Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico Aproximaciones al Contexto en que se Desarrolló la Labor Periodística en Territorio Ecuatoriano durante el Estado de Excepción por la COVID-19 y el Acceso a la Información Pública1

Dirección Técnica de Promoción del Conocimiento Coordinación General de Promoción de Derechos Consejo de Comunicación

Quito, Ecuador

Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública en el Ámbito Internacional

El derecho al acceso a la información está amparado en el derecho a la libertad de expresión (Departamento para la Gestión Pública Efectiva [DGPE] y Organización de los Estados Americanos [OEA], 2013), mismo que se encuentra explicitado en instrumentos internacionales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en el Artículo 19; el Pacto 318

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en el Ar-tículo 19; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en el Artículo 13; entre otros.

1 El contenido de este documento forma parte de la investigación “La información de relevancia pública o interés general y los mecanismos de acceso a la información pública para periodistas durante el estado de excepción por la COVID-19. Estudio de caso sobre las labores periodísticas en Ecuador y la obtención de información de instituciones públicas del Ejecutivo” que ha desarrollado el Consejo de Comunicación con la colaboración del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), Fe-deración Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico En particular, sobre el acceso a información pública, entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], en referencia a la Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la Información Pública (2002), exhorta, entre otras cosas, a la adop-ción de “[…] leyes de libre acceso a la información pública”; además, incluye una consideración para que medios de 319

comunicación y periodistas sean “[…] actores y partícipes de los procesos tendientes a la concreción de legislaciones en materia de derecho de libre acceso a la información pública”.

La Organización de Estados Americanos [OEA] (2016) reitera el papel fundamental que tiene el acceso a la información pública…

[…] en el proceso electoral y democrático, en la go-bernabilidad del Estado, en la transparencia y com-bate a la corrupción, en la protección y promoción de los derechos humanos, y, en particular, en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como en la libertad de prensa […]. (p. 1) A su vez, en la Carta Democrática Interamericana (2001) establece como “[…] componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública” (Art. 4).

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico En 2016, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos [OEA] resolvió “adoptar el Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública” (p.

1); al tiempo que, los Estados miembros se comprometieron a la implementación de una legislación con base en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (2020), denominada Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública.

Dicha Ley, no vinculante, es una herramienta que busca

“[…] incrementar los niveles de transparencia y una lucha efectiva contra la corrupción; promueve la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico; genera la confianza de la población en sus instituciones democrá-

ticas; y empodera a los ciudadanos […]” (p. 9). Entre sus apartados contempla definiciones y alcances como el derecho al acceso a la información pública, las clases de información clave sujetas a difusión proactiva y las responsabi-320

lidades del sujeto obligado con relación a la transparencia activa2. En suma, ofrece una base actualizada de la materia.

A escala regional, varios países poseen normativas que refieren a este ámbito como: en Colombia, con la Ley 1.712

2 La Transparencia activa, según el Artículo 5 dice que: 1. Todo sujeto obligado deberá difundir de manera proactiva la Información clave establecida en la presente Ley, sin que medie una solicitud de esta Información. 2. Todo sujeto obligado deberá permitir el más amplio acceso a dicha Información, de manera tal que permita su interoperabilidad en un formato de datos abiertos, así como determinar las estrategias para la identificación, generación, organización, publicación y difusión de dicha Información, permitien-do así su fácil reutilización6 por parte de la sociedad. (Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, 2020)

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (2014); en México, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2012 (2002)); en Argentina, con la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública (2016); en Chile, con la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública (2020 (2008)), entre otras; incluso, como el caso argentino, 321

se cuenta con un organismo encargado.

Principios Rectores del Derecho de Acceso a la Información

Principio de Máxima Divulgación

El principio de máxima divulgación está reconocido en el sistema interamericano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2012b); sobre este, el Comité Jurídico Interamericano (2008) afirma que “[t]oda información es ac-cesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones” (p. 4).

Principio de Buena Fe

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se considera que, para garantizar el derecho al acceso a la información pública, los sujetos implicados deben proceder de buena fe; es decir, su forma de actuar en sí mismo se enfoca en cumplir los fines de este derecho (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2012a).

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico

Información sobre Funcionarios Públicos

En el marco de la transparencia de las instituciones pú-

blicas y la responsabilidad de las personas que forman parte de este ámbito, se considera que: “[…] el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2004, párr. 100).

