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Dirección Técnica de Protección de los Derechos Consejo de Comunicación

La libertad de expresión es considerada, a nivel intera - mericano, como una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, por ser indispensable para la formación de opinión pública y para que la comunidad esté suficientemente informada a la hora de ejercer sus opcio - nes (Corte IDH, 1985). También ha quedado claro que una prensa libre es la mejor posibilidad para alcanzar la libertad de expresión, por su potencial para que la sociedad se permita colectivamente la búsqueda, difusión y recepción de informa - ciones (CIDH, 1994).

Tan importante para la democracia, como la libertad de ex - presión, son los procesos electorales. Aellos se los considera como un elemento primordial, en tanto son un mecanismo clave para manejar las diferencias políticas (Insulza, 2007). Por este motivo es que la letra b) del artículo 23 de la Con - vención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de cada ciudadano de “votar y ser elegidos en elec - ciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” (2007).

Lo enunciado en los dos párrafos anteriores no es óbice para sostener que no existe armonía entre el ejercicio de estos dos derechos. Sobre todo, al considerar que, a nivel regional

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los procesos electorales, referendos y cambios de gobier - no, en muchos casos han estado acompañados de protestas

ciudadanas que dieron lugar a agresiones a periodistas (Unes - co, 2019). También a nivel universal se ha constatado que, junto a contextos de conflictos armados o de situaciones de inestabilidad derivadas de golpes de Estado, en los contextos electorales los periodistas parecen estar más expuestos a vio - laciones de sus derechos (ONU Asamblea General, 2011). Frente a ese contexto, el presente artículo se propone exponer sucintamente los hallazgos del monitoreo manteni - do por el Consejo de Comunicación en el proceso electoral para designar a presidente y vicepresidente; asambleístas y parlamentarios andinos en 2021. Tal monitoreo responde a la exigencia de que los Estados mantengan estadísticas que permitan la comprensión del fenómeno de la violencia contra periodistas (RELE CIDH, 2011. Unesco, 2013), para diseñar acciones orientadas a la prevención de agresiones, protección de periodistas y procuración de justicia frente a agresiones que afectan, tanto a la dimensión individual de los periodis - tas de expresar todo tipo de pensamientos e ideas; como a la dimensión colectiva del derecho que tiene la sociedad de acceder a información (CIDH, 1997).

El monitoreo realizado por el Consejo de Comunicación se sustenta en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica de Comu - nicación, que establece que esta institución debe coordinar

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acciones para el cumplimiento de la responsabilidad que comparten el Estado y los medios de comunicación sobre la protección a trabajadores de la comunicación.

El contexto electoral ha sido delimitado en este monitoreo, a partir de la Resolución Nro. PLE-CNE-19-12-3-2020, de 12 de marzo de 2020, en la que el Pleno del Consejo Nacional Electoral definió el Calendario Electoral para las Elecciones Generales de 2021. Allí se establece que la campaña electoral inicia el jueves 31 de diciembre de 2020 y finaliza el jueves 08 de abril de 2021. Posteriormente, los resultados del proce - so fueron proclamados el 18 de abril de 2021. Es decir, son objeto de este informe las agresiones cometidas contra perio - distas en el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 y el 18 de abril de 2021.

La definición de periodistas que se utilizó para este moni - toreo es amplia, capaz de abarcar a los colaboradores de los medios de comunicación y a otros actores que analizan y sis - tematizan información para ponerla a disposición de sectores de la sociedad o de su conjunto, conforme se ha establecido a nivel universal:

Personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y ana - lizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de

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sistematizar esa información y reunir hechos y aná - lisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los ‘periodistas ciudadanos’ cuando desempeñan por un tiempo esa función. (Naciones Unidas Asamblea General, 2012, Párrafo 4)

El monitoreo de agresiones a trabajadores de la comu - nicación se realiza en redes sociales y levanta alertas para ser verificadas por el equipo del Consejo de Comunicación, mediante acercamientos a las personas involucradas o publi - caciones de prensa sobre los hechos referidos por las alertas. Todas las agresiones identificadas fueron comprendidas a partir de la doctrina y la jurisprudencia que existe a nivel interamericano en relación con el derecho a la libertad de expresión.

En este marco, los resultados son los siguientes: Tabla 1

Nota: Consejo de Comunicación

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En 108 días, que comprende el período de monitoreo, se registraron 56 agresiones a la prensa. Esto indica que se

registró, en promedio, una agresión contra la prensa cada dos días. Con 47 agresiones registradas contra periodistas, frente a nueve agresiones registradas contra medios de comuni - cación, se puede afirmar que las y los colaboradores de los medios de comunicación -reporteros, camarógrafos, presen - tadores, conductores, locutores, entre otros-, presentan ma - yor vulnerabilidad a los ataques, que las instalaciones de los medios de comunicación.

