orientadas a concientizar o sensibilizar al estudiante sobre el uso de las redes sociales y las posibles afectaciones que puede producir en los demás miembros de la comunidad educativa; utilizando la sanción más grave solo en última instancia y una vez verificadas las lesiones al honor o reputación de miembros concretos de la comunidad educativa en sus dimensiones objetiva y subjetiva.

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4. Referencias

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Constitución de la República del Ecuador de 2008. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.

Corte Constitucional del Ecuador [CCE]. (2011). Sentencia 845

282-13-JP/19, 2019. Caso No. 282-13-JP, 04 de septiembre de 2019.

Corte Constitucional del Ecuador [CCE]. (2021). Sentencia No. 2064-14-EP/21, 2021. Caso No. 2064-14-EP, de 27 de enero de 2021.

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Distrito Escolar del Área de Mahanoy contra B. L., menor de edad, representada por su padre, Levy, et al. Recurso de Casación ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito No.

20-255.

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(2017). Estado Mundial de la Infancia 2017. Niños en un mundo digital. https://www.unicef.org/

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