Al respecto, la Corte IDH (2011) determina dos criterios relevantes sobre su vida privada: “[…] el diferente umbral de protección de los funcionarios públicos, más aún de aquellos que son elegidos popularmente, respecto de las figuras públicas y de los particulares, y […] el interés público de las acciones que aquellos realizan” (Párr. 59).

Y es que, si bien no se desconoce su honor y buen nom-322

bre, su vida privada y otros derechos, estos se encuentran expuestos a un mayor escrutinio público (Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, 2000), por lo que deben ser más tolerantes a la crítica y opinión (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2008). Este particular tiene como objetivo proteger la libertad de expresión (Relatoría para la Libertad de Expresión, 2011), con el prece-dente de que varios instrumentos aclaran que este derecho no es absoluto y está sujeto a responsabilidades ulteriores.

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico Normativa Nacional sobre el Acceso a la Información Pública y la Información de Relevancia Pública o Interés General La Constitución del Ecuador (2008) precisa que, de forma individual o colectiva, las personas tienen derecho a: “Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 323

interés general, y con responsabilidad ulterior. […]” (Art. 18).

Específicamente, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LOTAIP] (2004) dice que la “Información Pública” (Art. 5) es todo documento, en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas que disponga este marco jurídico, contenidos creados y obtenidos de ellas y que se encuentren bajo su responsabilidad o hayan sido producidos con recursos estatales.

En la misma esfera, la Ley de Comunicación reformada (2019) define la información de relevancia pública o interés general como aquella “[…] difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general” (Art. 7). Sobre este asunto, la Corte Constitucional del Ecuador (2019) dice que…

[l]a gestión pública debe ser objeto de control democrático y los medios de comunicación constituyen vehículos a través de los cuales se promueve la dis-Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico cusión sobre asuntos de interés público y se controla la gestión gubernamental. (Párr. 65) Respecto a los asuntos de interés público, la misma Corte (2019) considera que esta acción: fomenta el debate y cues-tionamiento de las acciones de los distintos órganos del Estado; promueve la participación ciudadana; y, facilita el escrutinio y vigilancia de las actividades estatales para evitar posibles abusos del poder.

Principios que Rigen el Acceso a la Información Pública

Conforme consta en el Reglamento General a la Ley Or-gánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2005), y otros documentos jurídicos, los principios constitucionales que rigen el libre acceso de las personas a la información pública son: publicidad, transparencia, rendiciones de cuentas, gratuidad y apertura a las actividades de las entidades.

Información Pública de Difusión Obligatoria

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Con base en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LOTAIP] (2004), en su Artículo 7, se establece que, de manera obligatoria, deben constar en canales oficiales web y otros canales de acceso al público: la estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regula-ciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de confor-midad con sus programas operativos; el directorio completo Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico de la institución, así como su distributivo de personal; la remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional; entre otros explicitados en la norma.

Excepciones a la Información Pública

Información Confidencial

El carácter de “Confidencial” (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LOTAIP], 2004, Art. 6) 325

implica información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y está relacionada con derechos fundamentales de los seres humanos, descritos en documentos de alta jerarquía como la Constitución del Ecuador, en sus Artículos 23 y 243.

Información Reservada

La “Información Reservada” (2004, Art. 17), debe ser declarada oportunamente por autoridad competente. De acuerdo con la ley, puede ser: planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado; información en el ámbito de la inteligencia; información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no entrañe peligro para la población; fondos de uso reservado; y, informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes.

3 A la fecha de expedición de la LOTAIP, se encontraba vigente la Constitución Política del Ecuador de 1998.

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico Consideraciones sobre el Acceso a la Información Pública y sus Excepciones

Para entender cómo funciona en la práctica el acceso a la información pública y sus excepciones, se tomará de ejemplo el fallo de la Corte Constitucional del Ecuador (2021) en relación a las dos acciones interpuestas por la Defensoría del Pueblo en contra del Ministerio de Salud [MSP]. Si bien el caso no se ubica en la temporalidad definida en esta investigación, se enmarca en la coyuntura de la pandemia de la COVID-19, por lo que pude aportar al entendimiento de la aplicación o no de las excepciones en el acceso a la información pública en época de crisis.