Es decir, en relación con los medios de comunicación, sus colaboradores experimentan una mayor exposición a la vio - lencia ejercida con el fin de silenciar a la prensa y, por tanto, limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Son un blanco más expuesto y más vulnerable a estas formas de censura. Frente a esta realidad es necesario recordar que a nivel internacional se ha reiterado que:

Los Estados tienen una obligación especial de tomar medidas rápidas y eficaces para prevenir, proteger, in - vestigar, juzgar y sancionar los ataques, las amenazas, la intimidación y el acoso, tanto en el ámbito virtual como fuera de este, contra periodistas y otros trabaja - dores de medios de comunicación, incluso contra sus bienes y familias, durante períodos electorales, parti -

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cularmente en los casos en los cuales están o pueden estar involucrados actores del Estado. Esta obligación se encuentra especialmente acentuada en relación con periodistas mujeres y personas que pertenecen a grupos marginados. (ONU, OCSE y OEA, 2020, Literal c)

Se registraron los siguientes tipos de agresiones:

Tabla 2

Nota: Consejo de Comunicación

Los tipos de agresión más recurrentes son la obstrucción del trabajo periodístico y el ciberacoso. Es necesario enfatizar que toda obstrucción al trabajo periodístico, en tanto impedi -

1 La definición de estos tipos de agresiones se realizó en función de los trabajos de la Federación para la Libertad de Prensa (2020) y del Centro de Archivos y Acceso a la Libertad de Expresión (2019).

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mento de cobertura de un hecho de interés público, impide que la ciudadanía acceda a información mediante la prensa y corre el riesgo de limitar “el derecho a la libertad de ex - presión de todos los ciudadanos porque producen un efecto intimidador sobre la libertad de expresión” (Corte IDH, 2012: párr. 146).

Por su parte, el ciberacoso se orienta a minar la credibi - lidad de los periodistas; de modo que la libertad de expre - sión se vería seriamente afectada en medio de un contexto electoral, en que la ciudadanía precisa acceder a todo tipo de opiniones y propuestas que le permitan fundamentar su voto (CIDH, 2019).

No se puede pasar por alto que, 8 de diez casos registrados de ciberacoso tuvieron como objetivo periodistas mujeres. Dadas las características de la cultura patriarcal, en muchos casos la violencia cometida contra mujeres periodistas, no solo tiene la finalidad de vulnerar su derecho a la libertad de expresión, sino de limitar y deslegitimar su participación pú - blica como expresión de violencia de género (Unesco, 2019; ONU, 2017).

Como se puede evidenciar al contrastar la delimitación de variables de este informe, no se consideró a la prisión como una forma de agresión, sino que, siguiendo el ejemplo de organismos internacionales se había señalado a la detención

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ilegal, del cual no se registran casos. Por el contrario, se re - gistra el caso de un periodista de la provincia Napo, quien fue detenido por disposición de un juez, es decir, se realizaría en el marco de la legalidad. Sin embargo, su detención se reali - zó en función del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal que establece una pena de quince a treinta días para la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra de otra.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Ex - presión mencionó que “esta disposición es sumamente vaga y ambigua y, por lo tanto, produce un innegable efecto des - alentador e inhibidor de las manifestaciones orales” (CIDH RELE, 2019: párr. 27).

En cuanto al tipo de medio que recibe la agresión, se tie - nen los siguientes datos:

Tabla 3

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Nota: Consejo de Comunicación

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La mayor parte de agresiones se realiza contra medios de comunicación privados. Esto no es, por sí solo, un indica - dor de condiciones particulares contra ese tipo de medios de comunicación, sino que podría estar relacionado con el hecho de que hay mayor cantidad de medios de comunicación priva - dos en relación con los públicos y los comunitarios. Conforme al Registro Público de Medios del Consejo de Comunicación, solo el 6 % de medios de comunicación es comunitario, mientras que el 5 % es de tipo público. El hecho de que la propiedad de los medios de comunicación esté concentrada en mayor medida en manos privadas, con un 89 %, podría afectar la libertad de expresión, por cuanto afecta a los componentes de pluralidad, diversidad de voces y no dis - criminación que aseguran el pleno ejercicio del derecho a la información para los ciudadanos (CIDH, 2009; CIDH, 2000). Esta concentración en el tipo de los medios de comuni - cación, sumada a una concentración geográfica y de la pro - piedad de los medios (Becerra, 2014) pueden generar condi - ciones adversas para la libertad de prensa, de modo que, en la práctica, los medios de comunicación no sean garantía de construcción democrática, sino que se conviertan en vehícu - los para limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expre - sión (Corte IDH, 1985).