A continuación, se resumen los hechos con base en la Sentencia Nro.29-21-JI y 31-21-JI (acumulados) de diciembre de 2021:

Como contexto, entre diciembre 2020 y enero de 2021, 326

la Organización Mundial de la Salud [OMS] organizó, a escala mundial, el suministro de la vacuna de manera limitada.

En Ecuador, la distribución de las 86.000 dosis asignadas, que beneficiarían a 43.000 personas, se enmarcó en una política pública de salud que, en la denominada Fase 0, priorizó al personal de primera línea y a las personas mayores junto a sus cuidadores.

En enero y febrero de 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud Pública [MSP] un informe Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico sobre las vacunas que llegaron al Ecuador y el listado de las personas que las recibieron en las provincias de Chimbora-zo y Tungurahua con el detalle, entre otros temas, de “[…]

nombre y apellido, número de cédula, edad y si pertenece al grupo de personas de atención prioritaria” (Párr.15); pedido que responde a la necesidad de comprobar una correcta aplicación de la política pública. Sin embargo, bajo el argu-327

mento de confidencialidad de las personas que recibieron las dosis, el Ministerio de Salud Pública [MSP] se negó a entregar la información.

La Defensoría del Pueblo interpuso demandas de acceso a la información pública donde, tras una apelación por un fallo positivo parcial, se dispuso la entrega de dicho informe completo en febrero de 2021. Para abril de 2021, la Corte Provincial de Tungurahua acepta la apelación del Ministerio de Salud Pública [MSP] y revoca la sentencia.

En diciembre de 2021, se emite la sentencia sobre la Corte Constitucional del Ecuador, en la que se refiere a la información reservada y confidencial que “[…] le corresponde a las servidoras y los servidores públicos, a la entidad estatal o a la entidad tenedora de la información demostrar y motivar la excepcionalidad” (Párr. 52). Es decir, no basta con que las instituciones declaren este celo en la información; sino comprobar y ponderar derechos.

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico En ese sentido, dice que los datos solicitados de las personas corresponden a elementos de identificación y no son privados y, para el caso, es de interés público conocer quié-

nes son los receptores de un insumo del Estado que, en la fase cero, debía enfocarse en grupos de primera línea y adul-tos mayores. Además, los vacunados son personas sanas, por lo que no aplica la confidencialidad del paciente.

La sentencia declara la vulneración del derecho al acceso a la información pública y, además, obliga al Ministerio de Salud Pública [MSP] a entregar la información solicitada por la Defensoría del Pueblo, excepto el número de cédula ya que no es útil para el ámbito de la salud pública.

El ejemplo sirve para reafirmar que el acceso a la información de las entidades del Estado, o que utilicen fondos estatales, tiene por principio ser pública, a menos que se demuestre lo contrario con el debido proceso y con la justifi-cación necesaria de las excepciones expuestas previamente.

328

Titulares del Derecho al Acceso a la Información Pública La Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]

(2006), precisa que la información que está bajo el control del Estado “[…] debe ser entregada sin necesidad de acre-ditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción […]” (Párr. 77). Asimismo, la Corte Constitucional del Ecuador (2021) señala: “La entrega de esa información Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico no debe estar condicionada a la existencia de una solicitud previa. […] este tipo de información debe estar disponible y ser de fácil acceso para cualquier persona, en cualquier momento […]” (Párr. 58).

En el ámbito ecuatoriano, entre otras acciones, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LOTAIP] (2004), en el Artículo 7, dispone la difusión de 329

información pública actualizada en portales oficiales y otros canales, de manera general. Y, en el Artículo 19, determina que, para realizar una solicitud de información pública, el interesado debe incluir en el documento: su identificación, ubicación y motivos del pedido.

Acceso a la Información Pública y su Relación con la Democracia

El derecho al acceso a la información pública, en la esfera de lo colectivo, “[…] constituye una norma importante para el desarrollo de la democracia” (Jácome y Meythaler, 2015, p. 86). Y es que,

[…] para vivir en democracia es necesario que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir, y para que efectivamente elijan es necesario que cuenten con el máximo de información que los ciudadanos consideran relevante —con la limitación de la razo-nabilidad—. (Onagoity, 2017, p. 100) Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico Varios instrumentos jurídicos determinan que los Estados, bajo régimen democrático, están en la obligación de garantizar este derecho y crear las condiciones necesarias para su pleno ejercicio, a través de: “[…] asegurar el respeto al derecho al acceso a la información, adoptando la legislación apro-piada y poniendo en práctica los medios necesarios para su implementación” (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos [INRED], 2015, p. 11). Puntualmente, el acceso a la información pública se relaciona con la transparencia, en la medida que se busca…

[…] consolidar una ciudadanía cuyo rol no se reduz-ca al acto de votar, sino que sepa, pueda y esté en condiciones de participar informadamente en la toma de las decisiones colectivas y en la vigilancia de la ac-tuación de los servidores públicos. (Baños, 2017, p.4) Particularmente, en Ecuador, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004), explícita-330

mente señala la obligación estatal de garantizar este derecho.

Se puede decir entonces que, para que exista democracia, los ciudadanos deben tener acceso a la información pública con la prohibición de “censura previa” (Organización de Estados Americanos [OEA], S/A), salvo en los casos específicos que determine la norma; y, para que esto sea posible, el Estado tiene la obligación de procurar este derecho para que exista democracia.

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico Libertad de Expresión, Periodismo y Acceso a la Información Pública

La Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]

(1985), resalta la importancia de la libertad de expresión como eje de la democracia, y, entre sus aristas está el acceso a la información:

[…] la libertad de expresión es una piedra angular en 331

la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública

[...] una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre”. (párr. 70)

Para el caso, el periodismo “[…] es la manifestación prima-ria y principal de la libertad de expresión […]” (párr. 71).

En por ello que, el acceso a la información pública para los periodistas tiene una mayor responsabilidad pues son

“[…] quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y vigoro-so” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2009, párr. 156).

Eso involucra no solo la difusión de la información oficial a la que tienen acceso, sino que “[…] para que la prensa pueda desarrollar su rol de control periodístico debe no solo ser libre de impartir informaciones e ideas de interés público, sino también libre de reunir, recolectar y evaluar las informa-Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico ciones e ideas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021, párr. 107); por tanto, aplica la posibilidad de contras-tar e investigar los asuntos de interés público, como parte del control democrático de la gestión pública.

Procesos de Acceso a la Información Pública

Administrativo

Con base al Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2005), Ca-pítulo IV, en la Figura 1 se resume el proceso administrativo: Figura 1

Proceso Administrativo de Acceso a la Información Pública 332

Nota: Elaborado por la autora con base al Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2005).

Falta de Claridad en la Información

Conforme la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004), en el Artículo 13, cuando exista ambigüedad o imprecisión comprobada en la información Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico difundida por las instituciones, el ciudadano puede pedir la corrección, claridad o sistematización a través de la Defensoría del Pueblo.

Recurso jurídico

Conforme la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004), en el Artículo 22, existe un recurso de acceso a la información a través de la instancia 333

judicial. Este se aplica cuando la información: se haya ne-gado de forma tácita, esté incompleta, alterada o sea falsa; incluso, si la negativa está sustentada por confidencialidad o reserva. Se puede realizar ante cualquier juez de lo civil o tribunal y contendrá: la identificación recurrente; funda-mentos de hecho y derecho; señalamiento de la autoridad; y, pretensión jurídica. En caso de que el ciudadano consi-dere que la resolución es insuficiente, puede apelar ante el Tribunal Constitucional. Cabe señalar que, esta es la última instancia a la que se puede acudir.

Sanciones por Impedir el Acceso a la Información Pública

Conforme la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004), en su Artículo 23, los funcionarios o empleados públicos o privados que participen de las entidades descritas previamente y que incurran en actos de negación total o parcial en el acceso a la información pública pueden ser sancionados con: multa equivalente a un mes de sueldo o salario que perciba a la fecha de la acción; sus-Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico pensión de funciones por 30 días calendario, sin derecho a sueldo o remuneración; destitución del cargo; para el caso de los representantes legales de las personas naturales o jurídicas de derecho privado serán sancionados con multas de cien a quinientos dólares por cada día de incumplimiento.