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Esto cobra especial relevancia en procesos electorales, pues se ha observado que los “medios pueden ser capturados o cooptados por un interés o partido particular y ser usa -

dos para influir en la opinión pública a favor o en contra de temas, grupos o candidatos. En algunos contextos, esto ha incitado conflictos y violencia relacionados con las eleccio - nes” (PNUD, 2013, p. 1).

En la categoría “internacional” no solo están medios de comunicación de cadenas internacionales, sino que se en - cuentran también observadores internacionales al proceso electoral, cuyas funciones estaban alineadas con la definición de periodista que se mencionó previamente en el presente informe. También se puede notar que faltan tres registros para completar las 56 agresiones. Esto se debe a que consta una suspensión de rueda de prensa que afectó tanto a medios públicos, privados y comunitarios; y a la imposibilidad de identificar a dos periodistas que también fueron agredidos2 . En cuanto a los responsables de las agresiones, se identifi - có lo siguiente:

2 https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/zevallos-covid-vacuna-ecuador-pandemia/ https://twitter.com/SinCadenasECU/status/1357707302686580738

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Más de la mitad de agresiones registradas provinieron de agentes estatales. Entre estas 32 agresiones se cuentan obs - trucciones al trabajo periodístico, pero también se evidencia hostigamiento judicial, agresiones físicas, acoso, amenazas, entre otras. No se debe confundir Estado con gobierno, por lo que esta categoría agrupa tanto a representantes e institu - ciones del gobierno central, como de distintas funciones del Estado y niveles de gobierno.

Resaltan, por ejemplo, las obstrucciones al trabajo pe - riodístico realizadas por el Ministerio de Salud Pública con respecto al plan de vacunación: el 25 de enero, un equipo pe - riodístico fue impedido de cubrir la vacunación en un centro geriátrico en el que reside un familiar del entonces Ministro de Salud.

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En este período se hace evidente que el Estado, en distin - tas instancias y niveles de gobierno, no ha comprendido la importancia del periodismo para la democracia, para fomen - tar la transparencia y promover la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública (Corte IDH, 2012). Se hacen necesarios pronunciamientos contundentes por parte de agentes estatales, orientados a reconocer la legitimidad de la labor periodística, sin importar si su contenido es inconve - niente o inoportuno para los agentes estatales (CIDH, 2010). También es preciso recordar que el estándar interame - ricano de libertad de expresión identifica al discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos como especialmente pro - tegido, por lo que insta a estas personas que voluntariamente han decidido ostentar un cargo público, mostrar una mayor tolerancia a discursos que podrían ser chocantes o molestos sobre su honra y su entorno (Corte IDH, 2004).

En cuanto a las agresiones cometidas por la ciudadanía, se encuentra mayor recurrencia de ciberacoso y estigmati - zación. Estas formas de agresión, orientadas a desacreditar el trabajo periodístico, dan cuenta de un relacionamiento de tensión entre la ciudadanía y los medios de comunicación. El desprestigio a los periodistas mina su credibilidad dificulta la posibilidad de que la ciudadanía acceda a información me -

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diante su trabajo. Como ya se ha explicado previamente, es necesario que el Estado atienda condiciones estructurales que propician esta tensión.

También se registran 5 agresiones a periodistas provocadas por sus empleadores. Dos de ellas fueron perpetradas por un medio público -el mismo-; una, por un medio incautado; es decir, tres agresiones estuvieron a cargo de medios de admi - nistración estatal. Una agresión fue cometida por un medio privado y otra agresión registrada, fue cometida por un medio internacional.

Conforme se expuso inicialmente, el criterio de selección de agresiones contra la prensa no estuvo relacionado con el tema que se cubría, sino con el período en que se cometía la agresión. Por tanto, se registraron las agresiones verifica - das que tuvieron lugar en ese período y luego se clasificó si tenían relación con o no con aspectos electorales. Este es el resultado;

Tabla 5

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Más de la mitad de agresiones no estuvieron relacionadas con el proceso electoral. Este hallazgo contradice las obser - vaciones con respecto a que los contextos electorales pueden suscitar un mayor nivel de violencia contra la prensa (Unes - co, 2019) y, da cuenta de que en Ecuador los escándalos de corrupción en el que se han visto comprometidos actores del gobierno y el hermetismo que han generado en torno a la pandemia por Covid-19 configuran un ambiente hostil para el ejercicio periodístico.

Esta afirmación se sostiene en el hecho de que, de 31 agre - siones que no estuvieron relacionadas con el proceso elec - toral, 21 fueron provocadas por actores estatales, mientras que tres estuvieron provocadas por la ciudadanía, tres fueron provocadas por actores desconocidos o cuya identificación fue imposible; y cuatro fueron provocadas por dueños o ad - ministradores de medios de comunicación. 9 de estas agre - siones están relacionadas con hermetismo del gobierno con respecto a la pandemia. El resto de agresiones tienen relación con la investigación de casos de corrupción o con coberturas de operativos policiales.