Periodismo en Tiempos de Pandemia de la COVID-19

Durante el estado de excepción y en general, en tiempos de la COVID-19, la labor periodística se dificultó por la falta de seguridad, despidos masivos, afectaciones a su salud e, incluso su muerte (Fundamedios, 2020). Se reportaron 23

periodistas fallecidos a causa de la pandemia: el primero, Olmedo Méndez, el 25 de marzo; y, el último, César Burgos, el 27 de diciembre (2020); más allá del estado de excepción, se toma en consideración todos los fallecidos ya que la causal fue la enfermedad.

La Sociedad Interamericana de Prensa [SIP] (2020) con-cedió el Gran Premio Libertad de Prensa 2020 a periodistas 334

y trabajadores de prensa fallecidos por COVID-19. Entre los más de 100 periodistas constan los nombres de aquellos ecuatorianos que murieron por cumplir con su labor: Omar Salvatierra, Augusto Itúrburu, Luis Alberto Flores, Omar Pare-des, Ángel Sánchez, Manuel Adolfo Varas, Víctor Hugo Peña, Olmedo Méndez Tacuri, Paúl Tobar, Carlos Loor, Rosendo Escobar Cárdenas, Roberto Román, Guido Castro, Fernando Asencio Baquerizo, Julio Rodríguez, Carlos Pangol. A parte Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico de las muertes de registradas, existió el despido de más de 700 trabajadores de la comunicación, 500 de medios públicos (Fundamedios, 2020), entre otros problemas relevantes relacionadas al círculo periodístico.

A nivel internacional, se dieron varios pronunciamientos y análisis relacionados al tema como el de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 335

la Cultura [UNESCO] (2021) donde se abordaron aspectos como la seguridad sanitaria y salud mental de los periodistas, la responsabilidad de los Estados por precautelar la integridad de los trabajadores de la comunicación y otros sobre libertad de expresión como la infodemia –pandemia de la desinformación-; sin embargo, a escala local, no se realizó alguna acción en concreto sobre el tema, más allá de esfuerzos aislados por proporcionar capacitación o ayuda logística y de salud a los trabajadores de la comunicación.

Información Pública Emitida Durante el Estado de Excepción En la primera sesión del COE Nacional (2020c), se acordó que la información oficial sería emitida todos los días, a las 10h00 y 15h00, por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Con el Decreto N°1017 (2020), el Presidente Lenín Moreno dispuso que los detalles del estado de excepción y nuevas resoluciones debían ser transmiti-dos tres veces al día, por cadena nacional, a partir del 17 de marzo del 2020.

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Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público (2021), entre el 15 de marzo al 9 de septiembre de 2020 se realiza-ron 286 cadenas nacionales, en las cuales participaron 806

autoridades; y, 172 ruedas de prensa, para informar sobre temas relacionados con la pandemia y la emergencia sanitaria en el país, los medios de comunicación o periodistas tenían la opción de realizar preguntas de manera virtual mediados por personal del COE Nacional. A este dato, se suman las cadenas encabezadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, que no tuvieron itinerancia. Paralelamente, se utilizaron los canales oficiales de las instituciones mencionadas y, además, se tiene conocimiento de la existencia de grupos especializa-dos para periodistas a través de WhatsApp y Telegram donde se entregaba la información y, en algunos casos, se permitía realizar solicitudes y preguntas.

En general, la información pública se difundía masivamente en los canales oficiales de las instituciones públicas y sus au-336

toridades, incluyendo Facebook y Twitter. El tipo de material que se utilizó para la circulación fue: Comunicados Oficiales, infografías, videos y otros insumos, sin ninguna especificidad para periodistas o medios de comunicación quienes, a su vez, funcionaron como herramientas de difusión.

Conclusiones Generales

Sobre la base de lo expuesto, se puede considerar que, por un lado, hay una normativa local relacionada al acceso a la Revista Enfoques de la Comunicación Nº 7 / Junio 2022

Seguridad para periodistas, libertad de expresión y el ejercicio periodístico información de interés general que no está actualizada y, por otro lado, hay una ausencia de precisión en los protocolos que debe seguirse para que los periodistas puedan acceder a la información, considerando su importancia para la libertad de expresión. Además, está pendiente el debate en la Asamblea Nacional. No existieron protocolos específicos de entrega de información para periodistas, a más de los establecidos 337

en la norma y otros, ligados a lo digital, que se incorporaron de manera extraoficial.

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