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Tabla 6

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Es necesario resaltar que solo una agresión fue denunciada en la Fiscalía General del Estado. Las otras dos corresponden al asesinato a Efraín Ruales y el atentado contra Marilú Capa, que por sus características obligaron a la actuación de oficio de la Fiscalía. En el caso de Marilú Capa, las investigacio - nes judiciales no permitieron demostrar si el atentado estuvo relacionado con su labor periodística. Lo mismo ocurrió en el caso del presentador de televisión Efraín Ruales, sin embar - go, existen indicios de que mediante sus redes sociales el pre - sentador se refirió en varias ocasiones a casos de corrupción que vinculaban a representantes del gobierno nacional, en medio de la crisis sanitaria y hospitalaria que se agravó por la pandemia de Covid-19.

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En este marco, se debe recordar que el Estado no solo tiene la obligación de prevenir agresiones o de actuar con diligencia ante amenazas o agresiones ya cometidas, sino que tiene la obligación de investigar y sancionar las agresiones a periodistas, además de reparar a las víctimas de estas agresio - nes. La impunidad de estos hechos, que afectan a periodistas y a la sociedad en general, genera un efecto amedrentador sobre el resto de periodistas y condiciones para que agresio - nes así se repitan (Corte IDH, 2012).

Al clasificar por sexo las agresiones a periodistas, se puede observar lo siguiente:

Tabla 7

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Nota: Consejo de Comunicación

Estas cifras no pueden explicarse desde lo cualitativo únicamente, sino que exigen una comprensión estructural de las formas de violencia que viven las mujeres periodistas. Es

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necesario observar estas cifras a partir de las características propias de la cultura patriarcal en la que las mujeres tienen que enfrentar una estructura asimétrica en función del géne - ro: lo femenino y lo feminizado es colocado en una jerarquía inferior, de modo que, además de la voluntad de silenciar, implícita en todo ataque a la prensa, ellas enfrentan distintas formas de violencia de género (ONU, 2012).

En conclusión, el período estudiado revela un clima hostil para el ejercicio periodístico: se registró una agresión con - tra periodistas o medios de comunicación cada dos días. Sin embargo, la mayor parte de agresiones no estuvieron motiva - das por el proceso electoral, que había sido entendido como una situación excepcional en la que, a nivel regional, se había registrado un incremento del riesgo para el ejercicio perio - dístico. Por tanto, ese es el principal hallazgo de este estudio: en Ecuador se ha instalado un clima hostil para el ejercicio periodístico, que podría responder a causas estructurales de su sociedad y, por tanto, no guarda mayor relación con un proceso coyuntural.

El segundo hallazgo solo viene a enfatizar la gravedad del primero: el 57 % de agresiones contra periodistas registradas provino de actores estatales. Un atenuante de esta situación sería suponer que la responsabilidad de estas agresiones recae sobre el gobierno que terminó su mandato el 24 de mayo de

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2021. No obstante, las cifras demuestran que las agresiones no provinieron del Ejecutivo únicamente, sino que fueron cometidas por representantes elegidos en febrero de 2021, actores estatales de gobiernos locales, de la función electoral, operadores de justicia y otros.

Esto permite sugerir que el relacionamiento tenso con la prensa por parte de los actores estatales tiene origen en una generalizada falta de comprensión del rol de la prensa para la construcción de una sociedad democrática y de su contri - bución a transparentar las acciones estatales y a promover la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Ese es uno de los principales campos a trabajar para cumplir con la obligación estatal de prevenir agresiones contra la prensa.

El tercer hallazgo, que permite graficar la gravedad de la situación de la seguridad de periodistas, se refiere a la impunidad de la que gozan las agresiones cometidas contra la prensa. Solo el 3 % de las agresiones registradas fueron investigadas por la Fiscalía. La impunidad de estas agresiones alienta a su repetición e inhibe, tanto el trabajo periodístico, como el debate público sobre los temas que originaron las agresiones a la prensa. Los silencios que se instalan en la sociedad en torno a la impunidad y la autocensura afectan severamente a la democracia.

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Adicionalmente, este artículo obliga a pensar en las medi - das urgentes para que, en la práctica, el Estado y los medios de comunicación estén comprometidos con la pluralidad, la diversidad y la no discriminación. Esto es aún más perentorio en un contexto electoral, en que la circulación de la mayor cantidad de ideas hace posible que la ciudadanía tome deci - siones informadas, que afectarán sus proyectos de vida y sus condiciones materiales de existencia. En última instancia, los derechos a la participación democrática y a la libertad de expresión guardan también relación con una mejor distribu - ción de los recursos y la garantía de condiciones materiales de existencia que permitan el desarrollo de los individuos al interior de sus sociedades.

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